Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 29 de octubre de 2024
Concede la tutela
El accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso, alegando que planteó recusación contra los Vocales ahora demandados; no obstante, sin previamente haber resuelto dicho incidente, procedieron a señalar audiencia para resolver una apelación incidental efecto de la concesión de una anterior acción de libertad; por lo que, solicita dejar sin efecto cualquier acto posterior a la presentación del memorial de recusación, cuya resolución debió prevalecer antes de emitir un señalamiento o un criterio posterior, ya que no era posible saltar etapas procesales. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 90/24 de 27 de junio de 2024, cursante de fs. 150 a 153, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, bajo los razonamientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2º Exhortar a la autoridad demandada observe el cabal cumplimiento de las formalidades legales, con la finalidad de evitar vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0754/2024-S4 Sucre, 29 de octubre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional Expediente: 65735-2024-132-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 90/24 de 27 de junio de 2024, cursante de fs. 150 a 153, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Hernán Bedoya contra Julio Nelson Alba Flores y David Marcelo Coca Echeverría, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentado el 5 de junio de 2024, cursante de fs. 36 a 44, y el de subsanación de 10 del citado mes y año (fs. 47 a 49), el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal que sigue en calidad de denunciante en contra de Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig y Oscar Cuiza Martínez, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, el 25 de abril de 2024 se llevó a cabo audiencia para resolver la excepción de incompetencia en razón de materia interpuesta por los acusados, que fue resuelta mediante Auto de Vista 318/2024, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quienes la declararon fundada, determinando que la competencia correspondería a la vía civil, determinación contra la cual activó una acción de libertad, que concedió la tutela impetrada, disponiendo la anulación del aludido fallo. Añadió que, tomando en cuenta que dichos Vocales componentes de la mencionada Sala, ya habrían emitido criterio que consta en actuados, por demás adelantado y parcializado, formuló recusación en su contra, ofreciendo como prueba toda la documental en el “otrosí 3ro.-“, pruebas testificales en el “otrosí 2do”, y confesión provocada a ser resuelta por las autoridades recusadas; no obstante, pese a que los mismos se encontraban recusados, procedieron a señalar audiencia para “nuevamente resolver lo que por su criterio ya emitido, el resultado sería el mismo, nuevamente sin absolver las declaraciones testificales ni mucho menos la confesión judicial provocada” (sic), pues fue notificado con el Decreto de 31 de mayo de 2024, de señalamiento de audiencia para el 5 de junio del citado año, mas no así con ninguna respuesta a su recusación, o con el apartamiento al que debieron someterse por dicho efecto, lo que evidencia la existencia de un criterio adelantado, siendo evidente que los demandados rechazarían la recusación y continuarían conociendo la causa, sin existir respuesta a su memorial de recusación, el cual fue presentado ocho días antes del decreto de señalamiento, acto que resulta incongruente y vulnera el debido proceso en su vertiente a tener una respuesta pronta, oportuna y fundada en derecho. Señaló que la recusación fue sostenida en el art. 316 del CPP, art. 27.3 y 8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), y jurisprudencia contenida en la SCP 0020/2014, y SC 1691/2005, esta última que determina que “si existe un juez denunciado y lo mantiene en una causa sabiendo que esta denunciado se pierde toda imparcialidad” (sic), que en el caso está claramente demostrado, pero además de ello, se presentó como medio de prueba en los otrosíes copias documentales y testificales ofrecidas como pruebas, que merecen respuesta positiva, negativa o mínimamente se explique porque no corresponden ser valoradas; asimismo, en cuanto al sobre cerrado que contiene una confesión judicial provocada en virtud al art. 157 del CPP, “y el auto de vista motivo hoy de solicitud de control cautelar, sus autoridades podrán evidenciar que el mismo no se pronuncia sobre todos los aspectos expuestos en ese memorial” (sic). En conclusión procedieron a señalar una audiencia para resolver una apelación incidental sin antes resolver un recurso pendiente, lo que supone que rechazarían el mismo, resultando una resolución arbitraria y no fundamentada en derecho, no habiendo tampoco dado correcta valoración a las pruebas ofrecidas, no pudiendo determinar su impertinencia si no abrieron el sobre, “entra en un ámbito arbitrario pues el tribunal hoy accionado, elevar al siguiente tribunal en número el cual debió abrir el sobre de confesión judicial propuesta y ver si las preguntas eran o no impertinentes lo que llevaría a una respuesta por las autoridades recusadas, pero al elevar al grado superior, no aperturar el sobre y no recepcionar las declaraciones testificales, obviamente violan los elementos del debido proceso en la vertiente que cuestiona todos los aspectos puestos a debate” (sic), pues al no haberse aperturado el sobre por el Tribunal siguiente en número, se vulneró el debido proceso porque produciendo esa confesión provocada, el resultado resultaría distinto, siendo clara la SCP 0238/2019, que señala “que cuando no se pronuncian sobre todos los elementos puestos en la recusación, se debe anular la resolución”.
