B.IA.LEGAL

SCP 0134/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de cumplimiento · Sala Tercera · 2 de mayo de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de mayo de 2024
Acción
Acción de cumplimiento
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
55564-2023-112-ACU
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de cumplimiento

Qué se discutió

La parte solicitante de tutela denuncia el incumplimiento de lo estipulado en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Departamental 51 de 6 de mayo de 2015- que establece: “PRESUPUESTO.I. a partir de la presente y de manera obligatoria el Órgano Ejecutivo deberá garantizar los recursos económicos necesarios para que el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Departamental ejerza de manera eficaz y eficiente su facultad fiscalizadora que por mandato constitucional le corresponde. II Para tal efecto el Órgano Ejecutivo Departamental deberá crear, inscribir y asignar los recursos necesarios en el Programa Operativo Anual y, presupuesto de cada Gestión Fiscal un Programa de ‘Fortalecimiento a la Fiscalización Legislativa’ del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, cuya ejecución estará a cargo de la Asamblea Legislativa Departamental” (sic), norma que sostiene una obligación y un deber que recae en la parte accionada y que no cuenta con excepción alguna; toda vez que, la misma supondría una acción positiva que al presente se vio incumplida; de igual forma sostiene que se incumplió la Constitución Política del Estado en su art. 232 que dispone: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”; al igual que, el art. 235 que señala: “Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir la Constitución y las leyes. 2. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 1076 a 1085, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela de acuerdo a los argumentos vertidos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica y objeto de la acción de cumplimiento
  2. III.2. Respecto a las causales de improcedencia de la acción de cumplimiento. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0134/2024-S3 Sucre, 2 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de cumplimiento Expediente: 55564-2023-112-ACU Departamento: Beni En revisión la Resolución 01/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 1076 a 1085, pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Edgar Segundo Rea Avaroma, Presidente; Bertha Vejarano Congo, Primera Vicepresidenta; y, Mónica Núñez Vela Schrackmann, Primera Secretaria, todos de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni contra José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador; y, Freddy Machado Flores, Secretario Departamental de Administración y Finanzas, ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 y 28 de abril de 2023, cursantes de fs. 77 a 86 vta., y 89 y vta., respectivamente, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El ente legislativo, fiscalizador y deliberante del departamento de Beni, se rige por el Plan Operativo Anual (POA), que sostiene que el presupuesto vigente para la Asamblea Legislativa Departamental en la gestión 2023 era de Bs18 600 000.- (dieciocho millones seiscientos mil bolivianos), destinado a cubrir los sueldos de los veintiocho asambleístas departamentales y siete integrantes del personal permanente, además del personal eventual, consultores individuales de línea, gastos de funcionamiento, pago de pasajes de los asambleístas, refrigerios por sesiones, viáticos, material de limpieza, así como de escritorio, equipos de computación y vehículos.

