B.IA.LEGAL

SCP 0196/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de mayo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
27 de mayo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
63609-2024-128-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a “vivir con su familia” y “se escuche su opinión y sus pedidos”; toda vez que, habiendo el Juez demandado emitido el Auto Interlocutorio 38/2024 de 26 de febrero, disponiendo su acogimiento circunstancial en el Albergue Bicentenario Bolivia Solidaria, en virtud a la solicitud realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; la misma fue realizada sin tomar en cuenta lo establecido por la Corte IDH, respecto al derecho de ser escuchado que tiene toda niña, niño y adolescente; en el entendido de que merced a ese pronunciamiento, se la remitió al referido Albergue, sin que fuera oída por las autoridades que determinaron esa medida, donde a su vez no tomaron en cuenta las peticiones realizadas por varios de sus familiares, quienes impetraron su integración familiar a un hogar sustituto; circunstancia que constituye una lesión de sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2024 de 18 de abril, cursante de fs. 219 a 224, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad relacionado a la dilación con la que fue resuelta la situación de la accionante, en los mismos términos expresados por el Juez de garantías; y, 2° Exhortar a Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz; Brayan Jhelmar Tintaya Laruta, Director de Defensorías Municipales; José Luis Valencia Lima, Coordinador de Plataforma de Atención Integral a la Familia; y, Karina Julia Sánchez Quintana, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ambos de la zona Max Paredes, todos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para que en observancia del Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el presente caso y en lo futuro actúen con la debida diligencia, enmarcando sus acciones en resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El interés superior de la niña, niño o adolescente
  2. III.2. Separación excepcional de la niña, niño o adolescente de su familia. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Del acogimiento circunstancial de los menores de edad como consecuencia de una medida de protección y el debido diligenciamiento
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0196/2024-S2 Sucre, 27 de mayo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 63609-2024-128-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 009/2024 de 18 de abril, cursante de fs. 219 a 224, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mery Angélica Mariscal Palle en representación de la menor AA contra Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, Brayan Jhelmar Tintaya Laruta, Director de Defensorías Municipales; José Luis Valencia Lima, Coordinador de Plataforma de Atención Integral a la Familia; y, Karina Julia Sánchez Quintana, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ambos de la zona Max Paredes, todos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de abril de 2024, cursante a fs. 1 y 95 a 99 vta., la accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Al momento de procederse con su inscripción en la Unidad Educativa San Antonio de Padua, y existiendo por parte de aquel establecimiento una negativa a dicho requerimiento, presentó una acción de amparo constitucional, la cual fue resuelta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, concediendo la tutela impetrada; no obstante, a su vez determinó que el hecho suscitado sea de conocimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; por tal motivo, dicha institución el 19 de febrero de 2024 -culminada la audiencia de garantías-, se dirigió al mencionado colegio, a efecto de proceder con su rescate, llevándola de manera inmediata al Albergue Bicentenario Bolivia Solidaria, el cual es dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Posteriormente, el 21 de febrero de 2024, la citada Defensoría, adjuntando el Informe Psicológico 29/2024 de 19 de ese mes, solicitó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia de turno de la Capital del mencionado departamento, se proceda con su acogimiento circunstancial en el citado Albergue; aspecto que siendo de conocimiento por parte del Juez demandado, emitió el Auto Interlocutorio 38/2024 de 26 de febrero, disponiendo se proceda con el indicado acogimiento circunstancial; determinación que dicha autoridad realizó sin tomar en cuenta lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con respecto al derecho de ser escuchado que tiene toda niña, niño y adolescente; toda vez que, merced a ese pronunciamiento, se la remitió al referido Albergue, sin que fuera oída por las autoridades que decidieron aquella medida, aspecto que incidió en un desobedecimiento al deber de verificación de la verdad, donde a su vez, se la trató como un objeto. No obstante de ello, pese a varias peticiones realizadas por diferentes parientes, los cuales impetraron su integración familiar a un hogar sustituto, estas solamente fueron puestas a conocimiento de la citada Defensoría, para que esa entidad se oponga a dichas solicitudes, alegando que sus padres tienen en su contra medidas de protección, no tomando en cuenta que aquellas determinaciones en ningún momento “…prohíbe[n] que viva con una familia ampliada” (sic), o tenga algún contacto con la misma; circunstancias que vulneraron sus derechos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, “a vivir con su familia” y “se escuche su opinión y sus pedidos”, sin citar norma constitucional alguna

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene: a) Su comparecencia en audiencia; dado que, se encuentra privada de libertad; y, b) Se determine que su persona viva con su representante como familia ampliada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de abril de 2024, según consta en acta cursante de fs. 206 a 218, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante y abogado, ratificó el contenido de la acción tutelar y ampliándolo manifestó que: 1) La interposición del presente mecanismo de defensa, tiene como objeto lograr su libertad de locomoción; dado que, se encuentra “militarizada” y sometida a una especie de cautiverio; 2) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, tomó decisiones que no le correspondían; toda vez que, al entregarla arbitrariamente a un albergue, lesionó sus derechos y garantías; ya que, dicha entidad acudió a esa Unidad Educativa, para sacarla de sus clases y posteriormente privarla de su libertad; 3) La Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia codemandada, sin adjuntar ninguna resolución, procedió a remitir memorial al Juez demandado, señalando que en mérito al rescate realizado, se la envió a un centro de acogida de menores, de manera circunstancial y temporal; 4) Si bien existía una prohibición expresa de incomunicación de sus padres, esa situación no prohibía comunicarse con otros parientes, sean estos de línea materna o paterna; y, 5) La citada Defensoría en diversas oportunidades rechazó las peticiones formuladas por sus tíos y hermanos de su padre, los cuales impetraron sean habilitados como familia ampliada, a efectos de que viva con estos.

I.2.2. Informe de los demandados

Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías manifestó que: i) El 9 de abril de 2024, la madre de la accionante, presentó ante el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la misma Capital y departamento, una acción de libertad con similares características, la cual fue denegada; sin embargo, pese a lo establecido en ese mecanismo de tutela, ahora nuevamente de forma errónea se volvió a interponer la misma; ii) El art. 194 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), prevé que en procesos judiciales, la representación de los niños la tiene la madre, el padre, el tutor, o el guardador; empero, ante la carencia de alguno de estos, de manera momentánea y excepcional, la representación legal de un menor edad la tiene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; iii) El art. 54 de la mencionada norma, modificado por la Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 1168 de 12 de abril de 2019-, dispone que cuando la citada Defensoría conozca la situación de un menor de edad desprotegido, esta de manera inmediata debe poner en conocimiento ese hecho al Juez Público de la Niñez y Adolescencia de turno, quien tiene el plazo de veinticuatro horas para dictar una resolución de acogimiento circunstancial, que tendrá una duración de treinta días, periodo de tiempo en el cual la señalada Defensoría debe buscar una familia que puede ser de origen, sustituta o en caso de no hallar una, proceder con su derivación a un centro de acogida; iv) En el presente caso, transcurrieron más treinta días; por tal motivo, la referida Defensoría impetró una ampliación de plazo de siete días, para solicitar el cese del acogimiento dispuesto, por ese aspecto el levantamiento de aquella medida está en manos de la citada entidad; y, v) Finalmente, respecto al hecho de que se estaría privando de su libertad a la peticionante de tutela, dicho extremo no sería cierto; toda vez que, el indicado Código, con relación al acogimiento circunstancial refiere que la “‘...aplicación de esta medida no se considerará privación de libertad y será ejecutada con estricta sujeción y establecido en este código…’” (sic).

