B.IA.LEGAL

SCP 2402/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 14 de septiembre de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
14 de septiembre de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
67708-2024-136-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la doble instancia y al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación, motivación y congruencia, así como a los principios de taxatividad y jerarquía normativa; puesto que, las Vocales ahora accionadas, mediante el Auto de Vista SFNA 335/2024 de 15 de agosto, declararon procedentes en parte los recursos de apelación planteados por la Fiscal de Materia; y la ahora tercera interesada, sin anular la Sentencia 19/2024 de 19 de abril, la cual lo declaró culpable por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; y, revocando parcialmente la referida Sentencia para corregir la tipificación penal bajo los arts. 308 y 308 bis del CP; asimismo, tras descartar la existencia de un error de prohibición vencible, modificaron la sanción imponiendo una medida socioeducativa atenuada de privación de libertad bajo el régimen de internamiento por el término de cuatro años, de conformidad con los arts. 268.I y 324.III del CNNA. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) Con relación a la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso; 2) Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 167/2024-SCII de 30 de septiembre, cursante de fs. 155 a 158 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos a la libertad, a la doble instancia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados a los principios de taxatividad y de jerarquía normativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

a) Disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA 335/2024 de 15 de agosto y su complementario; y, que las Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitan un nuevo auto de vista de manera fundamentada, motivada y congruente que contenga la consideración primordial del interés superior del niño para ambas partes procesales, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Con relación a la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2402/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 67708-2024-136-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 167/2024-SCII de 30 de septiembre, cursante de fs. 155 a 158 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por AA contra Sonia Elena Bárrón Cortéz e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 6 de septiembre de 2024, cursante de fs. 91 a 108 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Distrito 1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), por Sentencia 19/2024 de 19 de abril, fue condenado a dos años y seis meses de restricción de libertad bajo el régimen domiciliario; determinación contra la cual, el Fiscal de Materia y la acusación particular interpusieron recurso de apelación restringida, dando lugar a la emisión del Auto de Vista SFNA 335/2024 de 15 de agosto y su complementario; mediante los que, se dispuso, declarar procedente en parte los recursos planteados, agravando por ello la pena a cuatro años; y, modificar la manera de restricción de libertad a la de régimen de internamiento en el Centro de Reintegración Social Solidaridad de Chuquisaca; empero, tal decisión fue arbitraria; puesto que, las Vocales ahora accionadas actuaron de manera ultra petita, en franca vulneración del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); tomando en cuenta que los agravios expuestos por el Fiscal de Materia se referían a la inobservancia o errónea interpretación y aplicación de la ley; así como, defectuosa valoración de la prueba, cuando ambas son excluyentes entre sí, pidiendo la anulación de la referida Sentencia; además de que, no identificó cuál sería la norma que hubiese sido mal interpretada; en concreto, no observó la aplicación del art. 16 inc. 2) del CP, con relación al error de prohibición vinculado a la ilicitud del hecho. Asimismo, en los agravios de la acusación particular no se reclamó tal extremo; vulnerando con ello, lo previsto por el art. 315.VIII aplicando incorrectamente el parágrafo VII del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- que ordena que los errores de derecho en la fundamentación que no hubiese influido en la parte dispositiva de la Sentencia 19/2024 no anula la misma; y, los errores relativos a la imposición de medidas socio educativas no puede cambiar la situación jurídica del menor de edad AA, menos en la vía de complementación; aspectos que, al no existir recurso de casación, no pueden ser objetados, dejándolo en estado de indefensión. Si bien la norma aplicada fue descrita; empero, no se cumplió con el requisito de establecer el nexo de causalidad entre el supuesto de hecho y la norma aplicable; así como, la consecuencia jurídica; puesto que, el hecho identificado sería que la Jueza de primera instancia se hubiese equivocado con relación al error de prohibición; la norma sería el art. 315.VII y VIII del CNNA; sin embargo, no existe vinculación entre estos; ya que, el supuesto error influiría en la parte dispositiva y no recaería sobre la imposición de la medida socio educativa sino respecto a la ilicitud de la conducta; por lo que, bajo una interpretación literal, teleológica y sistemática del precepto no sería aplicable al caso concreto y no resulta cierta la afirmación del Tribunal de alzada, de que se tratara de un error formal en la imposición de la pena; ya que, en todo caso debió anularse la Sentencia 19/2024 al no estar habilitada la autoridad de segunda instancia a realizar una corrección directa; más aún, cuando los fundamentos del Auto de Vista SFNA 335/2024 contrarían los vertidos en dicha Sentencia.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la doble instancia, al debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación y congruencia; así como, a los principios de taxatividad y de jerarquía normativa; citando al efecto los arts. 115.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga; “anular” y dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA 335/2024 de 15 de agosto y su complementario, debiendo las Vocales ahora accionadas, emitir un nuevo auto de vista de manera fundamentada, motivada y congruente, respetando los parámetros establecidos por la ley e interpretando conforme a las reglas de interpretación que fueron vulneradas y el principio de congruencia, restableciendo los derechos constitucionales vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 30 de septiembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 145 a 154, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Sonia Elena Barrón Cortéz e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe de 27 de septiembre de 2024, cursante a fs. 144 y vta.; manifestaron que: a) El accionante pretende que la vía constitucional ingrese a valorar prueba o argumentos de fondo, como si fuese una instancia de revisión ordinaria; b) Se ratificó en el contenido íntegro del Auto de Vista SFNA 335/2024, donde respondieron de manera clara y concreta todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, sin haberse vulnerado ninguno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales hoy reclamados por el nombrado; y, c) Piden se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Martha Lizbeth Hammel Villarroel, a través de su abogada en audiencia, manifestó que: 1) En base a lo que establece el art. 315 del CNNA, el fallo que resuelva una apelación de sentencia dentro de un proceso de responsabilidad de menores de edad, no es recurrible mediante ninguna vía; sin embargo, el accionante pretende usar la vía constitucional como Tribunal de casación para revisar cuestiones de orden procesal; 2) Se adhirió a los argumentos expuestos por el Fiscal de Materia, recalcando que se denunció el error de la Jueza de la causa a tiempo de aplicar las atenuantes a la pena establecida, cuando en primera instancia también se determinó la sanción máxima para el delito investigado, exponiéndose en los agravios con claridad sobre la aplicación de lo establecido por los arts. 16 y 39 del CP; 3) El accionante reclamó que el Tribunal de alzada no pudo ver el rostro de su defendido, bajo el principio de inmediación, cuando aquello es privativo de los Jueces de primera instancia; y, 4) Lo que se pretende con esta acción de defensa; es que no se aplique la privación de libertad en un Centro de Reintegración; empero, tales Centros tienen como finalidad la re educación del menor; puesto que, la conducta delictiva sancionada conlleva el asumir la responsabilidad de la misma.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Javier Ángel Gorena Camacho, Fiscal de Materia, en audiencia; manifestó que: i) No es cierto que el Auto de Vista SFNA 335/2024 hubiese cambiado la situación jurídica del menor de edad AA, partiendo de la determinación del grado de responsabilidad, es decir, que se mantuvo dicha responsabilidad, modificándose únicamente la pena; ii) En sus agravios, el Fiscal de Materia reclamó que la Jueza de primera instancia utilizó el error de prohibición para atenuar la pena del menor de edad AA de manera inadecuada, elemento a partir del cual, emerge la decisión del Tribunal de Alzada y no de oficio como reclama el accionante; y, iii) El límite de la arbitrariedad es la fundamentación y la motivación, elementos que se evidencian en el Auto de Vista SFNA 335/2024, en el que se dio respuesta a los agravios expuestos y se corrigió los errores de interpretación de la Jueza de la causa.