En este sentido, el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, en la gestión 2023 fue negándoles el cumplimiento de su obligación de transferir los recursos solicitados, de acuerdo al siguiente detalle: a) En enero de 2023 se solicitó Bs1 487 970,27.- (un millón cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos setenta 27/100 bolivianos); de los cuales, Bs956 666,19.- (novecientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y seis 19/100 bolivianos) estaban destinados para el pago de planillas de sueldos de los asambleístas, personal permanente y consultores individuales de línea, monto que fue transferido en su totalidad; Bs256 439,08.- (doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve 08/100 bolivianos), para gastos de funcionamiento, suma que no fue transferida; motivo por el cual, no se pudieron efectuar los pagos por servicios de energía eléctrica, agua, internet, alquiler del inmueble, estipendio a los funcionarios policiales y un pago a un exfuncionario que instauró un proceso laboral contra la Asamblea Legislativa Departamental de Beni; y, Bs274 865.-(doscientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco bolivianos) para pasajes por derecho, refrigerios de los asambleístas, reembolsos de viáticos por los viajes realizados, material de limpieza, refrigerios para las comisiones y bancadas y la compra de un minibús, aclarando que de esta suma requerida, solo se desembolsó Bs189 229.- (ciento ochenta y nueve mil doscientos veintinueve bolivianos); b) En febrero del mismo año, se solicitó Bs1 412 075,42.- (un millón cuatrocientos doce mil setenta y cinco 42/100 bolivianos); de los cuales, Bs1 143 035,42.- (un millón ciento cuarenta y tres mil treinta y cinco 42/100 bolivianos) estaban destinados para el pago de planillas de sueldos de los asambleístas, personal permanente y consultores individuales de línea, suma que fue debidamente transferida; Bs73 040.-(setenta y tres mil cuarenta bolivianos) para gastos de funcionamiento, siendo este monto debidamente transferido, con el cual, se canceló el alquiler del inmueble de diciembre de 2022, los servicios de energía e internet de octubre, noviembre y diciembre de igual año, servicio de agua de diciembre del mismo año y los estipendios a los funcionarios policiales correspondientes a diciembre de dicho año; y, Bs196 000.- (ciento noventa y seis mil bolivianos) para pasajes por derecho y refrigerios de los asambleístas, reembolsos de viáticos por los viajes realizados, material de escritorio y limpieza, y refrigerios de las comisiones y bancadas, monto que no fue transferido; y, c) En marzo del indicado año, se requirió Bs1 553 304,35.- (un millón quinientos cincuenta y tres mil trescientos cuatro 35/100 bolivianos); de los cuales, Bs568 537,01.-(quinientos sesenta y ocho mil quinientos treinta y siete 01/100 bolivianos) serían destinados para el pago de planillas de sueldos de los asambleístas; sin embargo, este monto no fue transferido “a la fecha”- se entiende de interposición de la acción de cumplimiento; Bs80 769,15.- (ochenta mil setecientos sesenta y nueve 15/100 bolivianos) para el pago de planilla de sueldos del personal permanente, que tampoco fue desembolsado; Bs349 912,09.- (trescientos cuarenta y nueve mil novecientos doce 09/100 bolivianos) destinados al pago de planillas del personal eventual y que igualmente no fue transferido; Bs178 933,33.- (ciento setenta y ocho mil novecientos treinta y tres 33/100 bolivianos) para el pago de planilla de consultores individuales de línea, suma que no fue transferida; Bs185 877,77.- (ciento ochenta y cinco mil ochocientos setenta y siete 77/100 bolivianos) para gastos de funcionamiento que tampoco fueron abonados; y, Bs189 275.- (ciento ochenta y nueve mil doscientos setenta y cinco bolivianos) para el pago de pasajes por derecho y refrigerios de los asambleístas, material de escritorio y de limpieza, así como refrigerios para las comisiones y bancadas, suma que igualmente no fue desembolsada. De lo mencionado, se tiene que los accionados de forma ilegal y arbitraria negaron el cumplimiento de sus obligaciones de transferir los recursos solicitados por la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, teniendo conocimiento pleno de su deber “…de ejecución presupuestaria habida cuenta del POA 2023…” (sic) sin importarles el perjuicio que provocó una deuda grande, aduciendo no contar con recursos, incumpliendo con ello la Ley Departamental de Fiscalización Legislativa -Ley Departamental 51 de 6 de mayo de 2015- que en su Disposición Adicional Tercera establece: “PRESUPUESTO.I. a partir de la presente y de manera obligatoria el Órgano Ejecutivo deberá garantizar los recursos económicos necesarios para que el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Departamental ejerza de manera eficaz y eficiente su facultad fiscalizadora que por mandato constitucional le corresponde. II Para tal efecto el Órgano Ejecutivo Departamental deberá crear, inscribir y asignar los recursos necesarios en el Programa Operativo Anual y, presupuesto de cada Gestión Fiscal un Programa de ‘Fortalecimiento a la Fiscalización Legislativa’ del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, cuya ejecución estará a cargo de la Asamblea Legislativa Departamental” (sic), norma que sostiene una obligación y un deber que recae en la parte accionada y que no cuenta con excepción alguna; toda vez que, la misma supondría una acción positiva que al presente se vio incumplida, poniendo en serio peligro el funcionamiento de esta entidad. De igual forma, se incumplió la Constitución Política del Estado en su art. 232 que dispone: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”; al igual que, el art. 235 que señala: “Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir la Constitución y las leyes. 2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública”; es decir, que la ley se cumple y no se discute, en cuya razón los ahora accionados se encuentran sometidos a la ley y a su cumplimiento. Asimismo, no se acató la Ley Departamental 115 de 20 de octubre de 2022, que aprobó el Presupuesto Plurianual Ajustado, el POA y el Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Departamental de Beni para la gestión 2023 en un monto de Bs317 201 072.- (trecientos diecisiete millones doscientos un mil setenta y dos bolivianos); de los cuales, correspondían Bs18 500 000.- (dieciocho millones quinientos mil bolivianos) más Bs100 000.- (cien mil bolivianos) del fondo de compensación al Órgano Legislativo Departamental. Por otro lado, en cuanto a la Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 2023 -Ley 1493 de 17 diciembre de 2022- esta norma tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado, y en su art. 3 establece su aplicación a todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesino (IOC), universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, entidades públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos; en ese entendido, la Ley Departamental 13/2022-2023 establece la inscripción de este presupuesto dentro del Presupuesto General del Estado, consolidándose dentro de la Ley 1493; de esta manera, la Asamblea Legislativa Departamental cuenta con Bs18 600 000.- inscritos para la gestión 2023, montos que se vienen solicitando mensualmente para transferir a dicha Asamblea. Finalmente, también se incumplieron las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado por Resolución Suprema (RS) 225558 de 1 de diciembre de 2005, que en su art. 21.I sostiene que: “I. En cada entidad y órgano público la programación del gasto deberá efectuarse según los programas y proyectos establecidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, y del Plan Estratégico institucional y del Programa de Operaciones Anual de la entidad, contemplando todas las obligaciones que se estime devengar en la gestión fiscal, para la contratación de personal, compra de bienes y servicios, realización de gastos de inversión y otros gastos inherentes al desarrollo de las actividades previstas en el Programa de Operaciones Anual”; y, el art. 25 de la misma norma respecto a la ejecución presupuestaria indica que: “La ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de captación de recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a la materia”. De lo mencionado se establece el flagrante incumplimiento de normas, particularmente de la Ley 51, en su Disposición Adicional Tercera, respecto a que el Órgano Ejecutivo debería garantizar los recursos económicos para la Asamblea Legislativa Departamental, precepto que no solo implica la inscripción y asignación de recursos sino también la obligación de transferir oportunamente los mismos. Finalmente, la parte impetrante de tutela denunció la lesión de la democracia y soberanía del pueblo que conculcó directamente con el derecho político de todo el pueblo Beniano, citando al efecto el art. 26 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.2. Norma constitucional o legal presuntamente incumplida

Señala como incumplidos los siguientes artículos y normas: 1) La Disposición Adicional Tercera de la Ley Departamental 51; 2) Los arts. 232 y 235 de la CPE; 3) La Ley Departamental 115 -Ley del Presupuesto Plurianual Ajustado, Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, Gestión 2023; y, 4) Los arts. 21.I y 25 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, aprobado por RS 225558.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se disponga que los ahora accionados, den cumplimiento a la Disposición Adicional Tercera de la Ley Departamental 51; art. 6 de la Ley Departamental 115, ambos en concordancia y con la obligatoriedad que infieren las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto en sus arts. 21 y 25; así como, la Ley 1493 y el art. 235.1 de la CPE.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 12 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1074 a 1075 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela no se hizo presente a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar.

I.2.2. Informe de los accionados

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; a través de sus representantes legales, mediante memoriales de 4 y 10 de mayo de 2023, cursantes de fs. 639 a 641; y, 1066 a 1067, señaló lo siguiente: i) El incumplimiento o deber omitido que acusa la parte accionante resultaría ser genérico y controvertible, por cuanto el proceso de ejecución presupuestaria está siempre sujeto a contingencias, previsiones y transferencias presupuestarias; dichas transferencias se realizaron de acuerdo al Informe GAD BENI.DESP/SDAF/DF/UTCOP/JCP 74/2023 de 16 de abril; ii) Debe tomarse en cuenta que la presente acción de cumplimiento viene a ser improcedente al tratarse de potestades administrativas estrictamente vinculadas a un procedimiento administrativo (proceso de ejecución presupuestaria); iii) En cuanto a la Disposición Transitoria Tercera (Presupuesto) de la Ley 51 que señala que el Ejecutivo deberá garantizar los recursos económicos suficientes al Órgano Legislativo; sin embargo, una cosa es la transferencia de recursos propios del proceso de ejecución presupuestaria y otra el garantizar los recursos para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Departamental, que es propio del proceso de programación de operaciones, de elaboración y aprobación del presupuesto y de la Ley Departamental 115, que aprobó el Presupuesto Plurianual Ajustado, el POA y el Presupuesto Institucional de ese Gobierno Departamental, para la gestión 2023; iv) La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 51 se tiene cumplida, una vez que dicho Presupuesto Plurianual fue aprobado por la citada Ley, cuyos arts. 6 (Presupuesto Institucional) y 7 (Disposición Adicional Primera)