José Luis Valencia Lima, Coordinador de Plataforma de Atención Integral a la Familia; y, Karina Julia Sánchez Quintana, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ambos de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por informe escrito presentado el 18 de abril de 2024, cursante de fs. 148 a 149, y en audiencia de garantías señalaron que: a) Las acciones asumidas por la citada Defensoría se encontrarían acorde al procedimiento establecido por el Código Niña, Niño y Adolescente, el cual regula la figura jurídica del acogimiento circunstancial; b) El relato expresado por la representante de la solicitante de tutela en la presente acción de defensa, escapó a toda realidad y causó extrañeza; toda vez que, las medidas desarrolladas por la indicada Defensoría, fueron de conocimiento por parte del Juez demandado, donde a su vez se guardó y custodió los derechos inherentes a la accionante; c) El rescate de la prenombrada se realizó precautelando el interés superior de la misma; ya que, el padre de la mencionada se encontraba en calidad de acusado en un proceso de abuso sexual; por tal motivo, la citada Defensoría se constituyó en la Unidad Educativa de la peticionante de tutela a efecto de realizar las acciones pertinentes, eso en obediencia de un requerimiento fiscal; y, d) Ante el cumplimiento del plazo correspondiente del acogimiento circunstancial -treinta días-, se solicitó al Juez de la causa la ampliación del mismo; tiempo en el que se procederá a ejecutar las averiguaciones respectivas, a fin de concretar una integración familiar o continuar con el señalado acogimiento. Brayan Jhelmar Tintaya Laruta, Director de Defensorías Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en audiencia de garantías se ratificó en lo expuesto por el personal de la supra citada Defensoría, adicionando que todas las acciones desarrolladas por esa entidad fueron en el marco de lo establecido por la Constitución Política del Estado.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 009/2024 de 18 de abril, cursante de fs. 219 a 224, concedió la tutela impetrada, disponiendo que: “…el equipo multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Max Paredes, bajo la supervisión del responsable y el director de ésta entidad de protección a la niñez y adolescencia, en el plazo máximo de 24 horas, den aplicación a lo previsto por el art. 54, VII de la ley 548 modificado por la ley 1168, debiendo considerar siempre que el Acogimiento Circunstancial, el Acogimiento institucional es una medida de carácter excepcional y en todo momento debe oírse a la víctima, a la menor de edad y no asumir determinaciones únicamente de carácter formal…” (sic); debiendo a su vez, el Juez demandado cumplir con el control respectivo, a efecto de asumirse las medidas pertinentes; con base en los siguientes fundamentos: 1) Los principios de celeridad y de justicia pronta y oportuna, establecidos en el Código Niña, Niño y Adolescente fueron incumplidos; toda vez que, el Auto Interlocutorio 38/2024 tenía un plazo de duración de treinta días, que se cumplió aproximadamente el 26 de marzo del citado año, periodo de tiempo en el cual la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, debió presentar informes ante dicha autoridad jurisdiccional, que en mérito a lo expresado fue incumplido; 2) El Juez demandado no ejerció un adecuado control dentro del mencionado procedimiento; toda vez que, el 3 de abril de igual año, emitió una conminatoria para que la señalada Defensoría se pronuncie sobre el tema, entidad que el 8 del referido mes y año -encontrándose con el plazo vencido-, solicitó a la mencionada autoridad judicial se otorgue una ampliación de plazo, concedido el mismo fue incumplido; debido a que, la indicada Defensoría hasta la fecha de realización del presente mecanismo de defensa, no presentó al prenombrado Juez, los informes pertinentes al caso, pese a la existencia de reclamos reiterados por familiares de la accionante; y, 3) Los funcionarios de la citada Defensoría, así como, la autoridad judicial demandada, quien es la encargada de ejercer una labor de protección hacia las niñas, niños y adolescentes, al no haber actuado con una debida diligencia en el presente caso, lesionaron los derechos y garantías de la peticionante de tutela.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 232 a 239), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Requerimiento de Medidas de Protección de 5 de enero de 2021, a través del cual, la Fiscal de Materia de la causa, dispuso el establecimiento de medidas de protección a favor de AA -accionante-, a efectos de que Freddy Apolinar Mariscal Palle -su padre y presunto sindicado del delito de abuso sexual-, tenga prohibido comunicarse de manera directa o indirecta con la prenombrada, así como, intimarla por cualquier medio o mediante de terceras personas (fs. 14). II.2. Cursa imputación formal presentado el 26 de mayo de 2021, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y de materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por el Fiscal de Materia contra Freddy Apolinar Mariscal Palle, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, solicitando la detención preventiva del nombrado, asimismo, se proceda a la homologación de las medidas de protección a favor de la víctima (fs. 17 a 20 vta.).

II.3. A través de Auto de 19 de octubre de 2021, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, determinó la homologación de las medidas de protección a favor de la peticionante de tutela, correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Lucy Santos Quiroz -madre de la prenombrada-, por la presunta comisión del delito de substracción de un menor incapaz (fs. 32). II.4. Cursa imputación formal de 16 de febrero de 2023, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de turno de la Capital del departamento de La Paz, emitido por el Fiscal de Materia contra Freddy Apolinar Mariscal Palle, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 35 a 38 vta.). II.5. Mediante escrito presentado el 23 de febrero de 2024, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, comunicó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia de turno de la Capital del departamento de La Paz, que en virtud al rescate realizado el 19 de igual mes y año, de la impetrante de tutela se procedió con el “…ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL DE LA MENOR EN REFERENCIA QUIEN SE ENCUENTRA EN EL ALBERGUE BICENTENARIO BOLIVIA SOLIDARIA…” (sic [fs. 50 y vta.]). II.6. Por Auto Interlocutorio 38/2024 de 26 de febrero, Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, dispuso el acogimiento circunstancial de la solicitante de tutela en el mencionado Albergue, aclarando que dicha medida no constituye una guarda, siendo la misma de carácter excepcional y provisional por el plazo de treinta días; periodo en el que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, deberá identificar una familia de origen o sustituta, a efectos de su reintegración de la prenombrada (fs. 56 y vta.). II.7. Mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2024, ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, Mery Angélica Mariscal Palle -tía y representante de la accionante- se apersonó en calidad de familia ampliada de la misma y solicitó se fije día y hora de audiencia reservada; solicitud puesta en conocimiento a la supra citada Defensoría, siendo respondida el 5 de marzo de 2024, por Karina Julia Sánchez Quintana, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz -codemandada-, oponiéndose a que cualquier familiar de la peticionante de tutela de la línea paterna tenga contacto con la menor (fs. 71 a 74 vta.).

