B.IA.LEGAL

SCP 0258/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
75556-2025-152-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a una vida digna, a la integridad psicológica y a vivir en familiar, y del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que: i) El Juez demandado, mediante la Sentencia 145/2024, declaró probada la demanda de suspensión de la autoridad materna, disponiendo como medida de protección el alejamiento total de la menor AA de su madre y de su entorno familiar en línea materna, sin previamente realizar una valoración del entorno familiar ampliado ni un estudio interdisciplinario que permita considerar su permanencia con sus familiares; y, ii) Ante la ejecución material del rescate y posterior internación de la menor AA en el Centro de Acogida “Hogar Niñas Obrajes” de la ciudad de La Paz -evento altamente traumático, conforme se desprende del Informe Psicológico “FA/HNO/INF/PS/No86/25”, que describe un estado emocional alterado con llanto constante y tristeza profunda de la menor AA-, la autoridad judicial demandada omitió emitir un pronunciamiento que valorara alternativas menos gravosas, incumpliendo el plazo de treinta días para determinar la reintegración de la menor a una familia sustituta o centro de acogimiento previsto en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 284/2025 de 14 de julio, cursante de fs. 157 a 161, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, al haber incurrido la autoridad demandada en silencio judicial, a pesar de haberse cumplido treinta días desde la imposición de la medida de acogimiento circunstancial, sin haber determinado la reintegración familiar u otra medida más adecuada y pertinente para resguardar los derechos de la menor AA, a pesar de contar con competencias para hacerlo, previa valoración social y psicológica por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado, que hace al interés superior de la niña y con la debida celeridad que el caso aconseja; aclarando que, en caso de que las partes vuelvan a incurrir en desacato o incumplimiento de las órdenes emanadas por la autoridad, se actúe de acuerdo con las competencias atribuidas a la autoridad por ley; 2° Exhortar al ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPROINA), para que, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC), dependiente del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, desarrolle el “EXPEDIENTE INFANTIL” expuesto en el Fundamento Jurídico III.3.1 de este fallo constitucional; a cuyo efecto, notifíquese a dichas entidades;

3° Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que desarrolle normativa y reglamento, modificando lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; a cuyo efecto, notifíquese con la presente decisión;

