Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 13 de septiembre de 2024
Concede en parte la tutela
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de preclusión procesal, a la “…prueba y su valoración…” (sic), y a la defensa; así como al principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Auto de Vista 544/2022 -ahora impugnado- al revocar la decisión del Juez de primera instancia, que determinó se realice la recolección de nombres de peritos a nivel nacional registrados en el Sistema ODIN, a fin de lograr la pericia grafológica y documentológica -ofrecido de su parte oportunamente-: 1) Lesiona y restringe el derecho a un debido proceso en cuanto al desconocimiento del principio de preclusión procesal e inmutabilidad de los fallos, así como el principio de seguridad jurídica; puesto que, lo planteado por el demandante -hoy tercero interesado- sobre la innecesaria producción y diligenciamiento de una tercera pericia al existir dos dictámenes periciales del IDIF y del IITCUP -respecto al mismo documento y puntos de pericia- ya fue discutido y resuelto por el Juez de la causa a través de los Autos de 3 de noviembre de 2020, 7 de mayo de 2021 y 10 de junio del citado año, mismos que tienen calidad de cosa juzgada, al dejar precluir su derecho de impugnar dichas resoluciones; 2) Restricción del derecho a la prueba y su valoración como elemento del debido proceso, al negar el diligenciamiento de nuevo informe pericial a título de aplicación del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 150/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 205 a 214 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos preclusión procesal y defensa, vinculado al principio de seguridad jurídica, componente del debido proceso; en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional y los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al elemento “…prueba y su valoración…” (sic), como componente del debido proceso, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0599/2024-S2 Sucre, 13 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 52370-2023-105-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 150/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 205 a 214 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Susan Tatiana Lique Cuevas contra Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2022, cursante a fs. 2 y 128 a 137, la accionante manifiesta lo siguiente:
En el proceso ordinario civil de extinción de obligación por cumplimiento, Grover Meneces Bedoya -demandante, hoy tercero interesado- inició dicha acción contra su persona, su madre Norma Nilda Cuevas Rocha de Lique y hermano Ariel Ramiro Lique Cuevas, a efectos de declarar la extinción de una obligación contraída con su fallecido padre Juan Ramiro Lique Camacho, en mérito a una nota marginal supuestamente de pago de la totalidad de una deuda de “$us.200.000”, y que fuera manuscrita al final de la Escritura Pública 085/2015 de 26 de enero, donde luego de notificados con la demanda formuló reconvención de nulidad de nota marginal ofreciendo como prueba, entre otras, la realización de pericia grafotécnica y documentológica de dicha nota. Aclara que, el demandante -hoy tercero interesado- enfrenta dos procesos penales a instancia de su persona; la primera por los delitos de asesinato у robo agravado de su padre que tuvo como móvil principal la deuda “$200.000”; y, la segunda, por falsedad ideológica por la indicada nota marginal manuscrita, mismos que no tienen aún sentencia ejecutoriada. Así, realizadas las contestaciones, en audiencia pública preliminar de 29 de mayo de -2019-, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, admitió la pericia como medio de prueba ofrecida por ambas partes, misma que no fue objetada. Posterior a ello, determinado el objeto del proceso, y en etapa de producción de prueba, el demandante solicitó se incorpore una de las pericias producidas en el proceso penal, elaborada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y que en sus conclusiones refiere que la rúbrica y grafía en la nota marginal pertenecen a su fallecido padre; y de su parte también pidió se incorpore en calidad de prueba trasladada otro informe pericial elaborado por María Angélica Díaz Fernández -Perito-, producido en el proceso penal por falsedad ideológica y que es contrario al informe del IDIF; proposición de prueba que fueron admitidas para su consideración en sentencia; empero, dada la independencia y naturaleza del proceso civil por proveído de 9 de octubre de 2020, se dispuso la notificación al IDIF, a efectos que remita a ese despacho la lista de tres peritos para elaborar la respectiva pericia grafológica y documentológica. La referida decisión fue recurrida -a través de recurso de reposición- por el ahora tercero interesado, bajo el argumento de que la pericia del IDIF producida en el proceso penal ya sería suficiente, siendo innecesario nuevo dictamen pericial. En audiencia -pública complementaria- de 3 de noviembre de 2020, la referida impugnación fue rechazada y de contrario no se interpuso apelación alguna, demostrando su conformidad. Realizado el sorteo de peritos del IDIF, siendo designada Ivón Daniela Zárate Céspedes, presentó representación de 25 de enero de 2021, refiriendo que ya existe un informe pericial elaborado en el proceso penal. Ante la solicitud de convalidación del informe del IDIF producido en el proceso penal, por Auto de 7 de mayo de 2021, se dispuso la notificación a la Fiscalía Departamental de Oruro a efectos que remita la Resolución 31/2006 -de 9 de marzo- de la Fiscalía General del Estado e informe si la misma se encuentra vigente; contra el citado Auto, el demandante del proceso civil, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, trayendo a colación nuevamente el debate ya resuelto por Auto de 3 de noviembre de 2020, que rechazaba ese argumento de no corresponder realizar nueva pericia asumiendo que existe pericia del IDIF y del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), (preliminar de reconocimiento de firmas); emitiéndose el Auto de 10 de junio de “2017” -lo correcto 2021-, que declaró no ha lugar a la reposición, concediendo la apelación en el efecto devolutivo; y al no haber provisto los recaudos de ley, mediante Auto de 19 de agosto del citado año, declaró la “caducidad del recurso”, asumiendo la preclusión de su derecho. Ante la remisión del Informe Jurídico FGE/DAJ 291/2021 -de 19 de noviembre- emitido por el Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, sobre la Resolución 31/2006, indicó: ‘“...se encuentra dirigida específicamente a Fiscales de Materia (...) empero, la referida Resolución no tiene alcance para las autoridades judiciales...”’ (sic). En mérito a ello, solicitó la designación de perito, en respuesta la parte contraria reiteró su posición de no ser necesaria la producción de nueva pericia. Ante ello, por Auto de 15 de marzo de 2022, se dispuso ratificar la realización de la pericia por el IDIF; realizándose el sorteo de perito, se designó a Karina Daphne Lazarte Velarde, quien una vez notificada emitió representación con Nota CITE LAB. CRIM. 499/2022 de 27 de mayo, refiriendo que, por temas de carga y concentración de informes en un solo laboratorio, se deje sin efecto su nombramiento y se nombre otro perito de otra institución del Estado, prioritariamente del Sistema ODIN y THOR, con el que cuenta cada Tribunal Departamental de Justicia. Como consecuencia de ello, mediante Auto de 26 de julio de 2022, se dispuso la recolección de nombres del Sistema ODIN, señalando audiencia de sorteo de peritos; decisión contra la cual el demandante -hoy tercero interesado- interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, bajo los mismos argumentos que ya fueron debatidos y resueltos; contestada que fue de su parte, haciendo notar que esos aspectos de oponerse a la producción de pericia ya fueron discutidos en el proceso, el Juez de la causa emitió el Auto de 27 de septiembre del citado año, por el que rechazando dicha impugnación concedió la apelación en el efecto devolutivo. Radicada la causa ante el Tribunal de apelación, a través de Auto de Vista 544/2022 de 31 de octubre, Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionados-, revocaron el Auto de 26 de julio de dicho año, disponiendo la notificación a la División de Recepción y Custodia de Evidencias del IDIF, con el objeto que remita fotocopias legalizadas con relación al Informe Pericial realizado para su respectiva valoración por el Juez de la causa; con el fundamento de que debe primar lo sustancial sobre lo formal, en resguardo de los principios de celeridad, economía procesal, verdad material y legalidad, además del debido proceso en su vertiente de valoración de la prueba, resultando innecesaria la realización de sorteo para la designación de un nuevo perito, como erróneamente lo determinó el Juez a quo en la resolución apelada, a contrario sensu corresponde aplicar al referido informe pericial los alcances del art. 143 del Código Procesal Civil (CPC); decisión que desconoce los mismos principios a los que alude y, sobre todo, el derecho a un debido proceso por no adecuarse a los datos del proceso y a la restricción de efectivización de los medios legales establecidos por ley dentro de un proceso judicial (tutela judicial efectiva). En ese contexto, el citado Auto de Vista, lesiona el derecho a un debido proceso en sus elementos: a) Principio de preclusión procesal, al desconocer los requisitos que deben observarse en cada instancia del proceso judicial de autos; puesto que, no se consideró que la problemática planteada por el recurrente sobre el rechazo, proposición y/o diligenciamiento de prueba -al existir dos dictámenes periciales del IDIF y del IITCUP-, ya fue considerada y resuelta con anterioridad por el Juez de la causa, y que fue expresado en el Auto de 27 de septiembre de 2022, que rechaza la reposición planteada por el demandante -hoy tercero interesado-, indicando que el argumento de no ser necesaria nueva pericia, ya fue discutido y resuelto a través de Autos de 3 de noviembre de 2020, 7 de mayo de 2021 y 10 de junio de “2017” -lo correcto es 2021-, mismos que tienen calidad de cosa juzgada, al dejar precluir el precitado su derecho de impugnar dichas resoluciones; por consiguiente, la problemática de producción o no de prueba pericial, ya fue superada en el proceso como tal. Dicho principio tiene sustento en lo dispuesto por el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, que establece: ‘“I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos”’ (sic); así como en la SCP 0819/2018-S2 de 10 de diciembre; b) Restricción del derecho a “…la Prueba y su valoración…” (sic), como elemento del debido proceso; puesto que, en el fondo, niegan el diligenciamiento de nuevo informe pericial a título de aplicación del art. 143 del CPC, sin considerar que dicha normativa no prohíbe aportar más prueba fuera de la considerada como trasladada; aludiendo para su decisión a dos aspectos: 1) Que la representación de 25 de enero de 2021, presentada por Ivón Daniela Zárate Céspedes, sobre la imposibilidad de realizar un nuevo informe por el IDIF a efectos de evitar contradicción conforme la Resolución 31/2006, haría alusión a no ser necesario ni imperativo el diligenciamiento de nueva pericia; argumento que restringe el derecho a la prueba, al ordenarse se considere únicamente la pericia del IDIF para su valoración como prueba, más de ninguna manera la pericia elaborada por María Angélica Díaz Fernández, perito -particular-que contradijo dicha pericia, en el mismo proceso penal y que fue ofrecida y admitida también al juicio civil como prueba trasladada; y, 2) Que, existe otra pericia realizada por el IITCUP en etapa preliminar de reconocimiento de firmas; c) Restricción del debido proceso como promotor del principio de seguridad jurídica, al omitir el principio de preclusión e inmutabilidad de los referidos Autos Interlocutorios; y, d) Al derecho a la defensa, ante la negativa de diligenciamiento de prueba pericial ya admitida, bajo el criterio de no ser necesaria ni imperativa una nueva producción de prueba. En dicho contexto aclara que, no pretende que el Tribunal de garantías valore el contenido de las pericias o cuál de ellas por su contenido debe ser admitida, rechazada y diligenciada por el Juzgador, sino por el contrario, denuncia el actuar arbitrario de las autoridades accionadas que a título del principio de verdad material desconocen y restringen derechos y garantías constitucionales.