I.2.5. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Juan Carlos Vásquez, representante de la DNA del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en audiencia; se adhirió a los fundamentos expuestos por el accionante, tanto en su memorial de demanda como en la audiencia de esa acción de amparo constitucional.

I.2.6. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 167/2024-SCII de 30 de septiembre, cursante de fs. 155 a 158 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) De los agravios expuestos por el Fiscal de Materia; se advierte que, en el primer agravio no se encuentra únicamente circunscrito a la inobservancia y/o errónea interpretación y aplicación de la ley, sino también se alega la defectuosa valoración de la prueba respecto a la acreditación del error de prohibición y la consecuente atenuación de la prueba; en cuyo marco, se cuestiona la sanción penal de dos años y seis meses de medida socioeducativa, con restricción de libertad bajo el régimen domiciliario; asimismo, en los agravios denunciados por la acusación particular, se alegó el agravio de errónea fijación de la pena, vinculado al error de prohibición establecido por el art. 16.2 del CP; alegando que, los fundamentos de la Sentencia 19/2024 son insuficientes y que la Jueza de la causa incurrió en interpretación errónea de la norma sustantiva; por lo que, no es evidente la vulneración al debido proceso en su vertiente de congruencia; puesto que, lo extrañado por el accionante, se encuentra alegado en los agravios expuestos por los apelantes; b) Sobre la aplicación de lo establecido por el art. 315 del CNNA, de la revisión de los datos del Auto de Vista SFNA 335/2024; se advierte que, no se trata de una fundamentación complementaria, supuesto en el que, no corresponde la anulación de la referida Sentencia, siempre y cuando la misma no hubiese influido en la parte dispositiva; sin embargo, en el caso que se examina, las apelaciones no están basadas en agravios relacionados únicamente a los errores de derecho en la fundamentación; sino que, las apelaciones también fueron habilitadas por otros defectos de la señalada Sentencia, como la valoración de la prueba, la inobservancia o errónea aplicación de la ley, mismos que guardan relación con la imposición de medidas socio-educativas; por cuanto, es susceptible de corrección por parte del Tribunal de alzada, tal como lo establece el art. 315.VII del citado Código, al ordenar que: “Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregido por el Tribunal de apelación; así como, los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición de medidas socio-educativas”; en cuyo marco, considerando que los motivos de apelación no se basan únicamente en los defectos relacionados con la fundamentación, no resulta aplicable el parágrafo VIII de dicho precepto; por lo que, se concluye que no es evidente la errónea aplicación del parágrafo VII, e inobservancia del parágrafo VIII del art. 315 del CNNA; c) No se identificó cuál es la interpretación que hubiesen realizado las Vocales ahora accionadas con relación al art. 315.VII del mismo Código; en ese entendido, corresponde reiterar que las apelaciones también fueron habilitadas por otros defectos de la sentencia, como la valoración de la prueba, la inobservancia o errónea aplicación de la ley, mismos que guardan relación con la imposición de medidas socio-educativas; por cuanto, es susceptible de corrección por parte del Tribunal de alzada, tal como lo establece el art. 315.VII del citado Código; y, d) Por otro lado, en mérito a la corrección efectuada del tipo penal en la parte dispositiva de la Sentencia 19/2024, conforme a la motivación y fundamentación expuesta en el Auto de Vista SFNA 335/2024, siendo que el proceso penal sustanciado fue por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, inserto en el art. 308 bis. del CP; no así, por el delito de abuso sexual, tipificado en el art. 312 del mismo Código, por cuanto se modifica la medida socio-educativa para que la sanción se cumpla en un centro especializado en privación de libertad, conforme dispone el art. 268.I del CNNA; por lo que, lo reclamado carece de relevancia constitucional; más aún, cuando el mismo sindicado reconoció los actos atribuidos en el proceso penal, que se subsumen al tipo penal precitado.

I.2.7. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 27 de abril de 2026, cursante a fs. 204, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 11 de septiembre del citado año, cursante a fs. 209; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Sentencia 19/2024 de 19 de abril, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, determinó que el menor de edad AA -ahora accionante- fue responsable penalmente en calidad de autor del delito acusado, previsto y sancionado por el “art. 312” del CP, imponiéndole la pena atenuada acorde a lo establecido por el art. 268.II del CNNA, consistente en medida socio educativa con restricción de libertad bajo el régimen domiciliario, por el término de dos años y seis meses, en el proceso penal seguido a instancia de la DNA del Distrito 1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra el nombrado (fs. 2 a 34). II.2. Por memoriales presentados el 17 y 18 de junio de 2024, el Fiscal de Materia; y, Martha Lizbeth Hammel Villarroel -ahora tercera interesada-, interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia 19/2024 (fs. 36 a 40; y, 42 a 47 vta.); obteniendo en respuesta, la emisión del Auto de Vista SFNA 335/2024 de 15 de agosto, emitido por Sonia Elena Barrón Cortéz e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy accionadas-; por medio del cual, en aplicación del art. 315.VII del CNNA, dispusieron declarar procedentes en parte los recursos de apelación planteados, sin la necesidad de determinar la anulación total de la referida Sentencia y solo encontrando procedente la necesidad de revocar parcialmente la misma, con base en la fundamentación y motivación efectuada por dicho Tribunal de alzada, en cuanto al error de prohibición vencible que no se da, para atenuar la medida socioeducativa impuesta al accionante, responsable penalmente en calidad de autor en la comisión del hecho delictivo acusado; empero, corrigiendo en cuanto al tipo penal, encontrándose el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto por el art. 308 bis., con relación al art. 308 del CP, imponiéndole la medida socioeducativa atenuada, acorde a lo previsto por los arts. 268.I y 324.III del CNNA, consistente en la medida socioeducativa de privación de libertad bajo el régimen de internamiento, por el término de cuatro años (fs. 69 a 86).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la doble instancia y al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación, motivación y congruencia, así como a los principios de taxatividad y jerarquía normativa; puesto que, las Vocales ahora accionadas, mediante el Auto de Vista SFNA 335/2024 de 15 de agosto, declararon procedentes en parte los recursos de apelación planteados por la Fiscal de Materia; y la ahora tercera interesada, sin anular la Sentencia 19/2024 de 19 de abril, la cual lo declaró culpable por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; y, revocando parcialmente la referida Sentencia para corregir la tipificación penal bajo los arts. 308 y 308 bis del CP; asimismo, tras descartar la existencia de un error de prohibición vencible, modificaron la sanción imponiendo una medida socioeducativa atenuada de privación de libertad bajo el régimen de internamiento por el término de cuatro años, de conformidad con los arts. 268.I y 324.III del CNNA. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: 1) Con relación a la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso; 2) Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Con relación a la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso

La SCP 0074/2024-S3 de 10 de abril, en cuanto a la fundamentación, motivación y congruencia como elemento del debido proceso, establece: «“La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,-porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental.