4° Remítanse antecedentes al Consejo de la Magistratura, a efectos de que realice una auditoría sobre la actuación del Juez de garantías dentro de la presente acción de libertad y determine si su decisión provocó afectación al proceso especializado o a la menor de edad; y, 5° Disponer que, mediante Secretaría General de este Tribunal, se remita copia legalizada del presente fallo constitucional a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC), al ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPROINA), ambos dependientes del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la excepcionalidad del Acogimiento Circunstancial
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0258/2026-S2 Sucre, 9 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 75556-2025-152-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 284/2025 de 14 de julio, cursante de fs. 157 a 161, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marianela Susana Caballero Manjón en representación de AA contra Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de julio de 2025, cursante a fs. 124 a 131, la accionante, a través de su representante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de suspensión total de autoridad materna seguido contra Gheraldine Vianca Durán Caballero -madre de AA-, Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, ordenó el traslado de su nieta AA al Centro de Acogida “Hogar Niñas Obrajes”, dependiente de la Fundación Arco Iris de la ciudad de La Paz, el cual fue ejecutado el 2 de junio de 2025, hecho que constituyó un evento altamente traumático para la menor, quien ingresó al referido centro de acogida en un estado emocional alterado, con llanto constante, tristeza profunda y preocupación por su madre y su entorno familiar, de acuerdo al Informe Psicológico “FA/HNO/INF/PS/No86/25” de 4 de junio de igual año. La responsabilidad del acto referido es de la autoridad demandada, quien, mediante Sentencia 145/2024 de 18 de junio -confirmada por Auto de Vista 526/2024 de 12 de agosto-, declaró probada la demanda de suspensión de autoridad materna, disponiendo el alejamiento de Gheraldine Vianca Durán Caballero de su hija -AA-, sin valorar la viabilidad de permanencia de la menor en el entorno de la familia extensa -abuelos maternos-, contraviniendo su carácter excepcional y el deber de efectuar revisiones periódicas y oportunas; asimismo, la determinación asumida mediante la providencia de “…28 de octubre de 2024…” (sic), es atentatoria al interés superior de AA, pues se le impide asistir al colegio. La autoridad demandada incumplió lo previsto en el art. 54.III del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), toda vez que no emitió una determinación dentro del plazo de treinta días, tomando en cuenta la fecha desde la cual tuvo conocimiento del acogimiento circunstancial -2 de junio de 2025-; dicho mandato obligaba al juzgador a definir la medida de integración familiar o la derivación correspondiente a más tardar hasta el 2 de julio de 2025; sin embargo, no emitió resolución motivada al respecto, limitándose a dictar providencias de traslado.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos a una vida digna, a la integridad psicológica y a vivir en familiar, y del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, sin citar norma constitucional que las contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada emita Auto Interlocutorio motivado, aplicando una medida menos gravosa que la internación de AA en el referido Centro de Acogida.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de julio de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 148 a 156, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló lo siguiente: a) La internación de la menor AA deriva de una medida dispuesta por la autoridad demandada, quien a través de Sentencia 145/2024, confirmada por Auto de Vista 526/2024, además de la suspensión de la autoridad materna, dispuso el alejamiento total de la menor respecto de su madre y entorno materno, incluidos los abuelos; b) Se privilegió indebidamente la institucionalización pese a existir abuelos maternos idóneos y comprometidos con su cuidado, vulnerando el principio de mínima intervención y el interés superior de la niña; y, c) Se incumplió el plazo de treinta días previsto en el art. 54.III del CNNA para definir la situación jurídica de la menor tras su internación el 2 de junio de 2025, plazo que venció el 2 de julio del mismo año, sin que se haya emitido resolución motivada, limitándose la autoridad judicial a dictar providencias de traslado.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Rogers Ramiro Solíz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por informe de 14 julio de 2025, cursante a fs. 168 a 169 vta. y, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, con base a los siguientes argumentos: 1) Se advierte una imprecisión formal respecto a si la acción interpuesta es de libertad o amparo constitucional; asumiendo que se trata de acción de libertad, corresponde analizar la legitimación activa, la cual no recae en la abuela, ya que, conforme al art. 194 del CNNA, la representación legal de la menor corresponde a sus progenitores o a quien tenga guarda o tutela legalmente otorgada, situación que no concurre en el caso de la accionante; 2) La acción de libertad procede únicamente ante peligro para la vida, persecución ilegal, procesamiento indebido o privación de libertad; sin embargo, el art. 55.II del mencionado cuerpo normativo establece que la derivación a un centro de acogida no constituye privación de libertad, por lo que no se configura el presupuesto material para su procedencia; 3) El proceso remitido a su autoridad -en 17 cuerpos- deriva de una suspensión de autoridad materna; en ese marco, el equipo técnico interdisciplinario del juzgado emitió el Informe psicológico-social “02/2024”; en dicho informe se señaló una posible vulneración del derecho de la niña a ser oída; sin embargo, cuando se convocó a entrevistas reservadas, la menor no fue presentada por su entorno familiar, tampoco asistió a la valoración psicológica programada, por lo que no puede atribuirse a la autoridad judicial una situación generada por la incomparecencia de la propia parte; 4) La medida fue dispuesta al amparo del art. 169 del CNNA, que faculta a la autoridad judicial a disponer, cuando exista amenaza o vulneración de derechos, la inclusión de la niña en una entidad de acogimiento; esa es la base jurídica aplicada y no los arts. 53 y 54 del mismo cuerpo legal, invocados por la parte impetrante de tutela; 5) Respecto al plazo de la medida, la normativa aplicable no establece un término fijo cuando esta es dispuesta conforme al art. 169 del CNNA; la permanencia de la menor en el centro depende de la evolución terapéutica recomendada por el equipo técnico interdisciplinario, por lo que no es posible fijar de manera arbitraria un plazo de treinta días o de dos meses; 6) En relación con el derecho de petición, se emitió un decreto de traslado, dictado por la Jueza suplente, con la finalidad de poner en conocimiento de las demás partes la solicitud presentada, en observancia del principio de igualdad procesal; y, 7) Con esta acción se pretende modificar la medida de protección y obtener una guarda provisional a favor de la abuela, lo que implica ingresar al análisis de fondo del proceso principal.