garantizan la previsión presupuestaria de funcionamiento de la señalada Asamblea Legislativa, inscrito en el POA-PRESUPUESTO 2023 de la “Entidad 908” (Informe D.P.J.A. 28/2023); v) Los arts. 21 y 25 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, responden a los lineamientos, procedimientos y normas a las que debe sujetarse el proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto, ajeno al hecho motivador de la presente acción tutelar que se remite al proceso de ejecución presupuestaria; vi) Por otro lado, el art. 3 de la Ley 1493, se remite al ámbito de aplicación de dicha Ley; es decir, no especifica de manera concreta norma o artículo alguno que se hubiera omitido en el proceso de ejecución presupuestaria; lo mismo ocurrió con el art. 235.1 de la CPE que “…también incurre en lo general y lo abstracto, ajeno a los caracteres y naturaleza de la Acción de Cumplimiento” (sic); vii) El Informe Técnico 74/2023 refirió que: “…los Gastos de Funcionamiento -órgano ejecutivo y Asamblea Departamental- que se cubren entre otros, con el pago de Regalías, del Fondo de Compensación e Impuestos Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, Que estos ingresos podrán sufrir variación como efecto de las fluctuaciones de los precios de las materias primas y el contexto internacional, que existe un déficit entre lo programado y percibido que afectan el principio de equilibrio y sostenibilidad en el proceso de ejecución presupuestaria -artículo 6 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto - no imputable al órgano ejecutivo departamental y que si existen pequeñas demoras en la cancelación de sueldos a la Asamblea Legislativa Departamental es entre otras situaciones de hecho, por las observaciones que la unidad de finanzas realiza a la documentación remitida por la Asamblea Legislativa Departamental para dicho efecto” (sic); viii) Se concluyó que el proceso de ejecución presupuestaria no es un procedimiento administrativo automático que depende o está sujeto a la voluntad del órgano ejecutivo departamental, sino a hechos externos y decisión de otras autoridades del nivel central del Estado, atado a condiciones ajenas y sucesos externos por distintos hechos que por su naturaleza no puede ser tutelado por la acción de cumplimiento; ix) El proceso de ejecución presupuestaria que corresponde a la programación de gastos de funcionamiento para la Asamblea Legislativa Departamental (recursos que se generan por regalías, fondo de compensación e impuesto especial a los hidrocarburos) no es de carácter automático y en lo principal, se lo realiza en función a lo que percibe el Gobierno Autónomo Departamental de Beni; en el caso presente, y de acuerdo al Informe Técnico GAD BENI.DESP/SDAF/DF/UTCP/JCP 74/2023, de manera general existe déficit entre lo programado para esa gestión y lo percibido por concepto de regalías, fondo de compensación e impuesto especial a los hidrocarburos, que precisan como recursos no recibidos según lo programado la suma de Bs16 768 031,95.-(dieciséis millones setecientos sesenta y ocho mil treinta y uno 95/100 bolivianos), recomendando que se gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre la no transferencia de recursos “…el órgano ejecutivo departamental ha transferido los recursos a la Asamblea Departamental de acuerdo a la disponibilidad de recursos” (sic); x) El art. 27 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (no citado por los impetrantes de tutela), respecto a la ejecución presupuestaria, establece que cuando las disponibilidades efectivas de recursos no alcancen los niveles programados, deberá restringirse el compromiso y devengamiento del presupuesto de gastos a estas disponibilidades; y, xi) Según el art. 110.IV.1 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) -Ley 031 de 19 de julio de 2010- (tampoco citada por los solicitantes de tutela) con el intitulado Transferencias que señaló que en el marco del presupuesto aprobado por las entidades territoriales autónomas departamentales y regionales “…SEGÚN DISPONIBILIDAD FINANCIERA, el Órgano Ejecutivo Departamental o Regional debe de efectuar la Transferencia mensual de recursos para gastos de la asamblea departamentales y regionales. Que en caso de incumplimiento de las transferencias a la Asamblea Departamental o Regional, éstas solicitarán al ministerio responsable de las finanzas públicas, efectuar LOS DEBITOS AUTOMÁTICOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES FISCALES del órgano ejecutivo de los gobiernos autónomos departamentales o regionales…” (sic); en ese sentido, dicho precepto legal resulta ser una norma condicionada a la disponibilidad financiera. Por otro lado, en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, se sostuvo que las transferencias no pueden realizarse de forma automática, pues la ejecución presupuestaria es un trámite moroso, sujeto a hechos externos, que no siempre pueden cumplirse porque la aprobación está sujeta a las recaudaciones. Freddy Machado Flores, Secretario Departamental de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni; a través de sus apoderados legales, mediante memorial de 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 651 a 652 vta., señaló que la programación para gastos de funcionamiento, los cuales se componen en pago de sueldos y salarios y gastos operativos de funcionamiento, efectivamente según norma se inscribieron en el POA-PRESUPUESTO gestión 2023 de la “Entidad 908”, en sus diferentes fuentes de financiamiento, y habiéndose realizado la verificación y registro en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), se evidenció la programación de gastos para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Departamental; sin embargo, las transferencias realizadas se las hace previa revisión de la documentación de respaldo de la solicitud (planillas, formularios 05 POA y otros), así como del ajuste a la programación mensual correspondiente. Interviniendo en audiencia de consideración de la demanda tutelar, señaló que de acuerdo al Informe Técnico GAD BENI.DESP/SDAF/DF/UTCP/JCP 74/2023, para “enero” se tenía presupuestado Bs793 983,67.- (setecientos noventa y tres mil novecientos ochenta y tres 67/100 bolivianos); sin embargo, la transferencia fue de Bs 956 666,19.-; es decir, con una demasía de Bs162 682,52.- (ciento sesenta y dos mil seiscientos ochenta y dos 52/100 bolivianos), con un 120% de ejecución; de igual forma, para “febrero” se tenía presupuestado Bs793 983,67.-; pero, fueron transferidos Bs121 675,42.-(ciento veintiún mil seiscientos setenta y cinco 42/100 bolivianos); es decir, con una demasía de Bs422 092.- (cuatrocientos veintidós mil noventa y dos bolivianos), representando una ejecución de 153%; y, para “marzo”, ese Gobierno Departamental tuvo que realizar un ajuste, por lo que se transfirieron Bs731 853.- (setecientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres bolivianos) con una diferencia de Bs62 130,63.- (sesenta y dos mil ciento treinta 63/100 bolivianos).