II.8. A través de escrito expedido el 1 de abril de 2024, la representante de la impetrante de tutela, solicitó al Juez demandado se proceda con la valoración biopsicosocial de la nombrada por el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) La Paz, y se conmine a la referida Defensoría para que determine la reintegración familiar de la señalada infante (fs. 193 y vta.). II.9. Mediante decreto de 3 de abril de 2024, la autoridad judicial demandada conminó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a “…presentar la respectiva solicitud de cese de acogimiento circunstancial y reintegración familiar, integración familiar o acogimiento institucional conforme corresponda…” (sic), de la impetrante de tutela, estableciendo al efecto el plazo de tres días hábiles para dicho cometido (fs. 194). II.10. Por memorial presentado el 8 de abril de 2024, la Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia codemandada, respondiendo a la supra citada conminatoria, pidió se conceda el plazo de siete días hábiles, para emitir una respuesta concreta sobre la situación de la solicitante de tutela (fs. 132 y vta.). II.11. Mediante decreto de 10 de abril de 2024, el Juez demandado otorgó el plazo solicitado de siete días por la mencionada profesional de la Defensoría, con el objeto de que se pronuncie respecto a la situación de la accionante, señalando en el mismo que “…el plazo para el acogimiento circunstancial ya habría vencido…” (sic [fs. 201]). II.12. Por escrito presentado el 19 de abril de 2024, ante el Juez demandado, la Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia codemandada, impetró a la autoridad judicial demandada el “…cese de acogimiento Circunstancial y la REINTEGRACION FAMILIAR…” (sic) de la peticionante de tutela con su tía paterna -Mery Angélica Mariscal Palle-(fs. 225 a 227 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a “vivir con su familia” y “se escuche su opinión y sus pedidos”; toda vez que, habiendo el Juez demandado emitido el Auto Interlocutorio 38/2024 de 26 de febrero, disponiendo su acogimiento circunstancial en el Albergue Bicentenario Bolivia Solidaria, en virtud a la solicitud realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; la misma fue realizada sin tomar en cuenta lo establecido por la Corte IDH, respecto al derecho de ser escuchado que tiene toda niña, niño y adolescente; en el entendido de que merced a ese pronunciamiento, se la remitió al referido Albergue, sin que fuera oída por las autoridades que determinaron esa medida, donde a su vez no tomaron en cuenta las peticiones realizadas por varios de sus familiares, quienes impetraron su integración familiar a un hogar sustituto; circunstancia que constituye una lesión de sus derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El interés superior de la niña, niño o adolescente

La SCP 1879/2012 de 12 de octubre, estableció que: “Tanto el Estado Plurinacional de Bolivia como otros Estados, otorgan protección especial a los menores de edad, cuyos derechos fundamentales se hallan insertos en la Ley Fundamental así como en diversos instrumentos internacionales; situación que conlleva el deber de toda autoridad de tomar sus decisiones considerando la situación de los niños, niñas y adolescentes que puedan verse afectados; debiendo en cualquier caso prestar atención al interés superior que merecen al ser sujetos de derechos progresivos. En esa perspectiva, la Sección V del Capítulo V de la Norma Suprema, consagra los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Así, el art. 58, indica: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en esta Constitución…’; teniendo derecho a su desarrollo integral (art. 59.I). Estableciéndose en el art. 60, el deber que atañe al Estado, la sociedad y la familia de: ‘…garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’. Estando instituido por el art. 61.I, la prohibición de toda forma de violencia contra éstos, tanto en la familia como en la sociedad, lo cual conlleva la sanción respectiva. Por su parte, el Código del Niño, Niña y Adolescente, que de acuerdo a su art. 1: ‘…establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y sociedad debe garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia’; determina la obligatoriedad de velar por su interés superior según la Norma Suprema, Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y leyes del Estado Plurinacional (art. 6); siendo deber de la familia, la sociedad y el Estado asegurarles con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto pleno de sus derechos (art. 7); deviniendo de ello el derecho que tienen de ser atendidos con prioridad por las autoridades judiciales y administrativas (art. 8)”. Respecto a la normativa y jurisprudencia convencional la SCP 0363/2019-S3 de 29 de julio, señaló que: «El interés superior del niño, ha sido reconocido en los instrumentos internacionales, como el art. 25.2 de la DUDH, el segundo principio de la Declaración de los Derechos del Niño, que remarca el goce de una protección especial para el desarrollo físico, mental y social de todos los niños; el art. 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, señala: “En todas la medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá el interés superior del niño”; en ese mismo sentido, se encuentran los arts. 9, 18, 20, 21 de la misma Convención. Es importante mencionar en el ámbito internacional, a la Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se pronuncia sobre el interés superior del niño, señalando que: “Este asunto se vincula con los examinados en párrafos precedentes, si se toma en cuenta que la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés superior de éste (arts. 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Ahora bien, sobre el objetivo de proteger el interés superior del niño la Corte en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, Sentencia de 24 de febrero de 2012 (Fondo de Reparaciones y Costas), señaló: “108. El objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es, en sí mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. En relación al interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere ‘cuidados especiales’, y el art. 19 de la Convención Americana señala que debe recibir ‘medidas especiales de protección”’.

En el Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo de Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009, la Corte expuso que: “184. […] La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los niños, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su condición particular de vulnerabilidad”. En el mismo sentido, se encuentra el Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, en su párrafo 257». En ese marco, la SCP 0073/2024-S2 de 22 de marzo, precisó que: “…es importante hacer referencia a la Observación general 14 (2013) del Comité de los Derechos del Niño ‘Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial’, en el cual, dicha instancia, a partir de un análisis jurídico del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, estableció que el concepto del interés superior del niño puede ser comprendido en tres dimensiones: 1) Como un derecho sustantivo, de consideración primordial y aplicación inmediata en cualquier decisión que afecte a un niño; 2) Como un principio jurídico interpretativo fundamental, en casos donde se requiera efectuar una labor hermenéutica; y, 3) Como una norma de procedimiento, que guie el proceso de toma de una decisión que repercuta sobre un niño o los niños en general, donde se justifique las repercusiones positivas o negativas que la determinación asumida provoca; no obstante, su contenido se determina en cada caso particular a partir de la interpretación de la citada norma convencional y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades del niño o niños afectados y la evaluación de los elementos que lo configuran. La referida Observación general, también establece la obligatoriedad de evaluar y determinar el interés superior del niño para tomar una decisión respeto a una situación concreta; a ese fin, identificó los siguientes elementos que deben tenerse en cuenta: i) La opinión del niño, ii) La identidad del niño, iii) la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, iv) Cuidado, protección y seguridad del niño, v) Situación de vulnerabilidad, vi) El derecho del niño a la salud; y, vii) El derecho del niño a la educación; los cuales deberán ser valorados en la medida que sean pertinentes al caso concreto”.