I.2.3. Intervención de los terceros intervinientes

Centro de Acogida “Hogar Niñas Obrajes”, dependiente de la Fundación Arco Iris de la ciudad de La Paz, a través de su representante legal y equipo técnico, en audiencia, informó que: i) El acogimiento de la niña fue dispuesto mediante Oficio “273/2025”, con la finalidad específica de brindar asistencia psicoterapéutica especializada y urgente; y, ii) Desde el ingreso de AA el 2 de junio de 2025, se implementó un plan de intervención dividido en dos fases: una de contención emocional -concluida- y otra de restablecimiento y disminución de miedos instaurados -en ejecución-, habiéndose cumplido a la fecha once sesiones de terapia, todas informadas periódicamente a la autoridad jurisdiccional. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) Sur Mallasa dependiente del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz, a través de su representante, en audiencia, refirió lo siguiente: a) Se realizó un desarrollo progresivo al plan terapéutico y gestionado la restitución del derecho a la educación de la menor a través de su inscripción en un nuevo establecimiento educativo; y, b) Se aguardan los informes técnicos finales para determinar las acciones de protección definitiva, bajo el principio del interés superior de la niñez. La Unidad Biopsicosocial del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), a través de sus representantes, en audiencia, refirieron lo siguiente: 1) El 11 de julio de 2025 se concluyó la evaluación biopsicosocial de la señora Marianela Susana Caballero Monzón -abuela materna, hoy representante de la accionante-, ordenada mediante oficio librado por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de La Paz, dentro del proceso de guarda; 2) Los resultados del equipo multidisciplinario establecieron: i) En el área psicológica, capacidad adecuada para el cuidado y ausencia de indicadores de ansiedad o depresión; ii) En el área social, condiciones habitacionales óptimas y estabilidad económica; y, iii) En el área médica, clínicamente estable, “…esteridión agudo interno o predominio izquierdo grado, artrosis en tratamiento, así también caries dental y en estado nutricional adecuado” (sic); y, 3) En consecuencia, se concluye que la prenombrada reúne las condiciones idóneas para ejercer la guarda conforme al art. 59 del CNNA. William Juan Tirado Quiroga -padre de AA-, a través de su abogada, en audiencia solicitó se deniegue la tutela, argumentando que: a) La medida adoptada por el Juez demandado no constituye una privación de libertad, sino una medida de protección impuesta al amparo del art. 169 inciso c), numeral 6 del CNNA, orientada a rescatar a su hija AA de un entorno hostil donde se vulneraron sus derechos, con el fin de que sea desintoxicada y tratada psicológicamente en un lugar neutro, donde no se permita ningún relacionamiento, ni siquiera con su progenitor; b) A diferencia de la madre, él no fue procesado por infracción, por un hecho de violencia ni tampoco restringido de su autoridad paterna; es decir, tiene plena autoridad parental sobre su hija; sin embargo, atendiendo a lo dispuesto por el Juez demandado, cumple lo ordenado, a pesar de que también le genera preocupación que la menor esté alejada de su entorno familiar, incluyendo el paterno; y, c) Respecto al entorno materno, existen varias observaciones que constan en los diecisiete cuerpos del expediente, en los que se evidencia la situación de la progenitora, así como la del abuelo y la abuela.

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 284/2025 de 14 de julio, cursante de fs. 157 a 161, concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) El levantamiento de la medida de acogimiento institucional; 2) La entrega de la menor bajo guarda provisional en favor de su abuela materna, sujeta a supervisión de la DNA y el SEDEGES, hasta la resolución definitiva en la vía ordinaria; 3) El plazo de diez días para que la autoridad demandada resuelva todas las solicitudes pendientes de manera fundamentada; y, 4) La remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura para la evaluación disciplinaria de la autoridad judicial demandada; bajo los siguientes fundamentos: i) El Juez demandado omitió informar de manera íntegra sobre antecedentes procesales relevantes, faltando a su deber de transparencia ante la jurisdicción constitucional; ii) Se constató la existencia de múltiples informes emitidos entre el 5 de junio y el 3 de julio de 2025 por parte de la DNA, el centro de acogida y el SEDEGES, los cuales reportaban una evolución clínica y emocional favorable de la menor; no obstante, la autoridad demandada no emitió un pronunciamiento de fondo respecto a las solicitudes de restitución familiar presentadas el 25 de junio del mismo año, limitándose a disponer traslados dilatorios; iii) El juez demandado incumplió los plazos legales previstos en los arts. 53 y 54 del CNNA, puesto que permitió que el acogimiento circunstancial se extendiera de forma indefinida, superando el plazo máximo de treinta días previsto en el art. 54.III del dispositivo normativo referido, sin determinar la situación jurídica de la niña ni valorar alternativas menos gravosas como la integración familiar; y, iv) Si bien la normativa señala que el acogimiento no constituye formalmente privación de libertad, su mantenimiento prolongado e injustificado en un centro cerrado configura una restricción efectiva a los derechos de la niña. En vía de complementación, la autoridad demandada pidió se aclare en sentido que la parte accionante no presentó recurso de reposición conforme al art. 253 del CNNA; además, no se le pidió aclare sobre los informes periódicos; y, finalmente, que pasa con las medidas dispuestas en la Sentencia inicial y que fue confirmado en apelación. En respuesta, el Juez de garantías declaró no ha lugar a lo solicitado, señalado que fue claro en sus consideraciones, no existiendo ambigüedad u oscuridad en sus argumentos; además, que se dispuso la medida cautelar de retorno de la menor con guarda provisional a la abuela materna como medida de protección, no hacía una resolución de sentencia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Auto Constitucional (AC) 0455/2025-CA/S de 26 de septiembre, cursante de fs. 623 a 630, ante la solicitud efectuada por William Juan Tirado Quiroga -padre de AA, y tercero interesado-, de adelanto de sorteo por encontrarse dentro un grupo vulnerable y aplicación de medida cautelar de suspensión de ejecución de la Resolución 284/2025, hasta la emisión de la sentencia constitucional que resuelva el fondo (fs. 608 a 616); en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR a los referidos requerimientos. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 673 a 677).