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 01/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 1076 a 1085, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) La problemática de fondo gira en torno a la falta de desembolso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, del total de los recursos mensuales correspondientes a enero, febrero y marzo de 2023; pues solo se hubiera desembolsado parcialmente los recursos destinados para la Asamblea Legislativa Departamental; b) De los antecedentes se tiene que el accionante Edgar Segundo Rea Avaroma, mediante notas de 30 de marzo, y 4 y 6 de abril del mismo año, solicitó al Gobernador de ese departameto, la transferencia de recursos para el pago de sueldos y funcionamiento de dicha Asamblea Departamental, correspondiente a marzo de ese año; de igual forma, mediante notas de 13 y 18 de abril de dicho año, nuevamente se requirió la transferencia de recursos para el pago de sueldos de marzo del referido año; sin embargo, en todas estas notas, no se solicitó el cumplimiento de normas, como se arguye en la presente acción de defensa, sin considerar que los preceptos legales que se alegan incumplidos, no establecieron los montos o partidas a desembolsarse mensualmente a favor de la Asamblea Legislativa Departamental, pues si bien el ejecutivo departamental tiene que garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del ente legislativo, no es menos cierto que esos recursos se encuentran garantizados a momento de la aprobación del monto y su inclusión dentro del Presupuesto General del Estado; c) Al haberse aprobado el presupuesto conforme la Ley Departamental 115, sin que exista observación alguna por parte de la Asamblea Legislativa Departamental, se cumplió con el mandato de la norma departamental que se consideró omitida por el impetrante de tutela “…pues se debe tomar en cuenta, que una cosa es el proceso de aprobación del presupuesto anual y otra el proceso de desembolso de recursos económicos aprobados, el cual se constituye en una actividad propia de la administración pública, pues se trata de un proceso administrativo sujeto a descargos y justificaciones por parte de la entidad solicitante…” (sic); d) Por otro lado, la mencionada Ley Departamental 115 en su art. 1 señala que dicho precepto legal tiene como objeto el de aprobar el Presupuesto Plurianual Ajustado, el POA y el Presupuesto Institucional de ese Gobierno Departamental para la gestión 2023 -citando también los arts. 3, 4, 5 y 6 de la señalada Ley-estableciendo dicha norma, un deber concreto y específico para los accionados, de incluir en el POA el presupuesto asignado a la Asamblea Legislativa Departamental, conforme la Disposición Adicional Tercera de la Ley Departamental 51; sin embargo, este deber no alcanza a la forma y plazo para el desembolso del monto presupuestado, pues el mismo se encuentra sujeto a una serie de condicionamientos para hacerse efectivo; e) En cuanto a los arts. 232 y 235 de la CPE, los mismos contemplan obligaciones generales para todos los funcionarios públicos, no pudiendo ser susceptibles de exigencia a través de la presente acción de defensa; f) Como ya se mencionó, la Disposición Adicional Tercera de la Ley Departamental 51, la Ley Departamental 115 y la Ley 1493, fueron cumplidas con la aprobación del presupuesto a favor de la Asamblea Legislativa Departamental del mencionado departamento, aclarando que el tema del desembolso, se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo; y, g) Si bien el desembolso de dineros se constituye en una obligación que tiene el ejecutivo departamental; sin embargo, no es un deber previsto por la norma.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la Ley de Fiscalización Legislativa -Ley Departamental 51 de 6 de mayo de 2015- (fs. 13 a 24). II.2. Cursa la Ley del Presupuesto Plurianual Ajustado, Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Gestión 2023 -Ley Departamental 115 de 20 de octubre de 2022-, en la suma de Bs317 201 072.- (fs. 10 a 12). II.3. Mediante Ley 1493 de 17 de diciembre de 2022; se sancionó la Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2023 (fs. 25 a 30). II.4. Consta el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Gobierno Autónomo Departamental de Beni (fs. 31 a 45). II.5. Cursan las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (fs. 46 a 56). II.6. Por Informe Técnico GAD BENI/SDAF/DF/UTCP/JCP 034/2023 de 3 de marzo, el Jefe de Unidad II de Tesorería y Crédito Público GAD-BENI, puso a conocimiento del Secretario Departamental de Administración y Finanzas que, en atención a la solicitud de transferencia de recursos a la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, se verificó que el monto requerido, excedía el requerimiento programado para marzo de la fuente de financiamiento 20-220; toda vez que, lo solicitado con esa fuente fue Bs1 213 105,27.- (un millón doscientos trece mil ciento cinco 27/100 bolivianos) y su programación era de Bs793 983,67.-; es decir, se requirió un excedente de Bs419 121,60.- (cuatrocientos diecinueve mil ciento veintiuno 60/100 bolivianos); por otro lado, con la fuente de financiamiento 20-230 -de Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Departamentales-, la programación era de Bs189 229,33.-(ciento ochenta y nueve mil doscientos veintinueve 33/100 bolivianos), pero se requirió Bs274 865.-; y, finalmente, con la fuente de financiamiento 41-117 -Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) y sus derivados-, no existió solicitud de dicha fuente de financiamiento “Sin embargo, se procedió a la Transferencia de Recursos a la Asamblea Legislativa Dptal. Beni, por instrucción verbal del Director de Finanzas GAD-BENI, solo para el pago de Planilla de Sueldos de Personal de Funcionamiento, Eventual y Consultoría Individual de Línea. Por un monto total de Bs.-956.666,19 (…) se concluye que la solicitud ya mencionada se excede sus requerimientos en su programación mensual…” (sic [fs. 1058 a 1059]). II.7. Mediante notas de 30 de marzo y 4, 6, 13 y 18 de abril de 2023, la parte ahora peticionante de tutela solicitó a José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, la transferencia de recursos para el pago de sueldos y gastos de funcionamiento de la Asamblea Legislativa Departamental para el mes de marzo; requiriendo en la primera y segunda nota Bs1 553 304,45.-; en la tercera nota, aclararon que los montos requeridos solo fueron transferidos de forma parcial, pidiendo que los mismos sean completados en un monto de Bs617 306,18.- (seiscientos diecisiete mil trescientos seis 18/100 bolivianos); de igual forma, en los cites de 13 y 18 de abril de ese año, la parte accionante solicitó el pago del saldo de los montos para el pago de sueldos de marzo del fijado año, que ascendía a Bs605 935,44.- (seiscientos cinco mil novecientos treinta y cinco 44/100 bolivianos [fs. 57 a 65]). Por otro lado, a través de nota de 20 de abril del referido año (recepcionado el 24 de igual mes y año) varios suscribientes, que no fueron claramente identificados, solicitaron al impetrante de tutela, el pago de salarios de marzo de ese año (fs. 70 a 72). II.8. Cursa Informe Técnico GAD BENI.DESP/SDAF/DF/UTCP/JCP 74/2023 de 16 abril; a través del cual, el Jefe de Unidad II de Tesorería y Crédito Público GAD-BENI, puso a conocimiento del Secretario Departamental de Administración y Finanzas GAD- BENI que la programación de recursos se la realiza con: 1) Regalías consistentes en Hidrocarburíferas, Mineras y Forestales, éstas con fuente de financiamiento 20-220; 2) Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) y sus derivados con fuente de financiamiento 41-117; 3) Fondo de Compensación Departamental, con fuente de financiamiento 41-116; y, 4) Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, con la fuente de financiamiento 20-230. Por otro lado, la programación de gastos debería sujetarse a lo establecido en la Disposición Transitoria Novena de la Ley 031, con un límite máximo del 15% de las Regalías, Fondo de Compensación e IEHD.