III.2. Separación excepcional de la niña, niño o adolescente de su familia. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0363/2019-S3, sostuvo que: “Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño, remarca la importancia de las familias como un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes también regula los casos en los que de manera excepcional puede existir la separación de los padres y madres, en ese contexto en su art. 9 señala: ‘Sobre la separación de los padres y madres 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño’. La Convención sobre los Derechos del Niño, establece los parámetros de protección en casos de niños privados de medio familiar y en su art. 20 regula que: ‘Protección de los niños privados de su medio familiar 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado’. Con relación al apartamiento de la familia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, haciendo referencia a que esta separación sólo puede ser justificada por el interés superior del niño, señaló: ‘73. Cualquier decisión relativa a la separación del niño de su familia debe estar justificada por el interés del niño. Al respecto, la Directriz 14 de Riad ha establecido que [c]uando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el ‘desplazamiento’ de un lugar a otro. (…) 75. Esta Corte destaca los travaux préparatoires de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ponderaron la necesidad de que las separaciones de éste con respecto a su núcleo familiar fueran debidamente justificadas y tuvieran preferentemente duración temporal, y que el niño fuese devuelto a sus padres tan pronto lo permitieran las circunstancias. En el mismo sentido se pronuncian las Reglas de Beijing (17, 18 y 46). (…) 77. En conclusión, el niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal’. En esa misma línea la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, puntualizó que las separaciones de los niños del seno familiar sólo podrán se justificadas en el interés superior del niño. ‘125. Por otro lado, el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconocido en el art. 17 de la Convención, conlleva que el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Por ende, la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación del citado derecho, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder si están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales. En el mismo sentido: Asunto L.M. respecto Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 01 de julio de 2011, párr. 14’. El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas el 2005, recomendó la creación de estándares internacionales para la protección de los niños sin cuidado parental. En respuesta a esta recomendación, se inició la construcción de las Directrices Sobre las Modalidades Alternativas del cuidado de los Niños, aprobado por la Asamblea General de las Organización de Naciones Unidas (ONU) de 18 de diciembre de 2009, que si bien no es un instrumento vinculante tienen un impacto potencial; toda vez que, sus principios fueron aprobados por las Naciones Unidas lo hace en si relevante y permite que funcione como un referente fundamental para promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; en ese marco, estas Directrices con relación al acogimiento de las niñas niños y adolescentes en centros de acogida para su cuidado y protección ha señalado algunos principios básicos para que se asuma esta medida como el principio de necesidad.- Tiene dos puntos de acción: 1) Implica prevenir situaciones y condiciones que puedan desembocar en las modalidades alternativas de cuidado que no sea el seno familiar; y, 2) Garantizar que los niños ingresen únicamente al sistema de modalidades alternativas de cuidado si todos los medios posibles para mantenerlos con sus padres o su familia ampliada ha sido examinado. Considerando que la modalidad de esta medida debe ser evaluada periódica y constantemente; el principio de idoneidad.- Si se determina que un niño efectivamente requiere de una modalidad alternativa de cuidado, esta debe ser proveída en una forma adecuada. Esto significa que todos los entornos de cuidado deben cumplir con estándares mínimos generales y el entorno de cuidado corresponda a cada niño involucrado en particular.

Las directrices tienen por objeto promover la aplicación de la Convención sobre Derecho de los Niños y de las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales relativos a la protección y bienestar de los niños privados del cuidado parental. En ese marco normativo, como ya se señaló en los Fundamentos Jurídicos precedentes el Estado Boliviano ha inscrito en el art. 60 de la CPE que es deber del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, siendo esta su principal función; por su parte, el art. 59 del mismo cuerpo normativo, prevee que: ‘II. Toda, niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley’. Preceptos normativos que se encuentran ampliamente desarrollados en el art. 53 del CNNA, en la sección de acogimiento circunstancial, señaló que: ‘El acogimiento circunstancial es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados’. Precepto normativo, que guarda concordancia con el art. 54 del mismo cuerpo normativo: ‘I. Las personas y entidades que reciban a la niña, niño o adolescente, están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias, dentro las veinticuatro (24) horas siguientes del momento del acogimiento. II. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho. (…) III. Esta medida será evaluada permanentemente y su aplicación no se considerará privación de libertad’. Si bien en el momento que se constituyó el acto lesivo que es objeto de análisis por la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aún no se encontraba en vigencia la Ley 1168 de 12 de abril de 2019, Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes’ es importante señalar que la misma hizo modificaciones con relación al art. 54 del CNNA, señalando que: ‘I. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las setenta y dos (72) horas de conocido el hecho. II. Si en el transcurso de este plazo la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, solicita a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la reintegración de la niña, niño o adolescente, ésta deberá ser otorgada previa valoración psico-social, suscribiéndose un acta de compromiso de protección por una única vez, que no será aplicable en caso de reincidencia. Durante el plazo de las setenta y dos (72) horas previstas en el Parágrafo precedente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia asumirá el cuidado y protección de la niña, niño o adolescente. III. La Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a partir del conocimiento del acogimiento circunstancial, emitirá en el plazo de veinticuatro (24) horas la resolución de acogimiento circunstancial de la niña, niño o adolescente. IV. Cuando un municipio no cuente con las condiciones para proceder al acogimiento circunstancial de una niña, niño o adolescente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia pondrá a conocimiento de la Jueza o Juez Público Mixto de turno de su jurisdicción, a fin de que se disponga la notificación a la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para que proceda al acogimiento conforme al procedimiento y los plazos establecidos en éste Código, conforme al principio de interés superior del niño. Durante el acogimiento circunstancial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio remitente deberá agotar la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio receptor. V. El acogimiento circunstancial tendrá una duración máxima de treinta (30) días, tiempo en el cual la Defensoría de la Niñez y Adolescencia agotará la búsqueda e identificación de la familia de la niña, niño o adolescente. Esta medida será evaluada permanentemente por la autoridad judicial y su aplicación no se considerará privación de libertad’. Al respecto el art. 55 del CNNA, sobre la derivación a una entidad de acogimiento, expone: ‘I. La derivación de la niña, niño o adolescente a una entidad pública o privada de acogimiento, constituye una medida de protección excepcional, transitoria, dispuesta únicamente por la Jueza o Juez, mediante resolución fundamentada, cuando no se pueda aplicar ninguna de las otras medidas de protección previstas en la presente Sección’. Con relación a los centros de acogida el art. 174 del indicado Código, señala: ‘I. Los centros de acogimiento recibirán, previa orden judicial, a niñas, niños y adolescentes, únicamente cuando no exista otro medio para la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados o amenazados. II. Los centros de acogimiento recibirán, con carácter excepcional y de emergencia, a niñas, niños y adolescentes a los que no se les haya impuesto una medida de protección. En este caso, el centro de acogimiento tiene la obligación de comunicar el acogimiento a la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia más cercano, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes’. Precepto normativo que guarda concordancia con lo previsto en el art. 188 del CNNA, sobre las atribuciones de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, concordante con el art. 55 del DS 2377, establece que: ‘(Obligación de comunicar el acogimiento circunstancial por autoridades comunitarias). Las autoridades comunitarias que tomen conocimiento del acogimiento circunstancial de la niña, niño y adolescente deberán informar a la autoridad jurisdiccional o administrativa más cercana dentro de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas de conocido el acogimiento circunstancial’. Como se puede advertir el Código Niña, Niño y Adolescente regula los casos y el procedimiento a seguir en las situaciones de acogimiento circunstancial el mismo debe ser transitorio y de manera excepcional debiendo la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias, comunicar dentro las setenta y dos horas a la jueza o juez público en materia de la niñez y adolescencia más cercano, toda vez que este acogimiento no debe durar mucho tiempo y debe contar con un acompañamiento psico-social” (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).