(…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ‘la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‛decisión sin motivación‛, o extiendo esta es, b.2) una ‛motivación arbitraria‛; o en su caso, b.3) una ‛motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas‛. ‛b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. 'La justificación conlleva formular juicios evaluativos [formales o materiales] sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]'. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general 'judicial, administrativa, etc.' sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales]. En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‛…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas‛, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‛…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume‛ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: ‛La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto.

En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo) ”» (las negrillas son nuestras).

III.2. Los alcances del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente

La SCP 0278/2024-S3 de 3 de junio, establece lo siguiente: «La SCP 0256/2020-S3 de 14 de julio, estableció que: “Por disposición del art. 58 de la CPE: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’; marco dentro del cual, el art. 59.I y III de la Norma Suprema, dispone: ‘I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. (…) III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley’.

Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de estos derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos, a través del art. 61.I de la Norma Suprema. En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: ‘1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’; es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. Los lineamientos de esos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: ‘Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’. Conforme a la normativa señalada, así como la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos. Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en su art. 12 inc. b) del mismo cuerpo legal, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y el Estado asegurar al niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo el inciso b) del citado artículo, que toda niña, niño y adolecente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas. En ese marco, la SCP 0195/2018-S4 de 14 de mayo, establece que: ‘Teniendo en cuenta que las niñas, niños y adolescentes carecen de la madurez biológica y psicológica suficiente y necesaria, para afrontar un conflicto por sí solos, debido a las etapas de desarrollo que atraviesan antes de convertirse en adultos, diferenciándose de estos incluso por sus necesidades emocionales y educativas, el Estado está obligado a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas en favor de ellos, al constituir un grupo vulnerable reconociendo previamente su condición de sujetos de derechos y garantías, destinadas a eliminar las situaciones de discriminación o intolerancia que sufren en razón de su edad, promoviendo la efectiva observancia del principio de igualdad, en consideración a sus características especiales’. La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, luego de exponer el ámbito de protección constitucional y a través de los instrumentos internacionales sobre materia de derechos humanos, en favor de las niñas, niños y adolescentes, asumió que: ‘…son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado. En ese orden, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T-397/04 de 29 de abril de 2004, consideró que: ‘…las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas de los menores implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos’. En suma, resulta evidente que los derechos de los niños son prevalentes mereciendo un trato prioritario al contar con interés superior dentro del contexto jurídico vigente; por lo que tanto los jueces y tribunales de garantías como este Tribunal Constitucional Plurinacional, no podrán abstenerse de conocer acciones de tutela que los involucren, precisamente como se tiene establecido por la preeminencia que da la Norma Suprema a este sector de vulnerabilidad y la tutela necesaria que deben merecer en casos de evidente transgresión a sus derechos fundamentales…”’» (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la doble instancia y al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación, motivación y congruencia, así como a los principios de taxatividad y jerarquía normativa; puesto que, las Vocales ahora accionadas, mediante el Auto de Vista SFNA 335/2024 de 15 de agosto, declararon procedentes en parte los recursos de apelación planteados por la Fiscal de Materia; y la ahora tercera interesada, sin anular la Sentencia 19/2024 de 19 de abril, la cual lo declaró culpable por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; y, revocando parcialmente la referida Sentencia para corregir la tipificación penal bajo los arts. 308 y 308 bis del CP; asimismo, tras descartar la existencia de un error de prohibición vencible, modificaron la sanción imponiendo una medida socioeducativa atenuada de privación de libertad bajo el régimen de internamiento por el término de cuatro años, de conformidad con los arts. 268.I y 324.III del CNNA. Precisada la problemática, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del procedimiento penal adolescente que sigue el Ministerio Público a instancia de la DNA del Distrito 1 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, mediante Sentencia 19/2024, emitida por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda del citado departamento, se determinó que el sindicado fue responsable penalmente en calidad de autor del delito acusado, previsto y sancionado en el "art. 312” del CP, imponiéndole la pena atenuada acorde a lo establecido por el art. 268.II del CNNA, consistente en medida socio educativa con restricción de libertad bajo el régimen domiciliario, por el término de dos años y seis meses (Conclusión II.1.); en virtud de lo cual, por memoriales presentados el 17 de junio de 2024, la Fiscal de Materia; y, Martha Lizbeth Hammel Villarroel -ahora tercera interesada- interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia 19/2024; obteniendo en respuesta, la emisión del Auto de Vista SFNA 335/2024, emitido por las Vocales ahora accionadas; por medio del cual, en aplicación del art. 315.VII del CNNA, dispusieron declarar procedentes en parte los recursos de apelación planteados, sin la necesidad de determinar la anulación total de la referida Sentencia y solo encontrando procedente la necesidad de revocar parcialmente la misma, con base en la fundamentación y motivación efectuada por dicho Tribunal de alzada, en cuanto al error de prohibición vencible que no se da, para atenuar la medida socioeducativa impuesta al accionante, responsable penalmente en calidad de autor en la comisión del hecho delictivo acusado, pero corrigiendo en cuanto al tipo penal, encontrándose el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, tipificado en el art. 308 bis. con relación al art. 308 del CP, imponiéndole la medida socioeducativa atenuada, acorde a lo previsto por los arts. 268.I y 324.III del CNNA, consistente en la medida socioeducativa de privación de libertad bajo el régimen de internamiento, por el término de cuatro años (Conclusión II.2.). En tales antecedentes, el accionante denuncia que, las Vocales ahora accionadas, determinaron en alzada cambiar la Sentencia condenatoria emitida en su contra, bajo fundamentos arbitrarios y ultra petita apartándose de los agravios expresados en el recurso de apelación; y, aplicando erróneamente lo previsto por el art. 315 del CNNA, con relación a la modificación de la parte dispositiva del fallo recurrido, vinculada a su situación jurídica. De ese modo, conforme a la problemática planteada, corresponde inicialmente desglosar los agravios expuestos contra la Sentencia 19/2024 (Conclusión II.2.); siendo estos los siguientes: 1) El Ministerio Público denuncia: a) La inobservancia y/o errónea interpretación y aplicación así como una defectuosa valoración probatoria en cuanto a la sanción, los hechos ocurridos y la prueba aportada; puesto que, la Jueza de primera instancia refiere que debe otorgarse una pena atenuada, al momento de establecer la sanción al menor de edad AA en conflicto con la ley, al considerar que existe un error de prohibición; debido a que, ambos menores de edad refirieron, que mintieron respecto a su edad a efecto de obtener el permiso de sus padres para tener una relación sentimental; motivo por el cual, se dispuso la sanción de dos años y seis meses de medida socio educativa, con restricción de libertad bajo el régimen domiciliario; sin embargo, de acuerdo al marco normativo nacional e internacional y bajo una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponde que la autoridad fiscal y judicial, analice la aplicación de la sanción, considerando la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye al referido menor de edad y la conducta exteriorizada por éste, en contra de la misma, antes y con posterioridad a la comisión del delito; por otro lado, con referencia a las conductas de desigualdad frente a la mujer, siguiendo los principios del bloque de constitucionalidad, los principios de la materia especial que rige y la responsabilidad atenuada, del ex adolescente en las cuatro quintas partes, sobre el máximo de la sanción penal del delito que se analiza, aplicando el criterio de interseccionalidad, enfoque de igualdad y bajo el test de proporcionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), conforme a las circunstancias previstas por el art. 308 bis. del CP, en el análisis íntegro de cada uno de los elementos de prueba; dado que, la víctima del delito de violación tenía trece años; por lo que, se debe dar una protección reforzada y urgente a la misma; así también, en el caso presente, se debió analizar el enfoque lógico; puesto que, la pena atribuible al menor de edad no es a libre discrecionalidad de la autoridad judicial, sino más bien debe ser aplicada bajo el principio de legalidad; es decir, cuatro años de sanción para un adolescente con responsabilidad por un ilícito de violación de infante, niña, niño o adolescente, siendo esto ya una pena atenuada; por otra parte, la Jueza de la causa al momento de realizar la fundamentación refiere que es la misma víctima quien en cámara gesell, indicó que mintió en su edad; ya que, se pusieron de acuerdo con el menor de edad AA para que ambos padres aprobarán su relación sentimental; sin embargo, si bien es cierto que debe aplicarse el art. 193.c del CNNA, debe tenerse en cuenta que ambos se conocían desde los doce años, antes de tener relaciones sexuales y en el mes de enero que ella avisó al menor de edad AA que tenía la edad de trece años, mantuvieron relaciones sexuales, teniéndose señalado en la acusación fiscal que existen una diferencia de edad superior a los tres años, no pudiendo considerarse la supuesta mentira de los menores de edad, frente a los certificados emitidos por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), que demuestran que existe una diferencia de edad de tres años, seis meses y siete días, entre ambos; resultando ilógica la conclusión de la Jueza de primera instancia, sobre que la víctima parecería de más edad al presentar ciertos rasgos físicos anatómicos, siendo más un desmedro y humillación para la misma, para que la otra parte alegue error de prohibición; por lo que, este punto no fue debidamente valorado, al momento de establecer la pena; dado que, no se tiene debidamente demostrado que las edades fueron un motivo de engaño, al contrario, se comprobó que tenían conocimiento del curso en que ellos se encontraban estudiando, no pudiendo alegar este aspecto como atenuante; y, b) Acusa defecto absoluto de la Sentencia 19/2024, amparándose en lo previsto por los arts. 167 y 169 del CPP, por inobservancia o violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales previstos en la Norma Suprema, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, al no haberse aplicado la debida diligencia inherente a la resolución de los casos en el ámbito jurisdiccional, para la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer, ordenada por la Ley Integral para Garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, la Constitución Política del Estado y el marco convencional citado, al tratarse de la sanción de un delito de violencia sexual contra la mujer. 2) La acusación particular; reclama: i) Defectos en la Sentencia 19/2024 contenidos en el art. 315.I del CNNA, relativo a la fijación de la pena; manifestando que, conforme lo declarado por la menor de edad víctima en el punto "6" del acápite de la prueba documental de cargo del Ministerio Público, el menor de edad AA en conflicto con la ley tenía conocimiento de su edad; es decir, que sabía que tenía trece años; así como, la prueba testifical de descargo de los compañeros de curso, amigos de éste, refirieron de manera uniforme que saben y conocen que mantener relaciones sexuales con una menor de edad es un delito, adherido a la verdad incuestionable del Director del Colegio de los mismos, que indicó que en la Unidad Educativa a la que asisten, les brindan clases de educación sexual e incentivan valores morales, dada la estructura católica del establecimiento; por lo que, se concluye que el menor de edad AA en conflicto con la ley tenía pleno conocimiento de que su accionar era delito; sin embargo, la Jueza de la causa al momento de imponer la medida socioeducativa se sustenta en que la menor víctima aparentaba una edad diferente, extremo que resulta irrelevante; puesto que, el referido menor de edad en conflicto con la ley sabia a cabalidad la edad de la víctima, siendo que la recogía de su curso, al encontrarse estudiando en la misma Unidad Educativa y ayudarle con las tareas; y, si bien los testigos refirieron que escucharon que la víctima tenía catorce años, queda fuera de contexto; puesto que, el mencionado menor de edad tenía certeza de la edad de la víctima; por otro lado, si bien los padres, aprobaran una relación de enamoramiento; sin embargo, ello no implica la posibilidad de una autorización para el abuso sexual de su hija, manifestando la Jueza de primera instancia que los menores de hoy en día, no enamoran como en otra época, aspectos que son totalmente subjetivos, cuando el entorno familiar al que pertenece la víctima y los valores que le han inculcado se vieron gravemente afectados por el accionar del señalado menor de edad en conflicto con la ley; y, sobre que el procesado mantuvo relaciones sexuales consentidas con la menor de edad víctima, sin percatarse que estaba fuera del rango de permisibilidad por su edad, afirmación sustentada por la autoridad de primera