B.IA.LEGAL

SCP 2399/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 14 de septiembre de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
14 de septiembre de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
67602-2024-136-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad en la aplicación de la ley, a la fundamentación y motivación de las resoluciones y la congruencia; así como a los principios de predictibilidad de las resoluciones y de seguridad jurídica, en contra del AS 100/2024 de 30 de enero, de acuerdo con los siguientes motivos: a) Incurre en arbitrariedad, incongruencia e incoherencia acerca del SPI, porque: a.1) Existe error de cálculo e incoherencia, al dividir en doce sueldos y no en trece, como afirma el AS 100/2024, además de desconocer precedentes judiciales horizontales; a.2) Presenta motivación arbitraria e incongruente acerca de pago del “bono de asamblea”; a.3) No justifica las razones del; por qué, no se aplicaron los precedentes judiciales horizontales y vinculantes; y, a.4) Concurre motivación arbitraria e insuficiente, al prescindir del AS 327 de 6 de julio de 2018, sobre el “bono anual” de la gestión 2012 como integrante del sueldo promedio indemnizable; b) Determina inexactamente la fecha de inicio de la relación laboral de la parte accionante y del demandante ahora tercero interesado, desconociendo el AS 283 de 1 de agosto de 2016; c) Reconoce clandestinamente los aguinaldos de las gestiones 2007, 2008 y 2013 (duodécimas) y las primas de las gestiones 2007, 2009 y 2013 (duodécimas); d) Reconoce antijurídicamente horas extraordinarias en favor del demandante ahora tercero interesado, desconociendo precedentes horizontales vinculantes -AS 251 de 28 de julio de 2014, AS 393/2020 de 9 de marzo y AS 636 de 8 de noviembre de 2021-…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 135/24 de 12 de septiembre de 2024, cursante de fs. 160 vta. a 166 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Andrea Viviana Castedo Alcoba en representación legal de SIKA Bolivia Sociedad Anónima, con el mismo efecto que lo determinado por la Sala Constitucional previamente identificada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela respecto del punto a.1) de la problemática identificada por los motivos indicados.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso.
  2. III.2. De la interpretación de la legalidad ordinaria
  3. III.3. Vinculatoriedad horizontal y vertical de la jurisprudencia de los máximos tribunales de justicia. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2399/2026-S1 Sucre, 14 de septiembre de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 67602-2024-136-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 135/24 de 12 de septiembre de 2024, cursante de fs. 160 vta. a 166 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Andrea Viviana Castedo Alcoba en representación legal de SIKA Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) contra María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, ex Magistrados de la Sala Contenciosa Contenciosa, Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La parte accionante, por memorial presentado el 27 de agosto de 2024, cursante de fs. 39 a 83, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorial de 7 de enero de 2014, Gonzalo Darío Castillo Roig demandante -hoy tercero interesado- inició demanda laboral contra la empresa SIKA Bolivia S.A., representada legalmente por Elio Eladio Correa Villalobos, accionando el reintegro de beneficios sociales de $us1 536 151.- (un millón quinientos treinta y seis mil ciento cincuenta y un dólares estadounidenses). El demandante -ahora tercero interesado- relató que su actividad laboral comenzó en la República de Chile el 3 de agosto de 1987, en el puesto de ingeniero técnico, fecha desde la cual, se debería considerar su relación contractual con la referida empresa, a efectos del cálculo de liquidaciones sociales. Alega que el 1 de enero de 1994 fue trasladado a Bolivia para que siga desempeñando servicios en la empresa SIKA Bolivia S.A., en calidad de Gerente general, bajo la característica de contrato indefinido, cargo que ejerció hasta el 10 de agosto de 2012, tiempo en el que pasó a la función de Director de Relaciones Institucionales hasta el 26 de marzo de 2013, fecha en la que fue despedido sin justificación alguna. Asimismo, el demandante -ahora tercero interesado- argumentó que percibía un sueldo promedio en los últimos noventa días de $us15 717.