III.3. Del acogimiento circunstancial de los menores de edad como consecuencia de una medida de protección y el debido diligenciamiento

Sobre el tema, la SCP 0070/2024-S2 de 22 de marzo, sostuvo lo siguiente: “…con relación al trámite de acogimiento circunstancial de menores de edad, la SCP 0766/2022-S1 de 8 de agosto, refirió que ‘…la SC 0735/2010-R de 26 de julio, estableció que: …el acogimiento es una medida de protección de quien se encuentra desamparado e indefenso; en el caso de la niñez y adolescencia, dentro de la doctrina de la protección integral a la que se circunscribe el Código de la materia, el acogimiento se traduce en una medida de protección social emergente de la necesidad de cuidados especiales que éstos necesitan, al ser aplicable en defecto de la guarda, es de carácter excepcional y temporal… Por su parte la SC 2368/2010-R de 19 noviembre, refriéndose al control jurisdiccional al que debe estar sometida, señala: …Por su naturaleza y en atención a que los sujetos de la medida de protección social del acogimiento son niños, niñas o adolescentes, a fin de garantizar la efectiva y real prevalencia del interés superior de éstos y que no se adopte de manera arbitraria, siempre debe estar sujeta a control jurisdiccional; así, la regla es que siempre se adopte por determinación judicial y solamente de manera excepcional, bajo ciertos supuestos y condiciones, sin ella’. En relación al acogimiento de menores en centros especiales, el Código Niño, Niña Adolescente modificado por la Ley de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 1168 de 12 de abril de 2019- en su art. 55 respecto a la derivación de dichos sujetos a una entidad de acogimiento precisa que: ‘I. La derivación de la niña, niño o adolescente a un centro de acogida pública o privada, constituye una medida de protección excepcional, transitoria, dispuesta únicamente por la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, mediante resolución fundamentada, cuando no se pueda aplicar ninguna de las otras medidas de protección previstas en éste Código. En ningún caso la niña, niño o adolescente podrá ser apartado del centro de acogida salvo resolución judicial que prevea la adopción, guarda, tutela o reintegración familiar.

II. La aplicación de esta medida no se considera privación de libertad y será ejecutada con estricta sujeción a lo establecido en este Código’.

Por su parte el art. 174 del CNNA, señala: ‘I. Los centros de acogimiento recibirán, previa orden judicial, a niñas, niños y adolescentes, únicamente cuando no exista otro medio para la protección inmediata de los derechos y garantías vulnerados o amenazados. II. Los centros de acogimiento recibirán, con carácter excepcional y de emergencia, a niñas, niños y adolescentes a los que no se les haya impuesto una medida de protección. En este caso, el centro de acogimiento tiene la obligación de comunicar el acogimiento a la Jueza o Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia más cercano, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.

III. La autoridad judicial emitirá una determinación sobre la situación de la niña, niño o adolescente en el plazo máximo de treinta (30) días, desde el conocimiento del hecho’.

Como consecuencia de lo desarrollado precedentemente y siendo que el acogimiento circunstancial como mecanismo de protección del menor se constituye en una medida excepcional y transitoria, la mencionada SCP 0766/2022-S1, concluyó que: ‘Consiguientemente, a) El acogimiento circunstancial, dada las repercusiones y afectaciones en los derechos del menor edad que puede generar, es una medida de protección temporal y excepcional, de ahí que tiene un trámite sumario que no se agota con la colocación provisional del menor a cargo de un centro de acogida o una persona individual sino que debe concluir o cesar, por orden de prioridad, con la reintegración a su familia de origen, o la integración a una familia sustituta; o el acogimiento institucional; b) El acogimiento circunstancial se halla sometido a control judicial, puesto que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia está en el deber de comunicarlo a la autoridad judicial en materia de Niñez y Adolescencia o autoridad judicial de turno, dentro de las setenta y dos horas de conocido el hecho; c) Teniendo en cuenta la finalidad del acogimiento circunstancial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tienen el deber de efectuar la búsqueda de la familia de origen del menor, con celeridad excepcional y estricta diligencia, puesto que -como advierte la jurisprudencia interamericana- el paso del tiempo se constituiría inevitablemente en un elemento definitorio de vínculos afectivos que serían difíciles de revertir sin causar un daño al niño o niña. Esa situación comporta un riesgo de afectar seriamente el balance emocional y psicológico del mismo que no sólo resulta inminente, sino que ya podría estar materializándose; y, d) En resguardo del derecho del niño a vivir con sus padres biológicos y su familia de origen y en consideración a su interés superior, si el padre, la madre, guardador o guardadora, tutor o tutora solicita la reintegración familiar del menor de edad, ya sea a la defensoría de la Niñez dentro de las 72 horas de producido el hecho; o, ante el Juez de la Niñez y Adolescencia que ha tomado conocimiento del acogimiento circunstancial, previo informe psicosocial, de forma inmediata, actuando con la celeridad especial y estricta diligencia, el ente administrativo de protección del menor o la autoridad judicial, según corresponda, deberán disponer la reintegración familiar, en el primer caso, con la suscripción del acta de compromiso de protección, a menos que, en el interés superior del niño, existan razones determinantes que justifiquen la separación de sus progenitores. En ese marco, debe tomarse en cuenta que, conforme a los estándares establecidos por la jurisprudencia interamericana en casos de cuidado y custodia de menores de edad, se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo de la niña o el niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, y en el bienestar de la niña o niño no son admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia’.

Por consiguiente, en mérito a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen una especial protección en el ordenamiento interno y diferentes tratados y convenios internacionales a través de los cuales se busca garantizar sus derechos brindándoles un entorno seguro y saludable para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, evitando cualquier forma de violencia en su contra; todas las instituciones públicas, autoridades judiciales y administrativas tienen la obligación de realizar sus actos enmarcados en el principio de interés superior del niño, niña y adolescente; por lo que, si bien es permisible que la autoridad judicial disponga el acogimiento de un menor en un centro de acogida como una medida de protección excepcional, transitoria, mediante resolución fundamentada con el fin de resguardar su bienestar, tiene el deber ineludible de actuar y resolver la situación del menor con una especial diligencia, haciendo prevalecer los derechos del infante respecto a cualquier situación que ponga en riesgo su desarrollo integral desde el punto de vista físico, psicológico, intelectual y afectivo, no pudiendo alegar otras obligaciones u omisiones de otros funcionarios judiciales o administrativos que dilaten la emisión de sus resoluciones; dado que, todas las autoridades judiciales o administrativas deben garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que por su condición de vulnerabilidad y fragilidad merecen una protección reforzada, correspondiendo que actúen de forma inmediata ante una situaciones de riesgos y amenazas ciertas que afecten al desarrollo armónico de dicho grupo vulnerable” (el resaltado y subrayado corresponde al teto original).