El accionante alegó como lesionado su derecho al debido proceso, citando al efecto el art. 115.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se disponga la nulidad de todos los actuados emitidos, “en especial el ilegal decreto de fecha 31 de mayo de 2024 donde señalan una audiencia y los posteriores, puesto que SE VIOLENTO EL DEBIDO PROCESO ya que no se ha resuelto ni mucho menos puesto en conocimiento de mi persona la respuesta al recurso de recusación interpuesto en su contra, al contrario señalaron audiencias para resolver cuestiones procesales sin resolver previamente el recurso de recusación, por lo que y ante la flagrante violación al debido proceso, al señalar actuaciones SIN RESOLVER RECURSOS ANTERIORES NI MUCHO MENOS PONER EN CONOCIMEINTO DE LAS PARTES PROCESALES, interpuse la presente acción donde solicito la nulidad de todo actuado posterior a la presentación de mi memorial de recusación de fecha 23 de mayo de 2024 que cursa a Fs. 22 y siguientes del presente cuaderno procesal, pues las autoridades hoy previo a señalar audiencias u otras consideraciones, debieron resolver el memorial de recusación interpuesto por mi persona y notificar a las partes procesales con dicha respuesta, pronunciándose además sobre el valor de las pruebas otorgadas y ofrecidas, es decir remitir al Tribunal siguiente las mismas para que se absuelva tanto el recurso presentado, como los medios probatorios ofrecidos (documental, testifical y confesión judicial provocada) (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 27 de junio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 145 a 150, presente la parte accionante y el tercero interesado, ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que: a) Las autoridades demandadas omitieron pronunciarse sobre la recusación que formularon, emitiendo un señalamiento de audiencia y posterior a ello, recién resuelven dicha recusación y notifican con ese acto, cuando lo primero que debieron haber resuelto es la recusación, no pudiendo por ello tomar como una cesación del efecto reclamado, pues si bien la Resolución que resuelve la recusación, rechazándola in limine es del 27 de mayo 2024, recién le fue notificado el 6 de junio del citado año, “nosotros reclamamos desde un principio somos notificados el 06 de junio, por lo tanto, claramente se evidencia una violación al debido proceso, porque los vocales no podían saltarse etapas procesales, debían primeramente resolver nuestro recurso de recusación” (sic); b) Existe vulneración al Juez natural y a la correcta valoración de la prueba contenidas en los otrosíes, como la confesión judicial provocada, que debía ser absuelta por las autoridades demandadas y a la vez se ofreció como prueba testifical a dos personas, la cuales nunca fueron llamadas para declarar, estableciendo la SCP 0712/2022-S2, en su ratio decidendi: “todo el contenido en la sentencia se advierte que los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familiar Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica Publica Cuarta del Tribunal Departamental Justicia de Santa Cruz, al declarar impertinente la confesión judicial provocada y que la misma no influiría la decisión al emitir un criterio ilógico y razonable, por eso no podían hacer impertinente sin absolver el cuestionario, ni conocer el contenido de las preguntas que podían dar mayor luces al caso, y conceden la tutela y confirman la resolución” (sic); resultando por ello, evidente la vulneración al debido proceso, al no resolver la recusación y notificarle con una audiencia, pues tampoco se pronunciaron con relación a los medios probatorios, como la confesión judicial provocada y testificales, lo que evidencia que no existió una correcta valoración de los medios probatorios; y, c) Por lo que, solicitaron se conceda la tutela solicita y se deje sin efecto todo actuado posterior, pues correspondía resolver todos los recursos pendientes antes de emitir un señalamiento o un criterio posterior, debiendo por ello, dejarse sin efecto cualquier acto posterior.