- (quince mil setecientos diecisiete dólares estadounidenses); y además, que SIKA Bolivia S.A., acorde al finiquito de 9 de abril de 2013, le pagó la suma de Bs723 149,07.- (setecientos veintitrés mil ciento cuarenta y nueve 07/100 bolivianos), sobre la base del sueldo promedio de Bs61 183.- (sesenta y un mil ciento ochenta y tres bolivianos), únicamente por el tiempo de servicio de diecinueve años, dos meses y diecinueve días; es decir, desde el 3 de enero de 1994, cuando su antigüedad databa del 3 de agosto de 1987; con lo cual, su periodo de labor habría sido de veinticinco años, siete meses y veintitrés días. De igual forma, el demandante -hoy tercero interesado- arguyó que por la naturaleza del puesto de Gerente General, la empresa SIKA Bolivia S.A., le adeudaría $us452 649,60.- (cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve 60/100 dólares estadounidenses) por horas extraordinarias, reclamando una suma total por concepto de reintegro de beneficios sociales, incluida la multa del 30%, que sería elevada en ejecución de fallos. Mediante memorial, se apersonó al proceso y opuso excepciones previas de imprecisión y contradicción en la demanda, excepciones perentorias de pago documentado y de prescripción, contestando negativamente a la demanda, solicitando se dicte Sentencia declarando improbada la misma. En atención a ello, la Jueza Tercera de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la Capital del departamento de Santa Cruz, actuando en estricto apego a la ley y el derecho social aplicable, pronunció la Sentencia 11 de 25 de marzo de 2022, declarando probada en parte la excepción perentoria de pago documentado, así como declarar probada la demanda en parte, determinando un pago de Bs218 729,20.- (doscientos dieciocho mil setecientos veintinueve 20/100 bolivianos). Contra la Sentencia 11, Gonzalo Darío Castillo Roig -hoy tercero interesado-interpuso recurso de apelación el 21 de abril de 2022, solicitando que el Tribunal de alzada revoque en parte la Sentencia. A su turno, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa Administrativa Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista 129 de 30 de junio de 2023, revocando parcialmente la Sentencia 11, y su Auto complementario de 8 de junio de 2022, declarando probada en parte la demanda, sólo en cuanto a los derechos apelados, determinando que no corresponde el pago de bono de antigüedad del reintegro de seis sueldos devengados por falta de pre aviso y la devolución de descuento al Impuesto al Valor Agregado (IVA); por no, haber sido recurridos.

Ante ello, SIKA Bolivia S.A., a través de su representante legal, interpuso recurso de casación el 12 de octubre de 2023, solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia pronuncie resolución en la que se case en su totalidad el Auto de Vista 129 y su Auto complementario; y en tal sentido, se declare probada la excepción de pago documentado e improbada la demanda en todos sus extremos, con costas. La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, el 30 de enero de 2024 pronunció el Auto Supremo (AS) 100/2024, resolviendo casar parcialmente el Auto de Vista 129, declarando probada en parte la demanda de reintegro y pago de derechos y beneficios sociales, así como probada en parte la excepción perentoria de pago documentado e improbada la excepción perentoria de prescripción. Los entonces, Magistrados -ahora accionados- al emitir el AS 100/2024 infringieron el derecho al debido proceso en sus elementos de pertinencia y congruencia, así como por la ausencia de motivación y fundamentación de las resoluciones, puesto que en el apartado V -Análisis del caso concreto-, no se manifestaron metódicamente respecto a los agravios expuestos por SIKA Bolivia S.A., en el recurso de casación interpuesto, obrando de manera citra petita, al no dar respuesta a todos los elementos de hecho y de derecho comprendidos en su recurso. Por otro lado, en fragmentos de la resolución, existe una clara e incontrovertible motivación arbitraria e insuficiente, sustentada en fundamentos y consideraciones meramente retóricas, que solo patentizan la arbitrariedad del indicado fallo judicial; asimismo, existe una absoluta falta de coherencia del Auto Supremo en su dimensión interna, porque no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión, existen además argumentos contradictorios dentro del