III.4. Análisis del caso concreto

De los hechos que motivan la presente acción tutelar, se tiene que la accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a “vivir con su familia” y “se escuche su opinión y sus pedidos”; toda vez que, habiendo emitido el Juez demandado el Auto Interlocutorio 38/2024 de 26 de febrero, disponiendo su acogimiento circunstancial en el Albergue Bicentenario Bolivia Solidaria, en mérito a la solicitud de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; la misma fue realizada sin tomar en cuenta lo establecido por la Corte IDH, respecto al derecho de ser escuchado que tiene toda niña, niño y adolescente; en el entendido de que gracias a dicho pronunciamiento, se la remitió al citado Albergue, sin que fuera oída por las autoridades que determinaron esa medida, donde a su vez no tomaron en cuenta diferentes peticiones realizadas por sus familiares quienes impetraron su integración familiar a un hogar sustituto; circunstancia que constituye una vulneración de sus derechos y garantías constitucionales.

De los antecedentes cursantes, se tiene Requerimiento de Medidas de Protección de 5 de enero de 2021, a través del cual, la Fiscal de Materia de la causa, dispuso el establecimiento de dichas medidas a favor de la peticionante de tutela, a efectos de que Freddy Apolinar Mariscal Palle -presunto sindicado del delito de abuso sexual y padre de la misma-, tenga prohibido comunicarse de manera directa o indirecta, o intimar por cualquier medio y/o mediante terceras personas con la prenombrada (Conclusión II.1); imputación formal presentada el 25 de mayo de 2021, por la mencionada autoridad fiscal, contra el citado por la presunta comisión del delito de abuso sexual, solicitando la aplicación de la detención preventiva, así como, la homologación de las indicadas medidas de protección (Conclusión II.2); cursando a su vez, Auto de 19 de octubre de ese año, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, quien determinó la homologación de las medidas de protección a favor de la impetrante de tutela, correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Lucy Santos Quiroz -su madre-, por la presunta comisión del delito de substracción de un menor incapaz (Conclusión II.3); constando también imputación formal de 16 de febrero de 2023, suscrito por el Fiscal de Materia de la causa contra Freddy Apolinar Mariscal Palle -progenitor de la solicitante de tutela-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.4).

Por otra parte, se evidencia escrito expedido el 23 de febrero de 2024, mediante el cual, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, comunicó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia de turno de la Capital del citado departamento, que en virtud al rescate de la accionante realizado el 19 de similar mes y año, se procedió con el “…ACOGIMIENTO CIRCUNSTANCIAL DE LA MENOR EN REFERENCIA QUIEN SE ENCUENTRA EN EL ALBERGUE BICENTENARIO BOLIVIA SOLIDARIA…” (sic [Conclusión II.5]); por tal situación, el Juez demandado dictó el Auto Interlocutorio 38/2024 disponiendo el acogimiento circunstancial de la nombrada en el mencionado Albergue, señalando que dicha medida al no constituir una guarda, tan solo es de carácter excepcional y provisional, otorgando al efecto, el plazo de treinta días; periodo en el que la citada Defensoría, deberá identificar una familia de origen o sustituta a efectos de su reintegración familiar de la peticionante de tutela (Conclusión II.6); cursando a su vez, memorial presentado el 28 de idéntico mes y año, mediante el cual Mery Angélica Mariscal Palle -tía y representante de la prenombrada- se apersonó en calidad de familia ampliada de la misma e impetró se fije día y hora de audiencia reservada con la impetrante de tutela; el cual fue puesto a conocimiento a la indicada Defensoría, siendo respondido el 5 de marzo del señalado año, donde la Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia codemandada se opuso a que cualquier familiar de la solicitante de tutela de la línea paterna tenga contacto con la misma (Conclusión II.7); por esa situación, la representante de la mencionada, por escrito de 1 de abril de 2024, solicitó al Juez demandado se proceda con la valoración biopsicosocial de la accionante, y se conmine a la referida Defensoría a determinar la reintegración familiar de la menor (Conclusión II.8); por tal aspecto, la indicada autoridad judicial a través del decreto de 3 del indicado mes y año, conminó a la citada Defensoría a “…presentar la respectiva solicitud de cese de acogimiento circunstancial y reintegración familiar, integración familiar o acogimiento institucional conforme corresponda…” (sic), de la impetrante de tutela, otorgando el plazo de tres días hábiles para dicho cometido (Conclusión II.9); determinación que fue respondida por la Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia codemandada, mediante memorial presentado el 8 de idéntico mes y año, pidiendo la ampliación de plazo de siete días hábiles, a efecto de emitir una respuesta concreta sobre la situación de la solicitante de tutela (Conclusión II.10); solicitud aceptada por la autoridad judicial, quien mediante decreto de 10 de ese mismo mes y año, otorgó el plazo impetrado por la indicada Defensoría, para que esta se pronuncie respecto a la situación de la indicada menor; señalando a su vez que, “…el plazo para el acogimiento circunstancial ya habría vencido…” (sic [Conclusión II.11]); cursando finalmente, escrito expedido el 19 de ese mes y año, por el cual la citada Abogada, pidió al Juez demandado, el cese del acogimiento circunstancial y la reintegración familiar de la accionante con Mery Angélica Mariscal Palle (Conclusión II.12).

Conforme se advierte en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde precisar que, la obligación del Estado de otorgar una protección especial a los menores de edad, conlleva el deber de que toda autoridad, al asumir alguna determinación que afecte a los mismos, debe realizarla considerando las situaciones en las que estos puedan verse afectados; debiendo al efecto, prestar atención al interés superior que merecen las niñas, niños y adolescentes, al ser los mencionados, sujetos de derechos progresivos; circunstancia que, coincide con lo establecido en el texto constitucional, el cual en su art. 60 dispone que el deber que concierne al Estado, la sociedad y la familia infiere en garantizar la prioridad de dicho interés, mismo que concierne a la primacía que deben tener en este caso los menores de edad, de recibir protección y socorro en cualquier momento, otorgando al respecto, prioridad en la atención de los servicios tanto públicos como privados, así como en el acceso a la justicia; aquello en mérito a que el mencionado interés superior del menor, no solo ha sido reconocido en la Constitución Política del Estado, sino también en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. Por otra parte, en relación a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, impele mencionar que si bien la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, remarca la importancia del establecimiento de las familias como un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes, están también regulados los casos en los que pueda existir una separación de sus padres de manera excepcional, de forma tal que dicho apartamiento deberá efectuarse únicamente cuando este sea necesario y se dé en el marco del interés superior del niño, el cual procederá solamente cuando se encuentre debidamente justificado, siendo este de carácter temporal; en ese marco, en virtud de lo establecido por el Código Niña, Niño y Adolescente, resulta necesario tener en cuenta que la figura del acogimiento circunstancial, se constituye en una medida excepcional y provisional, ejecutada en situaciones de extrema urgencia o necesidad a favor de una niña, niño y adolescente, que será autorizada por el juez de la niñez y adolescencia correspondiente y no podrá ser considerada como una privación de libertad.

