B.IA.LEGAL

SCP 0607/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 18 de septiembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
52374-2023-105-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de recurrir, a la igualdad y el derecho que le asiste como persona adulta mayor; alegando que, dentro del proceso de ejecución forzosa de acta de conciliación e inscripción definitiva de sentencia formulado por Félix Soto Vidal contra Gonzalo Alejandro Urquieta Vega -hoy terceros interesados-, en su calidad de poseedora del inmueble objeto de la litis, formuló recurso de apelación a través del buzón judicial, a horas 17:16:31 del 10 de marzo de 2021, contra el Auto Interlocutorio de 8 de febrero de ese año, que rechazó su pedido de nulidad de obrados; sin embargo, los Vocales demandados por Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022 de 28 de septiembre, declararon inadmisible su recurso en aplicación del art. 90.III del CPC, al haber interpuesto la misma fuera del horario de funcionamiento de los juzgados, que era hasta horas 16:00, debido a la pandemia por el COVID-19, aplicando con preferencia exigencias formales frente al derecho sustancial, negándole su derecho de acceder a la justicia e impidiendo la revisión de su impugnación por un tribunal superior, sin considerar su condición de persona adulta mayor sujeta a protección especial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 178/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 91 a 96, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022 de 28 de septiembre, pronunciado por Winder Velasco Canelas y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, 2° Se ordena a los citados Vocales, emitir una nueva resolución conforme a los fundamentos jurídicos y aplicación de jurisprudencia vigente, expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la impugnación como elemento constitutivo del debido proceso
  2. III.2. Respecto al derecho a la igualdad
  3. III.3. Sobre la presentación del recurso de apelación mediante Buzón
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0607/2024-S2 Sucre, 18 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 52374-2023-105-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 178/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 91 a 96, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana María Armatta Romero contra Winder Velasco Canelas y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 y 11 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 19 a 30 vta. y 39 a 41, la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de ejecución forzosa de acta de conciliación seguido por Félix Soto Vidal contra Gonzalo Alejandro Urquieta Vega -hoy terceros interesados-, sustanciado ante la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, en su condición de poseedora del bien inmueble motivo de la litis y con base en el documento de venta que justificaba su posesión desde el 2008, el “4” -lo correcto es 5- de febrero de 2021, se apersonó ante la Jueza de la causa, solicitando la nulidad de obrados, al no haber sido citada con la demanda ni los actuados del referido proceso; ya que, el resultado del mismo le afectaba directamente, conforme al art. 50.II del Código Procesal Civil (CPC). Sin embargo, su pedido fue rechazado por dicha autoridad mediante Auto Interlocutorio de 8 de febrero de 2021; por tal motivo, el 10 de marzo de igual año, interpuso recurso de apelación; a tal efecto, los Vocales demandados pronunciaron el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022 de 28 de septiembre, declarando inadmisible la impugnación formulada, sin ingresar a analizar y resolver el fondo de la misma, en aplicación del art. 90.III del citado Código; argumentando que si bien el recurso fue presentado en plazo legal en días; empero, fue a través del Buzón Judicial del Sistema Mercurio, a horas 17:16:31; vale decir, fuera del horario extraordinario de funcionamiento de los juzgados, que era hasta las 16:00 horas, debido a la pandemia por el COVID-19, respaldando su decisión en un “auto supremo” supuestamente en la misma línea, negándole con ello su derecho de acceder a la justicia, aplicando con preferencia el formalismo antes que el derecho sustancial en contra de los parámetros establecidos con anterioridad por el Tribunal Constitucional Plurinacional. En el presente caso, correspondía la aplicación de criterios interpretativos expresados por la jurisprudencia constitucional, adecuándolos a la situación existente el 2021, por efecto de la emergencia sanitaria, considerando que se trata de una persona adulta mayor y por ello parte de una población vulnerable, encontrándose en juego su derecho a la vivienda como poseedora del bien inmueble objeto del proceso de origen e impidiendo la revisión de su recurso de apelación por un tribunal superior, con base en la Constitución Política del Estado y la doctrina constitucional vinculante, que fue inobservada por los Vocales demandados al momento de emitir el Auto de Vista ahora cuestionado; situación que vulnera y amenaza restringir y suprimir sus derechos y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes a recurrir, a la igualdad y el derecho que le asiste como persona adulta mayor, citando al efecto el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad del Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022, disponiendo: “…la aplicación prevalente del derecho sustancial frente al formal y el trato desigual a lo desigual y la aplicación primaria del derecho de recurrir, debiendo en consecuencia resolver el fondo de la apelación puesta a su conocimiento en las formas previstas por ley…” (sic); y, b) En caso de incumplimiento o desobediencia a la resolución, se remitan antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Final Cuarta del Código Procesal Constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 89 a 90, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expresados en la acción tutelar y ampliándolos manifestó que: 1) El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que la interpretación de las normas debe ser integral y sistemática, en concordancia con los principios y valores establecidos por la Ley Fundamental; asimismo, determinó que tiene prevalencia la aplicación de la norma sustancial frente a los ritualismos de una regla procesal que no son indispensables para resolver el fondo de las cosas, según lo previsto en la SC “2769/2010” de 10 de diciembre, al señalar que debe prevalecer la obligación de las autoridades y el derecho de los administrados a obtener pronunciamientos judiciales, haciendo a un lado las meras formalidades; 2) Desde el 2020, el horario de funcionamiento de los juzgados fue excepcional, debido a la pandemia por el COVID-19, disponiendo que se trabaje en horario continuo; es decir, que ya no era el normal de 8:00 a 12:00 y 14:30 a 18:30 horas; 3) Las autoridades demandadas alegaron en su informe de descargo que el portal del Buzón Judicial era un simple auxilio, olvidándose que de acuerdo al art. 4 del Reglamento del Buzón Judicial, el mismo tiene por finalidad brindar una opción de mejorar la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial; y, de acuerdo al Código Procesal Civil, los plazos corren por días y no horas como indicaba el anterior Código; y, 4) Cuando presentó el recurso de apelación el 2021, recién se estaba comenzando a vacunar contra el referido virus; máxime, si se trata de una persona adulta mayor, sujeta a una protección reforzada, encontrándose en juego su derecho a la vivienda; aspectos que no fueron considerados por los Vocales demandados en el Auto de Vista confutado; reiterando se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de los demandados