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos preclusión procesal, “…prueba y su valoración…” (sic), y defensa; así como al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 544/2022, y se emita una nueva resolución sin orden de espera en el conflicto de autos, respetando el derecho al debido proceso en sus elementos antes referidos.
Celebrada la audiencia pública el 7 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 197 a 204 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional presentado.
Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través del informe, cursante de fs. 184 a 187, indicaron que: i) Para la emisión del Auto de Vista 544/2022, efectuaron una revisión exhaustiva de los antecedentes de la causa, así como las pruebas referidas a los informes periciales, entendiéndose que las mismas sirven para dar validez a las aseveraciones efectuadas por las partes en igualdad de condiciones, garantizándose los principios normados en el Código Procesal Civil, resultando un despropósito lo manifestado por la ahora accionante, que en una suerte de búsqueda de tutela a supuestas vulneraciones, hace una remembranza de antecedentes suscitados en la causa, que no son demostrables y carecen de asidero legal, no constituyéndose en violación a sus derechos constitucionales; ii) Se señaló en el Auto de Vista ahora impugnado, que el informe pericial que cursaba, vinculada al proceso penal seguido por la ahora impetrante de tutela contra Grover Meneces Bedoya, por el delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, se hallaba refrendado por la representación del “testimonio” evacuada por Ivón Daniela Zárate Céspedes, entendiéndose que habiéndose emitido criterio del IDIF, sobre las mismas partes, igual documento cuestionado y los mismos puntos de pericia, mediante representación efectuada por dicha funcionaria bajo el amparo de la Resolución 31/2006 (VIGENTE) de la Fiscalía General del Estado, que indica que una vez solicitada la realización de una pericia por parte de los funcionarios del IDIF, no se deberá requerir la realización de otra pericia similar a la efectuada por otro funcionario también del IDIF; iii) Habiéndose concluido que existiendo un informe pericial realizado en otra instancia legal (penal); empero, que vincula a las mismas partes, igual documento cuestionado y los mismos puntos de pericia; en resguardo de los principios de celeridad y economía procesal previstos en el art. 180.I de la CPE, como también de verdad material y legalidad (art. 1.2 y 16 del CPC), como de la garantía al debido proceso en su vertiente de valoración de la prueba; se asumió el criterio que el Juez a quo hubo inobservado dichos preceptos legales y de forma incorrecta ordenó efectuarse nueva pericia; no resultando necesaria ni imperativa la realización de sorteo para designar a un nuevo perito como erróneamente se determinó; siendo que dicho informe contiene elementos técnicos científicos que garantizan veracidad en el resultado obtenido, y al ordenarse otra pericia se estaría desconociendo los mismos, incluso se hubiese razonado en sentido de que se debe dar aplicabilidad a lo normado por el art. 143 del citado Código, referido a la prueba trasladada; iv) Conforme a una valoración integral, se pudo evidenciar una “elocuente” conculcación de los principios de verdad material, legalidad, valoración de la prueba, como de celeridad y economía procesal, por parte de la autoridad judicial, resolución que con base en una fundamentación y motivación correcta dispuso su revocatoria -del Auto de 26 de julio de 2022- en el entendido de que, debía darse continuidad a la causa, conforme las pruebas cursantes en la misma, que dicho sea de paso tienen todo el valor probatorio normado en los arts. 144, 193 y 202 del CPC; además que, las pruebas adjuntas no son precisamente a solicitud de las partes, sino pericias autorizadas por autoridad competente y que conforme a la jurisprudencia tienen todo el valor legal; lo contrario, implicaría generar mayor dilación y confusión con múltiples informes a simple disconformidad de las partes intervinientes en una determinada causa, no correspondiendo efectuar mayor argumento con relación a los otros aspectos referidos a restricción del debido proceso, principio de seguridad jurídica y derecho a la defensa, cuando en los hechos no fueron demostrados en la presente acción de amparo constitucional por ser impertinentes y carentes de veracidad, sino más bien una suerte de queja, buscando una tutela que no es precisamente atribución de las Salas Constitucionales; puesto que, las mismas no tienen facultades revisoras de actuados procesales desarrollados en la jurisdicción ordinaria, cual si fueran tribunal de casación, en ese entendido invoca a la SCP 0039/2012 de 26 de marzo; v) Las impugnaciones deben enmarcarse en el principio de pertinencia; toda vez que, no se puede hacer uso y abuso del derecho recursivo, exponiendo cualquier tipo de argumentos con el fin de buscar a toda costa se modifique una determinada resolución; lo contrario implicaría atentar contra los principios ético morales normados desde la Constitución Política del Estado, así como los principios de buena fe y lealtad procesal, como se evidencia en el caso presente que, so pretexto de supuestas vulneraciones expone todo tipo de argumentos poco entendibles y carentes de asidero legal, buscando a toda costa se tutele derechos que no fueron vulnerados, sino que se hubo obrado conforme los antecedentes de la causa, las pruebas aportadas por las partes, los agravios formulados; siendo inadmisible el subrepticio proceder de la parte accionante, cuando tergiversa la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, pretendiendo se ordinarice la misma generando un nefasto precedente, forzando los fallos de la jurisdicción ordinaria y buscando sorprender a la justicia constitucional, que de modo alguno puede prestarse a tan nefasta pretensión; y, vi) Por lo expuesto, solicitan se deniegue la tutela impetrada, al haber obrado conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes.