Ahora, de lo expuesto por las partes, se tiene presente que el rescate de la peticionante de tutela fue efectuado el 19 de febrero de 2024, por el personal de la mencionada Defensoría, ante la existencia de un requerimiento fiscal para tal efecto; por tal motivo, procedieron con la realización de dicho acto en instalaciones de la Unidad Educativa San Antonio de Padua en la que cursa estudios la nombrada; por esa situación, dando cumplimiento a lo establecido por una autoridad fiscal, y teniendo en cuenta el establecimiento de medidas de protección determinadas dentro del proceso penal instaurado contra el progenitor de la impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; puesto que, esta se encontraba viviendo junto al sindicado -presuntamente agresor-, en el inmueble de los padres del prenombrado; ejecutando la indicada orden de rescate, procedió con el traslado de la solicitante de tutela al Albergue Bicentenario Bolivia Solidaria, para transmitir posteriormente ese hecho al Juez de la Niñez y Adolescencia de turno de la Capital del departamento de La Paz. En ese marco, ante la comunicación realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través del memorial presentado el 23 de febrero de 2024, donde esa entidad puso en conocimiento de la mencionada autoridad jurisdiccional, que en virtud al rescate realizado el 19 del mismo mes y año, la accionante se encontraba en el indicado Albergue, se dispuso mediante el Auto Interlocutorio 38/2024 emitido por el Juez demandado, el acogimiento circunstancial de la nombrada en el citado Albergue, aclarando que dicha medida no constituye una guarda, y que la misma, tan solo es de carácter excepcional y provisional, la cual fue otorgada por el plazo de treinta días; periodo de tiempo en el que la señalada Defensoría debía identificar una familia de origen o sustituta a efectos de proceder con su reintegración familiar, en mérito a la existencia de medidas de protección establecidas a favor de la peticionante de tutela, que fueron dispuestas en aplicación de lo establecido por el Código de Procedimiento Penal, como emergencia del proceso penal instaurado contra el progenitor de la prenombrada, las cuales se dieron con la finalidad de evitar exponer a la misma -víctima- a nuevos hechos de violencia y revictimización. Por tal motivo, ante la determinación asumida por la autoridad judicial demandada, se apersonaron en calidad de familia ampliada varios parientes de la impetrante de tutela, entre los que se encuentra Mery Angélica Mariscal Palle -tía y ahora representante de la accionante-, a efectos de solicitar se proceda con la autorización de visitas a la misma; sin embargo, dicho requerimiento puesto en conocimiento de la citada Defensoría, fue respondido por esa entidad de manera negativa; toda vez que, se opuso a que cualquier familiar de la peticionante de tutela de la línea paterna tenga contacto con ella; no obstante, ante dicha negativa y en virtud de que la impetrante de tutela deje el mencionado Albergue, la indicada representante a través de escrito presentado el 1 de abril de 2024, impetró al Juez demandado a que se proceda por el SEDEGES La Paz con la valoración biopsicosocial de la accionante, y se conmine a la señalada Defensoría determinar la reintegración familiar de la nombrada; por tal situación, mediante decreto de 3 de igual mes y año, la autoridad judicial demandada procedió a conminar a la referida Defensoría a “…presentar la respectiva solicitud de cese de acogimiento circunstancial y reintegración familiar, integración familiar o acogimiento institucional conforme corresponda…” (sic), otorgando al efecto el plazo de tres días hábiles para ese cometido; empero, ante dicha decisión la Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia codemandada, en respuesta, mediante memorial presentado el 8 del mismo mes y año, solicitó se conceda la ampliación de plazo de siete días hábiles, a efecto de emitir una respuesta sobre la situación de la peticionante de tutela; requerimiento que fue aceptado por el Juez demandado, quien a través de la emisión del decreto de 10 de ese mes y año, autorizó la ampliación solicitada, manifestando que “…el plazo para el acogimiento circunstancial ya habría vencido…” (sic).

En ese marco, resulta necesario analizar las actuaciones realizadas tanto por la mencionada Defensoría, así como, por la autoridad judicial demandada, en mérito a los plazos establecidos y dispuestos en la determinación asumida respecto al acogimiento circunstancial de la accionante. En tal sentido, respecto a las actuaciones desarrolladas por la indicada Defensoría, de los antecedentes cursantes en el legajo procesal, se tiene la medida del acogimiento circunstancial de la mencionada menor, establecido por el Juez demandado el 26 de febrero de 2024, mediante Auto Interlocutorio 38/2024, que al ser provisional y temporal determinó un plazo de duración de treinta días; periodo en el que la referida Defensoría debía identificar una familia de origen o sustituta con el objeto de proceder con la reintegración familiar de la impetrante de tutela; sin embargo, el indicado plazo no fue cumplido por dicha entidad municipal; toda vez que, la misma recién el 8 de abril de 2024 -fuera del tiempo otorgado para dicho cometido-, solicitó al Juez demandado la ampliación de plazo de siete días hábiles para emitir una respuesta; circunstancia que conlleva a considerar la existencia de una demora excesiva por parte de la citada Defensoría a efectos de otorgar una respuesta respecto a la situación de la solicitante de tutela, la cual al encontrarse en un centro de acogida de menores por un tiempo superior al establecido -treinta días-, se mantuvo de manera irregular en el mismo; aspecto que evidencia por parte de la prenombrada entidad municipal un descuido respecto a la inobservancia de los plazos previstos, los cuales debían ser cumplidos de forma oportuna, tomando en cuenta que la persona afectada en este caso la accionante, es una niña de once años edad, la cual por su calidad, requiere de atención preferencial por ser la misma integrante de un grupo vulnerable. La actuación tardía desplegada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no condice con el mandato inserto por el art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE), referido a la preminencia de los derechos, primacía en la protección y prioridad en la atención de un servicio público respecto de la impetrante de tutela, advirtiéndose en ese entendido, que los personeros de la citada Defensoría, no obraron con la debida diligencia, pues considerando la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la accionante, tenían la obligación de actuar con mayor prontitud, considerando el plazo que les fue otorgado, conforme al art. 174.III del CNNA.