instancia indicando que el menor de edad, en su última palabra reconoció que cometió un error que sabía que su hija era menor de edad, infiriendo que el error cometido por el referido menor de edad, era vencible; y por tanto, tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta; sin embargo, el acusado no tomó en cuenta estas circunstancias en las que incurrió sin medir las consecuencias jurídicas de este accionar; por lo que, la conducta del adolescente en conflicto con la ley no concurre en error de prohibición ni en su versión invencible ni en su versión vencible, en merito a que desde el principio de la relación actuó con dolo, aspecto refrendado en el fallo impugnado que en su punto cuarto, acápite de valoración Integral de la pruebas y conclusiones sobre los motivos de hecho y de derecho, donde la Jueza de primera instancia omite considerar los motivos por los cuales llegan al acuerdo de mentir sobre su edad, acuerdo explicado por la víctima, demostrándose que ese acuerdo denotaba la conciencia de que la edad era un factor determinable; por lo que, el referido menor de edad AA en conflicto con la ley actuó de manera premeditada manipulando a la víctima dada su corta edad y madurez, que imposibilita cualquier validación de consentimiento alegada; ii) Errónea aplicación de la ley sustantiva por errónea fijación judicial de la pena; dado que, el menor de edad AA destaca en el ámbito estudiantil y deporte; por lo que, es una persona instruida que además tiene acceso y manejo de la tecnología lo que demuestra que no existe posibilidad de que incurra en error alguno en su actuar; debiendo considerarse que la fundamentación de la fijación de la pena es inexcusable, la cual debe satisfacer la Sentencia condenatoria y obliga al Juzgador a observar los parámetros descritos por el legislador, debiendo contener la resolución un razonamiento capaz de dar cuenta de que consideraron dichos parámetros; de tal modo que, se pueda evidenciar que la resolución se fundó en parámetros legales y no fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria del juzgador, considerando los presupuestos establecidos en los arts. 37, 38 y 40 del CP, y, que atenuantes y/o agravantes tomó en cuenta el Juzgador para establecer la sanción; a su vez, debe tenerse presente que el Tribunal de alzada determinará los correctivos necesarios conforme a lo previsto por el art. 414 del CPP, entre ellos, el quantum de la pena, lo que no implica una revalorización de la prueba ni quebranta el principio de inmediación; y, iii) Falta de fundamentación en la determinación de la pena aplicada por la Jueza de la causa en la Sentencia 19/2024. En ese marco, concierne ahora desglosar los fundamentos expuestos en el Auto de Vista SFNA 335/2024; siendo estos los siguientes: a) En cuanto al primer motivo de apelación del Ministerio Público; consistente en la inobservancia y/o errónea interpretación y aplicación de la ley, defectuosa valoración probatoria en cuanto a la sanción; debido a que, de la relación de los hechos ocurridos y la prueba valorada, la Jueza de primera instancia concluye que debe establecerse una pena atenuada, al momento de determinar la sanción al adolescente en conflicto con la ley, al considerar que existe un error de prohibición; debido a que, ambos menores de edad refirieron que mintieron respecto a su edad; motivo por el cual, se le dispuso la sanción de dos años y seis meses como medida socio educativa, con restricción de libertad bajo el régimen domiciliario; al respecto, se encuentra evidente la vulneración reclamada; por cuanto, por una parte es necesario puntualizar lo que debe entenderse por inobservancia y/o resultando en palabras sencillas, como la falta de observancia y/o la errónea aplicación de la ley sustantiva; es decir, interpretar y aplicar erróneamente una norma sustantiva, lo que es evidente; ya que, la Jueza de primera instancia basó la sentencia en la errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva, en cuanto el error de prohibición vencible, a tiempo de tener en cuenta la atenuación en cuanto a la sanción contenida en el art. 16 inc. 2) del CP, para aplicarse las atenuantes contenidas en el art. 39 incs. 1) y 2) del referido cuerpo legal; aspecto que, corresponde ser corregido en alzada, conforme prevé el art. 315.VI del CNNA, teniendo en cuenta que el error de prohibición vencible -que consistiría en que el autor sabe que su hacer está prohibido en general pero cree erróneamente que en el caso concreto, se da una causa de justificación que lo permite o que actúa dentro de los límites de la misma- no ocurre en el caso de análisis, conllevando a que la autoridad de primera instancia interpretó y aplicó erróneamente la norma sustantiva penal, con la finalidad de atenuar la medida socioeducativa aplicada, teniendo en cuenta que el hecho fáctico expuesto en la acusación fiscal, se adecua al tipo penal de violación de infante, niña, niño o adolescente, inserto en el art. 308 bis. del CP; resultando que a través de la valoración integral de la prueba judicializada en el caso de autos, que la autoridad de primera instancia si bien determinó la culpabilidad del acusado, arribando a la responsabilidad penal del menor de edad AA en calidad de autor; sin embargo, ingresó en una errónea interpretación y aplicación de la norma sustantiva penal al interpretar y aplicar el error de prohibición vencible en favor del acusado, cuando se tiene acreditado el hecho delictivo, la participación del acusado, la culpabilidad y la responsabilidad penal del mismo, como autor en el hecho delictivo acusado por parte del Ministerio Público, adecuando su accionar a cada uno de los elementos del tipo delictivo doloso de violación de infante, niña, niño o adolescente, incurso en el art. 308 bis. con relación al art. 308 del CP, sin que se haya demostrado que se daría el error de prohibición vencible referido por la Jueza de primera instancia, para aplicar el mismo; por cuanto, si bien la referida Jueza consideró correctamente por una parte que no se da la excepción de responsabilidad por la edad de ambos; debido a que, la primera relación sexual la mantuvieron en el mes de mayo de 2023, cuando por la certificación del SEGIP, se desprende que la víctima contaba con trece años y cuatro meses de edad, siendo menor de catorce años y el menor de edad AA, tenía la edad de dieciséis años y once meses; así como, tampoco puede alegarse que existió consentimiento por parte de la víctima, aunque la misma lo hubiera referido de esa manera; puesto que, dicho consentimiento está viciado de nulidad; por la edad de la víctima que no cuenta con la capacidad suficiente para discernir o poder elegir sobre la autorización para mantener relaciones sexuales o la opción sexual de su preferencia; más aún, cuando conforme consideró la Jueza de primera instancia, la mera existencia de un enamoramiento o una relación sentimental, no presupone el consentimiento sexual, no pudiendo por ello alegarse aquello; ahora bien, el error de la mencionada Jueza, es cuando motiva en cuanto a la valoración integral de las pruebas y concusiones sobre los motivos de hecho y derecho, respecto a las consideraciones subjetivas y fuera del marco de la ley; en el sentido de que, al haberse puesto de acuerdo ambos menores de edad para mentir sobre sus edades ante sus padres, conforme la versión de la víctima en cámara gesell, totalmente creíble y la versión también del adolescente acusado, poniéndose de acuerdo ambos para mentir