Por otro lado, informó que la programación de gastos de funcionamiento (sueldos, salarios y gastos operativos de funcionamiento) fueron inscritos en el POA-PRESUPUESTO Gestión 2023 de la “Entidad 908” en sus diferentes fuentes de financiamiento, siendo la programación en Bs1 550 000.- (un millón quinientos cincuenta mil bolivianos), aclarando que en el Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2023, en cuanto a los ingresos tributarios y por hidrocarburos, podrían sufrir variaciones en relación a los montos estimados, ello, como efecto de las fluctuaciones de los precios de las materias primas y el contexto internacional. Finalmente recomendó que debía gestionarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre la transferencia de los recursos de la fuente IEHD, pues se percató que por ese concepto no hubo cumplimento (fs. 625 a 630).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte solicitante de tutela denuncia el incumplimiento de lo estipulado en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Departamental 51 de 6 de mayo de 2015- que establece: “PRESUPUESTO.I. a partir de la presente y de manera obligatoria el Órgano Ejecutivo deberá garantizar los recursos económicos necesarios para que el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Departamental ejerza de manera eficaz y eficiente su facultad fiscalizadora que por mandato constitucional le corresponde. II Para tal efecto el Órgano Ejecutivo Departamental deberá crear, inscribir y asignar los recursos necesarios en el Programa Operativo Anual y, presupuesto de cada Gestión Fiscal un Programa de ‘Fortalecimiento a la Fiscalización Legislativa’ del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, cuya ejecución estará a cargo de la Asamblea Legislativa Departamental” (sic), norma que sostiene una obligación y un deber que recae en la parte accionada y que no cuenta con excepción alguna; toda vez que, la misma supondría una acción positiva que al presente se vio incumplida; de igual forma sostiene que se incumplió la Constitución Política del Estado en su art. 232 que dispone: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”; al igual que, el art. 235 que señala: “Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir la Constitución y las leyes. 2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública”; es decir, que la ley se cumple y no se discute, en cuya razón los ahora accionados se encuentran sometidos a la ley y a su cumplimiento. Asimismo, no se acató la Ley Departamental 115 de 20 de octubre de 2022, que aprobó el Presupuesto Plurianual Ajustado, el POA y el Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Departamental de Beni para la gestión 2023 en un monto de Bs317 201 072.-; de los cuales, correspondían Bs18 500 000.- más Bs100 000.- del fondo de compensación al Órgano Legislativo Departamental. Por otro lado, en cuanto a la Ley 1493 de 17 diciembre de 2022- esta norma tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado, y en su art. 3 establece su aplicación a todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e IOC, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, entidades públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos; en ese entendido, la Ley Departamental 13/2022-2023 establece la inscripción de este presupuesto dentro del Presupuesto General del Estado, consolidándose dentro de la Ley 1493; de esta manera, la Asamblea Legislativa Departamental cuenta con Bs18 600 000.- inscritos para la gestión 2023, montos que se vienen solicitando mensualmente para transferir a dicha Asamblea. Finalmente, también se incumplieron las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado por RS 225558, que en su art. 21.I sostiene que: “I. En cada entidad y órgano público la programación del gasto deberá efectuarse según los programas y proyectos establecidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, y del Plan Estratégico institucional y del Programa de Operaciones Anual de la entidad, contemplando todas las obligaciones que se estime devengar en la gestión fiscal, para la contratación de personal, compra de bienes y servicios, realización de gastos de inversión y otros gastos inherentes al desarrollo de las actividades previstas en el Programa de Operaciones Anual”; y, el art. 25 de la misma norma respecto a la ejecución presupuestaria indica que: “La ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de captación de recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a la materia”. Normas que se consideran fueron incumplidas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica y objeto de la acción de cumplimiento

El art. 134.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “La Acción de Cumplimiento procederá en caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o de la ley por parte de los servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida”.