propio fallo; por lo que, existe absoluta incoherencia interna y externa, a tal extremo que se omitió el análisis de precedentes judiciales horizontales aludidos por SIKA Bolivia S.A., en el recurso de casación y a contrario sensu, se obró en contra de las razones de la decisión de los precedentes judiciales citados en tal recurso y otros precedentes jurisprudenciales existentes sobre materia laboral. Es tan grave el desconocimiento de jurisprudencia existente que incluso los ex Magistrados ahora accionados, el mismo día del pronunciamiento del AS 100/2024, pronunciaron otro Auto Supremo absolutamente contrapuesto a aquél, respetando los precedentes jurisprudenciales existentes en la materia. El AS 100/2024, no contiene una carga argumentativa que respete los elementos básicos de coherencia, racionalidad y razonabilidad, es más, incurre en una interpretación errónea y arbitraria de la ley y la jurisprudencia, creando caos e incertidumbre en aquellas personas que concurren a la jurisdicción ordinaria con la convicción que la solución de problemas jurídicos con supuestos fácticos análogos a los que presentaron anteriormente, tendrán la misma ratio decidendi y serán resueltos de la misma manera, en resguardo del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley en su doble dimensión. La parte accionante plantea como vulneraciones constitucionales, las siguientes: a) Los ex Magistrados hoy accionados incurren en arbitrariedad, incongruencia e incoherencia en el AS 100/2024, al fijar en el numeral 1 de la parte dispositiva, un Salario Promedio Indemnizable (SPI) de $us15 717.-, que resulta de dividir de forma errónea el sueldo anual sólo en doce sueldos y no trece como corresponde, e incluir los pagos de alquiler y bonos de asamblea y antigüedad; empero, la parte determinativa del fallo, reconoce que el sueldo anual debe dividirse en trece sueldos, y además declaran improbada la demanda en relación a estos dos ítems; por lo que, el monto del SPI es inexacto, errado y arbitrario; en otras palabras, concurre una incoherencia e inconsistencia entre la conclusión de los fundamentos jurídicos y en la decisión asumida, además de una fundamentación arbitraria; debido a que: a1) Error en el cálculo de división del monto de Bs782 119.- (setecientos ochenta y dos mil ciento diecinueve 00/100 bolivianos) -sueldo anual acordado con SIKA Bolivia S.A.-, en doce sueldos -cuando legalmente corresponde dividirlo en trece sueldos, incluyendo el aguinaldo-, sin considerar que los ex Magistrados ahora accionados, en el propio fallo, en un apartado posterior, establecen que dicho monto anual acordado debe ser dividido en trece sueldos, y además a tiempo de excluir el aguinaldo, desconocen los precedentes judiciales horizontales; por cuanto, al primer agravio formulado por la parte accionante en el recurso de casación, la decisión argumenta lacónica y superficialmente que el art. 1 de la Ley de 18 de diciembre de 1944, establecería que el aguinaldo no tendría la particularidad de sueldo y no sería parte del salario anual; por lo que, revalidan la inexacta determinación asumida por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa Administrativa Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, puesto que, de haberse considerado la amplia e uniforme jurisprudencia, la división del sueldo anual debiera haberse efectuado entre trece y por consiguiente el SPI se hubiera reducido, pero el AS 100/2024, en el apartado, numeral 3.1, reconoce que la parte accionante SIKA Bolivia S.A. demostró y respaldo con prueba idónea su argumento de división en trece sueldos; sin embargo, al resolver este motivo, sólo dividen la calificación del SPI en doce sueldos, constituyendo ello una contradicción; además que desconoce el precedente establecido en el AS 93/2024 de 30 de enero, el cual señala lo siguiente: “…por ser el aguinaldo considerado como un salario diferido…” (sic) ; denotándose de ello la notoria actitud discordante de los entonces Magistrados -hoy accionados- en los fallos supremos que ellos mismos profirieron, incluso en uno de la misma fecha que la resolución ahora impugnada; a.2) El AS 100/2024 contiene una motivación arbitraria con relación al pago del “bono de asamblea”; puesto que, en su parte considerativa incluye dicho ítem dentro del SPI; sin embargo, en su parte resolutiva, declara improbada la demanda respecto a dicho bono, por lo que existe inconsistencia entre la conclusión