Winder Velasco Canelas y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 68 a 71 vta., manifestaron que: i) El Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022 conllevó suficiente motivación y fundamentación, en apoyo de la normativa y las razones por las que se asumió la determinación de inadmisibilidad; en tal sentido, la accionante debió precisar el vínculo existente entre los derechos invocados y la actividad interpretativa desarrollada en dicho fallo; ii) La justicia constitucional no puede asumir un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad desplegada por los vocales a tiempo de resolver la alzada puesta a su conocimiento, pudiendo únicamente revisar la interpretación efectuada en sus decisiones cuando estas vulneren derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, en alguna de las tres dimensiones establecidas por la jurisprudencia constitucional; iii) En el presente caso, la peticionante de tutela no demostró ni explicó el nexo de causalidad que permita que el Auto de Vista impugnado sea analizado en esta instancia, limitándose simplemente a exigir a título de prevalencia del derecho sustancial, se desconozcan los plazos establecidos por la norma procesal civil; iv) No se señaló con precisión cuáles serían los defectos puntuales de interpretación del fallo confutado y cómo los mismos decantaron en la transgresión de los derechos constitucionales reclamados por la nombrada; v) El Auto Interlocutorio de 8 de febrero de 2021, recurrido por la impetrante de tutela, dispuso tres días hábiles para impugnar, plazo que finalizaba a horas 16:00 del tercer día hábil desde su notificación; ya que, por determinación del art. 90.III del CPC, los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo, tal cual se explicó en el Auto de Vista objetado; vi) La fundamentación otorgada en la citada Resolución de alzada, halla sustento legal en la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia de diversos Autos Supremos, como ser: 1085/2021 de 3 de diciembre, 1092/2021 de 6 de ese mes, entre otros, en los que se definió que el Buzón Judicial es un sistema informático de apoyo judicial, que es constituido por un portal web, que tiene como fin facilitar a los sujetos procesales la presentación de memoriales fuera del horario judicial, en días inhábiles en caso de urgencia o cuando esté por vencer un plazo perentorio, aclarando que este servicio es válido únicamente cuando el plazo no haya vencido; y, vii) La declaratoria de inadmisibilidad del recurso, no ingresó de manera alguna en pugna con el derecho a la impugnación de la solicitante de tutela; puesto que, no se restringió su derecho a la “sobreinstancia”; sino, fue ella misma quien incumplió los plazos establecidos en la ley para recurrir del referido Auto Interlocutorio, que rechazó su incidente de nulidad de obrados; por lo que, pidieron se declare improcedente o se deniegue la tutela impetrada; consiguientemente, se mantenga firme y subsistente el fallo cuestionado.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Gonzalo Alejandro Urquieta Vega, por escrito presentado el 23 de noviembre de 2022, cursante de fs. 51 a 54 vta., señaló que: a) La acción de defensa formulada se constituyó en una simple relación parcializada de acciones realizadas por los Vocales demandados, limitándose a mencionar por separado algún derecho o garantía posiblemente vulnerado y a efectuar la copia fiel de alguna jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin explicar su contenido y de qué forma estos precedentes eran aplicables al caso concreto; b) En la presente causa, no se fundamentó los presupuestos para que la justicia constitucional ingrese a revisar la legalidad ordinaria, circunscribiéndose a indicar que pretende “…‘igualdad por igualdad…’” (sic), sin establecer el test de proporcionalidad o igualdad, conforme refiere la línea jurisprudencial, que determine de qué manera el Auto de Vista objetado sería contrario a dichos cánones de igualdad, equidad, razonabilidad, no siendo suficiente el solo hecho de anunciar justicia o verdad material sobre la formal; c) La presente acción tutelar sería genérica y sin fundamento jurídico constitucional, que permita a la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, apartarse de lo reglado por el art. 90.III del CPC, el cual señala que los plazos vencen al último momento hábil del horario de funcionamiento; más no así, como pretendió la accionante forzar la norma, a la última hora del día calendario; toda vez que, el Reglamento de Buzón Judicial no está por encima del citado Código, que de forma taxativa prevé respecto a los días y horas hábiles; d) La apelación en la causa de origen ya se encontraba fuera de plazo, conforme lo reglado por el art. 254.III del CPC; es decir, pese a la observación efectuada por la Sala Civil Segunda del indicado Tribunal, el recurso presentado por escrito de 10 de marzo de 2021, resultaba extemporáneo, porque el Buzón Judicial fue diseñado para la presentación de memoriales aun fuera del horario judicial, para aquellos casos que se encuentren dentro del plazo legal en horas y días hábiles señaladas por ley; y, e) No habiendo cumplido la peticionante de tutela con el plazo en horario hábil asignado por la ley, no corresponde ingresar a revisar la legalidad o interpretación del art. 90.III del citado Código, estableciendo además dentro la carga argumentativa, cuál es la relevancia jurídica de efectuar dicha labor, al no señalar porqué la misma resultó insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica, o con error evidente, identificando en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; por lo que, solicitó se deniegue la tutela requerida. Félix Soto Vidal, en audiencia de garantías sostuvo que las autoridades jurisdiccionales actuaron de acuerdo a las leyes, cuidando que se cumpla el principio de igualdad; por lo que, el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022 estaría acorde a las normas y no puede ser anulado como pretendió la impetrante de tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 178/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 91 a 96, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Con el Auto Interlocutorio de 8 de febrero de 2021, la accionante fue notificada el 5 de marzo del mismo año, a horas 15:36; en consecuencia, de acuerdo al art. 262 del CPC, tenía el plazo de tres días hábiles para interponer el recurso de apelación; mismo que venció el 10 igual mes y año, a horas 16:00, teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de los juzgados del citado Tribunal, dispuesto por diversas circulares por motivo de la pandemia por el COVID-19, considerando lo dispuesto por art. 90.III del indicado Código, respecto al vencimiento de los plazos; 2) En ese marco, en el caso presente, de acuerdo a los antecedentes, la referida impugnación fue presentada el día en que venció el plazo; empero, a horas 17:16:31, por Buzón Judicial; es decir, fuera del horario laboral, aclarando que ese término no concluyó al finalizar el día, sino al terminar el horario de trabajo (horas 16:00); momento en que culminaba el plazo de apelación de la peticionante de tutela; 3) Si bien