Julio Nelson Alba Flores y David Marcelo Coca Echeverría, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe ni se apersonaron a audiencia pese a su notificación cursante a fs. 52 y 54.
Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig, a través de sus abogados en audiencia manifestó que: 1) El único agravio que contenía el memorial de acción de amparo constitucional, indica que fue notificado con señalamiento de audiencia y no así con el “Auto 169 de 27 de mayo”, que resolvió la recusación, lo cual resulta falso, pues tal como se puede acreditar con la prueba presentada se podrá constatar que el 11 de junio, a las 10:00, se notificó al impetrante de tutela con el rechazo in limine, y al mismo tiempo también con el acta de suspensión de audiencia y señalamiento de nueva audiencia para el 12 de junio, que como podrán evidenciar no se presenta a la misma, provocando la suspensión y omitió informar a la Sala Penal Tercera del referido Tribunal que formuló una acción de defensa, habiendo en total tres suspensiones de audiencia; 2) La recusación fue resuelta el 27 de mayo del 2024, conforme reconoció en audiencia el propio accionante, la audiencia de cumplimiento de lo dispuesto por la concesión de tutela de una anterior acción de libertad, fue celebrada recién el 18 de junio del 2024, después de tres suspensiones; por lo que, el acto ilegal ambiguamente definido por el accionante fue observado por sus autoridades, le indicaron aclare cuál es exactamente su acto ilegal y su petitorio, y él refirió en su memorial de subsanación de errores, indicando que no se había resuelto la recusación hasta el 10 de junio; sin embargo, de manera muy curiosa, el accionante se notificada en Sala con las actuaciones que elegía, notificándose el 11 de julio de 2024, con la recusación, y no informó a la Sala Constitucional que ya consintió con el acto;
3) Se trata de sorprender en esta audiencia de acción de amparo, modificando el acto ilegal definido en el memorial de acción de amparo; no obstante, sin consentir ello nos corresponde señalar que “el auto de recusación fue correctamente emitido ¿Por qué motivo? Porque la sala ha señalado que no ha emitido un criterio anticipado. El hecho de haber resuelto una resolución en cumplimiento de su labor de su ejercicio como Vocales de la Sala Penal Tercera, no implica un criterio anticipado, es más, el hecho de que tengan que cumplir con la sentencia constitucional tampoco implica que sean unos jueces invalidados para dar cumplimiento a esa sentencia constitucional porque como bien reflexionan los vocales la propia sentencia constitucional es quien les ordena a los integrantes de dicha sala a emitir un nuevo fallo, debido a que el fallo preexistente fue anulada” (sic); 4) Con relación al falaz argumento que no se habría valorado la prueba ofrecida para probar hechos o causales de recusación que fueron declarados en in limine es absurdo, pues fue resuelta de esa manera porque no encuadraba en ninguno de los supuestos que la norma penal permite para que se cuestione la imparcialidad del Juez; 5) Existe una prohibición expresa de proceder a la recusación de todos los miembros de una Sala, habiendo en el caso ello acontecido, pues la recusación fue planteada contra la totalidad de la Sala Penal Tercera con la finalidad de seguir demorando la resolución de la excepción de incompetencia, que fue presentada hace cuatro años y debido a actitudes desleales de la parte ahora accionante, tardo cuatro años en resolverse convirtiendo el proceso en un calvario; 6) Ya se cumplió con la sentencia de la acción de libertad, acto que fue consentido, correspondiendo por ello denegar la tutela impetrada; 7) Seguirá sosteniendo que el “Dr. Flores” no tiene legitimación para llevar a cabo la presenta acción tutelar, pues si se revisa quien plantea la acción de amparo, es José Hernán Bedoya, por cuanto si el prenombrado pretendía ser representado en esta audiencia por el aludido profesional, no tenía que acudir a un poder anterior, sino a un poder posterior; 8) En esta acción tutelar se reclaman dos aspectos, “se ha dicho que se han llevado actuaciones sin que se hubiese resuelto la recusación, primer argumento y segundo argumento, que lo vienen a traer a colación en esta audiencia es que además el auto que declaro in limine la recusación sería un acto ilegal, este acto señores Vocales no está en la acción de amparo que ha sido admitida por ustedes y tampoco ha sido planteada como una ampliación de la