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 145/2024 de 18 de junio, Rogers Ramiro Soliz Saavedra, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, dispuso: a) La suspensión total de la autoridad materna por un año; b) El alejamiento y la asistencia a terapia especializada de la progenitora; y, c) El rescate inmediato de AA para “…la Internación Provisional o Acogimiento Circunstancial en el Centro de Acogida ‘Niñas Obrajes’ de la ciudad de La Paz” (sic), debiendo recibir ayuda psicoterapéutica (fs. 321 a 336 vta.) II.2. Por Auto de Vista 526/2024 de 12 de agosto, Iván Edgar Ordoñez Quijarro y Karina Erika Valdez Cuba, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmaron en todas sus partes la Sentencia 145/2024 (fs. 337 a 343 vta.). II.3. Cursa SCP 0461/2024-S3 de 10 de julio, emitida dentro de la acción de libertad presentada por Gheraldine Vianca Durán Caballero -madre de AA- contra del Juez ahora demandado y Norma María Valda Martinez, Trabajadora Social del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, respecto a la menor AA; por la cual se concedió la tutela solicitada, ordenando que el Juez demandado: “…efectúe un nuevo análisis sobre las medidas de protección otorgadas a la menor de edad AA, con la finalidad de corregir los errores procesales y asegurar que las decisiones futuras se basen en una evaluación justa y completa de las circunstancias; es decir, con relación a la situación de ubicación de la menor de edad AA se dispongan las medidas que considere necesarias, ya sea de guarda, rescate o su traslado a un centro de acogida con base en las pruebas objetivas recientes…” (sic [fs. 63 a 79]). II.4. A través de providencia de 17 de enero de 2025, el Juez demandado dispuso que, en cumplimiento de la sentencia constitucional referida, “…se notifique al equipo interdisciplinario del juzgado a efectos de que realice una nueva valoración psicosocial sea en el plazo de 10 días hábiles…” (sic [fs. 344]). II.5. Mediante Informes E.T.I.J.P.N.A.3 02/2025 de 21 de enero y E.T.I.J.P.N.A.3 14/2025 de 31 de enero, por un lado el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, presentó la programación de fechas para la intervención psicosocial a la progenitora y la niña AA (fs. 348 a 349; y, 351 a 352 vta.); debidamente ratificada por la autoridad demandada mediante decreto de 23 de enero de 2025; por otro lado, comunicó a la referida autoridad demandada sobre el incumplimiento de las partes al cronograma de intervenciones psicosociales, estableciéndose la imposibilidad de realizar las valoraciones debido a la falta de comparecencia de la niña AA y un entorno responsable (fs. 350). II.6. Cursan decreto de 6 de febrero de 2025 y Acta de Entrevista en cámara Gesell de 12 de igual mes y año, de los cuales se tiene que, ante el informe de inasistencia referido, la autoridad demandada dispuso señalar por segunda vez la entrevista en cámara Gesell, y que, a pesar de ello, ni la progenitora, la menor o el abuelo materno comparecieron (fs. 353 y 355 a 356). II.7. Consta Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2025, mediante el cual se refiere que, ante la incomparecencia reiterada, desconocimiento del paradero de AA, persistencia de riesgo y negligencia materna, en resguardo del interés superior de la niñez, el Juez demandado dispuso: 1) El rescate inmediato de la niña con auxilio de la DNA y la Unidad de Protección Infantil de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); 2) “…Internación Provisional o Acogimiento Circunstancial en el Centro de Acogida ‘Niñas Obrajes’ de la Ciudad de La Paz. DEBIENDO EN EL PROCESO DE INTERNACIÓN O ACOGIDA RECIBIR AYUDA PSICOTERAPÉUTICA INFANTIL ESPECIALIZADA URGENTE…” (sic); y, 3) El allanamiento de los domicilios del entorno materno (fs. 357 a 359). II.8. Se tiene Informe Psicológico FAI/HNO/INF/PSI/84/25 de 2 de junio de 2025, emitida por “Daniela Chuquimia”, Psicóloga del Centro de Acogida “Hogar Niñas Obrajes” de la ciudad de La Paz, referido a la situación de AA, de nueve años de edad, quien ingresó al referido centro el 2 de junio de 2025 en horario nocturno, en cumplimiento de la medida de protección dispuesta en su favor (fs. 408 a 409). II.9. Mediante Informe Psicológico FAI/HNO/INF/PSI/102/25 de 14 de julio de 2025, “Daniela Chuquimia”, Psicóloga del Centro de Acogida “Hogar Niñas Obrajes” de la ciudad de La Paz, refirió que, durante el momento del egreso, la menor manifestó una respuesta ambivalente, expresando alegría por su egreso pero también tristeza por el mismo tiempo, dada la sorpresividad del anuncio; asimismo, del referido se tiene que la menor AA expresó verbalmente que extrañaría el centro, en especial a su compañera de 8 años, con quien estableció un lazo significativo de amistad (fs. 435 a 436).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a una vida digna, a la integridad psicológica y a vivir en familiar, y del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que: i) El Juez demandado, mediante la Sentencia 145/2024, declaró probada la demanda de suspensión de la autoridad materna, disponiendo como medida de protección el alejamiento total de la menor AA de su madre y de su entorno familiar en línea materna, sin previamente realizar una valoración del entorno familiar ampliado ni un estudio interdisciplinario que permita considerar su permanencia con sus familiares; y, ii) Ante la ejecución material del rescate y posterior internación de la menor AA en el Centro de Acogida “Hogar Niñas Obrajes” de la ciudad de La Paz -evento altamente traumático, conforme se desprende del Informe Psicológico “FA/HNO/INF/PS/No86/25”, que describe un estado emocional alterado con llanto constante y tristeza profunda de la menor AA-, la autoridad judicial demandada omitió emitir un pronunciamiento que valorara alternativas menos gravosas, incumpliendo el plazo de treinta días para determinar la reintegración de la menor a una familia sustituta o centro de acogimiento previsto en el art. 54.III del CNNA, tomando en cuenta que la niña ingresó al Centro de Acogida “Hogar Niñas Obrajes” de la ciudad de La Paz el 2 de junio de 2025 y que, hasta la presentación de la acción -12 de julio de 2025-, dicha autoridad demandada se limitó a dictar providencias de traslado. Por su parte, el Juez demandado refiere que la medida de protección de acogimiento o internación fue adoptada en el marco del art. 169 del CNNA, el cual faculta la inclusión de la menor AA en una entidad de acogimiento ante la vulneración grave de sus derechos, y no bajo los presupuestos de los arts. 53 y 54 del referido Código; por lo que, la internación constituye una herramienta terapéutica y no una privación de libertad, adoptada ante la imposibilidad de aplicar otras medidas debido a la incomparecencia reiterada de la progenitora y de la niña a las valoraciones programadas en cámara Gesell; asimismo, que la permanencia de la niña en el centro responde a criterios técnicos de estabilización emocional y evolución terapéutica recomendada por el equipo interdisciplinario, por lo que no es posible fijar un plazo arbitrario de treinta días. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la excepcionalidad del Acogimiento Circunstancial