el Buzón Judicial permite la presentación de documentos, memoriales y recursos fuera de los horarios regulares establecidos por ley y en días inhábiles, ello no significa que los recursos que se interpongan de ese modo, se validarán por el hecho de ingresarlos por el indicado portal, tampoco que la conclusión del plazo se determine a la finalización del día; puesto que, este mecanismo de apoyo a litigantes tiene por objeto facilitar las urgencias del litigante y no sustituir ni habilitar, o en su caso, prorrogar los plazos procesales ya establecidos con antelación por la ley; 4) La SCP 0784/2019-S2 de 4 de septiembre, respecto a este medio electrónico (Buzón Judicial), señaló que: “‘…es un sistema informático de apoyo judicial desarrollado exclusivamente para centralizar la presentación de memoriales y otros documentos, y recursos fuera de horario judicial en días inhábiles, en caso de urgencia o cuando esté por vencer el plazo, no cuando el plazo ya feneció’…” (sic); por ello, si la ley taxativamente determina el plazo del recurso de apelación y si este se desplegó fuera del mismo, ni siquiera es pertinente hacer referencia y menos analizar con relación a la justicia material sobre los ritualismos extremos alegados como inobservados por la impetrante de tutela; lo contrario implicaría la vulneración del principio de legalidad; 5) “Consiguientemente, por estos datos, no se establece que en la resolución cuestionada, exista vulneración al DEBIDO PROCESO en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, debido a que la misma está claramente sustentada en normas jurídicas de aplicación al caso en particular y en actuados concretos del proceso civil en el que se la emitió, por el contrario, es notoria la presencia de dichos elementos…” (sic); 6) En cuanto a la lesión de los derechos a la impugnación y a la defensa que son conexos, corresponde señalar que no puede alegarse indefensión cuando la misma fue provocada voluntariamente, según previó la jurisprudencia constitucional en las SSCC 0843/2003-R, 1281/2003-R, 1393/2003-R, 0527/2004-R, entre otras; en el caso analizado, la solicitante de tutela conocía la existencia del proceso de origen “…y también de la resolución además del plazo y la forma de la interposición de la apelación…” (sic); empero, asumió una actitud negligente, dejando transcurrir ese plazo voluntariamente, pudiendo formular la impugnación dentro del término previsto por ley; y, 7) La directriz establecida en la jurisprudencia citada precedentemente, conllevó a establecer que no puede acusarse indefensión cuando esta fue provocada por propia voluntad; “…es decir, aquella persona que, con pleno conocimiento de una determinación, no interviene en el proceso en cualquiera de sus fases y formas, o que deja de intervenir en él, por una actitud propia y voluntaria, provoca su propia indefensión” (sic). Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, cursante a fs. 108 y vta., la accionante solicitó aclaración, enmienda y complementación respecto de la Resolución supra dictada; alegando que, la misma no se pronunció con relación a los derechos acusados como vulnerados en esta acción tutelar (a recurrir, a la igualdad y al derecho que le asiste como persona de la tercera edad sujeta a protección); ya que, única y expresamente se refirió sobre la fundamentación, motivación y congruencia que no fueron motivo de la misma; a tal efecto, la citada Sala Constitucional emitió el Auto de 2 de igual mes y año (fs. 109 y vta.), rechazando la solicitud impetrada, señalando que esta se constituiría en un nuevo análisis de la resolución; lo cual, no es posible a través de este instituto procesal; además de no haberse verificado que dicho fallo contenga concepto oscuro o errores materiales que requieran explicación o enmienda.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro la demanda de ejecución forzosa de acta de conciliación e inscripción definitiva de sentencia, interpuesta el 2 de octubre de 2018 por Félix Soto Vidal contra Gonzalo Alejandro Urquieta Vega -terceros interesados-, Ana María Armatta Romero -ahora accionante- por sí y en representación de su hija, el 5 de febrero de 2021, planteó en la vía incidental la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que se les incluya como poseedoras y compradora del bien inmueble cuyo remate se pretendió ilegalmente, debiendo citarles y notificarles con todos los actuados (fs. 2 a 3 vta. y 5 a 10 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 8 de febrero de 2021, Janeth Montaño Navia, Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó del incidente descrito en la Conclusión precedente, con costas; argumentando que, la peticionante de tutela y su hija no eran parte demandante ni demandada, no teniendo relación a efectos de la sentencia y aclarando que su planteamiento, no se constituyó en un medio de defensa para su derecho; determinación notificado a la solicitante de tutela el 5 de marzo del citado año (fs. 11 a 12 vta. y 13 vta.). II.3. Por escrito presentado a horas 17:16:31 el 10 de marzo de 2021 a través del Buzón Judicial 102457, la impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra el supra citado fallo; a tal efecto, Winder Velasco Canelas y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -hoy demandados-, mediante Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022 de 28 de septiembre, declararon inadmisible la impugnación planteada, debido a que la misma fue presentada fuera del horario habilitado para ese fin, desconociendo la estipulación contenida en el art. 90.III del CPC; toda vez que, el horario de funcionamiento de los juzgados se extendía únicamente hasta las 16:00 de cada jornada laboral; es decir, la apelación resultaba extemporánea, con costas y costos, disponiendo la ejecutoria del referido Auto Interlocutorio (fs. 66 a 67 vta. y 78 a 87.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de recurrir, a la igualdad y el derecho que le asiste como persona adulta mayor; alegando que, dentro del proceso de ejecución forzosa de acta de conciliación e inscripción definitiva de sentencia formulado por Félix Soto Vidal contra Gonzalo Alejandro Urquieta Vega -hoy terceros interesados-, en su calidad de poseedora del inmueble objeto de la litis, formuló recurso de apelación a través del buzón judicial, a horas 17:16:31 del 10 de marzo de 2021, contra el Auto Interlocutorio de 8 de febrero de ese año, que rechazó su pedido de nulidad de obrados; sin embargo, los Vocales demandados por Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022 de 28 de septiembre, declararon inadmisible su recurso en aplicación del art. 90.III del CPC, al haber interpuesto la misma fuera del horario de funcionamiento de los juzgados, que era hasta horas 16:00, debido a la pandemia por el COVID-19, aplicando con preferencia exigencias formales frente al derecho sustancial, negándole su derecho de acceder a la justicia e impidiendo la revisión de su impugnación por un tribunal superior, sin considerar su condición de persona adulta mayor sujeta a protección especial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El derecho a la impugnación como elemento constitutivo del debido proceso