Por otra parte, en relación al Juez demandado, impele señalar que, habiendo dicha autoridad establecido a través del Auto Interlocutorio 38/2024, el acogimiento circunstancial de la nombrada menor en el Albergue Bicentenario Bolivia Solidaria, por el plazo de treinta días, se evidencia que la referida autoridad, en mérito a los antecedentes analizados anteriormente, no ejerció un adecuado control de la citada medida; toda vez que, teniendo en cuenta que el plazo otorgado a la indicada Defensoría, para que esta solicite el cese del acogimiento circunstancial o la reintegración familiar vencía el 26 de marzo del indicado año, recién el 3 de abril de 2024 -fuera del término que estableció para la ejecución de dicha medida- procedió a conminar a la citada entidad municipal a presentar la respectiva solicitud; aspecto que se agravó mucho más aún con lo dispuesto por el Juez demandado, el cual mediante decreto de 10 del citado mes y año, reconociendo expresamente que “…el plazo para el acogimiento circunstancial ya habría vencido…” (sic); otorgó un nuevo plazo de -siete días hábiles- a la señalada Defensoría, en mérito a lo solicitado por esa entidad municipal a través de memorial presentado el 8 de abril de 2024; generándose en ese sentido, un nuevo escenario de incertidumbre respecto a la situación de la accionante. Circunstancia por la cual, si bien es permisible que la autoridad judicial disponga el acogimiento circunstancial de un menor en un centro de acogida como medida de protección excepcional, a través de la emisión de una resolución debidamente fundamentada -como se dio en el caso de autos-; este a su vez, tiene el deber ineludible de actuar y resolver la situación en la que se encontraba la mencionada menor, con especial diligencia; debiendo en consecuencia, prevalecer los derechos de la referida infante respecto a cualquier situación que ponga en riesgo su desarrollo integral; dado que, todas las autoridades judiciales en estas circunstancias, tienen el deber de garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debido a su condición de vulnerabilidad. En efecto, de conformidad al desarrollo jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad jurisdiccional por especialidad de la materia en la que administra justicia, debió tener en cuenta que, la medida de extrema necesidad ordenada mediante el Auto Interlocutorio 38/2024, requería un necesario y diligente seguimiento; más en el caso, no obró con la debida diligencia, omitiendo resolver la situación de la peticionante de tutela en el plazo previsto -se reitera- por disposición del art. 174.III del CNNA, habiendo incluso reconocido en su informe el transcurso de más de los treinta días otorgados para el acogimiento circunstancial; actuación que resulta dilatoria y lesiva del derecho a la libertad de la impetrante de tutela, pues incluso la conminatoria generada en el caso, debió operar antes del vencimiento del plazo. En ese contexto, y en virtud a los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, este Tribunal advierte que tanto la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, así como, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, actuaron sin la debida diligencia a la que se encuentran sometidas todas las autoridades judiciales o administrativas en casos que involucran a infantes en situación de vulnerabilidad; toda vez que, merced a lo señalado, estas instancias tienen el deber ineludible de actuar de manera pronta e inmediata cuando un menor de edad se encuentre en estado de necesidad o amenaza cierta de sus derechos y garantías constitucionales; por tal circunstancia y en resguardo del interés superior de la niña, niño y adolescente, corresponde conceder la tutela solicitada, a fin de que la citada Defensoría, dé cumplimiento a lo establecido por el art. 54.VII del CNNA modificado por la Ley 1168, considerando que el acogimiento circunstancial se constituye en una medida excepcional y de carácter temporal.

Finalmente, en relación al derecho a “vivir con su familia”, debe tenerse en cuenta el alcance y la naturaleza jurídica del acogimiento circunstancial, que fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; en cuyo mérito, ya se ha establecido líneas arriba, que dicha medida, puede ser asumida en virtud de lo previsto por el art. 60 de la CPE, y cuando las circunstancias que rodean a una niña, niño o adolescente así lo demanden en el caso, considerando que la causa develó la existencia de procesos penales entre los progenitores de la peticionante de tutela, así como, en relación a la familia ampliada; incuso, la determinación asumida mediante el Auto Interlocutorio 38/2024, que por sí misma no implica un quiebre del derecho a vivir con su familia de la accionante; al contrario, esta fue asumida en el marco de antecedentes que exigieron la toma de tal decisión; empero, que por su naturaleza y como ya fue señalado precedentemente, tenía una duración reglada. En consecuencia, esta justicia constitucional no advierte que dicha medida y su consiguiente cumplimiento, importen la supresión de tal derecho. Respecto a que “se escuche su opinión y sus pedidos”; cabe señalar que, las circunstancias que rodearon a la situación de la accionante, han sido del todo extraordinarias, pues se tomó en cuenta por parte de este Tribunal, que ambos progenitores al momento de los sucesos -mantenían procesos penales entre sí-, sumado al hecho de no haberse dispuesto aun la restitución con la familia ampliada; en consecuencia, la medida dispuesta (acogimiento circunstancial) per se, no implica la afectación y/o supresión de tal derecho, pudiendo la misma materializarse, por los medios pertinentes (verbigracia - entrevista reservada) a través de los profesionales que atiende el caso, y/o los familiares autorizados por la autoridad competente.

III.4. Otras consideraciones

De acuerdo a lo glosado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en mérito a las actuaciones desarrolladas tanto por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz; así como, el Director de Defensorías Municipales; el Coordinador de Plataforma de Atención Integral a la Familia y la Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la zona Max Paredes, los tres últimos, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; se exhorta a los mismos a que en futuros procesos en los que involucren a menores de edad, observen el principio del interés superior del niño, niña y adolescente desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que establece por mandato constitucional que todas las autoridades sean estas judiciales o administrativas que conozcan casos donde estén de por medio los derechos de los niños, niñas y adolescentes, deben los mismos actuar con especial diligencia, a efectos de asegurar su protección y bienestar; realizando sus actuaciones dentro de los plazos previstos por ley. Asimismo, con la finalidad de no generar más animadversión en la relación de quienes están llamados a velar por el bienestar de los menores que están bajo su cuidado y protección, se insta a las autoridades judiciales y administrativas a establecer en todo momento, métodos alternativos de solución de conflictos, así como, a los progenitores y demás familiares de la menor accionante a fortalecer el dialogo y cumplir con su rol de garantes de los derechos de los niños. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2024 de 18 de abril, cursante de fs. 219 a 224, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad relacionado a la dilación con la que fue resuelta la situación de la accionante, en los mismos términos expresados por el Juez de garantías; y, 2° Exhortar a Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz; Brayan Jhelmar Tintaya Laruta, Director de Defensorías Municipales; José Luis Valencia Lima, Coordinador de Plataforma de Atención Integral a la Familia; y, Karina Julia Sánchez Quintana, Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ambos de la zona Max Paredes, todos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para que en observancia del Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el presente caso y en lo futuro actúen con la debida diligencia, enmarcando sus acciones en resguardo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0196_2024-S2_id64318.pdf · páginas 1 a 27.

Huella digital del PDF (SHA-256): fa0a6f3a664fbd1e5f18033ed971246ac17d2f797d6f7c0d6fa3ad44e2fdd82d

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