De la lectura del art. 169 del CNNA, se tiene que, si bien la clasificación de las medidas de protección responde a criterios del destinatario -es decir, para quien están dirigidas las medidas-, se puede corroborar también que se encuentran enumeradas por orden de afectación y gravedad, siendo las primeras las de carácter leve y con fines educativos y morales, tales como la advertencia, amonestación, obligación de inscribir y controlar asistencia y aprovechamiento escolar, inclusión a programas gubernamentales de promoción a la familia, orientación y de tratamiento de alcoholismo, y orden de permanencia en la escuela; las segundas de carácter grave, con fines de restablecimiento emocional y psicológico, tales como obligación de recibir y proporcionar tratamiento psicológico, psiquiátrico, así como los destinados a la prevención o curación de una dependencia de alcohol y otras sustancias; y, finalmente, las terceras de carácter gravísimo, que tienen la finalidad de cortar relaciones y los efectos de una situación que vulnere los derechos de una menor, tales como la separación de la madre o padre que maltrate al niño, niña y adolescente, separación del adolescente de la actividad laboral, integración a familia sustituta e inclusión a una entidad de acogimiento. En ese sentido, la imposición de medidas de protección no se trata de una actividad arbitraria e improvisada, carente de fundamentación y motivación, sino más bien de una actividad fundamentada, congruente y coherente que responde, por lo general, a criterios de gradualidad, considerando los antecedentes de cada caso -entiéndase: medidas ya adoptadas, el grado de cumplimiento de las mismas, buena fe de las partes y otros factores propios del caso-, en procura de adoptar las medidas menos lesivas y traumáticas para la niña, niño y adolescente, agotando todas las que el ordenamiento jurídico vigente ofrece antes de disponer las medidas gravísimas como la separación del menor de su familia de origen, la integración a una familia sustituta o, peor aún, su internación en un centro de acogimiento. Estas se entienden como último recurso y opción, pues implican exponer a la o el menor sujeto de protección a un ambiente desconocido, desarraigarlo de sus vínculos y círculo no solo familiar sino también con sus iguales de su ambiente educativo, para llevarlos con personas o centros que, en su mayoría, no cumplen con las mínimas condiciones físicas, logísticas y financieras para hacerse cargo del cuidado y atención de los menores de manera adecuada a sus necesidades.

En ese mismo orden de ideas, el legislador, en el inciso d) del art. 170 del CNNA, establece que las medidas de protección podrán ser revisadas cada seis meses; sin embargo, de manera específica el art. 54.III de igual norma establece que la medida de acogimiento circunstancial debe revisarse a los treinta días a partir del conocimiento o imposición por parte de la autoridad en materia de Niñez y Adolescencia, de forma que se trata de una medida de “tránsito” a otra más adecuada que asegure de mejor manera los derechos y garantías vulnerados o amenazados de la niña, niño o adolescente y no de una medida definitiva o permanente. Asimismo, se debe aclarar que lo anterior no implica que, superado el plazo de treinta días, la o el menor sujeto de protección deba volver con su agresor o entorno agresor, sino más bien que la autoridad jurisdiccional a cargo, de acuerdo al interés superior del menor, disponga la reintegración del menor a la familia sustituta o familia ampliada materna o paterna que mejores condiciones ofrezca para el cuidado y protección del o la menor, considerando sus antecedentes, o en su caso, la internación en un centro de acogida si las circunstancias no permiten encontrar una medida menos gravosa.