Grover Meneces Bedoya, a través de su abogado en audiencia de garantías, solicitando se deniegue la tutela impetrada con costos y costas, y expresó que, en el proceso ordinario, ya no debería realizarse ninguna pericia, porque ya se tiene un elemento básico, mismo que nunca fue observado ni opuesto en algún momento;
existe en antecedentes dos peritajes de instituciones reconocidas del IDIF y del IITCUP; por lo que, la realización de un nuevo peritaje es innecesaria e impertinente, generando perjuicio en el desarrollo del proceso. Ariel Ramiro Lique Cuevas -demandado en el proceso ordinario-, mediante su abogado, en audiencia refirió que, en antecedentes de la causa civil existen pericias, pero esa valoración de su pertinencia o no, lo realizó el Tribunal de alzada; enfatiza que a través de la acción de amparo constitucional no se pretende que se dé valor a una de las pericias, sino lo que se denuncia es el desconocimiento del derecho al debido proceso, sobre todo en el elemento de la preclusión y la mala aplicación del principio de verdad material; con tales argumentos pide se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista -ahora impugnado-. Norma Nilda Cuevas Rocha de Lique -también demandada en el proceso ordinario-, no asistió a la audiencia de garantías ni remitió memorial alguno, pese a su notificación cursante a fs. 171.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 150/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 205 a 214 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 544/2022 emitido por las autoridades accionadas, debiendo emitirse -sin espera de turno- una nueva resolución con respecto al recurso de apelación que marcó el inicio de su competencia, atendiendo además las recomendaciones y razonamientos expresados; sin costas; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) Los Vocales accionados para revocar la decisión del Juez de primera instancia, concluyeron en que el mismo descuidó su labor de dirección en la tramitación de la causa, afectando la celeridad y economía procesal a este propósito, desoyendo con la resolución objeto de apelación los alcances del art. 6 del CPC; además careciendo dicha resolución de aplicabilidad de la garantía del debido proceso en sus elementos de verdad material, valoración objetiva de la prueba y razonabilidad; b) En el caso de análisis, un primer defecto procesal es, que ante el rechazo de la reposición planteada con alternativa de apelación, el error del Juez a quo fue conceder esa apelación en el efecto devolutivo y no diferido, el cual habría generado que el cuestionamiento de que no se realice un nuevo informe pericial se difiera hasta ser analizado conjuntamente una eventual apelación de la sentencia definitiva, siendo ese el procedimiento debido y adecuado; c) Como segundo elemento, de acuerdo a la secuencia del proceso civil actual, existe la etapa escrita que establece que con la demanda debe ofrecerse todos los medios de prueba, así como en la contestación, pero no solamente eso, sino también en las contestaciones a la demanda y la reconvención debe haber cuestionamientos expresos sobre los medios de prueba propuestos, situación que se analiza en la audiencia preliminar, pero ya no para admitir nuevas proposiciones de prueba, sino para determinar si los cuestionamientos que se han hecho a esas proposiciones son válidas o no, para aceptarlas, incorporarlas y judicializarlas a la etapa oral del procedimiento civil; d) En el caso de análisis ocurrió aquello, se formularon en las etapas y momentos procesales oportunos todos los medios de prueba que hacen a los intereses de las partes; y, existen actos y resoluciones que en el presente caso han sido superadas; por lo tanto, reclamos posteriores a ellos evidentemente han precluido; e) Si bien, ante la contraposición entre el principio dispositivo y la aplicación del principio de verdad material podría darse la prevalencia del derecho sustancial antes que el formal, pero desconociendo el principio dispositivo y estas etapas precluidas; de acuerdo a la normativa expresa del procedimiento civil, esta autoriza al Juez que, ante la evidencia de dictámenes periciales distintos o que no satisfagan los objetivos procesales se puede determinar la designación de uno o varios peritos, posibilidad procesal que debemos entender en función al principio pro actione; es decir, que vayan a generar dinamismo procesal adecuado; es decir, la posibilidad no está cerrada; f) En el fallo ahora cuestionado, se invocó el art. 143 del CPC, que evidentemente habla de la prueba trasladada, que no se desconoce y se encuentra ratificada por abundante jurisprudencia ordinaria, pero ese elemento de la prueba trasladada ha sido mal interpretado por las autoridades accionadas, ya que el citado artículo en su exposición es limitado, dice únicamente lo siguiente: “…las pruebas legalmente producidas en un proceso tendrán la misma validez y eficacia seguido entre las mismas partes, siempre que el mismo se hubiese producido por una de las partes contra la otra” (sic); al respecto, la jurisprudencia ordinaria estableció algunas subreglas; que deben ser entre las mismas partes y lícitamente promovidas, de esta norma y lo desarrollado por el Tribunal Supremo de Justicia debemos advertir con absoluta claridad que no existe prohibición alguna de que sobre una prueba trasladada pueda generarse una prueba pericial; es decir, no hay disposición taxativa y normativa, en atención al principio de legalidad, que diga que cuando se ha incorporado prueba trasladada, se prescinde de la prueba pericial; g) El ahora tercero interesado manifiesta, la existencia en la vía civil de una demanda preliminar, ahora diligencia preparatoria de demanda, que se desarrolla en función a los arts. 305 y 306 del CPC, específicamente un reconocimiento de firmas, existiendo ante la autoridad judicial un informe pericial que determina la autenticidad de la firma que no es lo mismo la efectividad del documento; son dos figuras absolutamente distintas, independientemente de que en efecto las diligencias preparatorias no pueden causar estado; caso contrario, las demandas que se formularen sobre ellas tendrían que ser improponibles; objetivamente, eso no puede considerarse así; sin embargo, a momento de hacer su proposición de prueba, la prueba pericial estaba orientada a un cuestionamiento grafotécnico y documentológico; el elemento documentológico no lo ha resuelto la diligencia preparatoria; por su naturaleza la diligencia preparatoria y reconocimiento de firmas únicamente hace un análisis grafotécnico de la autenticidad de la firma negada, nada más; otros cuestionamientos de fondo deben reservarse a un proceso ordinario, pues esa es la naturaleza del proceso ordinario en materia civil, contrastar elementos contradictorios, con mayor acervo probatorio; h) En cuanto a los presupuestos necesarios de la prueba, el art. 135 del señalado Código, prevé lo siguiente: las afirmaciones de hecho efectuadas; por una parte, que fueren relevantes y controvertidas deben ser probadas; también requieren prueba los hechos expresa o tácitamente admitidos, si así lo dispone la ley; el art. 134 de la citada norma, expresa que, en relación a los hechos alegados por las partes averiguaran la verdad material valiéndose de los medios de prueba producidos con base en un análisis integral; y esto tiene correlación con lo previsto en el art. 1333 del Código Civil (CC), el Juez no está obligado a las conclusiones de los peritos, pero debe fundar las propias; al decir las autoridades de segunda instancia que este informe pericial practicado por el IDIF, que en algún lugar de esta resolución se lo cataloga como de relevancia, es atentar contra esta resolución y lógicamente contra la seguridad jurídica, pues caso contrario, no solamente no sería posible formular un dictamen pericial, sino se estaría condicionando su valoración, porque muy subrepticiamente en una línea le dicen, ya no es necesario su consideración, ya tiene valor tasado, cuando aquello no es evidente, el Juez tiene la obligación incluso la potestad de apartarse de los dictámenes si así lo considera necesario y pertinente; i) Respecto a la prueba trasladada, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que es válido trasladar un informe pericial a otro proceso, específicamente de naturaleza civil, pero cuál es la categoría que asume, no asume la condición de prueba pericial sino la condición de prueba documental, porque la jurisprudencia que ha desarrollado el indicado Tribunal establece que debe remitirse copia auténtica o autenticada, entonces el juez tendrá que valorar en ese orden, como prueba documental; en consecuencia, no hay impedimento de que pueda generarse una nueva prueba pericial, independiente, además, de que la proposición y ofrecimiento de estas ya habría precluido toda posibilidad de su reclamo, aspecto que tampoco las autoridades de segunda instancia tomaron en cuenta; no realizaron un control judicial de competencia sobre el recurso de reposición y su apelación en efecto devolutivo; no analizaron los componentes de las resoluciones que ya estaban precluidas en el caso y a la fecha se mantienen subsistentes y, por último, no hicieron una aplicación adecuada de lo que se entiende por prueba trasladada; j) Ello implica una restricción arbitraria del derecho que tiene todo sujeto procesal en un proceso, de contar con todos los medios lícitos que tengan a su disposición; k) Del mismo modo, se hizo una interpretación sesgada de la representación de uno de los peritos que dice, una vez solicitada la realización de una pericia por parte de los funcionarios no se deberá requerir de otra parecida o similar efectuada por otro funcionario del IDIF; esto es razonable y es cierto; empero, entendido en su contexto, dos funcionarios del IDIF no podrían emitir como ente colegiado un criterio disímil, porque hablaría mal de la propia institución, lo que no quiere decir que expresa o tácitamente esto signifique una prohibición de que se pueda requerir a otras instancias que sean competentes para realizar dictámenes periciales, como lo son los peritos que se han incorporado al Órgano Judicial mediante la incorporación o la efectivización del Sistema ODIN en materia documentológica y otros; l) Si se asumiera ese razonamiento de decir que ya existe un peritaje aprobado y declarado con una de las partes en la diligencia preparatoria de reconocimiento de firmas, de ser así, tampoco la parte demandante hubiese tenido la necesidad de generar una prueba trasladada, eso afectaría a la propia manifestación de su voluntad, es un contrasentido con lo que el mismo anuncia y propone en su demanda; y, m) Por consiguiente, la resolución de segunda instancia, ahora cuestionada, es arbitraria, ilegal e indebida, vulnera el derecho al debido proceso; puesto que, no respetó la vigencia de resoluciones debidamente firmes en el desarrollo del proceso y por último se ha limitado el acceso a una justicia formal, a una verdad material restringiendo el acceso a medios de prueba lícitos que en su momento fueron debidamente analizados por la autoridad de primera instancia, lo que no quiere decir que ninguna de ellas tenga por parte de este Tribunal o del Tribunal de segunda instancia un valor ya tasado, caso contrario prescindiríamos de cualquier trámite procesal, ya tendríamos una certeza de respuesta a las postulaciones de la demanda y reconvención.