Por su parte, el art. 64 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determina que: “La Acción de Cumplimiento tiene por objeto garantizar la ejecución de la norma constitucional o legal, cuando es omitida por parte de Servidoras o Servidores Públicos u Órganos del Estado”. La SCP 0449/2021-S2 de 25 de agosto, sobre el particular señaló que: “...toda persona natural o jurídica que considere que un servidor o autoridad pública que omitió el cumplimiento de una disposición constitucional o legal, tiene la aptitud jurídica para activar este mecanismo constitucional. Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0258/2011-R de 16 de marzo, sostuvo que: ‘…esta garantía constitucional jurisdiccional está prevista en nuestra Constitución como una acción de defensa, entendiéndola como la potestad que tiene toda persona -individual o colectiva- de activar la justicia constitucional en defensa de la Constitución Política del Estado y de las normas jurídicas, ante el incumplimiento de deberes concretos contenidos en ellas. Es una acción sumaria, ágil y expedita a favor del ciudadano, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción constitucional, que tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales, otorgando seguridad jurídica y materializando el principio de legalidad y supremacía constitucional; de ahí que también se configure como componente esencial del subsistema garantista, ampliamente mejorado debiendo invocarse ante el incumplimiento de deberes específicos previstos en la Constitución y en la Ley’. Ahora bien, respecto al objeto de esta acción tutelar, el mismo fallo señaló que se busca: ‘…garantizar la materialización de la Constitución y la ley, protegiendo de esa manera el principio de legalidad y supremacía constitucional, la seguridad jurídica, y a su vez, de manera indirecta, derechos fundamentales y garantías constitucionales. Cuando la Ley Fundamental establece como objeto de esta acción el cumplimiento de la Constitución y la ley, hace referencia a un deber específico previsto en dichas normas, pues como señala el art. 134 parágrafo tercero de la Constitución, el juez que conozca la acción, de encontrar cierta y efectiva la demanda, debe ordenar el cumplimiento del deber omitido. Consiguientemente, conforme al texto constitucional, se concluye que el objeto de tutela de esta acción está vinculado a garantizar el cumplimiento de un deber contenido en: a) Normas constitucionales, las cuales, como se ha visto, tienen un valor normativo inmediato y directo y a cuya observancia están obligados los servidores públicos y los particulares (arts. 9.4, 108 numerales 1, 2 y 3 y 410 de la CPE); b) La Ley, entendida no en el sentido formal -como originada en el órgano legislativo- sino material, sin importar la fuente de producción, abarcando, por tanto, a decretos supremos, resoluciones supremas, la legislación departamental y municipal, a cuyo cumplimiento también se obligan los particulares y los servidores públicos (arts. 14.V y 108.1 de la CPE).

Lo señalado no significa que la acción de cumplimiento, de manera directa o indirecta, no tutele derechos y garantías; sino que su propósito concreto es garantizar el cumplimiento de deberes previstos en la Constitución y las leyes, sin perjuicio que, la omisión del deber -constitucional o legal- se encuentre indisolublemente ligado al ejercicio -y por ende lesión- de derechos. Si se asume dicha afirmación, corresponde establecer cuál es la diferencia existente entre el amparo constitucional por omisión y la acción de cumplimiento, considerando que la primera, de acuerdo al art. 128 de la CPE, procede contra actos ilegales u omisiones ilegales o indebidas y la segunda, procede ante el incumplimiento de disposiciones constitucionales o legales, que constituyen precisamente una omisión. Para establecer una diferenciación, debe partirse del ámbito de protección de la acción de cumplimiento, cual es garantizar la materialización de un deber omitido; que tiene que estar de manera expresa y en forma específica previsto en la norma constitucional o legal. En ese entendido, el deber al que hace referencia la norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que derivar de un mandato específico y determinado y debe predicarse de una entidad concreta competente; ese es el sentido que, por otra parte, le ha otorgado al deber omitido la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-651/03 y el Tribunal Constitucional peruano que ha establecido determinados requisitos para que se ordene el cumplimiento del deber omitido: mandato vigente, cierto y claro, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, deber ser ineludible, de obligatorio cumplimiento y ser incondicional. Conforme a lo anotado, ante la omisión en el cumplimiento de un deber claro, expreso y exigible, que puede estar directa o indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías constitucionales, corresponde invocar la acción de cumplimiento; en tanto que si el deber omitido no reúne las características anotadas, sino que se trata de un deber genérico, pero vinculado a la lesión de derechos o garantías fundamentales -como por ejemplo el deber de motivación de las resoluciones cuyo incumplimiento general lesiona al debido proceso- corresponde la formulación de la acción de amparo constitucional por omisión’ . Con relación a las características específicas de la acción de cumplimiento, la SCP 0548/2013 de 14 de mayo, determinó que: ‘…a) La acción de cumplimiento no busca el cumplimiento formal de un acto normativo constitucional y/o legal sino el cumplimiento de su finalidad, es decir, más que formalista es finalista; b) Tutela mandatos normativos de acción y abstención, consecuentemente, tutela tanto la ejecución de aquello que es deber del servidor público (norma imperativa de hacer), como la inejecución de aquello que el servidor público por mandato normativo expreso no debe hacer; c) El sentido de Constitución involucra todas aquellas normas constitucionales que imponen obligaciones de hacer y no hacer claras a un servidor público; es decir, alcanza al denominado bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE); d) El sentido de ley, involucra no solamente la norma emanada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, formalmente como ley, sino toda aquella norma jurídica general o autonómica (SSCC 0258/2011-R y 1675/2011-R); e) No se rige por el principio de inmediatez porque el deber de cumplimiento de una disposición no puede caducar con el tiempo sino con la derogatoria de la norma que impone el deber, es decir, no se busca la tutela de derechos subjetivos sino la vigencia del Estado de Derecho (art. 1 de la CPE), en este sentido el cumplimiento de la Constitución y la ley trasciende del interés individual sino que es de interés público; y, f) Corresponde aclarar la SC 1474/2011-R de 10 de octubre, en sentido de que la acción de cumplimiento no se rige por el principio de subsidiariedad sino previamente al planteamiento de la acción debe constituirse a la autoridad demandada en renuencia’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Respecto a las causales de improcedencia de la acción de cumplimiento. Jurisprudencia reiterada

El art. 66.4 del CPCo señala que: “La Acción de Cumplimiento no procederá: (…) En procesos o procedimientos propios de la administración, en los cuales se vulneren derechos y garantías constitucionales, tutelados por la Acción de Amparo Constitucional”. Sobre el tópico la SCP 0069/2015-S1 de 10 de febrero, refiriéndose a la SC 1312/2011-R de 26 de septiembre, dispone que: “…resultan indudables las causales de exclusión para su activación, traducidas en: ‘…a) Incumplimiento de deberes procesales, directamente vinculados a un proceso jurisdiccional; y, b) Incumplimiento de potestades administrativas, estrictamente vinculadas a un procedimiento administrativo. En efecto, estas causales de exclusión para la activación de la acción de cumplimiento, son perfectamente coherentes con la argumentación desarrollada supra, ya que al existir un proceso judicial o un procedimiento administrativo, en el cual existen partes procesales con un interés concreto y cuya decisión surtirá efectos jurídicos solamente en relación a ellas, no es posible en estos supuestos activar la acción de cumplimiento…’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