Al respecto, la SCP 1853/2013 de 29 de octubre, señaló que: “El debido proceso como instituto jurídico que garantiza el respeto de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso, contiene entre sus elementos al derecho de impugnación como un medio de defensa. Con la finalidad de resguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso o procedimiento judicial o administrativo, la Constitución Política del Estado, establece el principio de impugnación en el art. 180.II, al disponer: ‘Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’, lo que implica que todo procedimiento en el ámbito privado o público, debe prever un mecanismo para recurrir del acto o resolución que se considere lesivo a un derecho o interés legítimo de alguna de las partes a objeto que se restablezca o repare el acto ilegal u omisión indebida, demandado como agravio, en que hubiere incurrido la autoridad pública o privada. Lo que se pretende a través de la impugnación de un acto judicial o administrativo, no es más que su modificación, revocación o sustitución, por considerar que ocasiona un agravio a un derecho o interés legítimo; es decir, el derecho de impugnación se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo” (el resaltado es propio). Entendimiento reiterado por la SCP 0819/2020-S4 de 15 de diciembre. Por su parte, la SCP 0339/2024-S3 de 17 de junio, concluyó que: “...el principio de impugnación, debe guiar la labor hermenéutica de las autoridades judiciales o administrativas; y, en su dimensión de derecho, está sujeta a los criterios de interpretación de derechos humanos, como son los principios de favorabilidad y pro actione. Respecto al último de los principios mencionados, la SC 1044/2003-R de 22 de julio, señaló que se debe garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados” (las negrillas son agregadas).