sobre sus edades, para que sus padres les permitan enamorar; sin embargo, ello no da lugar a interpretar por una parte que el menor de edad AA no sabía la edad verdadera de la víctima, ni que ella desconocía la edad del ahora acusado; muy por el contrario, al haber señalado que se pusieron de acuerdo para mentir sobre sus edades, claramente da lugar a que ambos conozcan perfectamente sus edades respectivas, conociendo el acusado que la víctima tenía la edad de trece años, cuando mantuvieron la primera relación sexual; por cuanto, claramente la victima también refirió que en enero de 2023, le dijo al mencionado menor de edad que tenía la edad de trece años; es decir, el mismo conocía que la víctima era menor de catorce años, cuando mantuvo la primera relación sexual con esta y él "ya estaba a punto de cumplir la mayoría de edad" (sic.); por otro lado, el hecho de que los padres del acusado en base a una mentira hubiesen considerado que la víctima tenía la edad de catorce años; y, la madre de la víctima hubiera considerado que el adolescente tenía la edad de quince años, no da lugar a concluir que por ello el referido menor de edad en conflicto con la ley, hubiera interpretado o creído que el hecho de la aceptación de los padres de ambos para que enamoren, también era una autorización para tener relaciones sexuales con la víctima, no cabiendo esa idea en la mente de ninguna persona; no adecuándose de ninguna manera al error de prohibición vencible aducido de manera forzada por la Jueza de primera instancia a tiempo de emitir la Sentencia 19/2024; por cuanto, por una parte, es necesario tener en cuenta que por error de prohibición debe entenderse a la figura jurídica por la que el autor de un hecho delictivo, al realizar aquel, pensaba de manera equivocada que su actuación era lícita; es decir, que comete un delito sin saber que se trata de un delito, bien porque cree que se trata de un acto que no está prohibido o porque cree que tiene autorización para obrar de ese modo, conforme refiere el propio menor de edad AA en su defensa material en alegatos finales; manifestando que, reconoce que cometió un error y además sabía que era menor de edad; es decir, tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta; sin embargo, el referido menor de edad no tomó en cuenta estas circunstancias e incurrió en esta conducta sin medir las consecuencias jurídicas de ello, al haber mantenido relaciones sexuales con la víctima; por lo que, su proceder no lo exime de responsabilidad; en virtud de lo cual, la Jueza de la causa encontró al acusado culpable y responsable penalmente del delito sindicado; no obstante, ingresó en un error en la parte resolutiva de la sentencia, al adecuar el accionar al delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; empero, de manera incongruente y contradictoria declara al mencionado menor de edad responsable penalmente en calidad de autor del delito previsto en el art. 312 del CP -abuso sexual-, imponiéndole la pena atenuada acorde a lo previsto por el art. 268.II del CNNA, consistente en la medida socioeducativa con restricción de libertad bajo el régimen domiciliario por el término de dos años y seis meses, de acuerdo al mandato del art. 323.II inc. a), respecto al art. 332 inc. a), y, bajo los parámetros del art. 325, todos, del precitado cuerpo legal; cuando en realidad, está claro que no es válido el consentimiento otorgado por la víctima para la relación sexual en cuestión, siendo por otra parte de pleno conocimiento del señalado menor de edad que la víctima tenía trece años de edad, cuando mantuvieron la primera relación sexual; y, que el hecho de que la madre de la víctima hubiese aceptado el enamoramiento de su hija de trece años de edad, con el acusado, en mérito a la mentira acordada de que el adolescente de que tenía la edad de quince años; y, que los padres del referido menor de edad creerían que la edad de la víctima era de catorce años, no implica de ninguna manera que el acusado pueda interpretar la aceptación del enamoramiento, como autorización para tener relaciones sexuales con la víctima, como se pretendió hacer ver en el caso de autos, para establecer que hubiera incurrido en un error de prohibición vencible, que daría lugar a aplicar las atenuantes contenidas; hecho delictivo de violación de infante, niña, niño o adolescente, que es estrictamente doloso con la intención de satisfacer la libido sexual, que el Fiscal de Materia probó a través de la prueba producida y judicializada en el caso de autos, la comisión del hecho delictivo acusado que se adecua al tipo penal denominado violación de infante, niña, niño o adolescente, incurso en el art. 308 bis. del CP, y no conforme lo consigna la Juzgadora erróneamente desde un principio en la Sentencia 19/2024, fallando en la parte resolutiva, que se adecuaría al delito de violación niña, niño o adolescente, previsto y sancionado en el art. 312 del sustantivo penal; cuando dicho precepto, está referido al tipo penal de abuso sexual y la motivación fáctica de la acusación al establecer el hecho delictivo por el que se le sindica al adolescente en ningún momento hizo mención al mismo, menos el juicio se desarrolló sobre aquello sino sobre el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, incurso en el art. 308 bis. del CP; por lo que, la Jueza de primera instancia, confundió el verdadero entendimiento del instituto de error de prohibición vencible, debiendo haber tenido en cuenta que nos encontramos en un Estado Constitucional de Derecho, asentado en el Bloque de Constitucionalidad, cuya jurisprudencia es importante, como la emitida por la Corte IDH, en el caso Angulo Lozada Vs. Bolivia, donde se analiza el proceso de un menor de edad, víctima de violencia sexual, en la cual se ignora las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba la víctima y encubre relaciones pautadas de poder en los ámbitos en que puede desenvolverse la víctima, minimizando el hecho, con aspectos interpretados a fin de favorecer al agresor; al igual que en el caso de Autos, al establecer de manera equivocada la existencia de error de prohibición vencible, bajo los aspectos ya detallados; constituyéndose en un antecedente peligroso, utilizado por la Jueza de la causa para atenuar la medida socioeducativa impuesta al adolescente como lo hizo, incluso, no solo en los años a imponer sino hasta en el régimen a aplicar, bajo un entendimiento e interpretación errónea de la ley penal sustantiva, cuando en realidad se tiene probado que el menor de edad AA adecuó su accionar al hecho delictivo acusado prohibido por la ley penal, conociendo de la antijuridicidad de su accionar y sabiendo la edad de la menor de edad cuando se produjo la primera relación sexual; así como, de las posteriores, la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta -accionar-; y, pese a ello, sin medir las consecuencias mantuvo relaciones sexuales con la víctima en varias ocasiones; efectuando por todo ello la Jueza de primera instancia, una interpretación y aplicación errónea de la ley sustantiva penal, bajo la presunta existencia de un error de prohibición vencible en el accionar en cuanto al delito de violencia sexual esencialmente doloso, utilizando este aspecto en beneficio del agresor, existiendo incluso en la intelectividad, apreciación y valoración de la Jueza una desigualdad de género, sin considerar que la víctima se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad, por su edad y su condición de