En tal mérito, se considera que uno de los principios que rigen la administración pública es el de legalidad o de sometimiento pleno a la ley, quedando además los servidores de la administración pública, reatados a dicho compromiso general por el art. 235 de la CPE, que determina que es su deber cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes. Al respecto Pablo Dermizaky, señaló que el principio de legalidad objetiva compelía a la administración pública para aplicar objetivamente la ley en defensa de sus prerrogativas, así como para proteger los derechos e intereses de los administrados. En igual sentido la SC 1464/2004-R de 13 de septiembre, reiterada por la SCP 0411/2017-S1 de 12 de mayo -por mencionar algunas-, dispone que: “El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos (las negrillas fueron añadidas). Por lo mismo toda actividad administrativa se encuentra siempre limitada en términos generales por la Constitución Política del Estado y las leyes, buscando que el acto administrativo no se imponga inobservando las normas o transgrediendo derechos, garantías o principios como el precitado o el de seguridad jurídica. Consecuentemente, cuando la administración se sustrae del procedimiento legalmente preestablecido y las normas que lo rigen, el propio legislador ha previsto los mecanismos que deben activarse dentro del procedimiento administrativo. Las normas adjetivas establecen los medios de reclamo o impugnación para las partes y mediante estos es posible observar y refutar la inobservancia -por ejemplo- de los plazos por parte del administrador. En ese entendido, son esos medios específicos los que deben ser utilizados por los sujetos procesales dentro de los procesos judiciales y, en su caso, una vez agotados dichos medios, acudir a la justicia constitucional a través de la acción de amparo constitucional por omisión para solicitar la tutela por lesión a la garantía del debido proceso; en lugar de activar la acción de cumplimiento para alcanzar un interés concreto o pretensión de las partes de un proceso administrativo.

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes en su condición de representantes de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni denuncian que José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador; y, Freddy Machado Flores, Secretario Departamental de Administración y Finanzas, ambos del Gobierno Autónomo Departamental de Beni -ahora accionados- se rehúsan al cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Departamental 51 de 6 de mayo de 2015- que establece: “PRESUPUESTO.I. a partir de la presente y de manera obligatoria el Órgano Ejecutivo deberá garantizar los recursos económicos necesarios para que el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Departamental ejerza de manera eficaz y eficiente su facultad fiscalizadora que por mandato constitucional le corresponde. II Para tal efecto el Órgano Ejecutivo Departamental deberá crear, inscribir y asignar los recursos necesarios en el Programa Operativo Anual y, presupuesto de cada Gestión Fiscal un Programa de ‘Fortalecimiento a la Fiscalización Legislativa’ del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, cuya ejecución estará a cargo de la Asamblea Legislativa Departamental” (sic), norma que sostiene una obligación y un deber que recae en la parte accionada y que no cuenta con excepción alguna; toda vez que, la misma supondría una acción positiva que al presente se vio incumplida; de igual forma sostiene que se incumplió la Constitución Política del Estado en su art. 232 que dispone: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”; al igual que, el art. 235 que señala: “Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir la Constitución y las leyes. 2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública”; es decir, que la ley se cumple y no se discute, en cuya razón los ahora accionados se encuentran sometidos a la ley y a su cumplimiento. Asimismo, no se acató la Ley Departamental 115 de 20 de octubre de 2022, que aprobó el Presupuesto Plurianual Ajustado, el POA y el Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Departamental de Beni para la gestión 2023 en un monto de Bs317 201 072.-; de los cuales, correspondían Bs18 500 000.- más Bs100 000.- del fondo de compensación al Órgano Legislativo Departamental. Por otro lado, en cuanto a la Ley 1493 de 17 diciembre de 2022- esta norma tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado, y en su art. 3 establece su aplicación a todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e IOC, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, entidades públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos; en ese entendido, la Ley Departamental 13/2022-2023 establece la inscripción de este presupuesto dentro del Presupuesto General del Estado, consolidándose dentro de la Ley 1493; de esta manera, la Asamblea Legislativa Departamental cuenta con Bs18 600 000.-inscritos para la gestión 2023, montos que se vienen solicitando mensualmente para transferir a dicha Asamblea. Finalmente, también se incumplieron las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobado por RS 225558, que en su art. 21.I sostiene que: “I. En cada entidad y órgano público la programación del gasto deberá efectuarse según los programas y proyectos establecidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social, y del Plan Estratégico institucional y del Programa de Operaciones Anual de la entidad, contemplando todas las obligaciones que se estime devengar en la gestión fiscal, para la contratación de personal, compra de bienes y servicios, realización de gastos de inversión y otros gastos inherentes al desarrollo de las actividades previstas en el Programa de Operaciones Anual”; y, el art. 25 de la misma norma respecto a la ejecución presupuestaria indica que: “La ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de captación de recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a la materia”. Normas que se consideran fueron incumplidas. En este antecedente, en primera instancia y conforme se desarrolló en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de cumplimiento busca garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la ley, concebida esta última en su sentido material; en este contexto, la jurisprudencia constitucional estableció que el mandato legal y constitucional cuya omisión se cuestiona, debe tener carácter eminentemente imperativo, en el entendido de que debe contener un deber identificado de manera expresa y en forma específica, es decir, que sea vigente, cierto, claro y no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, debe ser ineludible, de obligatorio cumplimiento y ser incondicional; esto presupone que, la persona o autoridad obligada a cumplir la norma, no tiene opción de soslayar o excusarse de cumplirla; empero, entre las causales de improcedencia reglada de dicha acción tutelar, el art. 66.4 del CPCo, expresa que la acción de cumplimiento no procede en “…procesos o procedimientos propios…”; vale decir, que esta acción de defensa es improcedente cuando emerge del ejercicio de las competencias públicas propias de la administración del Estado o, en su caso, a la potestad administrativa sancionadora de la administración pública traducidas en procesos o procedimientos propios y, cuando refiere a la administración en general, incluye a la Administración Pública Central y la Administración Autonómica, acorde a la configuración del modelo de Estado asumido.

