B.IA.LEGAL

SCP 0312/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 25 de abril de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de abril de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
46520-2022-94-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva, dentro del proceso de usucapión seguido en su contra, y al haberse rechazado su incidente de nulidad de obrados, interpuso recurso de apelación mediante buzón judicial el 25 de octubre de 2021, a horas 19:12:04, que al ser de conocimiento de los Vocales ahora demandados, mereció la emisión del Auto de Vista 422/2021 de 30 de noviembre, que declaró inadmisible su impugnación; debido a que, el recurso de apelación hubiese sido planteado fuera del término legal previsto en el art.

262 del CPC, dando prevalencia a lo formal antes que lo material, que el derecho al acceso a la justicia, y la impugnación de resoluciones, sin considerar que el buzón judicial estaba habilitado para el ámbito civil desde el 2020, omitiendo efectuar una interpretación a la luz del principio pro persona. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El derecho a la impugnación; ii) El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial; iii) El vencimiento del plazo de los recursos de apelación en materia civil; iv) En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; y, v) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 37/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 101 a 106 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada por vulneración de los derechos al debido proceso, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva, dejándose sin efecto el Auto de Vista 422/2021 de 30 de noviembre, debiendo las autoridades jurisdiccionales demandadas emitir uno nuevo, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la solicitud de pago de costos, costas; y, daños y perjuicios; así como, la remisión de antecedentes a la instancia correspondiente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la impugnación
  2. III.2. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva
  3. III.3. El vencimiento del plazo de los recursos de apelación en materia civil
  4. III.4. En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0312/2023-S1 Sucre, 25 de abril de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 46520-2022-94-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 37/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 101 a 106 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Farida Brigida Velasco Alcóser en representación legal de Doménico Perruci Colonna contra Ricardo Edgar Flores Carvajal y Primo Martínez Fuentes, Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 11 y el 15 de marzo de 2022, cursantes de fs. 62 a 71 y a fs. 74, el accionante a través de su representante legal, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que el 26 de marzo de 2018, Filomena Perrucci Colonna -ahora tercera interesada-, a través de su representante legal inició un proceso de usucapión en su contra, afirmando desconocer su domicilio real y actual, lo que generó que su citación se efectúe a través de publicaciones de edictos; así, bajo esas incidencias, el Juez Público Civil y Comercial Décimo Primero de la Capital del departamento de Oruro, emitió la Sentencia 127/2018 -no refiere fecha- declarando probada la pretensión, cuya notificación se efectuó de la misma forma que la demanda, resolución de instancia que fue confirmada por Auto de Vista 170/2019 de 29 de julio. Posteriormente, al enterarse extraoficialmente de la existencia del proceso, a través del memorial de 9 de marzo de 2021, se apersonó al mismo e interpuso incidente de nulidad de obrados, declarándose improbada a través del Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021; por lo que, planteó recurso de apelación cuyo conocimiento recayó en la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, donde se emitió el Auto de Vista 327/2021 de 7 de octubre, que anuló el fallo impugnado, disponiendo que el Juez a quo expida una nueva resolución. De este modo, en mérito a la determinación asumida por el citado Auto de Vista 327/2021, la autoridad judicial de primera instancia pronunció el Auto Interlocutorio 500/2021 de 19 de octubre, resolviendo rechazar y declarar improbada el indicado incidente de nulidad de obrados; por lo que, interpuso nuevo recurso de apelación mediante buzón judicial el 25 del mencionado mes y año, a horas 19:12:04, que al ser de conocimiento de los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento -ahora demandados-, mereció el Auto de Vista 422/2021 de 30 de noviembre, declarando inadmisible la impugnación, debido a que el recurso de apelación hubiese sido interpuesto fuera del término legal previsto en el art. 262 del Código Procesal Civil (CPC); con ello, dando prevalencia a lo formal antes que lo material, sin considerar que el mencionado buzón judicial estaba habilitado para el ámbito civil desde el 2020; por ende, omitiendo efectuar una interpretación a la luz del principio pro persona.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115.II, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 422/2021 de 30 de noviembre, emitido por los Vocales demandados; b) Que dichas autoridades emitan un nuevo Auto de Vista, ingresando al análisis de fondo sobre los agravios señalados; y, c) Se condene con costas, costos y resarcimiento de daños y perjuicios; así como, la remisión de antecedentes a la instancia llamada por ley para el correspondiente procesamiento por actos irregulares.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública de consideración el 18 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 92 a 100 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante mediante su abogada y representante legal, en audiencia ratificó in extenso el contenido de su acción de defensa; sin perjuicio a ello, amplió los argumentos manifestando: 1) El Acuerdo de Sala Plena 12/2020 -no indica fecha-, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, establece la aplicación del sistema Mercurio en todas las “salas jurisdiccionales”, en mérito a la emergencia sanitaria debido a la pandemia por el COVID-19; 2) Al momento de interponer la impugnación contra el Auto de Vista 327/2021, tuvieron inconvenientes técnicos por los cuales fueron rechazados por el sistema del buzón judicial, hasta que a horas 19:00, recién pudieron acceder al señalado servicio; y, 3) Invocó el principio pro homine, por el cual, debe prevalecer el derecho sustancial sobre el formal; es decir, que las formalidades deben ser relegadas; de ello, asume que si bien en materia procesal civil el plazo concluye el último momento laboral hábil, dada la contingencia de la pandemia se debe aplicar el Acuerdo de Sala Plena 12/2020.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Ricardo Edgar Flores Carvajal y Primo Martínez Fuentes, Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -autoridades ahora demandadas-, por informe presentado el 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 84 a 86, señalaron los siguientes extremos: i) El Auto de Vista 422/2021 de “13 de julio”, por ellos emitido, se encuentra debidamente fundamentado, motivado y su contenido resulta congruente, señalando que el fundamento para su decisión radica en la aplicación del art. 256 del CPC, mismo que establece dos únicos requisitos para la consideración de un recurso de apelación: el primero, referido a la exposición fundamentada de los agravios que hubieran sufrido las partes con la emisión de la Resolución impugnada; y, el segundo, respecto a la observancia del plazo dentro del cual debe plantearse dicho recurso, requisito último que incumplió la parte accionante, debido a que presentó el memorial de apelación una vez fenecido el plazo, fuera de la hora hábil, momento en el que ya se encontraba precluido su derecho a impugnar, cómputo enmarcado en lo previsto en el art. 89.I del CPC; ii) El ahora impetrante de tutela pretende salvar su negligencia y descuido, mediante la interposición de esta acción tutelar, acusando a las autoridades judiciales de arbitrarias y amenazando con remitirles a la instancia llamada por ley, para que sean procesados por la comisión de actos irregulares, cuando dichas autoridades únicamente enmarcaron su proceder a los plazos procesales establecidos en las normas precitadas; y, iii) El Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a partir del 1 de septiembre de 2020, adoptó sus funciones en horario continuo, conforme el acuerdo de Sala Plena 70/2020, empezando la jornada a horas 08:00 y finalizando a las 16:00, horario que fue de conocimiento de todo el mundo litigante y que no puede ser pasado por alto e incumplido; y, iv) El buzón judicial dispone que la presentación de recursos debe ser realizada dentro de los plazos previstos por ley, además no es la única forma de presentación, los litigantes de forma indistinta pueden acudir también a plataforma como siempre se hizo, en el caso particular del peticionante, no tuvo únicamente los tres días de ley, sino que los mismos fueron alargados a cinco por la existencia de un fin de semana en medio del cómputo;

por lo referido y considerando que no hubo ninguna lesión a derechos solicitaron se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Filomena Perrucci Colonna, en calidad de tercera interesada, a través de su abogado y apoderado presente en audiencia manifestó lo siguiente: a) Los argumentos del memorial y la exposición del abogado del accionante en audiencia, versan sobre el fondo del proceso civil y eso no corresponde ser alegado en la presente acción de amparo constitucional; sino, que tales denuncias corresponde que se aleguen sobre el supuesto derecho vulnerado, respecto al cual no expusieron argumentos válidos; b) En el presente caso se advierte que la dejadez y negligencia de la parte impetrante no pueden ser validadas ni subsanadas mediante la interposición de una acción tutelar, como es la pretensión en el caso concreto; y, c) El Acuerdo de Sala Plena 12/2020, mencionado por la parte accionante no modifica el art. 1 del Reglamento del Buzón Judicial, solamente modifica los arts. 3 y 10 que se refieren al ámbito de aplicación y acceso a dicho buzón, especificando que puede ser utilizado como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma fuera del horario judicial y en días inhábiles en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo procesal, no así cuando éste ya hubiere vencido como en el caso del peticionante de tutela.

