Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 14 de septiembre de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 128 a 130 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2400/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57513-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 10/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 128 a 130 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Rodolfo Garnica Mancilla en representación sin mandato de Esteban Beltrán Muñoz contra Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 31 de julio de 2023, cursante de fs. 104 a 113 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Esteban Beltrán Muñoz -accionante-, por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP), el Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, el 22 de julio de 2022, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba; y, se emitió en su favor Resolución de Sobreseimiento de 5 de junio de 2023, que el mismo día fue puesta en conocimiento del referido Juez, quien posteriormente el 6 de “junio” -julio- del mismo año, llevó a cabo la audiencia de ampliación de su detención preventiva, en la que el Fiscal de Materia asignado al caso, fundamentó y modificó su petitorio, señalando que su persona sea liberado; puesto que, en su favor se emitió la referida Resolución de Sobreseimiento; empero, en el mismo actuado procesal el mencionado Juez, refirió que, con dicha Resolución no se notificó a los sujetos procesales a objeto de que puedan usar su derecho a la impugnación; por lo que, mientras no se cumpla con esa diligencia, no correspondía emitir el mandamiento de libertad, notificación que posteriormente se efectuó sin que ninguna de las partes impugne dentro del plazo de ley. Por los otros acusados, se remitieron los antecedentes en original al Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; instancia que, al efectuar observaciones los devolvió el 17 de julio de 2023 al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del citado departamento, oportunidad en la que, su persona por memorial presentado el 19 del mes de julio de 2023, solicitó se señale audiencia de cesación de su detención preventiva y su libertad inmediata por haber sido sobreseído; empero, grande fue su sorpresa cuando el Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, envió los antecedentes por segunda vez al Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del referido departamento, donde el 25 de igual mes y año, reitera su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de su detención preventiva y su inmediata libertad, argumentado encontrarse sobreseído al existir desistimiento de las víctimas en su favor, además de señalar que la Resolución de Sobreseimiento de 5 de junio del mismo año no fue impugnada por ninguna de las partes procesales; sin embargo, hasta la presentación de la acción tutelar, el referido Tribunal de Sentencia, no radicó la causa ni señaló audiencia de cesación de su detención preventiva para levantar las medidas cautelares que le fueron impuestas y ordenar su libertad; debido a que, se encuentra indebidamente privado de su libertad; ya que, el sobreseimiento emitido en su favor adquirió ejecutoria, vulnerando de esa manera sus derechos fundamentales.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la petición, a una acción pronta y oportuna, a la defensa relacionado con el debido proceso bajo el principio de celeridad, motivación de las resoluciones judiciales, congruencia de las mismas y valoración integral y razonable de la prueba; citando al efecto los arts. 116.I, 117, 119.II, 180, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9, 10 11 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se levanten todas las medidas cautelares contra su persona y se deje sin efecto la detención preventiva, disponiendo su libertad inmediata; y, b) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 273/2023 de 6 de junio.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 123 a 127, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de asesinato, se dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, habiendo el Fiscal de Materia el 6 de junio de 2023, emitido el requerimiento conclusivo de sobreseimiento en su favor y acusación contra otros imputados; por lo que, el 6 de igual mes y año se realizó la audiencia de ampliación y modificación de medidas cautelares, en la cual el Fiscal de Materia asignado al caso, solicitó al Juez de primera instancia, la modificación de su requerimiento y se conceda su libertad por encontrarse sobreseído, mismo que no fue concedido al argumentar el mencionado Juez, que no se notificó a las partes procesales para que puedan impugnarlo; 2) Hasta el 29 del citado mes y año, se notificó a todos los sujetos procesales, incluidos los querellantes y el 11 de julio del mismo año, de la misma manera se notifica a las víctimas, quienes no presentaron impugnación alguna, quedando el sobreseimiento ejecutoriado; empero, el 14 del referido mes y año, los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, devolvieron el cuaderno procesal al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del señalado departamento, con diversas observaciones, siendo sorteado nuevamente el 18 de ese mes y año, siendo remitido por sorteo al Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del referido departamento y su persona sin tener conocimiento de esa situación, presentó el 19 de mismo mes y año, memorial ante el mencionado Juzgado, solicitando la modificación o cesación de las medidas cautelares por el sobreseimiento, siendo remitido por dicho Juzgado el 21 de igual mes y año, ante la Jueza hoy accionada; 3) El 24 de julio de 2023, el Fiscal de Materia informó al Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del referido departamento, que el sobreseimiento no fue impugnado por ninguna de las partes; por lo cual, el 25 de ese mes y año solicitó al mencionado Tribunal de Sentencia, señalar audiencia de modificación o cesación de las medidas cautelares en virtud al sobreseimiento emitido en su favor, que ya se encontraba ejecutoriado; instancia, que transgredió el art. 340 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que presentada la acusación debe radicarse en el día uno; y, el art. 239 del mismo Código, que determina que una vez solicitada la cesación se debe señalar audiencia dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas; sin embargo, desde el momento de la presentación de su solicitud no tuvo respuesta alguna ni se radicó la causa, sin el control jurisdiccional correspondiente; es decir, no existe una autoridad que resuelva su situación jurídica; y, 4) Como establece la jurisprudencia constitucional, la SCP 1156/2017-S2 de 15 de noviembre y la SCP 0178/2018-S2 de 14 de mayo, corresponde levantar toda medida cautelar dispuesta en el proceso, cuando la Resolución de Sobreseimiento de 5 de junio de 2023 hubiese sido impugnada; por lo que, se encuentra indebidamente privado de su libertad al no existir motivo para ello; solicitando por lo expresado, se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, se ordene su inmediata libertad al encontrarse recluido en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba.
Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz en audiencia, manifestó que: i) No fue notificada con el contenido de la acción de defensa y a pesar de insistir mediante llamadas telefónicas a “Secretaría de su Juzgado” no fue contestada; empero, más allá de encontrarse en indefensión porque el cuaderno procesal fue remitido al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz el accionante expuso verdades a medias; puesto que, no advirtió que son un Tribunal “colegiado” y no son jueces unipersonales, para que solo ella hubiese sido accionada, encontrándose por ello en total indefensión; ii) El proceso de referencia fue remitido al Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 24 de julio de 2023, constando de veinticuatro cuerpos; sin embargo, fue enviado inicialmente al Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del mencionado departamento, al que debió accionar, cuando el cuaderno procesal se encontraba allí. En el Tribunal que preside, la auxiliar debió revisar los veinticuatro cuerpos y remitir a despacho, haciendo conocer las irregularidades existentes; siendo que, no podían radicar la causa por no tener competencia, menos aún solo su persona como Tribunal; iii) No aplicó los arts. 239 y 340 del CPP, porque no tenía competencia para radicar la causa; puesto que, existían varias irregularidades; por lo que, fue devuelto la Juzgado Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del referido departamento, habiendo el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del mencionado departamento, procedido de la misma manera cuando le fue sorteado el cuaderno procesal, habiendo devuelto citado cuaderno precisamente por esas irregularidades y que al ser nuevamente sorteado se remitió al Tribunal de Sentencia que preside; y, iv) No es evidente lo sostenido por el accionante, respecto a que su proceso no tiene control jurisdiccional, porque dicho control lo ejerce el Juzgado de primera instancia, de donde fue devuelto, lo que constata que no se vulneró los derechos fundamentales del accionante.
La Jueza de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 10/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 128 a 130 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del mencionado departamento, está conformado por tres Jueces Técnicos, habiéndose accionado únicamente a la Presidenta del mismo; empero, las decisiones a asumirse deben ser firmadas por los tres miembros que conforman dicho Tribunal de Sentencia; por lo que, en la presente acción de defensa no se cumplió con la legitimidad, al no haber accionado a los tres componentes del mencionado Tribunal de Sentencia, a objeto de que los mismos de igual manera puedan ejercer efectivamente su derecho a la defensa y que en el presente caso, al haber accionado solo a la Presidenta se dejó en indefensión a los otros Jueces Técnicos; b) Lo que reclamó el accionante en esta acción tutelar, es que hasta la fecha -se entiende 2 de agosto de 2023- no se resuelve su situación jurídica y por lo informado por la Jueza ahora accionada, además de no accionar a los tres miembros del mencionado Tribunal, el cuaderno procesal tampoco se encuentra en ese despacho judicial; es decir, que no ejercen el control jurisdiccional y competencia para conocer y resolver su situación jurídica; por lo cual, se hizo inviable que más allá de no cumplir con la legitimidad, se pueda conceder la tutela en contra de dichas autoridades; y, c) En el referido proceso penal, existió dilación desde el Juzgado de primera instancia, hasta los Tribunales de Sentencia en las remisiones que realizaron; ya que, no permitieron el señalamiento de audiencia de cesación, instando a la autoridad -Juez de primera instancia- que tenga el control jurisdiccional sin establecer responsabilidad alguna y que lleve a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, para resolver la situación jurídica del accionante, tomando en cuenta que se encuentra detenido preventivamente; en ese entendido, al no cumplirse con la legitimidad dentro de la presente acción de defensa respecto al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, además de que la Jueza hoy accionada, no contaba con competencia, corresponde denegar la tutela solicitada. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el abogado del accionante, solicitó a la Jueza de garantías aclare si se insta en ese momento al Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, que ejercía el control jurisdiccional de la causa, para llevar adelante la audiencia de cesación. En mérito a esa solicitud, la Jueza de garantías, señaló que, conforme a lo informado por la Jueza ahora accionada, actualmente quien tiene a su cargo el control jurisdiccional de la causa es el Juez Público Mixto, Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del mencionado departamento, instándole a dicha autoridad que señale audiencia de manera inmediata y resuelva la situación jurídica del accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas. Finalmente, por decreto constitucional de 19 de junio de 2026, cursante a fs. 142, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 11 de septiembre de 2026, cursante a fs. 146; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 25 de junio de 2022, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz; se