III.2. Respecto al derecho a la igualdad

El principio de igualdad es proclamado como uno de los valores que sustentan el Estado boliviano, a través del art. 8.II de la CPE; asimismo, el art. 9.2 de la misma Ley Fundamental, dispone que uno de los fines y funciones del Estado es “…Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas…”; y finalmente, encuentra también postulación como derecho fundamental de las personas, en las normas del art. 14 de la Norma Suprema, que proclama: “I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”. Las normas descritas consagran el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación; el cual mereció desarrollo por parte de la doctrina constitucional boliviana; así, la SC 0083/2000 de 24 de noviembre, señaló lo siguiente: “…la igualdad, en su genuino sentido, no consiste en la ausencia de toda distinción respecto de situaciones diferentes, sino precisamente en el adecuado trato a los fenómenos que surgen en el seno de la sociedad, diferenciando las hipótesis que exigen una misma respuesta de la ley y de la autoridad, pues respecto de éstas, la norma razonable no debe responder al igualitarismo ciego -lo que quebrantaría la igualdad- sino primordialmente al equilibrio que impone un trato diferente para circunstancias no coincidentes, lo que significa que la igualdad no consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad equivalente entre dos o más entes, es decir, en dar a cada cual lo adecuado según las circunstancias de tiempo, modo y lugar…" (las negrillas son añadidas).