demanda (…) fuera de la demanda, cualquier resolución de ustedes sería extra petita, si ustedes resuelven menos seria infra petita y si ustedes resuelven algo distinto ultra petita” (sic), por lo que la jurisdicción constitucional se halla sujeta al único argumento que se expone, que es el hecho que los Vocales no debieron haber señalado otra actuación sin antes resolver su demanda de recurso de recusación; y, 9) El Código de Procedimiento Penal tuvo un avance precisamente en la recusación, pues “al inicio del Código allá el año 1999, cuando entra en vigencia el año 2001 el Código sí decía el procedimiento promovido la recusación el juez no podrá realizar ningún acto bajo sanción de nulidad, sin embargo, el artículo 321 del Código Procedimiento Penal ha sido modificado y el artículo 321 modificados con la Ley 596 de hace ya diez años atrás, no es nuevo dice, producida la excusa o recusación, la o el juez reemplazante no podrá suspender el trámite procesal ¿Qué quiere decir? que si puede realizar otras actuaciones, no era como antes y se mal utilizo el régimen de la excusa y de la recusación, más que toda la recusación para suspenderle la competencia al juez tras que presentaban una recusación, ya no puede hacer más nada y primero se resuelve la recusación, primer lugar, que legalmente el juez podía disponer la continuación de la tramitación del proceso porque la ley se lo permite” (sic), por lo que, si la demanda de recusación fue presentada el “23 y se resolvió el 27, quiere decir que cuando señalaron la audiencia el 06 de junio o lo notificaron el 6 de junio ya estaba resuelta ya estaba prácticamente resuelta la recusación y al interponer esta acción tutelar no han reclamado por qué se declaró o se rechazó in limine, quiere decir que han revisado las actuaciones del proceso han revisado las actuaciones de los señores vocales y han consentido con el hecho que se rechazó in limine, porque no lo reclamaron cuando ellos han presentado el presente amparo, ellos conocían del auto de vista que rechazo in limine y no lo impugnaron, eso significa un acto consentido” (sic), que ahora pretenden subsanar. Oscar Cuiza Martinez, no presentó escrito alguno ni asistió a la audiencia de consideración de acción de amparo constitucional.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 90/24 de 27 de junio de 2024, cursante de fs. 150 a 153, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) Respecto a la obligatoriedad que la autoridad recusada una vez formulada la recusación no pueda desarrollar o llevar a cabo mayores actuaciones procesales, debe quedar claro que la presentación, la percusión, la formulación de la recusación de ninguna manera implica la suspensión de competencia de la autoridad jurisdiccional, pues el art. 320 del CPP, respecto al trámite se remite al trámite de excusa contenida en el art. 318 del mismo cuerpo legal, sin suspender el proceso, lo que implica, incluso por un rechazo puro y simple o in limine, no suspende la competencia, lo cual implica que puede llevar a cabo toda actuación procesal concerniente al proceso, competencia que se suspende únicamente cuando es admitida o se allana a la misma o en su defecto se excusa, situación que comprende direccionar el trámite inmerso en el art. 318 del cuerpo legal de referencia; y, ii) En cuanto a la notificación el 31 de mayo de 2024, con el señalamiento de audiencia para fecha 6 de junio del mismo año, cuando se había promovido la recusación, que fue resuelta el 11 de junio de 2024; es decir, posterior a dicha notificación, precisaron que de la revisión del expediente constitucional así como de la carga documental presentada por los terceros interesados, desde el momento de la interposición de la recusación no fue llevado a cabo acto procesal alguno que devenga de una decisión, distinto fuera el escenario si se hubiera llegado a una decisión sin que antes exista un pronunciamiento respecto a la recusación, pues la sola notificación con el Decreto de 30 de mayo del mencionado año, con el señalamiento de audiencia de 6 de junio, que fue suspendida, habiendo sido lleva a cabo posterior a la notificación del 11 de junio de 2024, “que es cuando toma conocimiento formal del auto que resuelve el incidente de recusación, dicho de otra manera, el acto lesivo hoy invocado a título de agravio que resulta ser la notificación de 30 de mayo con un señalamiento de 30 de junio, carece de relevancia constitucional al no existir interpretación gramatical, histórica, teleológica