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ordinario de extinción de obligación seguido por cumplimiento por Grover Meneces Bedoya -demandante, ahora tercero interesado- contra Norma Nilda Cuevas Rocha de Lique, Ariel Ramiro Lique Cuevas y Susan Tatiana Lique Cuevas -la última nombrada, ahora accionante-, se llevó a cabo la audiencia pública preliminar de 29 de mayo de 2019, en la que, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, admitió como medios de prueba ofrecidos por ambas partes, tales como: documental propuesta por la parte actora, en cuyo listado se describe diligencia preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas de nota manuscrita contenida en la parte final de la Escritura Pública 085/2015 de 26 de enero; la inspección de visu a la diligencia preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas cursante en obrados y en la Notaría de Fe Pública “1”, propuesta por la parte codemandada; documental variada propuesta por la ahora impetrante de tutela; confesión provocada propuesta por ambas partes; y prueba pericial ofrecida por la ahora peticionante de tutela, una de las codemandadas y el actor sobre estudio grafológico y documentológico, para estudio grafotécnico de la firma y rúbrica contenida en la nota marginal inserta al final de la mencionada Escritura Pública, a objeto de determinar si corresponde al puño y letra de Juan Ramiro Lique Camacho; estudio o documentológico sobre la grafía del texto citado para determinar si dicho tenor o escritura corresponde en caligrafía al nombrado y para concretar la antigüedad de la tinta en el tenor manuscrito indicado. En ese marco y no habiéndose llegado a ningún acuerdo de conciliación, dispuso que en audiencia complementaria a señalarse se recibirían los medios de prueba de confesión provocada deferidas por las partes; asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 195.II del CPC, ordenó la notificación al Director del IDIF, a objeto de que remita a ese despacho, lista de tres peritos para su respectiva designación o nombramiento de perito para que realice estudio pericial grafológico y documentológico del texto manuscrito, firma y rúbrica y números escritos contenidos en la referida nota marginal inserta, a fin de determinar si corresponde al puño y letra de Juan Ramiro Lique Camacho y asimismo dictaminar sobre la antigüedad de la tinta utilizada en el tenor manuscrito de esa nota marginal (fs. 3 a 11 vta.). II.2. Por memorial presentado el 16 de marzo de 2020, el ahora tercero interesado, considerando que en etapa de conciliación, ambas partes en conflicto aceptaron un informe pericial que determine la veracidad de la firma y el texto inserto en el documento base de la acción, solicitó en sujeción al art. 143 del CPC, se emita resolución expresa sobre la prueba trasladada, ordenando al Ministerio Público a fin de que remita del proceso penal, el original o copias legalizadas del informe pericial de 3 de enero de igual año, realizado por Fabrizio -Fernando- Rodríguez Villafán, Perito del IDIF; teniéndose presente que existe informes del IITCUP y del IDIF sobre el análisis de la Escritura Pública 085/2015, y que ambos entes manifiestan la autenticidad de la firma y rúbrica. En efecto, mediante Auto de 17 de junio del citado año, la autoridad judicial, ordenó la notificación al Ministerio Público al fin impetrado (fs. 12 a 13 vta.). Por escrito presentado el 1 de julio de 2020, la hoy peticionante de tutela, con el mismo fundamento de prueba trasladada, a objeto de refutar el informe pericial del IDIF, pidió se incorpore copia legalizada del informe pericial elaborado por María Angélica Díaz Fernández, Perito -particular-, producido también en dicho proceso penal (fs. 14). II.3. A través de memorial presentado el 8 de octubre de 2020, la ahora accionante reiterando la designación de perito de acuerdo a lo determinado en la audiencia pública preliminar de 29 de mayo de 2019, pidió se notifique al IDIF a efecto de que remita lista de tres peritos, a fin de su designación y realice el peritaje impetrado. Al efecto, por proveído de 9 de octubre de 2020, el Juez a quo, ordenó lo requerido para que realice estudio pericial grafológico y documentológico del aludido texto manuscrito, a objeto de determinar si corresponde al puño y letra de Juan Ramiro Lique Camacho y, asimismo, dictaminar sobre la antigüedad de la tinta utilizada; decisión contra la cual, el demandante -hoy tercero interesado- interpuso recurso de reposición por memorial de 15 del citado mes y año, pidiendo se revoque la misma; y corrida en traslado a la parte contraria -hoy impetrante de tutela-; por memorial presentado el 22 de ese mes y año, solicitó que al ser atentatoria a los derechos al debido proceso y a la defensa, se mantenga incólume el referido proveído (fs. 16 a 25 vta.). II.4. Consta acta de audiencia pública complementaria de 3 de noviembre de 2020, acto en el que, considerando la solicitud de la parte demandada de producir la prueba pericial, así como el recurso de reposición interpuesto por el demandante contra el proveído que dio curso, la autoridad judicial emitió el Auto de igual data, mediante el cual, declaró improcedente el recurso formulado por el precitado, manteniendo firme el proveído de 9 de octubre de igual año; decisión contra la cual, conforme prevé el art. 146 del CPC, anunció apelación en el efecto diferido (fs. 27 a 36). II.5. Por memorial presentado el 6 de mayo de 2021, el ahora tercero interesado, remitió copias legalizadas del dictamen pericial documentólogico, emitido por Fabrizio -Fernando- Rodríguez Villafán, Perito del IDIF; así como el dictamen pericial, emitido por Edwin Colque Choque, Perito del IITCUP legalizadas por el Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; ante ello, por Auto de 7 del citado mes y año, teniendo presente dicha documental, y en consideración de la representación efectuada por la perito designada, se dispuso la notificación al Fiscal Departamental de Oruro a objeto de que informen si la Resolución 31/2006 de 9 de marzo, emitida por la Fiscalía General de Estado, está vigente en su aplicación y cuál es el alcance de la misma, a fin de establecer de forma definitiva la realización de pericia por esa institución; decisión contra la cual el -hoy tercero interesado- por escrito presentado el 13 de mayo de 2021, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación en caso de negativa, corrida en traslado a la parte demandada; por Auto de 10 de junio de “2017” -de 2021-, rechazó el mencionado recurso, manteniendo firme el Auto de 7 de mayo de dicho año -impugnando-, y en aplicación de los arts. 254.V y 260.II del CPC, concedió la apelación en el efecto devolutivo; determinación contra la cual, ambas partes procesales solicitaron que de acuerdo al art. 260.III.3 del mencionado Código, la apelación corresponde en el efecto diferido, ello a efecto de evitar nulidades posteriores, petición que fue rechazada por Auto de 19 de agosto de igual año (fs. 51 a 70 vta.). II.6. Cursa Auto de 26 de julio de 2022, por el cual, Freddy Alberto Llanos Martínez, Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, ante la solicitud de pericia correspondiente, con la finalidad de continuar con el proceso y lograr la pericia grafotécnico y documentológico del texto manuscrito, firma y rúbrica escritos en nota marginal inserta al final de la Escritura Pública 085/2015, corresponde a Juan Ramiro Lique Camacho, para tal fin, dispuso: “Que, por Secretaria de este despacho judicial se realice la recolección de nombres de peritos a nivel nacional registrados en el sistema ODIN, sean estos expertos en el área de grafología, lista que deberá ser presentada en el plazo de tres días.
Que, con el resultado de la presentación de la lista de perito ordenado supra se dispone la fijación de audiencia para el sorteo correspondiente para lo cual se convoca a las partes a audiencia para fecha lunes 08 de agosto de 2022 a horas 15:00 y siguientes, sea con las formalidades de rigor, a la que deben concurrir las partes personalmente” (sic [fs. 102 a 103]). II.7. Por memorial de 2 de agosto de 2022, el -ahora tercero interesado-, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación en caso de negativa contra el Auto de 26 de julio de igual año, pidiendo se revoque el mismo, y se disponga la clausura de la etapa pericial, pronunciándose de forma expresa sobre el pedido de establecer como prueba trasladada a los informes periciales emitidos por el IITCUP y el IDIF, cuyas copias legalizadas se encuentran en obrados. A través de memorial presentado el 9 de agosto de ese año, la impetrante de tutela contestó al mismo, solicitando mantener incólume el mencionado Auto, y conforme corresponde conceder el recurso de apelación en efecto devolutivo; que mereció el Auto de 27 de septiembre de dicho año, por el que rechazando el mismo, concedió la apelación en el efecto “devolutivo”, ordenando su remisión al Tribunal de alzada (fs. 104 a 114). II.8. Por Auto de Vista 544/2022 de 31 de octubre, Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionados-, revocaron el Auto de 26 de julio del citado año, en cuanto al procedimiento para la recolección de nombres de peritos a nivel nacional registrados en el Sistema ODIN y con su resultado se fije audiencia de sorteo; sea en sujeción a los alcances del art. 143 del CPC, en cuyo mérito dispuso la notificación a la División de Recepción y Custodia de Evidencias del IDIF, respecto al Informe Pericial evacuado por Fabrizio “Fernández” -lo correcto es Fernando Rodríguez- Villafán, dentro del proceso penal seguido por la hoy accionante contra el ahora tercero interesado, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previsto y sancionado en los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP); informe secundado por María Angélica Díaz Fernández, dependiente del IDIF, a objeto que remita al Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, el Dictamen Pericial de la Escritura Pública 085/2015, en fotocopias legalizadas, sea a fines de la prosecución de la causa y su respectiva valoración conforme a ley en el estadio procesal que corresponda por parte de la autoridad judicial de primera instancia; sin costas y costos por la revocatoria, en previsión del art. 223.IV.3 del CPC (fs. 119 a 127 vta.).
La peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de preclusión procesal, a la “…prueba y su valoración…” (sic), y a la defensa; así como al principio de seguridad jurídica; toda vez que, el Auto de Vista 544/2022 -ahora impugnado- al revocar la decisión del Juez de primera instancia, que determinó se realice la recolección de nombres de peritos a nivel nacional registrados en el Sistema ODIN, a fin de lograr la pericia grafológica y documentológica -ofrecido de su parte oportunamente-: 1) Lesiona y restringe el derecho a un debido proceso en cuanto al desconocimiento del principio de preclusión procesal e inmutabilidad de los fallos, así como el principio de seguridad jurídica; puesto que, lo planteado por el demandante -hoy tercero interesado- sobre la innecesaria producción y diligenciamiento de una tercera pericia al existir dos dictámenes periciales del IDIF y del IITCUP -respecto al mismo documento y puntos de pericia- ya fue discutido y resuelto por el Juez de la causa a través de los Autos de 3 de noviembre de 2020, 7 de mayo de 2021 y 10 de junio del citado año, mismos que tienen calidad de cosa juzgada, al dejar precluir su derecho de impugnar dichas resoluciones; 2) Restricción del derecho a la prueba y su valoración como elemento del debido proceso, al negar el diligenciamiento de nuevo informe pericial a título de aplicación del art. 143 del CPC, que no prohíbe el aportar más prueba fuera de la considerada como trasladada; y, 3) Limitación del derecho a la defensa, ante la negativa de diligenciamiento de prueba pericial ya admitida, bajo el criterio de no ser necesaria ni imperativa la nueva producción de prueba. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada
Con relación a este tópico de auto restricción procesal-constitucional, mediante la SCP 0345/2020-S3 de 23 de julio, se sostuvo lo siguiente: “Al respecto, la línea jurisprudencial emitida desde sus inicios y confirmada por posteriores fallos de este Tribunal, fue clara y uniforme al establecer que en particular la interpretación de la legalidad ordinaria entendida esta como la facultad de interpretar y/o aplicar la ley en términos generales a un caso concreto, es una labor únicamente otorgada a la jurisdicción ordinaria; a partir del cual, se estableció que no le compete al Tribunal Constitucional ingresar a juzgar el criterio jurídico empleado por las autoridades judiciales ni administrativas a tiempo de la definición de un caso; a menos claro, que en esa actividad se evidencie la vulneración de derechos y garantías constitucionales; así la SC 1031/00-R de 6 de noviembre de 2000, como una de las primeras líneas que planteó tal entendimiento, estableció que: ‘…no corresponde a este Tribunal juzgar el criterio jurídico con el que el Tribunal de Apelación interpretó el art. 184 del Código de Procedimiento Civil para fundar su resolución, de hacerlo estaría saliendo del marco de su competencia para invadir otra jurisdicción, pues conforme al objeto del Recurso de Amparo corresponde verificar si los hechos ilegales denunciados restringen, suprimen o amenazan suprimir los derechos y garantías de los recurridos reconocidos en la Constitución y las leyes…’; posteriormente, a través de la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, se señaló que: ‘Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas…’. Bajo igual criterio, distintos Tribunales Constitucionales reconociendo que esta actividad interpretativa es propia de la jurisdicción ordinaria, manifestaron que no obstante ello es posible revisar tal actuación cuando se advierta que la misma repercute en la vulneración de los derechos fundamentales, tal es el caso de la Corte Constitucional de Colombia, que en la Sentencia T-121/99 de 26 de febrero de 1999, al respecto estableció: ‘…cuando una actuación judicial contiene una decisión arbitraria, con evidente repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales de una de las partes, pueden ser susceptibles de controversia en sede de tutela. Sin embargo, cuando la decisión está sustentada en un determinado criterio jurídico, que puede ser admisible a la luz del ordenamiento, o de la interpretación de las normas aplicables, no podría ser discutido vía de la acción de tutela, toda vez que atentaría contra al principio de la autonomía judicial en virtud del cual, cuando el juez aplica una ley, debe fijar el alcance de la misma, es decir, debe darle un sentido frente al caso concreto -función interpretativa propia de la actividad judicial-, a menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento’. Por su parte, el Tribunal Constitucional Peruano en el expediente 04004-2012-PA/TC de 22 de mayo de 2013, refirió que: ‘…a juicio del Tribunal Constitucional, la presente demanda debe desestimarse, pues vía de amparo se pretende que el juez constitucional se pronuncie respecto a materias ajenas a la tutela de derechos fundamentales como son las relativas a la aplicación de normas administrativas en materia laboral, siendo pertinente señalar que tanto la valoración y/o la determinación de la suficiencia de los medios probatorios, así como la interpretación de la normas legales y/o administrativas para cada caso concreto es un asunto que corresponde ser dilucidado únicamente por el juez ordinario a momento de expedir la sentencia, y que, por tanto, escapa del control y competencia del juez constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la autoridad emplazada que ponga en evidencia la violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el presente caso…’. En ese marco, se tiene claramente establecido que la interpretación y/o aplicación de las normas ordinarias es de exclusiva competencia de los jueces comunes y autoridades administrativas, sin que ello implique que este Tribunal no pueda abrir su competencia a fin de verificar si en esa labor interpretativa no se vulneraron derechos fundamentales, esto justamente con el objeto de velar por la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, entendida esta como el fin primordial de la justicia constitucional en el marco del control tutelar que ejerce. En ese sentido, la SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, luego de realizar una deconstrucción de lo desarrollado jurisprudencialmente respecto a la temática que ahora se aborda, finalmente concluyó refiriéndose a la labor que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el siguiente criterio: ‘…esta jurisdicción no se constituye en un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces y tribunales ordinarios; el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede inmiscuirse en esta labor particular al estar compelido al cumplimiento de funciones diferentes (art. 196.I de la CPE), menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos de congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial’ (reiterada en las Sentencias Constitucional Plurinacionales 0416/2019-S1; 0892/2014-S4; 0705/2019-S3, entre otras). Del cual finalmente puede concluirse que no obstante de estar claramente delimitado que la facultad de interpretar y/o aplicar las normas del ordenamiento jurídico ordinario en sus diferentes materias y ámbitos corresponde a las autoridades judiciales y administrativas, y no propiamente a la justicia constitucional; sin embargo, ello es posible cuando en esa labor se haya advertido la vulneración de derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, para lo cual corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca” (las negrillas nos corresponden).
En cuanto la temática de exégesis, la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, sostuvo que: «El art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en su inc. 1) manda: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; asimismo, el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ordena: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”; mientras que el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, en tanto que el art. 115.II de la CPE, estatuye: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, como el art. 117.I de la Norma Suprema, menciona: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”. Todas estas disposiciones normativas fundamentales que integran el bloque de constitucionalidad al tenor del art. 410.II de la Ley Fundamental, denotan que el debido proceso se halla reconocido como un derecho que tienen las personas; sin embargo, por otro lado, se manifiesta como una garantía jurisdiccional, conforme se advierte del análisis del art. 171 de la Norma Suprema, cuando dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. El debido proceso, consagrado, conforme lo anotado, como garantía constitucional y como derecho humano, ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo” (SC 0788/2010-R de 2 de agosto). Finalmente, cabe señalar que, cuando se analiza el art. 180.I de la CPE, que dictamina que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, se denota que el debido proceso se configura como un principio que emerge del Estado de Derecho y del principio de legalidad en su vertiente procesal, lo cual no solo debe ser observado en instancias jurisdiccionales, sino también en administrativas; conforme a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en la SC 0136/2003-R de 6 de febrero, al señalar que: “…la Constitución Política del Estado (CPE), consagra la garantía del debido proceso, expresando que ‘Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado en proceso legal’, de lo que se extrae que la Ley Fundamental del país, persigue evitar la imposición de una sanción, o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal contenidos en la Constitución y las leyes que desarrollan tales derechos, garantía que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, alcanza a toda clase de procesos judiciales o administrativos…”, de donde se colige que el derecho del debido proceso no se limita al ámbito jurisdiccional solamente, sino que se extiende a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad, entre ellas en el ámbito laboral, donde se debe respetar, entre otros, el derecho a la defensa, a ser sometido a un proceso, a presentar sus pruebas, los cuales no pueden ser evadidos» (las negrillas son nuestras).
Al respecto, la SCP 0133/2019-S4 de 17 de abril, precisó que: “En los sistemas procesales regidos por el principio de preclusión o por fases, a diferencia de lo que sucede en el sistema de libre desenvolvimiento o de unidad de vista, el proceso se desarrolla mediante la clausura de etapas, de manera tal, que no es posible retrotraer el trámite a etapas ya clausuradas; al respecto, Lino Enrique Palacio, en su libro Manual de Derecho Procesal Civil I. Décima Edición actualizada señala que: ‘Por efecto de preclusión adquieren carácter firme los actos cumplidos dentro del periodo o sección pertinente, y se extinguen las facultades procesales que no se ejercitaron durante su transcurso…’. En ese mismo orden, el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –025 de 24 de junio de 2010–, dispone lo siguiente: I. Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos. Consecuentemente, en mérito al principio de preclusión, una vez que se clausura una etapa del proceso, no resulta posible retrotraer el trámite a la etapa concluida, salvo que exista denuncia sobre la existencia de reclamaciones oportunas sobre irregularidades procesales, que violen el derecho a la defensa” (las negrillas nos corresponden).
Identificada la problemática jurídica a resolver, es necesario tener presente los antecedentes sometidos a conocimiento de esta jurisdicción.