III.2. Análisis del caso concreto

Previamente al análisis de fondo de la problemática, se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta acción no constituye un mecanismo sustitutivo de los medios ordinarios de impugnación; sin embargo, considerando que la problemática involucra derechos de una niña, corresponde, conforme a la jurisprudencia existente, flexibilizar dicho principio e ingresar al análisis de fondo. Ahora bien, del análisis del caso se tiene que, posterior a la disolución matrimonial de William Juan Tirado Quiroga y Gheraldine Vianca Durán Caballero -dentro de la cual se estableció la guarda de la menor AA en favor de la madre-, se desarrollaron diversas actuaciones judiciales de carácter familiar, penal y de niñez y adolescencia, entre las cuales se encuentra la Sentencia 145/2024 de 18 de julio emitida por la autoridad hoy demandada (Conclusión II.1), que declara probada la demanda de suspensión de autoridad materna iniciada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Zona Sur de la ciudad de La Paz en contra de la madre de la menor AA, la cual fue confirmada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante el Auto de Vista 526/2024 de 12 de agosto (Conclusión II.2). En ese ínterin, por SCP 0461/2024-S3 de 10 de julio (Conclusión III.3), emitida dentro de una anterior acción de libertad presentada por la madre de la menor en contra de la misma autoridad, se ordenó la reevaluación de las medidas de protección impuestas en sentencia en base a nuevas valoraciones sociales y psicológicas a la menor AA y su entorno familiar;

lo que derivó en la emisión del decreto de 17 de enero de 2025 (Conclusión III.4) y posteriores Informes de Programación y Cumplimiento 02/2025 y 14/2025 (Conclusión III.5), que nuevamente evidenciaron la conducta de desacato e incumplimiento de la madre y su entorno respecto de las órdenes judiciales emitidas por autoridad competente; por lo que ésta, como último recurso para conocer la opinión y estado de la menor, señaló día y hora de entrevista reservada, que fue debidamente notificada a las partes; sin embargo, ni la progenitora ni la niña se hicieron presentes conforme consta en Acta de Entrevista (Conclusión III.6), impidiendo la realización de las valoraciones técnicas previstas. En este contexto, por Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2025 (Conclusión III.7), la autoridad demandada dispuso el rescate de la niña y su acogimiento circunstancial en el Centro de Acogida “Hogar Niñas Obrajes” de la ciudad de La Paz; no obstante, conforme se refiere en el memorial de acción de libertad, la ejecución material de dicha medida el 2 de junio de igual año (Conclusión III.8) habría generado en la niña AA un estado emocional alterado, caracterizado por llanto constante y profunda tristeza; pese a ello, la autoridad judicial no emitió una resolución que revise o controle la medida dentro del plazo de treinta días previsto por el art. 54.III del CNNA, limitándose a dictar providencias de mero trámite desde el ingreso de la menor al centro de acogida hasta la interposición de la presente acción. Entonces, sobre el primer cargo, se tiene que la Sentencia 145/2024 relativa a la suspensión de la autoridad materna fue emitida por autoridad en materia de niñez y adolescencia competente, objeto de revisión a través de los mecanismos ordinarios y constitucionales, existiendo un Auto de Vista y una Sentencia Constitucional Plurinacional que resolvieron y confirmaron la referida decisión, que incluso tiene como antecedente una demanda de infracción por violencia contra la progenitora, la cual también fue declarada probada y en la que se impusieron otras medidas de protección, las cuales a la fecha al parecer todavía no habrían sido cumplidas por la progenitora; por lo que no corresponde a esta jurisdicción reabrir un debate ya resuelto ni sustituir las vías procesales ordinarias y, en consecuencia, el análisis se circunscribirá al segundo agravio. Sobre el segundo cargo, relativo a la forma de ejecución de la medida de acogimiento y la ausencia de control jurisdiccional posterior, se advierte de los antecedentes que el Juez demandado, en defensa de las actuaciones realizadas por el mismo, pretende justificar indefinidamente la internación de la menor AA en base al art. 169 del CNNA, calificándola como una medida de protección genérica de temporalidad abierta; sin embargo, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, esta Sala observa que el Auto Interlocutorio de 17 de febrero de 2025 calificó expresamente la medida como “acogimiento circunstancial”, sometiendo tácitamente la misma al plazo máximo de treinta días establecido por la norma, el cual venció el 2 de julio del mismo año. Entonces, el acogimiento circunstancial se desnaturaliza cuando excede el límite de tiempo establecido sin una validación judicial que defina la situación jurídica de la niña, pudiendo configurarse en una actuación carente de respaldo legal actualizado o una vía de hecho judicial que permita la permanencia indefinida de la menor en el centro de acogida o familia sustituta. Dicho lo anterior, para que una derivación posterior resulte válida, el juzgador debió establecer una finalidad concreta -terapéutica, de resguardo o de evaluación familiar- y ejercer un control jurisdiccional permanente, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese sentido, la ausencia de una decisión jurisdiccional oportuna generó un vacío de control judicial, permitiendo que la situación fáctica se prolongue sin una determinación clara sobre la medida de protección circunstancial de la niña AA, por lo que corresponde conceder la tutela respecto a los derechos invocados como lesionados. Asimismo, es preciso señalar que también corresponde conceder la tutela a efectos de disponer que el juez especializado retome la conducción del proceso, a fin de que, priorizando el interés superior de la niña y con la respectiva celeridad del caso, decida sobre la posibilidad de dejar a la menor a cargo de la familia ampliada materna o paterna que ofrezca mejores condiciones para el desarrollo del proyecto de vida de la menor de edad, que no cuente con antecedentes de desacato a la autoridad y que demuestre mayor compromiso y responsabilidad respecto de las necesidades de la menor AA. Finalmente, de la revisión de la Resolución 284/2025 de 14 de julio, esta Sala observa que el Juez de garantías incurrió en un exceso competencial al pronunciarse sobre la guarda provisional de la menor y directamente ordenar su entrega en favor de su abuela materna, atribuciones y competencias que, por ley, en este caso recaen únicamente en la autoridad especializada en niñez y adolescencia, quien cuenta además con el auxilio del equipo interdisciplinario; esta distorsión procesal terminó trasladando al ámbito constitucional decisiones propias de la jurisdicción especializada, vinculadas al tratamiento de medidas de protección, acogimiento y otros, de los cuales tiene conocimiento directo y acceso al universo probatorio la autoridad jurisdiccional ordinaria y no la autoridad constitucional.