III.3. Sobre la presentación del recurso de apelación mediante Buzón

Judicial

En cuanto al tema, el art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), estableció que: “Artículo 110. (BUZÓN JUDICIAL).

I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los tribunales y juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora” (el resaltado es propio). Por su parte, el Reglamento del Buzón Judicial aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, determinó que: “Artículo 1. (Objeto).- El presente Reglamento, tiene por objeto normar y regular la utilización y funcionamiento del servicio de Buzón Judicial electrónico, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos dentro de los plazos previstos por ley, como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo procesal, utilizando medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora. Artículo 2. (Concepto).- El Buzón Judicial electrónico, es un sistema informático de apoyo judicial, constituido por un portal Web desarrollado exclusivamente para centralizar la presentación de memoriales y otros documentos, recursos fuera de horario judicial en días inhábiles en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo procesal. Artículo 3. (Ámbito de Aplicación).- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria y cumplimiento, en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 4. (Finalidad).- El Buzón Judicial tiene las siguientes finalidades:

1) Brindar una opción de emergencia a la presentación de memoriales, otros documentos y recursos fuera de horario judicial, en días inhábiles, en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo perentorio.

2) De permitir al litigante un acceso oportuno a la administración de justicia.

3) De utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora.

(…)

Artículo 6. (Definiciones).- Se establece las siguientes definiciones:

1) Buzón Judicial: Es un sistema Web creado exclusivamente para la presentación y recepción de memoriales, otros documentos y recursos, fuera de horario judicial y en días inhábiles en caso de urgencia cuando este por vencer un plazo perentorio.

2) Login: es un identificador de acceso otorgado a cada una de las partes y/o sus abogados para el acceso, al buzón judicial. (…)

Artículo 10 (Acceso al Buzón Judicial). - el sistema de buzón judicial estará habilitado en días y horas inhábiles según el horario de oficina que rige en cada Tribunal Departamental de Justicia” (las negrillas nos corresponden). Al respecto, la SCP 0242/2022-S4 de 3 de mayo, sostuvo que: “…resulta válido la utilización del Buzón Judicial a efectos de presentar un recurso de apelación, así como memoriales dentro los plazos previstos por ley como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles o en caso de urgencia cuando esté por vencer un plazo procesal” (el resaltado es agregado). Por su parte, la SCP 1594/2022-S3 de 6 de diciembre, respecto a una problemática similar, expresó el siguiente entendimiento: “…los Vocales ahora accionados realizaron una interpretación gramatical restrictiva, a ‘letra muerta’ del art. 90.III del CPC, ignorando la aplicación del art. 110 de la LOJ, que permitía presentar válidamente un recurso de apelación a través del servicio del buzón judicial fuera del horario judicial o cuando esté por vencer un plazo perentorio, la misma que cuenta con el respaldo de la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0198/2018-S1, desconociendo incluso la advertencia insertada en el portón de la página digital del buzón judicial, que indica: ‘LA PRESENTACION Y RECEPCION DE MEMORIALES, RECURSOS Y OTROS DOCUMENTOS FUERA DE HORARIO JUDICIAL Y EN DIAS INHABILES EN CASO DE URGENCIA (CUARENTENA) CUANDO ESTE POR VENCER UN PLAZO PERENTORIO’ (sic); por lo que, la situación descrita exigía a los Vocales ahora accionados recurrir a la interpretación sistemática de las normas bajo los principios pro homine y pro actione que conforme a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, consiste en buscar el entendimiento o sentido interpretativo que más optimice un derecho fundamental, dejando de lado aquellas interpretaciones que sean restrictivas y que se encuentren orientadas a negar su efectividad; en ese sentido, el principio pro actione, se constituye como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción de defensa, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo. Por cuanto, el plazo de tres días previsto por el art. 262.1 del CPC para interponer los recursos de apelación alternativa de los autos interlocutorios dictados fuera de audiencia, era preciso tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 90.II del citado Código, que señala: ‘Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. Se exceptúa los plazos cuya duración no exceda de quince días, los cuales solo se computarán los días hábiles. En el cómputo de los plazos que excedan los quince días se computarán los días hábiles y los inhábiles’, la cual implica que debía efectuarse el computo civil del plazo de tres días; es decir, computarse los tres días de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca de una media noche a otra media noche y tomando en cuenta que el recurso de apelación fue presentado mediante buzón judicial correspondía aplicar lo previsto por el art. 110 de la LOJ, que señala: ‘I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los Tribunales y Juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora’; por lo que, bajo una interpretación sistemática de las citadas normas bajo el principio pro actione era posible determinar la norma más favorable a los derechos de la accionante y concluir que el recurso de reposición con alternativa de apelación fue presentado dentro del plazo de tres días, antes de la media noche del último día de plazo, por tanto siendo admisible dicho recurso” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