o sistemática que permita inducir al tribunal que la decisión de rechazo de la recusación y, por tanto, la continuidad de la competencia de la autoridad recusada fuere hacer distinta en caso de la concesión” (sic); por cuanto si bien es cierto que primero notifican con la audiencia para resolver la apelación y posteriormente con el auto que resuelve el incidente de recusación, “pero más seria un problema de notificación con los diferentes actos procesales que carecen de relevancia constitucional porque en caso de concederse tutela no cambiaría la decisión o el decisum de la resolución que ellos invocan” (sic), tampoco puede ingresar al fondo en cuanto a que si la resolución que resuelve el incidente de recusación se encuentra o no debidamente fundamentada o motivada, o si se hubiera o no valorado la prueba, al no haber sido estos aspectos materia del amparo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial recibido el 24 de mayo de 2024 a las 10:52, por la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el hoy impetrante de tutela planteó recusación en contra de los componentes de dicha Sala hoy autoridades demandadas (fs. 94 a 107). II.2. A través de Auto de Vista 169 de 27 de mayo de 2024, la aludida Sala Penal Tercera, rechazó in limine la recusación de referencia, enconsecuencia dispuso se continúe y cumpla lo dispuesto por la Jueza de garantías; determinación notificada al accionante el 11 de junio de 2024, conforme consta de la diligencia de notificación currante a fs. 114 (fs. 108 a 111). II.3. Cursa Decreto de 31 de mayo de 2024, a través del cual Julio Nelson Alba Flores, Vocal hoy demandado, señalo: “En cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional de fecha 08 de mayo de 2023 y a lo que establece el Art. 405 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la ley 1173, a efecto de escuchar la apelación incidental interpuesto por OSCAR CUIZA MARTINEZ Y ALBERTO GUTIERREZ FLEIG, dentro del proceso penal que sigue el MINISTERIO PUBLICO contra OSCAR CUIZA MARTINEZ Y ALBERTO GUTIERREZ FLEIG por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA. Para tal efecto se señala audiencia para el día MIERCOLES CINCO (05) DE JUNIO DE 2024, A HORAS 08:05 A.M, la misma que no podrá suspenderse y se realizará inclusive sin la presencia de los sujetos procesales en caso de ausencia” (sic). (fs. 31). II.4. Consta diligencia de notificación realizada el 11 de junio de 2024, a través de la cual se puso a conocimiento del hoy impetrante de tutela el acta de suspensión de audiencia de 5 del citado mes y año y nuevo señalamiento, así como el Auto de Vista 169/2024 de 27 de mayo de 2024 (fs. 114).
El accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso, alegando que planteó recusación contra los Vocales ahora demandados; no obstante, sin previamente haber resuelto dicho incidente, procedieron a señalar audiencia para resolver una apelación incidental efecto de la concesión de una anterior acción de libertad; por lo que, solicita dejar sin efecto cualquier acto posterior a la presentación del memorial de recusación, cuya resolución debió prevalecer antes de emitir un señalamiento o un criterio posterior, ya que no era posible saltar etapas procesales. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 088/2021-S1 de 26 de mayo, al respecto precisó: “Respecto al trámite y resolución de recusación, el art. 320 del CPP, establece que: “La recusación se presentará ante el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente”.
Por su parte, el art. 321.I de la citada norma, refiriéndose a los efectos de la recusación, establece que: “Producida la excusa o promovida la recusación, el juez no podrá realizar en el proceso ningún acto, bajo sanción de nulidad. Aceptada la excusa o la recusación la separación del juez será definitiva, aunque posteriormente desaparezcan las causales que las determinaron”; sin embargo, la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, denominada “Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal”, en su artículo primero, estableció reformas parciales al Código de Procedimiento Penal, entre las cuales se encuentra la modificación del art. 321 del mismo, señalando lo siguiente:
II. ‘Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in limine cuando:
1. No sea causal sobreviniente;
2. Sea manifiestamente improcedente;
3. Se presente sin prueba en los casos que sea necesario; o 4. Habiendo sido rechazada sea reiterada en los mismos términos”.