de los fundamentos jurídicos del fallo y la decisión asumida; en razón a que en el acápite V, numeral 1 del AS 100/2024, afirma que los derechos laborales y beneficios sociales debían ser recalculados sobre la base del SPI; no obstante, declaran improbada la demanda con relación al pago de “bono de asamblea”; entonces, si dicho bono hubiese sido excluido desde el inicio, no podía ser tenido en cuenta a efecto de calificar el SPI y en ningún caso hubiese alcanzado los $us15 717.; por lo que, existe una inconsistencia insubsanable entre la conclusión y la decisión; a.3) El AS 100/2024 contiene una motivación arbitraria e insuficiente porque no da razones del por qué no aplicó los precedentes judiciales horizontales vinculantes y obligatorios respecto del pago del alquiler como parte del SPI; ante ello, los entonces Magistrados -ahora accionadas- de manera resumida esbozan el art. 11 del Decreto Supremo (DS) 1592 de 19 de abril de 1949, sin analizar todos los argumentos presentados en casación; y lejos de analizar e interpretar dicha norma, únicamente la menciona como supuesta base de su criterio, señalando que todos esos conceptos se plasman como ingresos con distintivo de regularidad, y sin modular criterios contenidos en Autos Supremos anteriores, en los que manifestaron que la regularidad del pago del alquileres de vivienda no es suficiente para que sean incluidos como parte del SPI. En el recurso de casación interpuesto por el representante legal de SIKA Bolivia S.A., específicamente se explicó el, por qué, era ilegal la inclusión del pago de alquiler como parte del SPI; para lo cual; invocaron el Auto Supremo 378/2020 de 9 de marzo y el Auto Supremo 0131/2019 de 19 de marzo, que expresamente señalan que el sueldo o salario indemnizable no comprenderá los aguinaldos y primas anuales establecidos en la Ley General del Trabajo, ni los bagajes, viáticos y otros gastos directamente motivados por la ejecución del trabajo; motivo por el que, las autoridades suscribientes del AS 100/2024, asumieron una determinación contraria y paradójica a los precedentes judiciales horizontales vinculantes y obligatorios, sin emitir criterio alguno respecto de ellos y sin la justificación fáctica y legal para su no aplicación al caso; e incurre una incongruencia citra petita ;porque no respondieron a los Autos Supremos señalados por la parte accionante SIKA Bolivia S.A. en el recurso de casación; a.4) El AS 100/2024 contiene una motivación arbitraria e insuficiente, porque prescindió la consideración del precedente judicial horizontal (AS 327 de 6 de julio de 2018), que inadmite el “bono anual” gestión 2012 como integrante del sueldo promedio indemnizable; ya que, en el contenido del recurso de casación se invocó la aplicación necesaria y obligatoria del AS 327 de 6 de julio de 2018, el cual explica que el bono anual, al tener ese carácter y no mensual, no es parte del sueldo indemnizable; porque, no cumple con el requisito de regularidad mensual, criterio contrario al señalado en el AS 100/2024.

b) El AS 100/2024 incide en una determinación inexacta de la fecha de inicio de la relación laboral del demandante -ahora tercero interesado-, desconociendo el precedente judicial horizontal del Auto Supremo 283 de 1 de agosto de 2016, pronunciado por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia; denotando con ello vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia, así como la igualdad procesal; puesto que, para desvirtuar los agravios expuestos en el recurso de casación, los ex Magistrados ahora accionados se limitan a señalar en su decisión que SIKA Chile S.A. resulta ser accionista de SIKA Bolivia S.A., y tomó parte en varias juntas de accionista, sin considerar que ambas son personas jurídicas independientes; asimismo, afirman que existió continuidad de servicios y ello acarrearía responsabilidad para asumir la indemnización de servicios prestados fuera de Bolivia, mencionando simplemente estos aspectos. E incluso, el recurso de casación interpuesto hizo referencia al AS 283 como respaldo de los argumentos de SIKA Bolivia S.A., fallo que en ningún momento fue analizado, examinado o considerado, pese a la identidad fáctica y jurídica con el caso; y definiendo en el fondo, los accionados establecen razones contrarias a la doctrina implantada, evidenciándose la contradicción entre estos fallos, sin presentar una justificación prudente ni idónea para apartarse del precedente.