dispuso la detención preventiva de Esteban Beltrán Muñoz -ahora accionante- y “otros”, como medida cautelar de carácter personal por el plazo de ciento ochenta días, a cumplirse en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba (fs. 23 vta. a 36). II.2. Mediante memorial de 1 de junio de 2023, dirigido al Fiscal de Materia, Liliana Sanchez Rojas, “Líder Candia” y Rocío Magdalena Gonzales Alcocer -víctimas-, presentaron desistimiento del proceso penal en favor de Misael Nallar Viveros -imputado- (fs. 38 y vta.); dicho memorial en respuesta mereció decreto de la misma fecha, por la cual dicho desistimiento se hizo extensivo contra el accionante y los “otros” imputados, disponiendo remitir copia del mismo ante el Juez de la causa a los efectos de ley (fs. 40 y vta.). II.3. Cursa Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 5 de junio de 2023, emitida por los Fiscales de Materia asignados al caso, en favor del accionante y “otros” imputados, por ser insuficientes los elementos de convicción para fundar acusación fiscal (fs. 42 a 56 vta.). II.4. Consta Acta de Audiencia de Modificación “AMPLIACIÓN” de Medida Cautelar de 6 de junio de 2023, mediante el cual el representante del Ministerio Público, manifestando haberse modificado la situación jurídica del accionante por el sobreseimiento emitido en su favor, solicitó -salvo criterio de la autoridad jurisdiccional-, se emita mandamiento de libertad en su favor, correspondiendo la cesación de la detención preventiva del accionante (fs. 57 a 65); siendo por Auto Interlocutorio 273/23 de misma fecha, desestimada tal petición por el Juez de primera instancia mediante Resolución de la misma fecha, señalando que la presentación del sobreseimiento no significa que de manera automática se disponga una libertad inmediata; puesto que, se debe notificar a las partes, a objeto de que puedan impugnarlo conforme a sus intereses, actuado en el cual el mencionado Juez hizo alusión a que otros imputados fueron acusados formalmente por el Ministerio Público (fs. 65 vta. a 73 vta.). II.5. Por Oficio 220/2023 de 14 de julio, el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, devolvió la causa penal al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz (fs. 92). II.6. Mediante decreto de 18 de julio de 2023, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, -emergente de la devolución y previo sorteo- dispuso su remisión al Tribunal de Sentencia de turno del Tribunal Departamental de Justicia de igual departamento, mismo que se remitió al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del referido departamento (fs. 94). II.7. Cursa memorial presentado el 19 de julio de 2023, ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, el accionante alegando haberse cumplido con la notificación a las partes, respecto al sobreseimiento y haberse presentado desistimiento de las víctimas, solicitó se señale audiencia para considerar la modificación de las medidas cautelares y se disponga la cesación de su detención preventiva (fs. 95 a 96); dicho memorial fue remitido por sorteo el 21 de igual mes y año al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 98). II.8. A través de memorial presentado el 24 de julio de 2023, ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el cual, el Fiscal de Materia asignado al caso, informó que, no cursó impugnación a sobreseimiento por parte de los querellantes, ni tampoco de los denunciantes, adjuntando las respectivas notificaciones a las partes (fs. 99). II.9. Por memorial presentado el 25 de julio de 2023, ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el accionante solicitó que, encontrándose ejecutoriado el sobreseimiento emitido en su favor y al encontrarse indebidamente detenido preventivamente en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba, se señale audiencia de cesación de su detención preventiva de acuerdo a los arts. 239 y 340 del CPP (fs. 100 a 101 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la petición, a una acción pronta y oportuna, a la defensa relacionado con el debido proceso bajo el principio de celeridad, motivación de las resoluciones judiciales, congruencia de las mismas y valoración integral y razonable de la prueba; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de asesinato, el Ministerio Público emitió Resolución de Sobreseimiento el 5 de junio de 2023 en su favor, encontrándose ejecutoriado por no ser impugnado por las partes procesales; por lo cual, solicitó al Juez de primera instancia, señale audiencia de modificación de las medidas cautelares y su libertad, solicitud que fue remitida al Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -presidida por la Jueza hoy accionada-, misma que fue devuelta al Juzgado de primera instancia con observaciones; por lo que, al ser nuevamente enviados los antecedentes ante dicho Tribunal reiteró su solicitud, sin que “a la fecha” hubiese radicado la causa, menos señale el actuado procesal para resolver su solicitud, sin considerar que se encuentra indebidamente detenido preventivamente, por haber sido sobreseído. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0339/2026-S1 de 19 de marzo, citando la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, establece que: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados.
Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, a la petición, a una acción pronta y oportuna, a la defensa relacionado con el debido proceso bajo el principio de celeridad, motivación de las resoluciones judiciales, congruencia de las mismas y valoración integral y razonable de la prueba; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de asesinato, el Ministerio Público emitió Resolución de Sobreseimiento de 5 de junio de 2023 en su favor, encontrándose ejecutoriado por no ser sido impugnado por las partes; por lo cual, solicitó al Juez de primera instancia, señale audiencia de modificación de las medidas cautelares y su libertad, solicitud que fue remitida al Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -presidida por la Jueza ahora accionada-, misma que fue devuelta al Juzgado de primera instancia con observaciones; por lo que, al ser nuevamente enviados los antecedentes ante dicho Tribunal reiteró su solicitud, sin que “a la fecha” hubiese radicado la causa, menos señale el actuado procesal para resolver su solicitud, sin considerar que se encuentra indebidamente detenido preventivamente, por haber sido sobreseído.
Planteada la problemática e ingresando a su análisis, se advierte de los antecedentes procesales cursantes en el cuaderno procesal, que en el proceso penal seguido contra el accionante, y “otros” por la presunta comisión del delito de asesinato, el Juez Público Mixto, Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio de 25 de junio de 2022, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal por el plazo de ciento ochenta días, a cumplirse en el Penal de El Abra de la ciudad de Cochabamba (Conclusión II.1.).
Posteriormente las víctimas Liliana Sánchez Rojas, “Líder Candia” y Rocío Magdalena Gonzáles Alcocer, por memorial de 1 de junio de 2023, presentaron ante Ministerio Público desistimiento del proceso penal en favor del imputado Misael Nallar Viveros, que mereció la Resolución de misma fecha; por lo que, dicho desistimiento se hizo extensivo contra el accionante y los otros imputados, disponiendo remitir copia de dicho desistimiento ante el Juez contralor a los efectos de ley (Conclusión II.2.); para que luego, los Fiscales de Materia asignados al caso, emitan la Resolución Fiscal de Sobreseimiento de 5 del mismo mes y año, en favor del accionante y otros imputados, por ser insuficientes los elementos de convicción para fundar acusación fiscal (Conclusión II.3.).
En ese contexto, realizada la audiencia de modificación “AMPLIACIÓN” de medida cautelar el 6 de junio de 2023, el representante del Ministerio Público, manifestando haberse modificado la situación jurídica del accionante, por el sobreseimiento emitido en su favor, solicitó -salvo criterio de la autoridad jurisdiccional-, se emita mandamiento de libertad, correspondiendo la cesación de la detención preventiva, siendo desestimada dicha petición por el Juez de primera instancia mediante Resolución de la misma fecha, señalando que la presentación del sobreseimiento no significaba que de manera automática se disponga la libertad inmediata; puesto que, se debe notificar a las partes, a objeto de que puedan impugnarlo conforme a sus intereses, actuado en el que el mencionado Juez hizo alusión a que otros imputados fueron acusados formalmente por el Ministerio Público (Conclusión II.4.), remitiendo la causa al Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el que por Oficio 220/2023, devolvió la causa penal al Juzgado de primera instancia (Conclusión II.5.).