mujer, evidenciándose que ha tiempo de emitir la Sentencia 19/2024 la autoridad de primera instancia realizó una apreciación e interpretación errónea del art. 16 inc. 2) del CP, cuando la doctrina y la jurisprudencia; establece que, tratándose de delitos de violencia sexual, los bienes jurídicos primordialmente protegidos son la libertad sexual, la indemnidad sexual, entre otros, por ello el legislador sabiamente contempló la protección sexual de las personas menores de catorce años en el tipo penal previsto en el art. 308 bis. del sustantivo penal; además que, también el Código Niña, Niño y Adolescente, a parte de la atenuación de la pena específicamente por la edad del menor de edad AA, ya atenúa la pena en las 4/5 partes, respecto del máximo penal correspondiente al delito tipificado en la norma penal, conforme prevé el art. 268.I del CNNA, resultando que el parágrafo II del referido precepto manda que: "Para delitos cuyo máximo penal este entre quince (15) y treinta (30) años en la ley penal, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad"; a su vez, el art. 325 del mismo Código, establece las pautas para la determinación y aplicación de la medida socioeducativa y su duración, elementos que debieron ser considerados por la juzgadora pero no en un falso error de prohibición vencible para imponer una medida socioeducativa atenuada que sale incluso del marco de la privación de libertad, aplicando una medida en restricción de libertad, bajo la modalidad más favorable para el sindicado, consistente en la detención domiciliaria; aspecto que, implica la errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva penal; por lo que, teniendo en cuenta que el tipo penal doloso en el que adecuó su accionar el adolescente acusado es grave, el contenido en el art. 308 bis., en relación al art. 308 del CP, que prevé una privación de libertad de veinte a veinticinco años, sacando de ese periodo las 4/5 partes, resultaría ser cinco años que tendría que imponérsele al referido menor de edad, pero teniendo en cuenta la proporcionalidad e idoneidad de la medida en atención a la edad del adolescente y su arrepentimiento, como el estado emocional en el que se encuentra, necesitando el apoyo profesional correspondiente de manera urgente, es que considera en alzada, la conveniencia de que se le atenué en un año más la medida en régimen de privación de libertad, aplicándoseles la medida socioeducativa de cuatro años de privación en libertad, a cumplirse en el Centro de Reintegración Social Solidaridad, donde debe recibir de manera urgente y prioritaria el apoyo psicológico y orientación necesaria; b) Respecto al segundo motivo de apelación del Ministerio Público; reclamando defecto absoluto de la Sentencia 19/2024 según lo previsto por los arts. 167 y 169 del CPP; se tiene que, al no haberse acreditado la existencia del error de prohibición vencible para considerar la atenuación extrema de la medida socioeducativa efectuada por la autoridad de primera instancia, efectuando una interpretación y ponderación en favor del acusado, haciendo para ello incluso uso erróneo del bloque de convencionalidad, dejando en desprotección a la víctima, se vulneró los principios de legalidad y juridicidad en los que se sustenta la administración de justicia, lo que conlleva la vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales que tiene también la víctima de violencia sexual menor de catorce años; en virtud de lo cual, merece tutela judicial efectiva y protección reforzada, existiendo estándares Internacionales emanados en particular por la Corte IDH, contra toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restringa el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer, resultando que al tratarse de una menor de edad se tutela fundamentalmente el bien jurídico de la indemnidad sexual; consistente en el derecho que tiene toda menor de edad, necesitada de especial protección a no sufrir interferencias en la formación de su propia sexualidad, a mantener incólume su dignidad humana, frente a la consideración de su propio cuerpo como objeto de deseo sexual; estado de la indemnidad sexual, íntimamente relacionada con la dignidad humana y con el libre desarrollo de la personalidad, desde el ámbito sexual; lo que conlleva a ser procedente en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, pero sin la anulación total de la sentencia; y, c) En cuanto a los agravios de la acusación particular, corresponde ratificar la fundamentación y motivación efectuada a tiempo de considerar los agravios efectuados por el Fiscal de Materia, encontrando innecesaria la emisión de una nueva Sentencia, al haberse ya motivado sobre la interpretación y aplicación indebida del error de prohibición vencible en el caso de autos, que ha llevado a imponer una medida-socioeducativa fuera del marco previsto por el Código Niña, Niño y Adolescente, reparándose en alzada dicho aspecto, al encontrar solamente la vulneración efectuada en cuanto al argumento sustentado por la autoridad de primera instancia, sin dejar de lado la finalidad de las medidas socioeducativas, que tienen primordialmente la finalidad de la reintegración en la sociedad y cuando fuere posible de reparación del daño, sin dejar de lado los mecanismos de justicia restaurativa en el que se basa el sistema de responsabilidad penal de adolescentes que busca que el sentenciado se reforme para el ejercicio de sus habilidades sociales y de sus derechos, procurando la reparación del daño; para la víctima, la exteriorización de su situación para alcanzar la superación de las consecuencias de los hechos con su reparación; y, para la comunidad, la participación activa en el proceso de reintegración social, tanto de la víctima como del adolescente y la reducción del impacto social a través de la prevención secundaria; asimismo, tendrá la finalidad de evitar la reincidencia por medio de la intervención interdisciplinaria e individualizada a la persona adolescente en el sistema penal, conllevando por todo ello la necesidad de emitir un fallo que garantice la tutela judicial efectiva, que otorguen la seguridad jurídica a la víctima como también al menor de edad AA, con base en la verdad material arribada en el caso de autos, siguiendo los y el principios del bloque de constitucionalidad, que hacen no solo a la protección de los derechos de las mujeres, adolescentes víctimas de agresiones sexuales, sino también teniendo en cuenta los derechos fundamentales y garantías constitucionales del referido menor de edad, sin dejar de lado los principios de la materia especial que rige y la responsabilidad atenuada del mismo, aplicando el criterio de interseccionalidad, enfoque de igualdad y bajo el test de proporcionalidad de la Corte IDH. Así, del contraste de los agravios descritos y los fundamentos expuestos en el Auto de Vista SFNA 335/2024, ambos desarrollados anteriormente; y, de acuerdo a lo denunciado en la problemática traída en revisión; se tiene que, los agravios expuestos recayeron sobre la interpretación de la Jueza de la causa con relación al error de prohibición, respecto a la certidumbre de la diferencia de edad entre la víctima y el adolescente con responsabilidad penal, a tiempo de la comisión del ilícito endilgado; en cuyo marco, las Vocales ahora accionadas; concluyeron que, tomando en cuenta que el error de prohibición debe entenderse como la figura jurídica por la que el autor de un hecho delictivo, al realizar aquel, pensaba de manera equivocada que su