En ese contexto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0038/2012[12] de 26 de marzo, realizando una interpretación teleológica y sistemática de los supuestos regulados en la última parte del art. 321 del CPP, estableció que la finalidad de establecer un rechazo in límine de las recusaciones, es evitar dilaciones procesales indebidas con el fin de asegurar el principio de celeridad, razón por la cual los Jueces o Tribunales ordinarios, deberán establecer de manera previa y motivada ese rechazo y continuar inmediatamente con el conocimiento y resolución de la causa, sin ningún vicio de nulidad de los actos procesales posteriores. Entendimiento que a su vez -entre otras- fue asumido y reiterado en las SSCC 1273/2013 de 2 de agosto, 1793/2013 de 21 de octubre, entre otras.
Posteriormente, el art. 320.I y II del CPP, fue modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-, en el siguiente tenor: Artículo 320. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LA RECUSACIÓN).
I. La recusación se presentará ante la o el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba pertinente.
II. Si la o el Juez recusado admite la recusación promovida continuará el trámite establecido para la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento:
1. Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. El Tribunal Superior se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibidos los actuados, sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior, bajo responsabilidad. Si el Tribunal Departamental de Justicia acepta la recusación, reemplazará a la o el Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza, ordenará a la o el Juez que continúe con el conocimiento del proceso, quien no podrá ser recusada o recusado por las mismas causales.
2. Cuando se trate de una o un Juez que integre un Tribunal, el rechazo se formulará ante el mismo Tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior (las negrillas son agregadas).
Asimismo, el art. 321.I y II del CPP, también fue modificado por el art. 8 de la Ley 586, señalando:
Artículo 321. (EFECTOS DE LA EXCUSA Y RECUSACIÓN).
I. Producida la excusa o recusación, la o el Juez reemplazante no podrá suspender el trámite procesal; aceptada la excusa o la recusación, la separación de la o el Juez ser definitiva, aun cuando desaparezcan las causales que las determinaron.
II. Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in limine cuando:
1. No sea causal sobreviniente;
2. Sea manifiestamente improcedente;
5. Se presente sin prueba; o 6. Habiendo sido rechazada, sea reiterada en los mismos términos’
En virtud a la SCP 0038/2012 y las últimas modificaciones citadas del Código de Procedimiento Penal, la SCP 0700/2015-S3[13] de 6 de julio, respecto al rechazo in limine de una recusación, señaló que, ante presentación de una de las cuatro causales previstas en el art. 321.II del CPP, la autoridad judicial deberá continuar con el conocimiento y resolución de la causa, sin que se vicien de nulidad los actos procesales posteriores; toda vez que, en caso de suspenderse la tramitación del proceso se dejaría sin control jurisdiccional y no se cumpliría con principio de celeridad, por ello la autoridad judicial recusada, dentro del plazo de veinticuatro horas de promovida la recusación -sin suspender el proceso-, debe elevar antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia, adjuntando el escrito de interposición de recusación y la decisión fundamentada de rechazo in limine.
En ese contexto, de la jurisprudencia glosada precedentemente, se puede concluir que, existe un procedimiento específico y detallado en cuanto a la oportunidad de la recusación y su respectivo trámite y resolución, sobre este último aspecto se advierte tres circunstancias disímiles; una, en caso de que sea recusado un juez unipersonal, quien una vez rechace la pretensión, debe elevar antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. Otra circunstancia, es cuando se recusa a un miembro de un Tribunal, caso en el cual el rechazo -que puede ser in limine o manifiestamente improcedente- se debe formular ante el mismo órgano colegiado, el que resolverá en la forma y plazo establecido para la recusación a un juez unipersonal.
Ahora bien, también se puede presentar en la práctica forense la posibilidad de un planteamiento de recusación contra todo el Tribunal, por lo que, cuando ocurra esta circunstancia y se formule un rechazo in limine, en consideración a la restricción prevista en el art. 28.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- que no permite en ningún caso la recusación sobre más de la mitad de los miembros de una sala o tribunales de sentencia; resulta necesario que esta decisión judicial, junto con la demanda de recusación deban pasar a conocimiento del tribunal competente, que no es otro que el Tribunal Departamental de Justicia, el que en definitiva resuelva la recusación.
Esto en razón, que el procedimiento de la recusación no concluye con el rechazo formulado por el Tribunal recusado, sino que debe existir un pronunciamiento expreso, aceptando o rechazando la recusación presentada, trámite procesal que se halla ligado a sus efectos como el pago de multas, suspensión o interrupción de los plazos de la prescripción estipuladas en el art. 321.III. IV y V del CPP; además, en algunos casos a faltas disciplinarias de la autoridad jurisdiccional recusada.