Catherina y Irene, ambas Perrucci Colonna y Paola Daniela Perruci Velásquez, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, pese a su legal notificación cursante a fs. 81 a 83.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución 37/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 101 a 106 vta., denegó la tutela solicitada; sobre la base de los siguientes fundamentos, 1) El accionante cumplió con el principio de inmediatez, debido a que interpuso la presente acción de amparo constitucional dentro del plazo de los seis meses; asimismo, se constata que contra el Auto de Vista 422/2021 -resolución ahora impugnada-, no existe recurso ulterior alguno en la vía ordinaria, con ello se tiene acreditado el cumplimiento del principio de subsidiariedad, correspondiendo analizar el fondo de lo impetrado; 2) El peticionante de tutela, afirmó que el Auto impugnado lesionó su derecho de acceso a la justicia como su derecho a recurrir, bajo el argumento de que al momento de su emisión, las autoridades demandadas no consideraron lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 12/2020, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, que modificarían los arts. 3 y 10 del Reglamento de Buzón Judicial, que fue aprobado mediante Acuerdo de Sala Plena 13/2018, mismo que extiende el uso de dicho buzón judicial a toda la jurisdicción ordinaria y agroambiental y con relación al acceso señala de forma textual: “…el sistema de Buzón Judicial estará habilitado en días y horas inhábiles, según el horario de oficina que rige el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, Juzgados Agroambientales, el Tribunal Departamental de Justicia y los juzgados en todas las materias que lo integran, así como en situaciones que el servicio judicial este suspendido por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito” (sic); es decir, que de la lectura del citado texto, se concluye que existe una condicionante que es la acreditación de dicha fuerza mayor o caso fortuito; por otra parte, el Reglamento expresa de forma clara que “y cuando esté por vencer el plazo” (sic), y no como pretende entender el accionante que se aplica cuando las partes ya se dejaron vencer con el plazo, por lo que sus argumentos carecen de verosimilitud; y, 3) La Ley 025 establece en su art. 123, que son días hábiles de la semana para las labores judiciales de lunes a viernes, siendo el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales, quienes fijaran el horario más conveniente a su circunscripción, mediante acuerdos de Sala Plena, en ese marco, para el Tribunal Departamental de Oruro regía el horario continuo de 08:00 a 16:00, hora en la que fenecía el plazo para la interposición del recurso de apelación del impetrante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El Acuerdo de Sala Plena 12/2020 de 15 de julio, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, denominado “MODIFICACION AL REGLAMENTEO DE BUZON JUDICIAL (MERCURIO)”, en su art. PRIMERO dispone aprobar la modificación de los arts. 3 y 10 del Reglamento de Buzón Judicial Electrónico (MERCURIO), aprobado mediante Acuerdo de Sala Plena 13/2018, que quedará redactado en los siguientes términos:

“Artículo 3.- (Ámbito de Aplicación). El presente Reglamento es de aplicación obligatoria y cumplimiento, en la Jurisdicción Ordinaria, en el Tribunal Supremo de Justicia, en los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados en todas las materias que lo integran, así también en la Jurisdicción Agroambiental, en el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales.

Artículo 10.- (Acceso al Buzón Judicial). El sistema de Buzón Judicial estará habilitado en días y horas inhábiles según el horario de oficina que rige en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, Juzgados Agroambientales, el Tribunal Departamental de Justicia y los juzgados en todas las materias que lo integran; así como en situaciones que el servicio judicial esté suspendido, por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito”(sic). (fs. 89 y vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 9 de marzo de 2021, Farida Brigida Velasco Alcóser se apersona al proceso de usucapión seguido Filomena Perrucci Colonna -ahora tercero interesada- contra su persona y otros, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 4044386, e interpone incidente de nulidad de obrados por indefensión (fs. 6 a 15). A tal efecto, el Juez Público Civil y Comercial Décimo Primero de la Capital del departamento de Oruro emitió el Auto Interlocutorio de 22 de junio del citado año, rechazando el incidente de nulidad, determinación que al ser impugnada dio lugar a la emisión del Auto de Vista 327/2021 de 7 de octubre, que anula el indicado Auto Interlocutorio, disponiendo se pronuncie nueva resolución (fs. 17 a 24). II.3. En cumplimiento a lo establecido en el Auto de Vista 327/2021, el Juez Público Civil y Comercial Décimo Primero de la Capital del departamento de Oruro, pronuncia el Auto Interlocutorio 500/2021 de 19 de octubre, por el que, resuelve rechazar el incidente de nulidad planteado por Doménico Perrucci Colonna -impetrante de tutela- (fs. 27 a 31). II.4. Cursa Certificado de Recepción en Plataforma a través del Buzón Judicial 166422, en el que consta, la presentación de memorial con resumen "plantea recurso de apelación" con fecha "25/10/2021 19:12:04" entregado por Farida “Brigada” -siendo lo correcto Brigida- Velasco Alcóser. (fs. 34). II.5. Se tiene memorial de 25 octubre de 2021, por el que, Farida Brigida Velasco Alcóser en representación legal de Doménico Perrucci Colonna -peticionante de tutela- interpone recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 500/2021, manifestando que: 1) Se analizó aspectos que no son atinentes al incidente promovido; y, 2) Existe una incorrecta apreciación al afirmarse que no se hubiere demostrado la trascendencia y el vicio de nulidad denunciado (fs. 36 a 40). II.6. Mediante Auto de Vista 422/2021 de 30 de noviembre, Ricardo Edgar Flores Carvajal y Primo Martínez Fuentes, Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, resuelven declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por Farida Brigida Velasco Alcóser en representación legal de Doménico Perrucci Colonna -peticionante de tutela- bajo los siguientes fundamentos:

"Examinado los antecedentes, corresponde ingresar a resolver la impugnación propuesta en sujeción a lo previsto por los arts. 256 y 265 del Código Procesal Civil, debiendo a ese fin tenerse presente que:

1. A partir de la comprensión de lo previsto por el art. 256 del Código Procesal Civil, se tiene que ante la presunta existencia de agravios que sufra alguna de las partes en la emisión de una resolución judicial, la afectada puede recurrir de la misma cumpliendo con fundamentar su impugnación e interponer en tiempo oportuno; implicando aquello que para la válida consideración de un recurso de apelación deben concurrir dos presupuestos esenciales e imprescindibles; el primero referido a la exposición fundamentada de cual o cuales son los agravios que hubiera sufrido con la resolución emitida y segundo que se observe el plazo pertinente dentro del que debe plantearse el recurso de apelación. El incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos identificados tendrá como consecuencia que el Tribunal de Segunda instancia o alzada, declare su inadmisibilidad conforme manda el art. 218.II.1 a) del Código Procesal Civil. 2. Bajo el anterior introductorio, de la verificación de antecedentes en el caso de autos, esencialmente de la revisión de la naturaleza de la resolución impugnada, se tiene que la misma se constituye en auto interlocutorio; además, otro aspecto constatado es que la misma se dictó fuera de audiencia; consecuentemente, bajo la regla contenida en el art. 262.I del Código Procesal Civil, su impugnación debió efectuárselo en el plazo de tres (3) días, pues la norma citada establece aquello de manera expresa en sentido que: 'Si se tratare de autos interlocutorios fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas en el plazo de tres días (...)'; y el cómputo para ello debe efectuarse a partir del día siguiente hábil de la notificación al o lo recurrentes. 3. En el caso de autos, se verifica de obrados que con el Auto de fecha 19 de octubre de 2021 de fs. 503 a 507 del cuaderno procesal, el ahora recurrente fue notificado a horas trece y dieciséis (13:16) del día 20 de octubre de 2021 conforme se tiene de la diligencia corrida a fs. 508 vta. de obrados, significado que en sujeción a lo previsto por el art. 90.I de la Ley N° 439, el plazo de tres días comenzó a correr al día siguiente hábil de la respectiva notificación, estando habilitada la presentación de la impugnación hasta fecha 25 de octubre del año que corre, último momento hábil del horario de funcionamiento del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro conforme prevé el art. 90.III de la norma adjetiva que rige la materia; sin embargo, conforme da certidumbre el dato que emerge de los Certificados de recepción y envío a Través de Buzón Judicial No 166422 visible a fs. 514 a 515 del expediente, el mismo si bien fue presentado el día 25 de octubre de 2021, en cuanto a la hora se tiene el dato que se recepcionó y envió a horas 19:12:04, es decir, luego de vencido el término legal, estando ya precluído su derecho de impugnar. Bajo ese antecedente, y la fehaciente constatación que en el caso en cuestión se lo presentó fuera del plazo previsto por la norma procesal civil (Ley No 439), en el artículo identificado anteriormente, en comprensión de lo previsto por el art. 89.I, que manda que los plazos procesales son perentorios, así como lo establecido por el art. 5 de la norma citada, en sentido que las normas procesales son de orden público y en consecuencia de obligado acatamiento, en uso de la atribución contenida en el art. 56.1 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, corresponde pronunciar resolución en sujeción a lo previsto por el art. 218.II num. 1) inc. a), del Código Procesal Civil" (sic [fs. 53 a 55]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva, dentro del proceso de usucapión seguido en su contra, y al haberse rechazado su incidente de nulidad de obrados, interpuso recurso de apelación mediante buzón judicial el 25 de octubre de 2021, a horas 19:12:04, que al ser de conocimiento de los Vocales ahora demandados, mereció la emisión del Auto de Vista 422/2021 de 30 de noviembre, que declaró inadmisible su impugnación; debido a que, el recurso de apelación hubiese sido planteado fuera del término legal previsto en el art.

262 del CPC, dando prevalencia a lo formal antes que lo material, que el derecho al acceso a la justicia, y la impugnación de resoluciones, sin considerar que el buzón judicial estaba habilitado para el ámbito civil desde el 2020, omitiendo efectuar una interpretación a la luz del principio pro persona. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El derecho a la impugnación; ii) El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial; iii) El vencimiento del plazo de los recursos de apelación en materia civil; iv) En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; y, v) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la impugnación

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0508/2020-S1 de 16 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: El derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes; pues, la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras.

De igual forma, la Constitución Política del Estado establece el principio de reserva legal, por el que las restricciones a los derechos fundamentales consagrados en la misma, pueden ser después desarrolladas por una ley formal, conforme a lo previsto por los arts. XXVIII de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (DADH) y 30 de la CADH, tal cual se señaló en la SC 004/2001 de 5 de eneroy DC 06/2000 de 21 de diciembre. Este entendimiento fue asumido en las SCP 0041/2018-S2, 0074/2018-S2 y 0086/2019, de 6 23 de marzo y 5 de abril.

III.2. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0017/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente razonamiento:

El derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, conforme lo entendió la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, consiste en la posibilidad de acudir ante un tribunal de justicia y así obtener una sentencia fundamentada que pueda ser impugnada, y en consecuencia, conseguir el cumplimiento efectivo de la misma, garantizando el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada en pleno ejercicio de su derecho a la defensa.

En ese contexto, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece tres elementos constitutivos del derecho al acceso a la justicia:

1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada” (las negrillas son nuestras). 3El Considerando V.2, indica: “…el art. 7 de la Constitución Política del Estado ha establecido el principio de la reserva legal, por la que cualquier restricción a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sólo puede ser dispuesta mediante Ley de la República -disposición constitucional que es concordante con los arts. 4 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos- no estándole permitido al Poder Ejecutivo establecer estas restricciones mediante un Decreto Supremo. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que, aún la ley, tiene sus limitaciones cuando se trata de restringir derechos fundamentales, pues no se puede afectar el núcleo esencial de un derecho de manera que altere el derecho como tal, así lo dispone el art. 229 de la Constitución Política del Estado" (las negrillas son añadidas). 4El Considerando III.2, expresa: “…el principio de la reserva legal entendiéndose por éste la institución jurídica que protege el principio democrático, al obligar al legislador a regular aquellas materias que por disposición de la Constitución deben ser desarrolladas en una Ley; es una institución que impone un límite tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo; a aquél, impidiendo que delegue sus potestades en otro órgano, y a éste, evitando que se pronuncie sobre materias que, como se dijo, deben ser materia de Ley” (las negrillas son incorporadas). 5FJ III.3.4, señala: “La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” .

autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

A lo señalado, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia, refiere que en el ámbito procesal, debe ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales a partir del principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o favorabilidad- que implica la obligación de aplicar las normas procesales de manera más favorable, que asegure una justicia material por encima de una formal. Finalmente, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, sobre la base de las SSCC 0944/2001-R, 0125/2003 y 1206/2010-R; y, la SCP 1450/2013 de 19 de agosto, entiende que el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales -como componente del derecho a la tutela judicial efectiva- debe ser en la medida de lo determinado por las autoridades judiciales; pues de lo contrario, se lesiona el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva.

III.3. El vencimiento del plazo de los recursos de apelación en materia civil

El recurso de apelación como medio de impugnación previsto por el ordenamiento jurídico permite que el superior jerárquico de quien ha tenido que conocer una causa, pueda revocar o modificar las decisiones tomadas en un proceso, siendo apelables las sentencias, autos definitivos y autos interlocutorios de acuerdo al trámite previsto para cada uno de ellos.

6El FJ III.2, refiere que: "En el ámbito procesal, el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado ampliamente por parte de los administradores de justicia, con la finalidad de subsanar los defectos procesales y evitar de esta manera su rechazo, por lo que se puede señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra regida por el principio pro actione; el cual deriva del principio pro homine, que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales, en busca de su máxima efectividad, por lo que se entiende que los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones, deberán interpretar y aplicar las normas procesales de manera más favorable, buscando en lo posible la procedencia del derecho de acción, de las instancias de impugnación e incidentales, que de igual manera forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, el principio pro actione, como criterio de interpretación de los derechos humanos, postula la interpretación más favorable al ejercicio del derecho a la acción, tratando de asegurar en lo posible, una justicia material por encima de una formal".