Así, de la compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional se tiene que, la accionante luego de ser notificada con la demanda de extinción de obligación por cumplimiento iniciado por el ahora tercero interesado, a efectos de declarar la extinción de obligación por cumplimiento contraída por su fallecido padre Juan Ramiro Lique Camacho, en mérito a una nota marginal supuestamente de pago de la totalidad de una deuda de “$us.200.000” y que fuera manuscrita al final de la Escritura Pública 085/2015 de 26 de enero, formuló reconvención de nulidad de nota marginal ofreciendo como prueba, entre otras, la realización de pericia grafotécnica y documentológica de dicha nota. Así, convocada a la audiencia pública preliminar de 29 de mayo de 2019, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Oruro, admitió como medios de prueba ofrecidos por ambas partes, tales como: documental propuesta por la parte actora -hoy tercero interesado-, en cuyo listado se describe diligencia preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas de nota manuscrita contenida en parte final de la Escritura Pública 085/2015; la inspección de visu a la diligencia preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas cursante en obrados y en la Notaría de Fe Pública “1”, propuesta por la parte codemandada; documental variada propuesta por la ahora accionante; confesión provocada propuesta por ambas partes; y prueba pericial ofrecida por la ahora impetrante de tutela, una de las codemandadas y el actor sobre estudio grafológico y documentológico para estudio grafotécnico de la firma y rúbrica contenida en la referida nota marginal, a objeto de determinar si corresponde al puño y letra de Juan Ramiro Lique Camacho; estudio documentológico sobre la grafía del texto citado para determinar si dicho tenor o escritura corresponde en caligrafía al nombrado y para concretar la antigüedad de la tinta en el tenor manuscrito indicado. En ese marco y no habiéndose llegado a ningún acuerdo de conciliación, dispuso que en audiencia complementaria a señalarse se recibirían los medios de prueba de confesión provocada deferidas por las partes; asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 195.II del CPC, dispuso la notificación al Director del IDIF, a objeto de que remita a ese despacho, lista de tres peritos para su respectiva designación o nombramiento de perito para que realice estudio pericial grafológico y documentológico del texto manuscrito, firma y rúbrica y números escritos contenidos en nota marginal inserta al final del Testimonio descrito precedentemente, con el fin antes señalado (Conclusión II.1). Posteriormente, a través de memorial presentado el 8 de octubre de 2020, la peticionante de tutela reiteró la designación de perito de acuerdo a lo determinado en audiencia pública preliminar de 29 de mayo de 2019, pidiendo se notifique al IDIF a efecto de que remita lista de tres peritos, a fin de su designación y realice el peritaje impetrado. Al efecto, por proveído de 9 de octubre de 2020, la autoridad judicial, ordenó lo requerido en el marco de lo decidido y detallado en la referida audiencia; decisión que habiendo sido recurrida de reposición, mereció el Auto de 3 de noviembre del mismo año, mediante el cual, se declaró improcedente dicha impugnación, manteniendo firme el proveído de 9 de octubre de igual año; decisión contra la cual, conforme prevé el art. 146 del CPC, anunció apelación en el efecto diferido (Conclusiones II.3 y II.4). Ahora bien, en este estado procesal, consta que el actor -hoy tercero interesado- de la demanda civil de origen, remitió copias legalizadas del dictamen pericial documentólogico, emitido por Fabrizio Fernando Rodríguez Villafán, Perito del IDIF; así como el dictamen pericial, emitido por Edwin Colque Choque, Perito del IITCUP, legalizadas por el Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; mereciendo Auto de 7 de mayo de 2021, por el que la autoridad jurisdiccional de la causa, tuvo presente dicha documental. Asimismo, dispuso la notificación a la Fiscal Departamental de Oruro, a objeto de que informen si la Resolución 31/2006 de 9 de marzo, emitida por la Fiscalía General de Estado, está vigente en su aplicación y cuál el alcance de la misma, a fin de establecer de forma definitiva la realización de pericia por esa institución; decisión que luego de haber sido recurrida en reposición con alternativa de apelación y corrida en traslado a la parte contraria, fue resuelta por Auto de 10 de junio de 2021, rechazando la aludida pretensión; en consecuencia, mantuvo firme el Auto impugnando, y en aplicación de los arts. 254.V y 260.II del CPC, concedió la apelación en el efecto devolutivo, determinación ratificada por Auto de 19 de agosto del citado año (Conclusión II.5).
En cuyo efecto, mediante Auto de 26 de julio de 2022, la autoridad judicial determinó que, con la finalidad de continuar con el proceso y lograr la pericia establecida grafotécnica y documentológica del texto manuscrito, firma y rúbrica escritos en nota marginal inserta al final de la Escritura Pública 085/2015, si corresponde a Juan Ramiro Lique Camacho, se dispuso: “Que, por Secretaria de este despacho judicial se realice la recolección de nombres de peritos a nivel nacional registrados en el sistema ODIN, sean estos expertos en el área de grafología, lista que deberá ser presentada en el plazo de tres días. Que, con el resultado de la presentación de la lista de perito ordenado supra se dispuso la fijación de audiencia para el sorteo correspondiente para lo cual se convocó a las partes a audiencia para fecha lunes 08 de agosto de 2022 a horas 15:00 y siguientes, sea con las formalidades de rigor, a la que deben concurrir las partes personalmente” (sic [Conclusión II.6]). Contra dicha disposición, por memorial de 2 de agosto de 2022, el demandante -ahora tercero interesado-, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación en caso de negativa contra el Auto de 26 de julio de igual año, pidiendo se revoque el mismo, y se disponga la clausura de la etapa pericial, debiendo pronunciarse de forma expresa al pedido de establecer como prueba trasladada a los informes periciales emitidos por el IITCUP y el IDIF, cuyas copias legalizadas se encuentran en obrados; mereciendo la respuesta de la ahora accionante, a través de memorial presentado el 9 de agosto de ese año, refutando tal pretensión; a cuyo efecto, por Auto de 27 de septiembre de dicho año, se rechazó la misma, y estando anunciado el recurso de apelación alternativamente interpuesto, concedió el mismo en el efecto devolutivo, ordenando su remisión al Tribunal de alzada (Conclusión II.7). Como consecuencia de la impugnación formulada, Hernán Ocaña Marzana y Juan Carlos Selaya Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy accionados-, pronunciaron el Auto de Vista 544/2022 de 31 de octubre, revocando el Auto de 26 de julio del citado año, en cuanto al procedimiento para la recolección de nombres de peritos a nivel nacional registrados en el Sistema ODIN y con su resultado se fije audiencia de sorteo; sea en sujeción a los alcances del art. 143 del CPC; en cuyo mérito, dispuso la notificación a la División de Recepción y Custodia de Evidencias del IDIF, respecto al Informe Pericial evacuado por Fabrizio Fernando Rodríguez Villafán, Perito, dentro del proceso penal seguido por la hoy accionante contra el ahora tercero interesado, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previsto y sancionado en los arts. 199 y 203 del CP; informe secundado por María Angélica Díaz Fernández, dependiente del IDIF, a objeto de que remita al Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del citado departamento, el Dictamen Pericial de la Escritura Pública 085/2015, en fotocopias legalizadas, sea a fines de la prosecución de la causa y su respectiva valoración conforme a ley en el estadio procesal que corresponda por parte de la autoridad judicial de primera instancia (Conclusión II.8). Así, en la motivación central de la reclamación constitucional la impetrante de tutela denuncia que el Auto de Vista 544/2022 -ahora impugnado- al revocar la decisión del Juez de primera instancia, que determinó se realice la recolección de nombres de peritos a nivel nacional registrados en el Sistema ODIN, a fin de lograr la pericia grafológica y documentológica -ofrecido de su parte oportunamente-: i) Lesiona y restringe el derecho a un debido proceso en cuanto al desconocimiento del principio de preclusión procesal e inmutabilidad de los fallos, así como el principio de seguridad jurídica; puesto que, lo planteado por el demandante sobre la innecesaria producción y diligenciamiento de una tercera pericia al existir dos dictámenes periciales del IDIF y del IITCUP -respecto al mismo documento y puntos de pericia- ya fue discutido y resuelto por el Juez de la causa a través de los Autos de 3 de noviembre de 2020, 7 de mayo de 2021 y 10 de junio del citado año, los mismos que tienen calidad de cosa juzgada, al dejar precluir su derecho de impugnar dichas resoluciones; ii)
Restricción del derecho a la prueba y su valoración como elemento del debido proceso, al negar el diligenciamiento de nuevo informe pericial a título de aplicación del art. 143 del CPC, que no prohíbe el aportar más prueba fuera de la considerada como trasladada; y, iii) Al derecho a la defensa, ante la negativa de diligenciamiento de prueba pericial ya admitida, bajo el criterio de no ser necesaria ni imperativa nueva producción de prueba. En ese marco, se advierte que las problemáticas que comprende el objeto procesal pretende que esta jurisdicción constitucional realice un examen de la interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria que corresponde a los Vocales accionados. Al respecto, resulta de importancia traer a colación el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que sostiene que, este Tribunal de manera excepcional puede ingresar a revisar la actividad jurisdiccional de otros Tribunales, como el caso de los ordinarios; sin embargo, para que esta labor sea ejercida se requiere necesariamente que la o el impetrante de tutela establezca y demuestre con la suficiente carga argumentativa una sucinta pero clara explicación de la forma en cómo se hubiesen vulnerado los derechos y garantías constitucionales y/o convencionales considerados conculcados con la actividad aplicativa-interpretativa-argumentativa asumida y/u omitida por las autoridades judiciales. En tal sentido, de la revisión exhaustiva del memorial de interposición de esta acción tutelar, se evidencia que el impetrante de tutela cumplió con la carga argumentativa suficiente de establecer, cómo el trabajo interpretativo y/o aplicativo realizado por los Vocales accionados, supuestamente transgrede sus derechos al debido proceso en sus elementos preclusión procesal, “…Prueba y su valoración…" (sic) y a la defensa; así como al principio de seguridad jurídica, por cuanto no hubiesen considerado que: En la etapa analizada por dichas autoridades ya precluyó el derecho de admisión de la prueba pericial conforme al principio de preclusión; y, que sobre la negativa de diligenciamiento de nuevo informe pericial, el art. 143 del CPC, en el que se sustenta el fallo cuestionado, no prohíbe el aportar más prueba fuera de la considerada como trasladada. Con esa salvedad, al haberse advertido que se cumplió con la referida carga argumentativa mínima, atañe a este Tribunal de forma excepcional verificar si la labor hermenéutica cuestionada de las autoridades accionadas, es correcta o incorrecta, ante la posibilidad de lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales. En cuanto a la alegada lesión al derecho a un debido proceso por desconocimiento del principio de preclusión procesal e inmutabilidad de los fallos, así como el principio de seguridad jurídica -punto 1) del objeto procesal-