Ahora bien, establecidos que fueron los antecedentes, de la problemática expuesta se advierte que si bien la parte solicitante de tutela pretende se den cumplimiento a varios preceptos legales, su fundamento principal versa sobre la Ley Departamental 51, pues considera que la misma no se habría cumplido en su Disposición Adicional Tercera, que dispone la obligatoriedad del Órgano Ejecutivo de garantizar los recursos necesarios para que el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, ejerza de manera eficaz y eficiente su facultad fiscalizadora que por mandato constitucional le corresponde; y, que para tal efecto, debería crear, inscribir y asignar los recursos necesarios en el POA y presupuesto de cada gestión fiscal para un Programa de Fortalecimiento a la Fiscalización Legislativa del señalado Gobierno Departamental, cuya ejecución estaría a cargo de la Asamblea Legislativa Departamental.

Bajo ese contexto, del análisis del caso concreto, es posible establecer que el planteamiento central de esta acción tutelar, cuestiona la falta del desembolso de los recursos económicos para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Departamental de Beni, que de manera negligente la parte accionada omitió ejecutar, generando con ello, que hasta la presentación de esta acción tutelar, se hubiera producido una demora en los pagos de los sueldos de los veintiocho asambleístas departamentales y siete integrantes del personal permanente, además de personal eventual, consultores individuales de línea, gastos de funcionamiento, pago de pasajes de los Asambleístas, refrigerios por sesiones, viáticos, material de limpieza, así como de escritorio, equipos de computación y vehículos; sin embargo, conforme a la naturaleza de la acción de cumplimiento desglosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, dicha pretensión excede al objeto de protección de la acción tutelar, pues conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de cumplimiento no procede para denunciar el incumplimiento de deberes procesales dentro de la tramitación de un proceso administrativo, como resulta ser la falta de desembolso por parte de los accionados, del total de los montos mensuales correspondientes a enero, febrero y marzo de 2023, pues las transferencias habrían sido parciales; debiendo tomarse en cuenta que dichas solicitudes, corresponden a la actividad propia de la administración pública, al ser un proceso administrativo sujeto a descargos y cumplimiento de requisitos por la parte impetrante de tutela; aspectos que, no se puede asumir como una situación de construcción colectiva del Estado, porque el reclamo planteado tiene como objeto el alcance de una pretensión proyectada en la vía administrativa que -como bien refieren los peticionantes de tutela- está sujeta al cumplimiento de requisitos establecidos. Exigencia legal que condiciona a su vez la actuación de los accionados en el procedimiento administrativo. Por otro lado, también debe considerarse que la merituada Disposición Adicional Tercera de la Ley Departamental 51 que dispone la obligatoriedad del Órgano Ejecutivo de garantizar los recursos necesarios para que el Órgano Legislativo ejerza su facultad fiscalizadora; y, que tal efecto el mismo debería crear, inscribir y asignar los recursos necesarios en el POA y presupuesto de cada gestión fiscal un Programa de “Fortalecimiento a la Fiscalización Legislativa” del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, fue cumplida, pues los recursos calculados fueron aprobados en el presupuesto 2023, los cuales no fueron observados en su momento por la parte accionante, denotando conformidad con los mismos; teniendo por tanto, que el mandato reclamado, fue cumplido, aclarando que el deber de desembolso de dichos recursos en la medida solicitada no constituye un deber dispuesto en ninguna de las normas reclamadas como incumplidas. En consecuencia, de acuerdo a lo explicado y conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, no resulta posible abrir el ámbito de protección de esta acción defensa; por cuanto, la parte impetrante de tutela en esencia pretende el cumplimiento de acciones administrativas propias de las instancias públicas (desembolso de recursos); no correspondiendo, dentro de esta óptica de examen constitucional, dilucidar la validez o no de actos administrativos que hubiesen sido realizados o a contrario, omitidos por los ahora accionados; resultando que este Tribunal, constitucionalmente no puede atender la acción de cumplimiento impetrada considerando que los solicitantes de tutela -se reitera- pretenden la verificación de aspectos administrativos que deben realizarse para obtener la transferencia total de los montos mensuales; ante tales circunstancias y tomando en cuenta que la acción de cumplimiento, no alcanza para conocer actos administrativos y las divergencias que puedan surgir de los mismos o de los elementos que los constituyen, corresponde denegar la tutela solicitada. Por otro lado, y en cuanto a las demás normas reclamadas como incumplidas es importante referir y recordar que dada la naturaleza jurídica, alcance y ámbito de protección de la acción de cumplimiento desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, este mecanismo extraordinario tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la Norma Suprema y la ley, protegiendo así el principio de legalidad, supremacía constitucional y seguridad jurídica y cuyo cumplimiento se obliga a servidores públicos u Órganos del Estado, tal como lo establece el art. 134.I de la CPE. Ahora bien, este deber contenido en la Constitución Política del Estado y en las leyes tiene que ser específico, es decir que, la norma omitida debe contener un mandato concreto, vigente e inobjetable en relación a la autoridad a quien se reclama su cumplimiento y observancia.

En este contexto, la jurisprudencia constitucional estableció que el mandato legal y constitucional cuya omisión se cuestiona, debe tener carácter eminentemente imperativo, en el entendido de que debe contener un deber identificado de manera expresa y en forma específica, es decir, que sea vigente, cierto y claro, cuyo cumplimiento deber ser ineludible, obligatorio e incondicional; esto, presupone que la persona o autoridad obligada a cumplir la norma, no tiene opción de soslayar o excusarse de cumplirla; puesto que, el deber al que hace referencia la norma constitucional, no es genérico -como el cumplimiento de la ley- sino un deber concreto, que pueda ser exigido de manera cierta e indubitable a los servidores públicos; es decir, el deber tiene que provenir de un mandato específico y determinado. En ese contexto, se tiene entendido que las normas legales de las cuales se pide su cumplimiento, como son los arts. 232 y 235 de la CPE; 3 de la Ley 1493; 21.I y 25 de las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto aprobadas por RS 225558; y la Ley Departamental 115, no se configuran como un deber concreto, expreso, imperativo y que genere deberes jurídicos específicos, puesto que el ámbito de protección de la acción de cumplimiento es garantizar la materialización de un deber jurídico no genérico, que pueda ser exigido de manera indubitable a los servidores públicos, por cuanto en el presente caso, se omitió establecer incontrastablemente la existencia de un deber específico y expreso de la parte ahora accionada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 1076 a 1085, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela de acuerdo a los argumentos vertidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0134_2024-S3.pdf · páginas 1 a 21.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6a0ed899e644dfdcc1a2f056f95692569701a735104d05813a75e34a01d12006

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