7El Código Procesal Civil establece: "Artículo 256.-(Naturaleza y objeto). La apelación es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con objeto de que el tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule" 8El Código Procesal Civil determina: "ARTICULO 257. (PROCEDENCIA). I. Procede el recurso de apelación contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la Ley. II. No se considerarán como causales de apelación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva de la sentencia.

Ahora bien, para que la revisión del recurso de apelación sea posible, tal como lo señaló Juan Monroy Galvez, Profesor de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Lima y Presidente del Instituto Peruano de Derecho Procesal Civil en su artículo "Los medios impugnatorios en el Código Procesal Civil" debe cumplirse con requisitos de admisibilidad que están dados por los elementos formales (legitimación del recurrente, la forma, presentación dentro del plazo de ley y otros) y de procedencia (la adecuación del recurso, y, la descripción y fundamentación del agravio).

En esa línea, refiriéndonos a los requisitos de admisibilidad debemos señalar que el ordenamiento jurídico: i) En relación a la legitimación del recurrente. En su art. 251 de la ley adjetiva civil determina que cualquiera de las partes, incluso los terceros, están legitimados para ejercitar el derecho de impugnación de las resoluciones que les causaren agravio. ii) Respecto a la forma. Es necesario considerar que el art. 261.I del CPC determina que el recurso de apelación debe ser planteado de forma escrita cuando se trate de impugnar sentencias y autos definitivos. Y por lo previsto en el art. 262 de igual cuerpo normativo 9 Disponible en la página web: https://revistas.pucp.edu.pe > iusetveritas > article > view "Explicados y plasmados en el FJ II.2 de la SCP 1594/2022-S3 de 6 de diciembre, bajo la siguiente elucidación: "La SCP eup82018 si de 21 de mayo, citando la SCP 0698/2017-52, que recoge la jurisprudencia existente al respecto, señalo que. La SCP 2246/2012 de 8 de noviembre, refiriéndose a este principio enfatizó “...enseña que se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria.

Precisamente tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen en sus arts. 5 y 29, respectivamente, el principio pro homine como criterio de interpretación de las normas sobre Derechos Humanos. En virtud a este principio, el juzgador debe aplicar aquellas normas que resulten más favorables para la persona, para su libertad y sus derechos, cuando es el Estado, a través de sus autoridades o servidores públicos, quienes los lesionan. El alcance del principio orienta también a que las normas sobre Derechos Humanos deben ser interpretadas en el sentido que más favorezca a la persona, a su dignidad y derechos, principio que -conforme se tiene señalado- se encuentra reconocido en los arts. 13.IV, 22 y 256 de la CPE, normas que expresamente prevén que debe adoptarse la interpretación más favorable para los derechos humanos y, sobre todo, a la dignidad del ser humano.

Lo señalado permite concluir que siempre debe buscarse el entendimiento o sentido interpretativo que más optimice un derecho fundamental, a contrario sensu, debe dejarse de lado aquellas interpretaciones que sean restrictivas y que se encuentren orientadas a negar su efectividad”. Con relación al principio pro actione, la SC 0501/2011-R de 25 de abril señaló: 《De esta forma, el principio pro actione se constituye como es deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones. Así, el constituyente boliviano, incluyó de manera acertada dicho principio dentro del texto constitucional, de esta manera, la Constitución Política del Estado, en su art 14.III señala: 'El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos' de igual forma, el 14.V establece: 'Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano'; dichos artículos se encuentran vinculados y concordantes con el art. 115 del texto constitucional que indica: 'I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. EI Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones'》'"

(normativa remisiva al art. 261) se tiene que tratándose de autos interlocutorios de igual manera la impugnación debe ser escrita. iii) Sobre el plazo de presentación del recurso. Conforme lo establecen los arts. 261 y 262 de la ley adjetiva civil, se tiene un plazo de diez y de tres días para la interposición del recurso de apelación. En cuanto al plazo de presentación del recurso, la SCP 1594/2022-53 de 6 de diciembre, en observancia de los principios pro homine y pro actione'2 efectúa una interpretación sistemática del plazo contenido en el art. 262 del CPC, explicando que el término del periodo establecido para interposición del recurso de apelación debía ser comprendido a partir de la armonización del mandato normativo de los arts. 90.III de igual cuerpo normativo y 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), manifestando: ...el plazo de tres días previsto por el art. 262.1 del CPC para interponer los recursos de apelación alternativa de los autos interlocutorios dictados fuera de audiencia, era preciso tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 90.II del citado Código, que señala: "Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. Se exceptúa los plazos cuya duración no exceda de quince días, los cuales solo se computarán los días hábiles. En el cómputo de los plazos que excedan los quince días se computarán los días hábiles y los inhábiles", la cual implica que debía efectuarse el computo civil del plazo de tres días; es decir, computarse los tres días de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca de una media noche a otra media noche y tomando en cuenta que el recurso de apelación fue presentado mediante buzón judicial correspondía aplicar lo previsto por el art. 110 de la LOJ, que señala: "I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los Tribunales y Juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora"; por lo que, bajo una interpretación sistemática de las citadas normas bajo el principio pro actione era posible determinar la norma más favorable a los derechos de la accionante y concluir que el recurso de reposición con alternativa de apelación fue presentado dentro del plazo de tres días, antes de la media noche del último día de plazo, por tanto siendo admisible dicho recurso.

De lo analizado, se llega a la conclusión de que los Vocales hoy accionados efectivamente realizaron una interpretación aislada y separada del art. 90.III del CPC, ignorando la aplicación del art. 110 de la LOJ, que permite la posibilidad de presentar los recursos fuera del horario judicial cuando esté a punto de vencer un plazo perentorio, ya que el recurso de reposición con alternativa de apelación fue presentado a las 22:27 horas del ultimo día, cuando dicho plazo vencía a las 23:59 horas, siendo presentado dentro del plazo de tres días, por lo que correspondía ingresar al análisis de los agravios expuestos en dicho recurso, lo cual fue negado con una interpretación de la "letra muerta" de la ley, que vulneró los derechos al debido proceso vinculado a la impugnación y a la tutela judicial efectiva. Por cuanto, los Vocales hoy accionados, declararon en el Auto de Vista SCCI-257/2021,inadmisible el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, afectando el derecho al debido proceso vinculado a la impugnación, al ignorar la aplicación del art. 110 de la LOJ, que permite legalmente la posibilidad de poder presentar válidamente un recurso de apelación a través del servicio de buzón judicial fuera del horario judicial o cuando esté por vencer un plazo perentorio, más aun cuando en un caso similar conforme se tiene expuesto en el Fundamento Jurídico III.5. de este fallo constitucional, se concluyó que, resulta válido la utilización del buzón judicial a efectos de presentar un recurso de apelación, así como memoriales dentro los plazos previstos por ley como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles o en caso de urgencia cuando esté por vencer un plazo procesal (...)La situación descrita también trasuntó en la vulneración del derecho a la impugnación como elemento constitutivo del debido proceso, por cuanto, conforme se tiene expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, se vio privado de la posibilidad de que su recurso de apelación alternativa sea considerando en el fondo de los agravios expuestos y eventualmente revocar el Auto Interlocutorio 311/2021, que rechazó el incidente de cumplimiento efectivo de la sentencia Inicial 47/2021 que se encuentra debidamente ejecutoriada; por lo que, siendo evidente la vulneración del derecho al debido proceso vinculado a la imaginación corresponde conceder la tutela solicitada. ...En ese sentido, correspondía a los Vocales ahora accionados realizar una interpretación de la norma de manera más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, extremando las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción... (las negrillas son añadidas).