Emergente de la precitada devolución del proceso penal, el Juzgado de primera instancia, por decreto de 18 de julio de 2023, -previo sorteo-, dispuso su remisión al Tribunal de Sentencia de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que recayó al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del mismo departamento, que lo devolvió el 18 de igual mes y año; empero, el accionante, mediante memorial presentado el 19 de mismo mes y año, solicitó al Juez Público Mixto, Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento del referido departamento, señale audiencia para considerar la modificación de las medidas cautelares y se disponga la cesación de su detención preventiva alegando haberse cumplido con la notificación a las partes con el sobreseimiento y presentado desistimiento de las víctimas, memorial que fue remitido el 21 del citado mes y año al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de dicho departamento (Conclusión II.7.).
Posteriormente, través del memorial presentado el 24 de julio de 2023, el Fiscal de Materia asignado al caso, informó al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, que no cursó impugnación al sobreseimiento por parte de los querellantes como de los denunciantes, adjuntando las respectivas notificaciones a las partes (Conclusión II.8.); por lo que, el accionante, por memorial presentado el 25 de igual mes y año, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del referido departamento, señale audiencia de cesación de detención preventiva de acuerdo a los arts. 239 y 340 del CPP, por encontrarse ejecutoriado el sobreseimiento emitido en su favor y estar indebidamente detenido preventivamente en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba (Conclusión II.9.).
Referidos todos los antecedentes procesales, se constata que la presente acción de defensa fue interpuesta por el accionante, denunciando que fue favorecido con la Resolución de Sobreseimiento de 5 de junio de 2023, emitida en su favor por el Ministerio Público; por lo que, el 19 de julio del mismo año, solicitó al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, la cesación de la detención preventiva y su inmediata libertad, petición que fue remitida el 21 de julio de 2023 al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del mismo departamento, a cuyo cargo se remitió -previo sorteo-, para que asuma conocimiento y sustancie el juicio oral, público y contradictorio contra otros imputados acusados formalmente por el Ministerio Público; sin embargo, sin radicar la causa fue devuelta por dicho Tribunal el 24 del citado mes y año al Juzgado de primera instancia con observaciones a objeto de que sean subsanadas; habiendo el accionante, por memorial de 25 del mismo mes y año, solicitado al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, la modificación de medidas cautelares y su inmediata libertad, por haberse ejecutoriado el sobreseimiento emitido en su favor; empero, conforme a lo informado por la Jueza hoy accionada, en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, la causa de referencia fue devuelta nuevamente con observaciones al Juzgado de primera instancia, el 1 de agosto de igual año, aspecto que no fue desvirtuado por el accionante.
Como se advierte en los “mencionados autos”, la presente acción de defensa fue interpuesta erróneamente contra la Jueza ahora accionada; puesto que, al ser devueltos los antecedentes al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, la autoridad titular de dicho Juzgado es quien tiene el control jurisdiccional del proceso y el que debe resolver la situación jurídica del accionante; en consideración a que, si bien el Ministerio Público acusó formalmente a otros procesados, la causa no se encontraba radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del referido departamento; lo que, permite determinar que el Juez Público Mixto, Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de La Guardia del señalado departamento, es el que supuestamente vulneró los derechos alegados en la acción de defensa; aspecto que, el accionante no consideró al momento de la interposición de la acción tutelar; pues contradictoriamente, demandó a la mencionada Jueza; circunstancia que determinó, que se deniegue la tutela solicitada, por falta de legitimación pasiva, conforme lo ha establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Otras consideraciones
Se insta al Juez de Instrucción Penal Primero de La Guardia del departamento de Santa Cruz, a cumplir con su rol de contralor de los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesales intervinientes en procesos penales, más aun cuando se trata de personas privadas de su libertad; puesto que, como operador de justicia que ejerce el control jurisdiccional, tiene competencia para conocer solicitudes con relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, cuando aún la causa no se encuentra radicada en un determinado tribunal -como en el caso de autos-, conforme lo establece la SCP 0705/2021-S1 de 24 de noviembre, que: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal”, entendimiento jurisprudencial aplicable al presente caso, por su carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, como lo dispone el art. 203 de la CPE. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 2 de agosto, cursante de fs. 128 a 130 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_2400_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): b6990f91352bf38a0d965e0b7cf897a47c1f28025b0a4fadcaf3935add41ce8d
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