La peticionante de tutela alega la concurrencia del referido agravio, en virtud a que los Vocales accionados en la emisión del Auto de Vista 544/2022 no consideran que, lo planteado por el demandante -hoy tercero interesado- sobre la innecesaria producción y diligenciamiento de una tercera pericia al existir dos dictámenes periciales del IDIF y del IITCUP, respecto al mismo documento y puntos de pericia, en nota marginal inserta al final de la Escritura Pública 085/2015, ya fue discutido y resuelto por el Juez de la causa a través de los Autos de 3 de noviembre de 2020, 7 de mayo de 2021 y 10 de junio del citado año, los mismos que tienen calidad de cosa juzgada, al dejar precluir su derecho de impugnar dichas resoluciones. Al respecto y luego del desglose procesal expuesto precedentemente, es necesario relievar que, como efecto del recurso de reposición que planteó el actor contra el Auto de 26 de julio de 2022, la parte ahora accionante en calidad de demandada en el aludido proceso civil en respuesta presentada el 9 de agosto del mismo año, fundamentó lo siguiente: El reclamo efectuado por el recurrente ya fue objeto de pronunciamiento y resolución en audiencia pública preliminar de 29 de mayo de 2019, oportunidad en la que al momento de admitir la prueba a diligenciarse en la sustanciación del proceso, se admitió la realización de estudio pericial grafotécnico de la firma y rúbrica contenido en la nota marginal inserto al final de la Escritura Pública 085/2015, a objeto de determinar si la firma corresponde a la autoría de Juan Ramiro Lique Camacho; en cuyo efecto, dispuso la notificación al IDIF, para que esa entidad remita una lista de terna de peritos, para sorteo y encomendar el peritaje requerido; prueba que fue propuesta por su persona y los demás demandados; respecto al cual el demandante manifestó su conformidad; toda vez que, contra la determinación de referencia no cursa recurso que objete la admisión de la prueba y no podría hacerlo a la fecha, ya que ese derecho precluyó. Luego de lo cual, se emitió el Auto de 27 de septiembre de 2022, rechazándose la reposición y concediendo la apelación en el efecto “devolutivo”, habiendo sido resuelto por el Auto de Vista 544/2022, se advierte en su estructura que, en su Considerando I y II, identificó los antecedentes del recurso y los fundamentos del recurso de apelación planteado por el ahora tercero interesado; luego en su Considerando III desarrolló la motivación de la resolución inherente al citado recurso, refiriéndose al instituto de la actividad jurisdiccional que se rige por el principio de preeminencia de lo sustancial sobre lo formal, conforme a los siguientes fundamentos: “…el ahora recurrente, solicita que se de validez a la prueba realizada en el proceso penal (Informe Pericial adjunto de fs. 93 a 124 del testimonio de apelación), rechazando se designe nuevo perito por el Sistema ODIN, toda vez que transcurrieron varios años, no pudiéndose emitir la prueba pericial. (…).
(…) Examinado prolijamente como fue el testimonio de apelación sobre este acápite, se tiene: - Una primera designación del perito que data de 2019 (…); cuya segunda designación corresponde a la gestión de 2020; no habiendo hasta la fecha un Informe Pericial prolijo que emerja de la propia tramitación de la presente causa inherente a la Escritura Pública No.85/2015 (…). - La decisión asumida por la autoridad judicial de primera instancia en el Auto ahora apelado, de modo alguno resulta justificada ni convincente, so pretexto que se debe contar con dictamen pericial, por el cual las determinaciones que se puedan tomar, no limiten derecho alguno de ninguna de las partes, menos vulneren el debido proceso. - En obrados se tiene un INFORME PERICIAL (…), concerniente al Proceso Penal seguido por Tatiana Lique Cuevas contra Grover Meneces Bedoya por el delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; que se halla debidamente refrendado por la Representación (…), evacuada por la Lic. Ivón Daniela Zárate Céspedes al señalar dentro de la presente causa que el IDIF ya ha emitido criterio bajo el dictamen pericial elaborado por el Lic. Fabrizio Fernando Rodríguez Villafán sobre las mismas partes, el mismo documento cuestionado y los mismos puntos de pericia, planteados para la referida perito, representación realizada bajo el amparo de la Resolución No.31/2006 (VIGENTE) de la Fiscalía General del Estado, que señala que una vez solicitada la realización de una pericia por parte de los funcionarios del IDIF, no se deberá requerir la realización de otra pericia similar a la efectuada por otro funcionario también del IDIF. - Entonces existiendo un Informe Pericial realizado en otra instancia legal, pero que involucra a las mismas partes, el mismo documento cuestionado y los mismos puntos de pericia; en resguardo de los Principios de Celeridad y Economía Procesal previstos en el art.180.I de la Ley Fundamental, como también de Verdad Material y Legalidad (art.1.nums.16, 2 de la Ley No.439), como de la Garantía al Debido Proceso en su vertiente de Valoración de la Prueba; se asume el criterio que de forma evidente los ha transgredido el juez de primera instancia sobre este acápite; no resultando necesaria ni imperativa la realización de sorteo para designar a un nuevo perito como erróneamente determina el juez a quo en la resolución apelada; a contrario sensu corresponde aplicar al referido Informe Pericial los alcances del art.143 (Prueba trasladada) de la Ley No.439, que se halla debidamente secundado por el A.S. No.669/2017, (…). (…)
Entonces ante la elocuente conculcación de los Principios de Verdad Material, Legalidad, Valoración de la Prueba, como de Celeridad y Economía Procesal, emergentes de la resolución apelada como de la tramitación de la causa; corresponde la consideración por el juez a quo del referido Informe Pericial descrito precedentemente, previo cumplimiento de las formalidades de ley a efectos de su aprobación ulterior si correspondiere. …La decisión plasmada en el Auto de fecha 26 de julio de 2022, traspasa atentatoriamente el límite de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, debido a que la autoridad está transgrediendo flagrantemente el principio de legitimidad, concentración, verdad material y no esta demás decirlo hasta de economía procesal que goza todo acto jurídico dentro de la presente causa. De la misma forma vulnera el principio de legitimidad que tiene todo acto administrativo, a lo cual debió dárseles el criterio legal a los dos informes emitidos por las dos peritos del IDIF (al reiterar dos veces a la autoridad que no se puede hacer dos peritajes de un mismo documento). En suma la presunción de legalidad y legitimidad es una regla que debe ser acatada por las partes y sobre todo por las autoridades judiciales y/o administrativas; en la sub lite las peritos del IDIF Ivon Zarate y Karen Lazarte, manifiestan de forma expresa y clara que el dictamen pericial del perito Fabrizio Rodríguez Villafán es el criterio legal Único emitido por el IDIF y se encuentra vigente y no pueden existir dos pericias del IDIF sobre el mismo asunto; consecuentemente este acto administrativo de los funcionarios del IDIF debió ser entendido y comprendido a la luz del derecho administrativo vigente y no debería ser interpelado en forma arbitraria y conveniente para la parte demandada en silencio lesivo del órgano jurisdiccional; es de conocimiento del juez a quo que la parte demandada trata de justificar y forzar a un tercer peritaje, apoyándose en un peritaje de parte sin ningún criterio verídico” (sic).
De lo descrito precedentemente, se tiene que los Vocales accionados luego de haber desglosado lo cuestionado en el recurso de apelación por el hoy tercero interesado; procedieron a remitirse a los argumentos de la contestación al recurso de reposición, en la que la ahora peticionante de tutela refutaba todos los argumentos expuestos, solicitando mantener incólume la resolución recurrida; sin embargo, del contenido del Auto de Vista en análisis, no se advierte consideración expresa sobre lo expuesto en la referida respuesta, para finalmente asumir una decisión, remitiéndose únicamente a los agravios del recurrente y absolver los cuestionamientos planteados por el mencionado. Efectuada dicha aclaración y considerando el ámbito de reclamo constitucional traído a esta jurisdicción, es necesario remitirnos a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de este fallo constitucional, en los que se expresa que la garantía del debido proceso, que asegura el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos; es posible asumir que, dentro de sus elementos, contiene también al principio de preclusión que, por su efecto determina que adquieran carácter firme los actos cumplidos dentro del periodo o sección pertinente, y se extingan las facultades procesales que no se ejercitaron durante su transcurso; consecuentemente, una vez que se clausura una etapa del proceso, no resulta posible retrotraer el trámite a la etapa concluida, salvo que exista denuncia sobre la existencia de reclamaciones oportunas sobre irregularidades procesales, que violen el derecho a la defensa. En ese marco jurisprudencial, es necesario remitirnos a lo acontecido en la audiencia pública preliminar de 29 de mayo de 2019, así como las determinaciones asumidas en ella. La autoridad judicial de primera instancia luego de definir los hechos a probar por ambas partes, conforme a los alegatos de la demanda y reconvención, definió los medios de prueba que debían producirse por ambas partes, resultando evidente que, en los mismos, se admitió la prueba pericial ofrecida por la ahora peticionante de tutela, una de las codemandadas y el propio actor, ahora tercero interesado, sobre el estudio grafológico y documentológico para estudio grafotécnico de la firma y rúbrica contenida en la nota marginal inserta al final de la Escritura Pública 085/2015, a objeto de determinar si corresponde al puño y letra de Juan Ramiro Lique Camacho; estudio o documentológico sobre la grafía del texto citado para determinar si dicho tenor o escritura corresponde en caligrafía al nombrado y para concretar la antigüedad de la tinta en el tenor manuscrito indicado. Al efecto, ordenó que, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 195.II del CPC, la notificación al Director del IDIF, a objeto de que remita a ese despacho, lista de tres peritos para su respectiva designación o nombramiento de perito, para que realice estudio pericial grafológico y documentológico del texto manuscrito, firma y rúbrica y números escritos contenidos en la nota marginal inserta al final la Escritura Pública 085/2015, a fin de determinar si corresponde al puño y letra de Juan Ramiro Lique Camacho -padre de la demandada- y, asimismo, dictaminar sobre la antigüedad de la tinta utilizada en el tenor manuscrito de esta nota marginal; sin embargo, dicha determinación de admisión de la prueba pericial ofrecida oportunamente por la demandada -accionante- no fue cuestionada por el tercer interesado, y al no haber objetado en el tiempo procesal oportuno; es decir, en el mismo acto de la audiencia preliminar, operó la preclusión de su derecho a reclamar sobre actuaciones que ya fueron resueltas por la autoridad judicial de primera instancia. Sobre ello, corresponde remitirnos al art. 195 del CPC, en el que se establece que la autoridad judicial resuelve en la audiencia preliminar la procedencia del dictamen pericial, a partir de ello, designará al perito y fijará los puntos sobre los que versará la pericia.