De la revisión y cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que, dentro la demanda de ejecución forzosa de acta de conciliación e inscripción definitiva de sentencia, interpuesta por Félix Soto Vidal contra Gonzalo Alejandro Urquieta Vega -terceros interesados-, Ana María Armatta Romero -ahora accionante- por sí y en representación de su hija, mediante memorial presentado el 5 de febrero de 2021, planteó en la vía incidental la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que se les incluya como poseedoras y compradora del bien inmueble cuyo remate se pretendía ilegalmente, debiendo citarles y notificarles con todos los actuados. En mérito a ello, la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, por Auto Interlocutorio de 8 del mismo mes y año, dispuso el rechazo del incidente formulado, con costas, argumentando que no eran parte demandante ni demandada, no teniendo relación a efectos de la sentencia; aclarando que, su planteamiento, no se constituía en un medio de defensa para su derecho. Ante esa determinación, por escrito presentado a horas 17:16:31 del 10 de marzo de 2021, a través del Buzón Judicial, la peticionante de tutela interpuso recurso de apelación contra el fallo supra citado; a tal efecto, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -hoy demandados-, mediante Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022 de 28 de septiembre, declararon inadmisible la impugnación planteada, disponiendo la ejecutoria del señalado Auto Interlocutorio; debido a que, la misma fue presentada fuera del horario habilitado para ese fin, desconociendo la estipulación contenida en el art. 90.III del CPC; toda vez que, el horario de funcionamiento de los juzgados se extendía únicamente hasta las 16:00 horas de cada jornada laboral; es decir, que la apelación resultaba extemporánea. Ahora bien, de acuerdo a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Buzón Judicial electrónico, es un sistema informático de apoyo judicial, constituido por un portal web desarrollado exclusivamente para centralizar la presentación de memoriales y otros documentos, como también recursos fuera de horario judicial en días inhábiles, en caso de urgencia o cuando esté por vencer un plazo procesal, el cual estará habilitado en días y horas inhábiles según el horario de oficina que rige en cada Tribunal Departamental de Justicia; resultando válida su utilización a efectos de presentar un recurso de apelación. Por otra parte, con relación al plazo de los tres días previsto por el art. 262.1 del CPC, a efectos de interponer los recursos de apelación alternativa de los autos interlocutorios dictados fuera de audiencia, se estableció como precedente jurisprudencial vinculante a ser aplicado en casos futuros con identidad fáctica, que se tomará en cuenta lo dispuesto en el art. 90.II del citado Código; lo que implica que, debe computarse los tres días de manera total, completa e íntegra, asumiendo que el día abarca de una media noche a otra media noche; y, considerando que el recurso de apelación fue presentado mediante Buzón Judicial, correspondía aplicar lo previsto por el art. 110 de la LOJ; por lo que: “…bajo una interpretación sistemática de las citadas normas bajo el principio pro actione era posible determinar la norma más favorable a los derechos de la accionante y concluir que el recurso de reposición con alternativa de apelación fue presentado dentro del plazo de tres días, antes de la media noche del último día de plazo, por tanto siendo admisible dicho recurso” (SCP 1594/2022-S3 [el resaltado es propio]).