En este orden, si bien la SCP 0622/2018-S2 de 8 de octubre estableció que, en el marco de las previsiones establecidas en el art. 321.II del CPP, ante un rechazo in limine, únicamente procedería la elevación en consulta, dentro del plazo de las veinticuatro horas de promovida la recusación, cuando se trate de una autoridad recusada de un tribunal unipersonal -art. 320.II.1 del CPP; resulta evidente que bajo el marco del principio de progresividad y la jurisprudencia constitucional desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, que razonaron sobre la teoría del estándar jurisprudencial más alto, como metodología para definir la sentencia aplicable en un determinado caso, ante una pluralidad de entendimientos; metodología que, a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Norma Suprema y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.
Teniendo en cuenta lo señalado, en el caso particular, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra en la SCP 1116/2019-S1, porque contiene razonamientos que aseguran la máxima eficacia del derecho a un juez imparcial e independiente, al establecer que en casos de rechazos de recusaciones contra todos los miembros de un Tribunal de Sentencia, estas sean revisadas por el Tribunal Departamental de Justicia; pues, un razonamiento contrario restringiría el derecho de garantizar la prohibición del juzgamiento por una autoridad que no esté dotada de independencia e imparcialidad que caracterizan a los tribunales y que se traduce en la falta de interés del juez en los resultados del litigio; a cuyo fin, necesariamente debe pasar a conocimiento del tribunal competente, para que sea este tribunal, el que en definitiva se pronuncie sobre la recusación.
En ese contexto, la SCP 1116/2019-S1 de 27 de noviembre desarrolló el siguiente entendimiento “…se puede concluir que, existe un procedimiento específico y detallado en cuanto a la oportunidad de la recusación y su respectivo trámite y resolución, sobre este último aspecto se advierte dos circunstancias disímiles; una, en caso de que sea recusado un juez unipersonal, quien una vez rechace la pretensión, debe elevar antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. Otra circunstancia, es cuando se recusa al miembro de un Tribunal, caso en el cual el rechazo -que puede ser in limine o manifiestamente improcedente- se debe formular ante el mismo órgano colegiado, el que resolverá en la forma y plazo establecido para la recusación a un juez unipersonal. En ese marco, si bien el Código de Procedimiento Penal ha previsto un trámite, el plazo y forma de resolución cuando la recusación es contra un solo miembro del Tribunal de Sentencia; empero, el referido precepto legal no establece de forma específica un procedimiento para casos en los que el planteamiento de dicho incidente sea contra más de la mitad de un Tribunal o Sala Plena, por lo que acudiendo a la interpretación sistemática de los arts. 319.III; 320.II y 321.II.2 de la citada norma adjetiva penal, se llega a establecer que si el planteamiento de la recusación es contra más de la mitad de los jueces que integran el Tribunal de Sentencia, los recusados, en su calidad de Tribunal colegiado, tomando en cuenta que dicho incidente es manifiestamente improcedente por no estar adecuado a la normativa precitada, debe ser rechazado de forma in límine y proseguir con el juicio oral, cumpliendo a su vez de forma análoga el procedimiento previsto para casos de recusa a un juez unipersonal, elevando antecedentes ante el Tribunal superior…”.
El accionante denuncia como vulnerado su derecho al debido proceso, alegando que planteó recusación contra los Vocales ahora demandados; no obstante, sin previamente haber resuelto dicho incidente, procedieron a señalar audiencia para resolver una apelación incidental efecto de la concesión de una anterior acción de libertad, por lo que, solicita dejar sin efecto cualquier acto posterior a la presentación del memorial de recusación, cuya resolución debió prevalecer antes de emitir un señalamiento o un criterio posterior, ya que no era posible saltar etapas procesales.
De los antecedentes procesales cursantes en obrados, se tiene el memorial a través del cual el hoy impetrante de tutela planteó recusación en contra de los componentes de la Sala Penal Tercera, mismo que fue recibido por Secretaria de la referida Sala el 23 de mayo de 2024 (Conclusión II.1); que mereció la emisión del Auto de Vista 169 de 27 de mayo de 2024, a través del cual las aludidas autoridades la rechazaron in limine, en consecuencia dispusieron se continúe y cumpla lo dispuesto por la Jueza de garantías; determinación puesta a conocimiento accionante el 11 de junio de 2024, conforme consta de la diligencia de notificación cursante a fs. 114 (Conclusión II.2).