Siendo esta determinación susceptible de impugnación, en el marco de lo establecido en el art. 367.II del CPC, al señalar que las resoluciones pronunciadas en la audiencia preliminar, puede ser objeto de recurso de reposición planteado en la misma audiencia y resuelta en forma inmediata. Así, en el caso concreto se advierte que, al no haber el ahora actor -hoy tercero interesado- del proceso civil de origen, cuestionado lo relativo a la admisión de la prueba pericial en cuestión en el momento procesal oportuno, su derecho a reclamar de manera posterior precluyó, en sujeción a la garantía del debido proceso y al principio de preclusión.
Ahora bien, en la línea de razonamiento expuesta por la ahora accionante, también asumido en su respuesta al recurso de reposición antes descrito, se advierte que no obstante el cierre de la etapa de proposición de pruebas, la autoridad jurisdiccional de la causa, escuchó, tramitó y resolvió los cuestionamientos de la parte actora sobre el peritaje en cuestión, habiéndose mantenido en su decisión de dar curso al referido estudio pericial, mediante proveído de 9 de octubre de 2020, Auto de 3 de noviembre de igual año, Auto de 10 de junio de 2021 y Auto de 26 de julio de 2022, ratificando con ello que la posición de dicha autoridad fue la de continuar adelante con la recepción de un medio de prueba propuesto y admitido en el momento procesal oportuno. Ahora bien, no obstante las autoridades accionadas sostuvieron su decisión de revocar el Auto de 26 de julio de 2022 -provocando que se tenga por inadmitida la prueba pericial-, en que existirían representaciones o informes del IDIF respecto a la imposibilidad de realizarse un nuevo peritaje sobre el mismo documento dubitado que ya hubiese sido de conocimiento de dicha institución; y, que al existir peritajes sobre el mismo documento, la autoridad jurisdiccional de la causa debía considerar “…la verdad incuestionable y única sobre el peritaje realizado en segunda instancia hecha por el IDIF…” (sic), así como los principios de celeridad, economía procesal y verdad material y legalidad, como la garantía del debido proceso en su elemento de celeridad; empero, dicha postulación desconoce por completo los antecedentes procesales referidos a la admisión del medio de prueba ofrecida por la ahora peticionante de tutela, una de las codemandadas y el propio actor, ahora tercero interesado, sobre el estudio grafológico y documentológico cuestionado; ello, no obstante que dicho antecedente formaba parte del expediente y fue expresamente invocado por la ahora accionante en su memorial de respuesta al recurso de reposición -como se dejó establecido líneas arriba-. En virtud a ello, se concluye que como los Vocales accionados omitieron considerar dicho antecedente de vital importancia, al asumir la decisión contenida en el Auto de Vista 544/2022, en definitiva, incurrieron en lesión de la garantía del debido proceso de la accionante, en su elemento preclusión procesal, vinculado al principio de seguridad jurídica; por ende, corresponde acoger favorablemente la tutela requerida.
En cuanto a la restricción del derecho a “la Prueba y su valoración…” (sic), como elemento del debido proceso, al negar el diligenciamiento de nuevo informe pericial a título de aplicación del art. 143 del CPC -punto 2) del objeto procesal-
Otro agravio que comprende el objeto procesal versa en la restricción del derecho a “…la Prueba y su valoración…” (sic), como elemento del debido proceso, al negar el diligenciamiento de nuevo informe pericial a título de aplicación del art. 143 del CPC, precepto legal sobre lo cual, la accionante denuncia que las autoridades accionadas, realizaron una interpretación errónea, arbitraria e insuficiente, que no prohíbe el aportar más prueba fuera de la considerada como trasladada.
Al respecto, del contenido de este fallo, descrito íntegramente ut supra se extrae en este punto que los Vocales accionados fundamentaron que: “…existiendo un Informe Pericial realizado en otra instancia legal, pero que involucra a las mismas partes, el mismo documento cuestionado y los mismos puntos de pericia; en resguardo de los Principios de Celeridad y Economía Procesal (…) Verdad Material y Legalidad (…), como de la Garantía al Debido Proceso en su vertiente de Valoración de la Prueba; se asume el criterio que de forma evidente los ha transgredido el juez de primera instancia sobre este acápite; no resultado necesaria ni imperativa la realización de sorteo para designar a un nuevo perito como erróneamente determina el juez a quo en la resolución apelada; a contrario sensu corresponde aplicar al referido informe Pericial los alcances del art. 143 (Prueba trasladada) (…). (…) Entonces ante la elocuente conculcación de los Principios de Verdad Material, Legalidad, Valoración de la Prueba, como de Celeridad y Economía Procesal, emergentes de la resolución apelada como de la tramitación de la causa; corresponde la consideración por el juez a quo del referido Informe Pericial descrito precedentemente, previo cumplimiento de las formalidades de ley a efectos de su aprobación ulterior si correspondiere” (sic).
Ahora bien, remitiéndonos a la normativa procesal civil taxativamente dispone: “Artículo 143.- (Prueba trasladada). Las pruebas legalmente producidas en un proceso tendrán la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra” (el subrayado nos corresponde). Pues bien, del tenor literal de este precepto legal, se infiere que el legislador estableció la permisión de que una prueba legalmente producida en un proceso puede ser admitida y valorada en otro, bajo la única condición de que en la contienda judicial hayan intervenido los mismos sujetos procesales; dicho de otro modo, es evidente que este artículo no prohíbe que adicionalmente a una prueba ya trasladada de otro proceso, la autoridad judicial no admita una nueva prueba pericial si es que la misma aporta mayores elementos de convicción para el fallo; alcances que no fueron considerados por las autoridades accionadas. En cuyo efecto, los Vocales accionados vulneraron el derecho al debido proceso en su elemento derecho a la defensa, pues como se mencionó, dicha norma en su literalidad no prohíbe que sobre una prueba trasladada pueda admitirse, producirse y valorarse además una prueba pericial; es decir, que se prescinda de ella, más aún cuando es la autoridad judicial de primera instancia la que admitió la necesidad de que se practique la misma, lo que implica que los accionados restringieron a través de su interpretación que la accionante pueda ejercer su derecho a la defensa, pues la proposición y admisión de los medios de prueba en etapa preliminar tienen la finalidad de que la parte procesal, en este caso, la parte demandada y reconvencionista, pueda lograr que sus argumentos sean analizados por el Juez de la causa a través de la prueba propuesta y admitida en el momento procesal oportuno, ya que la proposición de esta prueba estaba orientada a un cuestionamiento grafotécnico y documentológico que presuntamente no habría sido resuelto en la diligencia preparatoria y reconocimiento de firmas, ni sería suficiente el informe de peritaje extraído del proceso penal en el que también se realizó un peritaje sobre el documento dubitado; extremos que, en definitiva le es inherente verificar a la autoridad jurisdiccional de la causa en la etapa de resolución de la causa, correspondiendo por ello conceder la tutela impetrada. Por último, respecto al elemento “…prueba y su valoración…” (sic), invocado por la parte accionante, en referencia a los alcances del art. 143 del CPC, analizado previamente, amerita aclarar que dicha terminología alude a la valoración razonable de la prueba al que tiene que sujetarse toda autoridad jurisdiccional como elemento del debido proceso; empero, por los alcances del objeto procesal determinado previamente y por la etapa procesal en el que el proceso civil de extinción de obligación por cumplimiento se encuentra, no se advierte un nexo de causalidad entre los hechos, la identificación de dicho derecho y el petitorio que se solicita; en consecuencia, amerita denegar la tutela, sin efectuar consideraciones de fondo alguna. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR en parte la Resolución 150/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 205 a 214 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos preclusión procesal y defensa, vinculado al principio de seguridad jurídica, componente del debido proceso; en los mismos términos dispuestos por la mencionada Sala Constitucional y los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al elemento “…prueba y su valoración…” (sic), como componente del debido proceso, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0599_2024-S2.pdf · páginas 1 a 30.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6edcdc4a7ca25c40cde2957f336cd36965154c57e353a206afa8a365836540e2
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