III.3. Otras consideraciones

III.3.1. Sobre la pertinencia de acceso a antecedentes y experiencias en temas de Niñez y Adolescencia

Corresponde destacar que el deber de fundamentación de las autoridades, al momento de resolver acciones o cualquier conflicto que tenga que ver con temas de niñez y adolescencia, implica el deber de revisar la integralidad de actuaciones judiciales y no judiciales realizadas por diferentes autoridades y profesionales, las cuales, sin embargo, no están disponibles en todo momento y para todas las autoridades que participan en un proceso de niñez y adolescencia; de modo que el informe y evaluación psicológica efectuada por funcionarios de un juzgado no siempre es de conocimiento del psicólogo de un centro de acogida o del personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, lo que provoca que cada instancia produzca informes aislados y sesgados, que no siempre reflejan la realidad de la situación de la niña, niño o adolescente e impiden a las autoridades llamadas por ley sustentar y adoptar decisiones de manera adecuada y pertinente; más aún, considerando el costo que implica sacar copias, la constante rotación de personal de los Servicios Legales Integrales y Defensorías de la Niñez y Adolescencia y las formalidades que implica solicitar las copias respectivas a través de memorial por cada parte interviniente. Por otro lado, considerando el tiempo transcurrido desde la puesta en vigencia del Código Niña, Niño y Adolescente el 17 de julio de 2012, es necesario que los múltiples integrantes del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, desde sus competencias atribuidas y experiencias en el ejercicio de la labor jurisdiccional en el cumplimiento de sus funciones, compartan y unifiquen criterios; por ejemplo, en lo referido a las medidas de protección, sin perjuicio de las ocho ya establecidas concretamente en el art. 169.II del CNNA, que establece: “Se podrán aplicar otras medidas de protección, si la naturaleza de la situación amerita la preservación o restitución del o los derechos afectados, dentro de los límites de la competencia de la autoridad que la imponga”. Lo que faculta a las autoridades jurisdiccionales en materia de niñez y adolescencia a buscar otras alternativas de medidas de protección menos gravosas y más efectivas, lo cual podría realizarse a través de jornadas de unificación de criterios y experiencias de autoridades en la materia a nivel departamental y nacional, las cuales, a su vez, deben quedar registradas en un sistema informático que permita acceder a las autoridades e instancias competentes a dicha información al momento de atender, prevenir o resolver situaciones similares o donde se encuentren vulnerados o amenazados derechos similares.

En ese sentido, un espacio virtual con información no solamente serviría para conocer e intercambiar experiencias sobre las medidas de protección y sanciones, sino sobre todos los temas y problemáticas que competan a los fines del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia de manera continua y ordenada, de modo que funcione como un “sistema” que se retroalimenta de sus propias experiencias y no como un conjunto de instancias y entidades separadas que operan individualmente cada una por su lado. No tiene sentido que, ante una misma situación o similar problema que tenga que ver con niñez y adolescencia, cada instancia interviniente accione de diferente manera o tenga diferentes criterios para resolver, ignorando experiencias anteriores y en detrimento de los derechos y garantías de las infancias; por ello, en el marco del espacio virtual antes señalado, esta Sala exhorta a la creación, funcionamiento y acceso del “EXPEDIENTE INFANTIL”, que implica el desarrollo de una plataforma virtual en la que se suban y se tenga acceso virtual a todas las actuaciones realizadas en sede judicial y no judicial -entiéndase expedientes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, informes y actuaciones de centros de acogida, centros de atención psicológica y psicoterapéutica y todos aquellos que asumen decisiones en niñez y adolescencia-, permitiendo a los diferentes profesionales que van a tratar con un menor de edad conocer los antecedentes sociales, económicos y psicológicos de cada niño, de forma que cada informe corrija deficiencias de los anteriores, incremente la información, permita verificar conclusiones anteriores, etc., y que a su vez permita a las autoridades competentes adoptar decisiones con la mayor cantidad de información.