Por otro lado, se tiene el Decreto de 31 de mayo de 2024, a través del cual Julio Nelson Alba Flores, Vocal hoy demandado, señaló: “En cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional de fecha 08 de mayo de 2023 y a lo que establece el Art. 405 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la ley 1173, a efecto de escuchar la apelación incidental interpuesto por OSCAR CUIZA MARTINEZ Y ALBERTO GUTIERREZ FLEIG, dentro del proceso penal que sigue el MINISTERIO PUBLICO contra OSCAR CUIZA MARTINEZ Y ALBERTO GUTIERREZ FLEIG por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA. Para tal efecto se señala audiencia para el día MIERCOLES CINCO (05) DE JUNIO DE 2024, A HORAS 08:05 A.M, la misma que no podrá suspenderse y se realizará inclusive sin la presencia de los sujetos procesales en caso de ausencia” (sic). (Conclusión II.3).
Ahora bien, a efectos de realizar el control tutelar de lo denunciado a manera de ilustración debe tenerse presente que el instituto de la recusación como parte del debido proceso en su componente al juez imparcial, radica en asegurar que la resolución de la causa se encuentre alejada de los intereses subjetivos de las partes o del juzgador; por lo que, cualquier tramitación procesal según el procedimiento establecido, debe otorgar certeza que la decisión a asumirse responderá al razonamiento objetivo del administrador de justicia; en ese sentido, el marco normativo se encuentra contenido en el art. 316 y ss. del CPP, donde se desglosa las causales de excusa y recusación, oportunidad, trámite y resolución de la recusación, así como los efectos de ambos institutos jurídicos; en ese marco, el precedente constitucional glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, explica los efectos del rechazo in límine de dicho instituto procesal, determinando de manera expresa que la autoridad judicial recusada, dentro del plazo de veinticuatro horas de promovida la recusación –sin suspender el proceso–, debe elevar antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia, adjuntando el escrito de interposición de recusación y la decisión fundamentada de rechazo in límine; de lo que se entiende que al ser un incidente de puro derecho sometido a un trámite especial, debe ser resuelto de forma inmediata, con previo y especial pronunciamiento.
En ese contexto, conforme al alcance del planteamiento del reclamo efectuado por el peticionante de tutela, resulta evidente que si bien la Resolución que resolvió el incidente de recusación figura con fecha 27 de mayo de 2024, por el principio de verdad material no puede desconocerse que el mismo fue notificado a la parte hoy accionante recién el 11 de junio de 2024; es decir, de manera posterior a la notificación realizada el 4 de igual mes y año, con el Decreto de 31 de mayo del citado año, por medio del cual se dispuso audiencia de consideración de apelación incidental de acuerdo a la concesión efectuada en una anterior acción de libertad; cuyo trámite en los hechos causó inseguridad jurídica a la parte impetrante de tutela, quién aún no conocía de las resultas de la recusación, por cuanto imperaba hacer conocer el aludido rechazo, de manera previa o juntamente con la notificación con el referido proveído; no obstante, existe una actuación reprochable a la actividad jurisdiccional desplegada, pues la misma debía ser cumplida en el marco de las formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, ya que si bien el rechazo in límine de la recusación no suspende la competencia ni el trámite del proceso, este efecto para las partes procesales surge desde el momento de conocer la determinación, la cual se materializa con la notificación del acto.
Por lo expuesto, y no obstante la notificación efectuada, dados los antecedentes, corresponde conceder la tutela impetrada, exhortando a la autoridad demandada observe el cabal cumplimiento de las formalidades legales, con la finalidad de evitar vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 90/24 de 27 de junio de 2024, cursante de fs. 150 a 153, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, bajo los razonamientos expuestos en los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2º Exhortar a la autoridad demandada observe el cabal cumplimiento de las formalidades legales, con la finalidad de evitar vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0754_2024-S4.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): a6fb8d5e5797b3f7d8f594f888e500776f56653dce19758adcdfcdf2e89287ed
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