En ese sentido, bajo una interpretación sistemática favorable del cómputo del plazo para la interposición del recurso de apelación, se establece que dicho cómputo se efectúa en días no en horas; por lo que, los tres días para el planteamiento de la impugnación serían considerados de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca de una media noche a otra media noche; además, si bien el art. 90.III del CPC establece que los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados, no obstante, a partir de una armonización normativa con lo previsto en el art. 110 de la LOJ -buzón judicial-, se comprendió que la implementación de ese medio tecnológico permitió centralizar la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. Consecuentemente, el término del intervalo para el planteamiento vence a la media noche del último día del plazo.

III.4. En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar

La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0497/2022-S1 de 4 de julio, respecto a las costas procesales señala que: El instituto de las costas procesales, como una forma de condena producto de la sustanciación de acciones de defensa, mereció el tratamiento correspondiente tanto por el extinto Tribunal Constitucional, como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se definió principalmente la forma en cómo deben ser impuestas. No obstante a ello, incumbe previamente remitirnos a las disposiciones normativas del Código Procesal Constitucional (CPCo) -Ley 254-, el cual prevé de forma específica la condena a costas procesales en tres acciones constitucionales de control normativo; como ser, en el Recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales (art. 138.1); Recurso contra resoluciones del órgano legislativo (art. 142.2); y, Recurso directo de nulidad (art. 148.1):

En el primero caso, el art. 138 (SENTENCIA Y EFECTOS), dispone: "I. La sentencia declarara: 1. La constitucionalidad de la norma legal impugnada, con costas al recurrente; (...)". En el segundo caso, el art. 142 (SENTENCIA Y EFECTOS), dispone: "EI Tribunal Constitucional Plurinacional dictará sentencia en el plazo de cuarenta y cinco días desde su admisión y declarará: (...);2. Infundado el recurso, subsistiendo la resolución impugnada, con imposición de costas y multa al recurrente". En el tercer caso, el art. 148 (SENTENCIA Y EFECTOS), dispone: "El Tribunal Constitucional Plurinacional dictará sentencia en el plazo de cuarenta y cinco días desde su admisión y declarará: 1. Infundado el recurso, cuando la autoridad recurrida haya obrado en el ámbito de sus competencias, o ejercido su jurisdicción y potestad conforme a Ley. En este caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional impondrá costas y multa a la parte recurrente; (...)". Se advertirá entonces, que el Código Procesal Constitucional no regula de forma específica la condena a costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; vació que necesariamente fue llenado por jurisprudencia desarrollada tanto por el extinto Tribunal Constitucional, como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme se tiene de la siguiente sistematización: Inicialmente el Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre de 2000, dictada dentro de un Habeas Corpus -ahora acción de libertad-en su" Considerado Segundo", señaló lo siguiente:

"Que si bien del contenido de la Ley No 1836 se infiere que el recurrente en el Recurso de Hábeas Corpus está eximido del pago de costas, de ello también se entiende que cuando el Recurso es declarado PROCEDENTE, el recurrido debe pagar costas las derivadas de su acción, interpretación que implica un cambio de la jurisprudencia emitida por este Tribunal mediante Autos Constitucionales 07/00-CCP y 08/00-CDP" (Las negrillas son añadidas). Posteriormente, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional-, el Auto Constitucional 0025/2003-ECA de 7 de mayo, en su F.J.II.3, refirió que la fijación de la condena a costas procesales al recurrente -ahora accionante- obedecerá a la presencia de presupuestos específicamente identificados; es decir, ante la existencia de un grave perjuicio causado a la parte recurrida -ahora demandada-, la temeridad en la demandada -ahora acción de defensa-presentada, o la falta absoluta de contenido constitucional en el recurso -ahora acción-; es en ese sentido que señaló lo siguiente: "Si bien el art. 102-III LTC expresa que la resolución denegatoria del amparo demandado, impondrá y fijará costas y multa contra el recurrente, no es menos evidente que tal fijación debe obedecer a la certidumbre de la existencia de un gran perjuicio causado a la parte recurrida, a la temeridad en la interposición de la demanda de amparo, o a la falta absoluta de contenido constitucional en la misma, lo que ha motivado que el Tribunal Constitucional determine en diversos casos que la improcedencia del amparo no da lugar en forma inexorable y forzosa al señalamiento de costas y multa, por ser excusable la actuación recurrente". (Las negrillas son añadidas) En esa misma línea, dentro una acción de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SPC 0630/2013-L de 15 de julio, como base a los fundamentos de la SC 1937/2010-R de 25 de octubre, refirió en su F.J.III.5., que la condena a costas procesales puede materializarse en toda acción de defensa, como ser la de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; empero, solo con relación al accionante perdidoso y en la medida que se establezca la temeridad en la acción de defensa presentada, orientada a trasgredir intereses legítimos de la parte contraria; y en caso de no evidenciarse la misma, no procede la referida condena a costas 13Fundamentos que fueron reiterados y aplicados en las Sentencias Constitucionales 1567/2002-R, 1618/2003-R, 1626/2003-R 13/2003-R,23/2003-R,45/2003-R, 61/2003-R,440/2003-R, y 468/2003-R. 14F.J. III.4. (Sobre las costas procesales y su procedimiento):"El art, 198.I del CPC, establece que cuando se declare improbada la demanda en todas sus partes, se condenará en costas al demandante, disposición que debe entenderse en forma general y extensible, a todo proceso judicial, incluida una demanda de ejecución de acta de conciliación; por su parte, la norma prevista por el art. 237 del mencionado Código, dispone que el auto de vista que resuelve la apelación, podrá ser, confirmatorio total con costas en ambas instancias, confirmatorio parcial sin costas, revocatorio total o parcial sin costas y anulatorio con responsabilidad, refiriendo además el parágrafo II de la citada norma que si ambas partes fueren apelantes, no habrá condenación en costas. (…) Por su parte, el art. 199 del CPC, determina los alcances de las costas, disponiendo en su parágrafo II., que comprenderán el honorario del abogado, así también los arts. 200 y 20, regulan el procedimiento para la tasación de costas, refiriendo el art. 201,que el juez pronunciará la resolución que correspondiere y regulará el honorario del abogado, ordenando al mismo tiempo el pago dentro del tercer día del total de las costas estableciendo que esa resolución podrá ser apelada, sin recurso ulterior”.

procesales, independientemente de que sea denegada o no la tutela solicitada. En ese mérito, señaló lo siguiente:

"De lo manifestado se colige, que si bien el Código Procesal Constitucional, no estableció de manera expresa, la imposición de costas procesales en las acciones de defensa; sin embargo, de lo expresado en la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional, en base a una interpretación realizada a lo dispuesto en el art. 198.I del CPC, se establece que la sanción en costas procesales, debe entenderse de manera general y por lo tanto, extensible a todo proceso judicial; lo que quiere decir, que las costas procesales, serán incluso extensibles a los procesos o acciones constitucionales de defensa, como son las acciones de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; sin embargo, tomando en cuenta que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gratuita (art. 115.II de la CPE);además, la naturaleza jurídica de estos medios de defensa, cual es la protección y resguardo de derechos y garantías constitucionales; deberá entenderse que la imposición de costas procesales, no será impuesta en toda acción tutelar y en cada caso concreto, en la que exista una parte perdidosa, sino que la misma deberá ser impuesta, únicamente, cuando se evidencie que el accionante, actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria, tal cual lo precisó la Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia constitucional. Consecuentemente, asumiendo dicho razonamiento, se establece que la imposición de costas procesales al accionante perdidoso, sí procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que, si no se evidenciara dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por la jurisdicción constitucional". (Las negrillas son añadidas) Fundamentos que fueron reiterados y aplicados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0521/2018-S3 de 1 de octubre; 0432/2019-S3 de 13 de agosto; y, 0513/2020-S2 de 6 de octubre. Por su parte, la SCP 1048/2019-S2 de 3 de diciembre, dictada dentro de una acción popular, en su FJ.III.2, con base en los fundamentos de la 15Ahora bien, a tiempo de determinar los alcances de la triple identidad en acciones tutelares (analizando su procedencia o no),las SSCC 1347/2003-R de 16 de septiembre y 1161/2005-R de 26 de igual mes, desarrollaron el concepto del uso abusivo de las acciones de defensa (refiriéndose particularmente al entonces recurso -ahora acción- de amparo constitucional), razonamiento a partir del cual también surgió el entendimiento o la definición de la temeridad, refiriendo que el justiciable actúa con temeridad valga la redundancia- cuando a sabiendas de que existe un pronunciamiento sobre su problema jurídico interpone otra acción de protección con triple identidad, pretendiendo una duplicidad de fallos. Bajo tales antecedentes, conviene remarcar que la jurisprudencia constitucional, con anterioridad y en concordancia con el art.102.III de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) -ahora abrogada- hacía referencia a los. supuestos en los que procedía la imposición de costas y multa contra el entonces denominado recurrente -hoy accionante-; entre los cuales se encontraba la temeridad1. Posteriormente, a partir del análisis del contenido normativo del Código Procesal Constitucional actualmente vigente, la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, hizo referencia expresa a la temeridad y su relación con la imposición de costas procesales en acciones constitucionales, de la siguiente forma: "...si bien el Código Procesal Constitucional, no estableció de manera expresa, la imposición de costas procesales en las acciones de defensa; sin embargo, de lo expresado en la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional, en base a una interpretación realizada a lo dispuesto en el art.198.I del CPC, se establece que la sanción en costas procesales, debe entenderse de manera general y por lo tanto, extensible a todo proceso judicial; lo que quiere decir, que las costas procesales, serán incluso extensibles a los procesos o acciones constitucionales de defensa, como son las acciones de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; sin embargo, tomando en cuenta que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gratuita(art. 115.II de la CPE); además, la naturaleza jurídica de estos medios de defensa, cual es la protección y resguardo de derechos y garantías constitucionales; deberá entenderse que la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, se refirió a la temeridad como elemento para condenar al accionante a costas procesales, ante la presencia de acciones de defensa con triple identidad; señalando lo siguiente:

"Consecuentemente, a partir de lo precedentemente señalado, es factible concluir que la temeridad se configurará cuando se evidencie que la parte accionante: a) Presentó una problemática con triple identidad; y, b) A sabiendas de que existió un pronunciamiento previo al respecto; por lo que, dicha temeridad ameritará la imposición de costas cuando: A raíz del uso abusivo de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos, lesione los intereses, derechos o garantías de la contraparte; o genere sobre éstos una amenaza (entendiéndose como tal, aquella que sea objetivamente demostrable)". (Las negrillas son añadidas) Por otro lado, la SCP 0341/2019-S3 de 24 de julio, con base en los fundamentos del Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre, dictada dentro de una acción de libertad, realizó una precisión referente a quienes pueden ser objeto de condena a costas procesales en la sustanciación de acciones de defensa; es así que su F.J.III.2., señaló lo siguiente: "De lo que se colige que la condenación de costas a la parte perdidosa en los procesos constitucionales es perfectamente aplicable, con la aclaración de que solo se impondrán las mismas a la parte accionante, cuando se evidencie que actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria; y no así ante la simple denegatoria de tutela; toda vez que, la imposición de costas procesales al peticionante de tutela, no puede constituirse en un mecanismo disuasivo por el cual se impida a las personas acceder a la justicia en resguardo de sus derechos. Situación totalmente distinta ocurre en el caso de las autoridades o personas demandadas, que sí pueden ser condenadas al pago de las mismas ante la concesión de tutela, puesto que se entiende que sus acciones u omisiones, fueron las que dieron lugar a que el impetrante de tutela tenga que acudir a un abogado para que le patrocine en la presentación y defensa de una acción tutelar, erogando gastos económicos que deberán ser repuestos por los demandados perdidosos". (Las negrillas son añadidas). imposición de costas procesales, no será impuesta en toda acción tutelar y. en cada caso concreto, en la que exista una parte perdidosa, sino que la misma deberá ser impuesta, únicamente, cuando se evidencie que el accionante, actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria, tal cual lo precisó la Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia constitucional. Consecuentemente, asumiendo dicho razonamiento, se establece que la imposición de costas procesales al accionante perdidoso, si procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que si no se evidenciara dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por la jurisdicción constitucional" (las negrillas nos corresponden). Consecuentemente, a partir de lo precedentemente señalado, es factible concluir que la temeridad se configurará cuando se evidencie que la parte accionante: a) Presentó una problemática con triple identidad; y, b) A sabiendas de que existió un pronunciamiento previo al respecto; por lo que, dicha temeridad ameritará la imposición de costas cuando: A raíz del uso abusivo de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos, lesione los intereses, derechos o garantías de la contraparte; o genere sobre éstos una amenaza (entendiéndose como tal, aquella que sea objetivamente demostrable). Finalmente se aclara que el presente fundamento limitó su análisis a la temeridad y la forma en la cual se configura; sin profundizar sobre la triple identidad y sus alcances respecto a la procedencia o no del análisis de la problemática y la concesión o no de la tutela, aspecto que fue igualmente desarrollado de forma detallada por basta jurisprudencia constitucional; pero que no hace al objeto de la presente acción de defensa por lo que no fue abordado.

Sobre esto último, la SCP 0100/2013 de 17 enero, dictada dentro de una acción de amparo constitucional, con base en los fundamentos del AC 0051/2004-CDP de 1 de diciembre, refirió en su F.J.III.1, que el Estado, sus instituciones centrales, descentralizadas, autonómicas y organismos del nivel central y autonómico, pueden ser objeto de condena a costas procesales en los procesos judiciales o administrativos, cuando sus autoridades lesionen derechos o garantáis de las personas, salvando la acción de repetición subsecuente. En ese marco, señaló lo siguiente:

"Ahora bien, es menester aclarar que las entidades públicas del nivel central, autonómico o descentralizado, no están exentas del pago de costas con cargo a repetición de los servidores públicos y por ende no se les aplica las normas contenidas en los arts. 39 de la LACG y 52 del DS 23215 cuando aquéllas devengan de la constatación de la lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales impuestas dentro de procesos constitucionales en el ámbito interno del Estado dentro del marco de aplicación e interpretación de la norma constitucional contenida en el art. 113 de la CPE, que prescribe: "I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna; II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño". (Las negrillas son añadidas) Como corolario de la sistematización desarrollada, se tiene que son objeto de condena a costas procesales en la sustanciación de acciones de defensa: 1) La o el accionante, cuando se deniega la tutela solicitada y se manifieste la existencia de un grave perjuicio causado a la o el demandado con la acción de defensa presentada, temeridad en la misma, o la falta absoluta de contenido en la pretensión constitucional; y, 2) La autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular, cuando se otorgue la tutela solicitada y se constate que por sus acciones u omisiones se lesionaron derechos y garantías, con lo que se dio lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidores y servidores públicos. Ahora bien, estimando que la condena a costas procesales no puede configurarse un instrumento legal de sanción irracional para todos aquellos que llegan a ser demandados con las acciones de defensa establecidas en la Constitución Política del Estado (acción de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular); incumbe efectuar una modulación a los fundamentos de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0341/2019-S3 de 24 de julio y 0100/2013 de 17 enero, que de cierta forma atendieron los fundamentos del Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre, en el siguiente sentido: "La autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica)particular podrá ser objeto de condena a costas procesales, cuando se conceda la tutela solicitada y se constate que por sus acciones u omisiones se lesionaron derechos y garantías, con lo que dio lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos, siempre que se manifieste la existencia de temeridad y dolo en su proceder; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidoras y servidores públicos". En tal sentido, a partir de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la modulación efectuada debe ser observada. En suma, la jurisprudencia establece que la condena a costas procesales -instrumento legal de sanción racional-, se extiende a la sustanciación de acciones de defesa, como la acción de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular: 1) Con relación al accionante perdidoso, solo cuando se deniegue la tutela solicitada y se manifieste la existencia de un grave perjuicio causado a la o el demandado con la acción constitucional de control tutelar, temeridad en la misma, o la falta absoluta de contenido en la pretensión constitucional; y 2) Con relación a la autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular demandada, solo cuando conceda la tutela solicitada y se constate que por su proceder (acciones u omisiones) se lesionaron derechos y garantías, que dieron lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos, y siempre que se manifieste la existencia de temeridad y dolo en su proceder; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidoras y servidores públicos.

III.5. Análisis del caso concreto

La parte peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento impugnación; y, a la tutela judicial efectiva, dentro del proceso de usucapión seguido en su contra, y al haberse rechazado su incidente de nulidad de obrados, interpuso recurso de apelación mediante buzón judicial 25 de octubre de 2021, a horas 19:12:04, que al ser de conocimiento de los Vocales ahora demandados, mereció la emisión del Auto de Vista 422/2021 de 30 de noviembre, que declaró inadmisible su impugnación; debido a que, el recurso de apelación hubiese sido planteado fuera del término legal previsto en el art. 262 del CPC, dando prevalencia a lo formal antes que lo material, que el derecho al acceso a la justicia, y la impugnación de resoluciones, sin considerar que el buzón judicial estaba habilitado para el ámbito civil desde el 2020, omitiendo efectuar una interpretación a la luz del principio pro persona. Identificada la problemática traída en revisión, previo a ingresar a su consideración, es necesario contextualizar los hechos del cual emerge la misma; de ahí que, remitiéndonos a las Conclusiones que se arribaron en el presente fallo constitucional, se tiene que, el accionante se apersonó al proceso de usucapión seguido en su contra, e interpuso incidente de nulidad de obrados por indefensión, que de manera inicial mereció el Auto Interlocutorio de 22 de junio de 2021; el cual, luego de ser impugnado fue dejado sin efecto, generando con ello que se emita el Auto Interlocutorio 500/2021 de 19 de octubre; por el que, se rechazó el incidente de nulidad (Conclusiones II.2 y II.3). Así, en mérito a dicha determinación, el 25 de octubre del mencionado año, a horas 19:12:04, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación, que, al ser de conocimiento de los Vocales ahora demandados, dio lugar a la emisión del Auto de Vista 422/2021, que declaró inadmisible el recurso de apelación (Conclusiones II.4, II.5 y II.6). Precisado todo lo anterior, considerando que en el presente caso el accionante denuncia la lesión de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su elemento impugnación, resulta necesario comprender que, ambos derechos se encuentran intrínsecamente vinculados; debido a que, conforme se describió en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva constituye un derecho fundamental que por su complejidad no solo conlleva los derechos de acceder a la jurisdicción y lograr un pronunciamiento fundado en derecho, sino también comprende el derecho al recurso o impugnación -que a su vez es un elemento constitutivo del derecho al debido proceso conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1- derecho que no se satisface únicamente con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó; ya que, igualmente comprende que ese órgano superior evalué, revise, compulse y en definitiva corrija los defectos existentes en la decisión pronunciada, posibilitando que se reclamen aspectos específicos que consideran injustos a sus pretensiones, fundamentando las omisiones que afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa. En ese lineamiento, es necesario considerar que si bien la interposición de un recurso permite materializar una tutela judicial efectiva; no obstante, debe comprenderse que en el orden procesal es posible que la norma establezca causales impeditivas para la aceptación del recurso -como la omisión del cumplimiento de requisitos esenciales-, que excepcionalmente imposibilitan el ingresó al análisis de fondo del caso, siempre que dichas causales sean analizadas bajo criterios proporcionados por el principio pro actione -razonabilidad y favorabilidad-. Ahora bien, bajo esa consideración, del Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se tiene que, el recurso de apelación -constituido en un medio para obtener la tutela judicial efectiva- permite que el superior jerárquico de quien ha tenido que conocer una causa, pueda revocar o modificar las decisiones tomadas en un proceso de acuerdo al trámite previsto en la norma; es decir, siempre que se cumpla con los requisitos de procedencia y admisibilidad; entre los cuales, ciertamente se encuentra el plazo de presentación del recurso, que conforme establece los arts. 261 y 262 del CPC puede ser de diez o tres días (dependiendo del fallo impugnado), cómputo de plazo que en observancia de los principios pro homine y pro actione mereció una interpretación favorable estableciendo que dicho cómputo se efectúa en días y no en horas; por lo que, para el planteamiento de la impugnación serían considerados de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca de una media noche a otra; señalando además que, si bien el art. 90.III del CPC establece que los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados; no obstante, a partir de una armonización normativa con lo previsto en el art. 110 de la LOJ -buzón judicial-, se comprendió que la implementación de ese medio tecnológico permitió centralizar la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial, en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. Consecuentemente, el terminó del intervalo para el planteamiento vence a la media noche del último día del plazo, lo cual no es contrario al objetivo y ámbito del Reglamento del Buzón Judicial (Conclusión II.1). Sentadas las bases para resolver la presente problemática, siendo que la parte accionante denuncia que los Vocales ahora demandados omitieron un pronunciamiento de fondo; debido a que, el recurso de apelación hubiese sido planteado vencido el término legal previsto en el art. 262 del CPC, determinación que considera debía ser efectuada dando prevalencia a lo formal antes que lo material. Al respecto, para llegar a establecer si lo denunciado es evidente o no, es preciso remitirnos a la (Conclusión II.6) de este fallo constitucional, en el, que se tiene trasuntado el contenido del Auto de Vista 422/2021, que textualmente estableció:

"Examinado los antecedentes, corresponde ingresar a resolver la impugnación propuesta en sujeción a lo previsto por los arts. 256 y 265 del Código Procesal Civil, debiendo a ese fin tenerse presente que:

1. A partir de la comprensión de lo previsto por el art. 256 del Código Procesal Civil, se tiene que ante la presunta existencia de agravios que sufra alguna de las partes en la emisión de una resolución judicial, la afectada puede recurrir de la misma cumpliendo con fundamentar su impugnación e interponer en tiempo oportuno; implicando aquello que para la válida consideración de un recurso de apelación deben concurrir dos presupuestos esenciales e imprescindibles; el primero referido a la exposición fundamentada de cual o cuales son los agravios que hubiera sufrido con la resolución emitida y segundo que se observe el plazo pertinente dentro del que debe plantearse el recurso de apelación. El incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos identificados tendrá como consecuencia que el Tribunal de Segunda instancia o alzada, declare su inadmisibilidad conforme manda el art. 218.II.1 a) del Código Procesal Civil. 2. Bajo el anterior introductorio, de la verificación de antecedentes en el caso de autos, esencialmente de la revisión de la naturaleza de la resolución impugnada, se tiene que la misma se constituye en auto interlocutorio; además, otro aspecto constatado es que la misma se dictó fuera de audiencia; consecuentemente, bajo la regla contenida en el art. 262.I del Código Procesal Civil, su impugnación debió efectuárselo en el plazo de tres (3) días, pues la norma citada establece aquello de manera expresa en sentido que: 'Si se tratare de autos interlocutorios fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas en el plazo de tres días (...)'; y el cómputo para ello debe efectuarse a partir del día siguiente hábil de la notificación al o lo recurrentes. 3. En el caso de autos, se verifica de obrados que con el Auto de fecha 19 de octubre de 2021 de fs. 503 a 507 del cuaderno procesal, el ahora recurrente fue notificado a horas trece y dieciséis (13:16) del día 20 de octubre de 2021 conforme se tiene de la diligencia corrida a fs. 508 vta. de obrados, significado que en sujeción a lo previsto por el art. 90.I de la Ley N° 439, el plazo de tres días comenzó a correr al día siguiente hábil de la respectiva notificación, estando habilitada la presentación de la impugnación hasta fecha 25 de octubre del año que corre, último momento hábil del horario de funcionamiento del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro conforme prevé el art. 90.III de la norma adjetiva que rige la materia; sin embargo, conforme da certidumbre el dato que emerge de los Certificados de recepción y envío a Través de Buzón Judicial No 166422 visible a fs. 514 a 515 del expediente, el mismo si bien fue presentado el día 25 de octubre de 2021, en cuanto a la hora se tiene el dato que se recepcionó y envió a horas 19:12:04, es decir, luego de vencido el término legal, estando ya precluído su derecho de impugnar. Bajo ese antecedente, y la fehaciente constatación que en el caso en cuestión se lo presentó fuera del plazo previsto por la norma procesal civil (Ley No 439), en el artículo identificado anteriormente, en comprensión de lo previsto por el art. 89.I, que manda que los plazos procesales son perentorios, así como lo establecido por el art. 5 de la norma citada, en sentido que las normas procesales son de orden público y en consecuencia de obligado acatamiento, en uso de la atribución contenida en el art. 56.1 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, corresponde pronunciar resolución en sujeción a lo previsto por el art. 218.II num. 1) inc. a), del Código Procesal Civil" (sic). Con los fundamentos expresados precedentemente, debe precisarse que, los Vocales ahora demandados, de manera inicial, manifestaron que al momento de interponerse el recurso de apelación era necesario e imprescindible que el plazo pertinente para su formulación, pues un incumplimiento conllevaría su inadmisibilidad; y, siendo que en el caso concreto se impugnaba un auto interlocutorio, el plazo para interponer el recurso de apelación era tres días hábiles; de ahí que se determinó que, el accionante podía formular su impugnación desde el 21 de octubre de 2021 hasta el 25 del indicado mes y año, en el último momento hábil del horario de funcionamiento del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme prevé el art. 90.III de la Ley adjetiva civil; así, bajo ese marco, los mencionados operadores de justicia señalaron que si bien el recurso de apelación se presentó el 25 de octubre de 2021; no obstante, la hora de recepción era 19:12:04, es decir, luego de vencido el término legal. Ahora bien, debe considerarse que dicho fundamento a todas luces vulnera los derechos a la impugnación y a la tutela judicial efectiva; por cuanto, en mérito al carácter vinculante de la SSCC 0058/2002 de 8 de julio, 0502/2003 de 15 de abril y 2138/2012 de 8 de noviembre, debió considerarse y aplicarse la interpretación sistemática efectuada en la SCP 1594/2022-S3 de 6 de diciembre, y realizarse el cómputo por días y no por horas, comprendiendo que el día abarca de una media noche a otra media noche, de manera total, completa e integra; más aún, cuando se tiene implementado un medio tecnológico como el buzón judicial que permite centralizar la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial; en ese sentido, debió evitarse la exigencia de rigorismos procesales que no solo causan la inadmisión del recurso sino también obstaculizan la tutela judicial efectiva cuyo objetivo final prioritario es la obtención de una resolución de fondo fundada en derecho. Por lo referido, es evidente que en el caso concreto los Vocales ahora demandados lesionaron los derechos a la tutela judicial efectiva; y, a la impugnación, correspondiendo conceder la tutela. Finalmente, en cuanto al pago de costos, costas procesales, daños y perjuicios, se tiene que, conforme el razonamiento contenido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, las costas procesales se configuran en una obligación imponible a la parte perdidosa que en acciones de defensa merece un tratamiento especial, pues para que las mismas sean, impuestas ya sea a la parte accionante o demandada, debe existir algún perjuicio a la contraparte o la existencia de temeridad y dolo en el proceder; en tal sentido, si bien en el presente caso se advirtió que la parte demandada lesionó los derechos del impetrante de tutela; no obstante, no se tiene prueba alguna que permita inferir que los Vocales ahora demandados hubiesen actuado con dolo y temeridad al momento de pronunciar el Auto de Vista 422/2021; por lo que, no corresponde disponer el pago de costos y costas procesales. Asimismo, respecto a la remisión de antecedentes a la instancia llamada por ley para el procesamiento de actos irregulares, se aclara al accionante que si considera que el presente caso se incurrió en la comisión de delitos o infracciones, puede acudir a la instancia correspondiente para denunciar los mismos. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, efectuó una compulsa de los datos del proceso parcialmente correcto.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 37/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 101 a 106 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada por vulneración de los derechos al debido proceso, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva, dejándose sin efecto el Auto de Vista 422/2021 de 30 de noviembre, debiendo las autoridades jurisdiccionales demandadas emitir uno nuevo, conforme los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la solicitud de pago de costos, costas; y, daños y perjuicios; así como, la remisión de antecedentes a la instancia correspondiente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Möller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.2, señala: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de

2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior', estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones, cuyo subrayado es añadido: 1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158) 2. El derecho de recurrir '…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona'. (párrafo 158) 3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)”. 2El FJ III.2.2, refiere: “…La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa. La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o

10 El Código Procesal Civil establece: "Artículo 90.-(Comienzo, transcurso y vencimiento). II. Los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; sin embargo, si resultare que el último día corresponde a día inhábil, el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente." (negrillas respectivas).

11 La Ley del Órgano Judicial prevé: "Artículo 110. (BUZON JUDICIAL). I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los tribunales y juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en dias inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora." (negrillas añadidas).

12 Las costas procesales son los "gastos que necesariamente se hacen para iniciar, tramitar y concluir un juicio; han de tener una relación directa con el proceso, de tal manera que sin ellas no pueda éste legalmente concluirse". Eduardo Pallares; "Diccionario de Derecho Procesal Civil"; Editorial Porrua; 2008.

16 F.J.II.4 "Siendo necesario fundamentar la posición adoptada por este Tribunal Constitucional, se debe reiterar que la correcta interpretación de las referidas normas (art. 39 de la LSAFCO y 8 de la LAPACOP), es aquella en sentido de que la exclusión de Estado a la condena de costas y honorarios profesionales procede en procesos donde éste persigue el cobro de sus acreencias, no así en caso de que sus autoridades vulneren derechos fundamentales de las personas, que en recursos constitucionales son tutelados, situación en la que los causantes de estos hechos son responsables de las costas y honorarios profesionales. Así debe entenderse el art. 39 de la LSAFCO, en concordancia con el art. 52 del DS 53215”. (Las negrillas son añadidas)

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0312_2023-S1.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0cd34d6f7a344dcf5486ac0ba64513c346279bc0adbe50f6665cfcfc62de58c0

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