III.3.2. Destino y finalidad de las multas por infracción por violencia contra niñas, niños y adolescentes

Finalmente, corresponde reflexionar que, si bien el art. 153 del CNNA establece las conductas y omisiones que constituyen infracciones por violencia contra niñas, niños y adolescentes, el legislador, a su vez, ha previsto cuatro tipos de sanción en caso de probarse las mismas en el art. 176.I, II y III del mismo cuerpo normativo, siendo una de ellas: “Multa, para personas naturales, de uno (1) a cien (100) salarios mínimos, y para personas jurídicas de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos”, estableciendo además que: “Las multas impuestas serán depositadas en una cuenta específica del Tesoro General de la Nación-TGN, para la efectivización del Sistema de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente-SIPPROINA. Su administración será establecida mediante reglamento” (sic), y que, conforme se tiene del art. 11 del Decreto Supremo (DS) 2377 de 27 de mayo de 2015, sobre el destino de las mismas, ha establecido que: “…las multas emergentes de la aplicación de la Ley N° 548 y el presente Decreto Supremo, deberán ser depositados en la Cuenta Única del Tesoro para su posterior reasignación a ser definida en coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Justicia. Dichos recursos deberán ser destinados al cumplimiento de los objetivos del SIPPROINA”; esta Sala observa que tal norma y reglamento no especifican de qué manera estas serán empleadas para el cumplimiento de los referidos “objetivos”, no estableciendo el modo, monto, cantidad, proporción ni la naturaleza del gasto, ni para qué centros, programas o acciones específicas estarán destinados estos fondos administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Justicia. Sin perjuicio de lo anterior, además de la falta de especificidad señalada, esta Sala considera que las multas establecidas en el CNNA deberían destinarse a restaurar el daño ocasionado al niño, niña o adolescente que hubiera sufrido hechos de infracción por violencia, de modo que el monto recaudado sea utilizado para financiar su proyecto de vida o apoyar en cubrir sus necesidades más elementales -entiéndase alimentación, vestimenta, educación, salud y recreación-, cuando este cuente con la capacidad suficiente para administrar y disponer sobre los mismos. Por lo que corresponde exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional la modificación de dicha norma y reglamento, adoptando un enfoque restaurativo en la administración de las multas establecidas en el Código Niña, Niño y Adolescente en favor de la niñez y adolescencia, de forma que los fondos obtenidos por el pago de esas multas sean depositados en una cuenta bancaria a plazo fijo del sistema financiero nacional, a nombre de cada niño, niña o adolescente que hubiera sufrido la infracción por violencia, para su efectivo cobro cuando adquiera la capacidad de obrar o la mayoría de edad -dieciocho años-, prerrogativa que deberá ser supervisada por la autoridad competente en materia de niñez y adolescencia. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera “parcialmente” correcta, considerando lo referido en la parte final del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 284/2025 de 14 de julio, cursante de fs. 157 a 161, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, al haber incurrido la autoridad demandada en silencio judicial, a pesar de haberse cumplido treinta días desde la imposición de la medida de acogimiento circunstancial, sin haber determinado la reintegración familiar u otra medida más adecuada y pertinente para resguardar los derechos de la menor AA, a pesar de contar con competencias para hacerlo, previa valoración social y psicológica por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado, que hace al interés superior de la niña y con la debida celeridad que el caso aconseja; aclarando que, en caso de que las partes vuelvan a incurrir en desacato o incumplimiento de las órdenes emanadas por la autoridad, se actúe de acuerdo con las competencias atribuidas a la autoridad por ley; 2° Exhortar al ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPROINA), para que, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC), dependiente del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, desarrolle el “EXPEDIENTE INFANTIL” expuesto en el Fundamento Jurídico III.3.1 de este fallo constitucional; a cuyo efecto, notifíquese a dichas entidades;

3° Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que desarrolle normativa y reglamento, modificando lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; a cuyo efecto, notifíquese con la presente decisión;

4° Remítanse antecedentes al Consejo de la Magistratura, a efectos de que realice una auditoría sobre la actuación del Juez de garantías dentro de la presente acción de libertad y determine si su decisión provocó afectación al proceso especializado o a la menor de edad; y, 5° Disponer que, mediante Secretaría General de este Tribunal, se remita copia legalizada del presente fallo constitucional a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC), al ente rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPROINA), ambos dependientes del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0258_2026-S2.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3f0c0eae9b0d44809f1860bca688e51fd6a10c8c0a20dd3e3c254abc941caee2

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