Consecuentemente, se hace aplicable al caso en estudio, el entendimiento jurisprudencial desarrollado en líneas precedentes, citado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, en el cual se analizó un caso fáctico similar al presente, respecto al plazo de tres días previsto por el art. 262.1 del CPC; esto debido a que, revisada la acción de amparo constitucional, así como, las precisiones efectuadas en el escrito de subsanación, se evidencia que la impetrante de tutela dentro del proceso de ejecución forzosa de acta de conciliación e inscripción definitiva de sentencia formulado por Félix Soto Vidal contra Gonzalo Alejandro Urquieta Vega, cuestionó la aplicación del art. 90.III del CPC en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022, al declarar inadmisible su recurso de apelación que interpuso; alegando que, se aplicó con preferencia exigencias formales frente al derecho sustancial y la verdad material, negándole su derecho de acceder a la justicia e impidiendo la revisión de su impugnación por un tribunal superior; considerando como principal derecho vulnerado, el debido proceso vinculado a la impugnación o a recurrir. A su turno, los Vocales demandados en el mencionado Auto de Vista, justificaron su determinación de declarar inadmisible el medio impugnatorio incoado, argumentando que el mismo resultaba ser extemporáneo, al desconocer la estipulación contenida en el art. 90 del citado Código, en cuanto se refiere al horario de funcionamiento de los juzgados, que se extendía únicamente hasta horas 16:00, debido a la situación de la pandemia por el COVID-19. De todo lo vertido, se concluye que las autoridades demandadas al tomar dicha determinación, adoptaron una posición aislada, al margen de lo previsto en la indicada normativa procesal civil, e inobservando la aplicación del art. 110 de la LOJ, que permite presentar válidamente los recursos a través del servicio del Buzón Judicial, fuera del horario judicial o cuando esté a punto de vencer un plazo perentorio; desconociendo con ello, el entendimiento adoptado en la SCP 0198/2018-S1 de 21 de mayo, con relación a esta problemática y respecto a la prevalencia del derecho sustancial frente al formal, haciendo alusión a su vez a la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, que sostuvo: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia…” (las negrillas son añadidas).

En ese contexto, tomando en cuenta que en el caso en examen, el recurso de apelación fue presentado a las 17:16:31 horas del último día establecido por ley para ello, cuando dicho plazo vencía a las 23:59 horas -asumiendo el razonamiento jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional-, se advierte que el mismo se presentó dentro del término de los tres días previsto en el art. 262.1 del CPC, lo que implicaba que el cómputo se lo realice de manera integral, considerando que el día abarca de una media noche a otra; como resultado de ello, correspondía que los Vocales demandados ingresen a considerar los agravios expuestos en el citado medio recursivo, en aplicación del principio pro actione, para así determinar la norma más favorable a los derechos de la solicitante de tutela; extremo que, sin embargo no aconteció; máxime, si en ese tiempo el país y el mundo entero se encontraba en estado de emergencia sanitaria por efectos de la pandemia debido al COVID-19, a consecuencia de lo cual, se tomaron medidas restrictivas a todo nivel, en particular en el ámbito judicial, a fin de evitar los contagios y por ende preservar la vida de las personas. Bajo ese contexto, se advierte que los Vocales demandados lesionaron los derechos de la accionante a la igualdad, y al debido proceso en su componente a la impugnación -ambos reconocidos por la Constitución Política del Estado-, este último se constituye en un medio de defensa contra las decisiones del órgano jurisdiccional o administrativo, en busca de su modificación, revocación o sustitución, cuya finalidad es la de resguardar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes que intervienen en un proceso judicial o administrativo, por considerar que las mismas ocasionan un agravio a un derecho o interés legítimo, conforme a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, no consideraron la hora de envío del recurso de apelación vía Buzón Judicial que se produjo dentro de las veinticuatro horas del último día que tenía la accionante para su interposición; vale decir, en el plazo previsto por la normativa procesal civil en vigencia, impidiendo con su determinación, que la nombrada tenga la oportunidad de que el Auto Interlocutorio de 8 de febrero de 2021, recurrido en apelación, sea revisado en el fondo por el Tribunal de alzada, a fin de que este pueda corregir los errores o modificar el fallo si correspondiere, logrando con ello la aplicación correcta de la Constitución Política del Estado y de las leyes, al inobservar el certificado de envío a través del Buzón Judicial 102457; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela impetrada, sin que ello signifique que se haya efectuado una valoración con relación al fondo de la impugnación; por cuanto, ese aspecto será analizado por las autoridades competentes. Finalmente, con relación al derecho que le asiste como persona adulta mayor, invocado por la peticionante de tutela; cabe señalar que, al ser un tema procesal el analizado en la presente causa, cuya problemática planteada no se encuentra vinculada con la protección reforzada de ese grupo vulnerable de la sociedad, no corresponde pronunciarse sobre el mismo. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 178/2022 de 25 de noviembre, cursante de fs. 91 a 96, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.086/28.09.2022 de 28 de septiembre, pronunciado por Winder Velasco Canelas y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, 2° Se ordena a los citados Vocales, emitir una nueva resolución conforme a los fundamentos jurídicos y aplicación de jurisprudencia vigente, expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0607_2024-S2.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4bd2a0bac64f8776798477689c192d59426a8625452479e3732a7664082c8ab5

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