actuación era lícita, lo cual no acontecía en el caso de análisis; puesto que, aquello no podía sostenerse a raíz del consentimiento reconocido por la víctima para la relación sexual en cuestión, fruto de una relación sentimental de conocimiento y aceptación de los progenitores de ambos adolescentes; puesto que, la primera relación sexual la mantuvieron en el mes de mayo de 2023, cuando por la certificación del SEGIP, se desprende que la víctima contaba con trece años y cuatro meses de edad, siendo menor de catorce años y el referido menor de edad, tenía la edad de dieciséis años y once meses; por lo que, el consentimiento de la víctima estaba viciado por su edad y la aceptación de los padres respecto a dicha relación sentimental no implicaba de ninguna manera que el procesado pueda interpretar la aceptación del enamoramiento, como autorización para tener relaciones sexuales con la víctima, como se entendió en el caso de autos por parte de la autoridad inferior, para establecer que se hubiera incurrido en un error de prohibición. Finalmente; se advirtió que, en la parte resolutiva de la Sentencia 19/2024, se alude a lo previsto y sancionado en el art. 312 del CP, donde dicho precepto, está referido al tipo penal de abuso sexual, cuando en realidad se tiene probado que el acusado adecuó su accionar el hecho delictivo de violación de infante, niña, niño o adolescente inserto en el art. 308 bis del mismo Código. En ese marco, se evidencia que los agravios y el alcance de la determinación del Tribunal de alzada debían circunscribirse a verificar si el error de prohibición fue correctamente aplicado por la Jueza de la causa. Empero, en los fundamentos de la decisión cuestionada, las Vocales accionadas observaron que la autoridad de primera instancia sancionó erróneamente con base en el art. 312 del CP -referido al abuso sexual-, cuando la motivación fáctica de la acusación y el juicio se desarrolló por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente (art. 308 bis del CP). Esa observación fue plasmada en la parte dispositiva del Auto de Vista SFNA 335/2024, donde, aludiendo al art. 315.VII del CNNA (Conclusión II.2.), el Tribunal de alzada estableció: “...corrigiendo en cuanto al tipo penal, encontrándose el delito de Violación de infante, niña, niño o adolescente, incurso en el art. 308 bis., con relación al art. 308, ambos del Código Penal...”. Asimismo, invocó los principios de la materia especial, la responsabilidad atenuada, el criterio de interseccionalidad, el enfoque de igualdad y el test de proporcionalidad de la Corte IDH. De ese modo, el Tribunal de alzada modificó una cuestión de fondo y no formal, al constatar que la sentencia recurrida se basó en el delito de abuso sexual, cuyas características y sanción difieren sustancialmente de la violación de infante, niña, niño o adolescente, tomando en cuenta que la calificación legal está intrínsecamente vinculada a la sanción penal, lo cual repercute directamente en la aplicación del error de prohibición, tal falencia no podía ser subsanada directamente mediante el art. 315.VII del CNNA. Dicha modificación no constituye un simple error de derecho en la fundamentación que no haya influido en la parte dispositiva, ni se trata de omisiones formales. Al ser un error de fondo, se dejó en indefensión al adolescente acusado, impidiéndole ejercer adecuadamente su derecho a la doble instancia bajo el principio de seguridad jurídica. Asimismo, se evidencia una flagrante incongruencia interna, puesto que las Vocales accionadas pretendieron justificar la modificación sustancial del delito bajo el rótulo de una simple "corrección formal de derecho" al amparo del art. 315.VII del CNNA, invocando retóricamente el test de proporcionalidad y el enfoque de igualdad. Existe una contradicción insalvable entre sostener que se aplican principios protectivos de la materia especial y, al mismo tiempo, agravar de facto la situación jurídica del adolescente mediante la reconfiguración del ilícito penal en la misma resolución, vulnerando así la lógica interna que debe regir en un fallo constitucionalmente válido. Por consiguiente; se tiene que, el Auto de Vista SFNA 335/2024, carece de una debida fundamentación, motivación y congruencia, lo cual se traduce en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, completa y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; exposición que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados e identificar con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición; aspecto que, también se encuentra vinculado a la congruencia de los fallos, que significa la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto (Fundamento Jurídico III.1.), extremo que no acontece en el caso de análisis; por lo que, corresponde al respecto, conceder la tutela, al evidenciarse la vulneración de los derechos a la libertad, a la doble instancia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados a los principios de taxatividad y de jerarquía normativa. Finalmente, corresponde considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual establece que es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente; a partir de ello, los administradores de justicia en todas sus instancias tienen la obligación ineludible de considerar el interés superior del niño de manera primordial en toda decisión judicial o administrativa que involucre o afecte a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, al constituirse en un grupo vulnerable el cual merece una protección reforzada de sus derechos fundamentales y/o sus garantías constitucionales; interés superior, que debe también ser primordialmente considerado en adolescentes con responsabilidad penal, en especial, cuando el procedimiento implica la posibilidad de aplicar una medida privativa de libertad, lo cual no significa la desprotección de la víctima, sino un enfoque de ponderación obligatoria al momento de imponer las sanciones extremas de privación de libertad; tomando en cuenta, que los adolescentes aún no cuentan con el desarrollo pleno de sus capacidades; aspectos que ineludiblemente, debían analizar las Vocales hoy accionadas, para ambas partes procesales, en cumplimiento de su obligación de velar por que todas las decisiones judiciales relacionadas con dichos adolescentes dejen patente que el interés superior de estos fue una consideración primordial; es decir, incluye explicar cómo se ha examinado y evaluado el interés superior del niño. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 167/2024-SCII de 30 de septiembre, cursante de fs. 155 a 158 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos a la libertad, a la doble instancia, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculados a los principios de taxatividad y de jerarquía normativa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

a) Disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA 335/2024 de 15 de agosto y su complementario; y, que las Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitan un nuevo auto de vista de manera fundamentada, motivada y congruente que contenga la consideración primordial del interés superior del niño para ambas partes procesales, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_2402_2026-S1.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4e0b1440dcab37d09d7a394121372c429e22485bb00ef4d581925e843a8cc660

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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