c) El AS 100/2024 reconoce clandestinamente los aguinaldos por las gestiones 2007, 2008 y 2013 (duodécimas) y las primas por los años 2007, 2009 y 2013 (duodécimas): 5) En relación a los aguinaldos de 2007 y 2008, los entonces Magistrados hoy accionados incurren en una grave incompatibilidad que afecta la congruencia interna de todo fallo, puesto que, en su decisión, expresan que el monto total anual percibido por el demandante ahora tercero interesado imperiosamente debía ser fraccionado en trece asignaciones (doce sueldos y un aguinaldo); no obstante, declara probada la demanda y determina el pago de los aguinaldos por las gestiones 2007 y 2008, olvidando que en la parte considerativa se llegó a la conclusión de que la parte accionante SIKA Bolivia S.A. respaldo el pago de los trece salarios, incluido el aguinaldo; 6) Sobre el aguinaldo de la gestión 2013 (duodécimas), los ex Magistrados -ahora accionados-, confirman el pago; por lo que, no habría saldo alguno en favor del demandante -ahora tercer interesado- en este punto; sin embargo, en la parte decisiva del fallo, se declara probada la demanda, disponiendo el pago por duodécimas del aguinaldo correspondiente al periodo 2013, vulnerando con ello la congruencia; 7) Acerca de la prima de 2007, en el numeral 3.2 del AS 100/2024, no se efectúa ningún análisis fáctico ni jurídico en relación a lo señalado, incurriendo en una vulneración a la garantía del debido proceso en su elemento de motivación arbitraria e insuficiente. Asimismo, en notoria incongruencia, en la parte dispositiva del fallo, dispone que SIKA Bolivia S.A. pague la prima por la gestión 2007, sin existir una base conclusiva y valorativa de la prueba; y, 8) Respecto de las primas en las gestiones 2009 y 2013 (duodécimas), el mismo numeral, de igual manera se confirmó el pago de aguinaldos y primas de diversas gestiones, entre ellas las de 2009; y nuevamente de manera incomprensible, en la parte resolutiva se ordena pagar aquella; y en cuanto a la gestión 2013, si bien la parte declarativa del AS 100/2024 ordena su pago, no existe análisis fáctico ni jurídico respecto a la procedencia probatoria de este pago, omisión que constituye otra motivación arbitraria e insuficiente.

d) El AS 100/2024 transgrede el art. 46 de la Ley General del Trabajo (LGT) y art. 36 del Reglamento de la Ley General del Trabajo (RLGT), porque reconoce antijurídicamente horas extraordinarias en favor del demandante hoy tercer interesado, cuando esta persona ocupaba el cargo de Gerente General de SIKA Bolivia S.A.; además, la decisión suprema desobedece uniformes precedentes judiciales horizontales de carácter vinculante que fueron invocados en el recurso de casación (AS 251 de 28 de julio de 2014, AS 393/2020 de 9 de marzo, AS 636 de 8 de noviembre de 2021 y AS 140/2018 de 5 de junio); ello en vista a que la resolución dictada, en la parte dispositiva numeral 1), inc. e), declara probada la demanda y reconoce el pago de horas extraordinarias, con base en una motivación arbitraria y citra petita, al no dar respuesta a todos los elementos de hecho y de derecho comprendidos en el recurso de casación respecto a la ilegal pretensión de pago de horas extraordinarias, porque no dieron respuesta a los agravios expuestos en el recurso de casación sobre este punto. Los argumentos expuestos por los accionados para legitimar el pago de horas extraordinarias en favor del demandante hoy tercero interesado como Gerente de SIKA Bolivia S.A., no solamente transgreden el espíritu del legislador plasmado en el art. 46 de la LGT y art. 36 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo (DRLGT), que restringió el pago de horas extraordinarias para los empleados que ocupen puestos de dirección o confianza o que trabajan sin fiscalización superior inmediata, sino el debido proceso reclamado, además de la profusa jurisprudencia emitida por las Salas Sociales del Tribunal Supremo de Justicia; por cuanto, los Magistrados -ahora accionados- basan su ilegal decisión en normas inaplicables, como la inversión de la prueba (arts. 3.h, 66, 150 y 182.i del Código Procesal del Trabajo [CPT]), que no se aplica a un empleado de confianza. Por otro lado, en el contenido fáctico del apartado V, numeral 4 del AS 100/2024, existe una evidente contradicción, entre los enunciados que las componen -sus premisas y conclusiones- (incoherencia lógica); por cuanto, los entonces Magistrados ahora coaccionados reafirman la legalidad de los arts. 46 de la LGT y 36 del DRLGT, señalando que no se admite el pago de horas extraordinarias; sin embargo, seguidamente en una evidente inconsistencia e infundadamente extienden el pago en favor de personal de confianza. Consecuentemente, el AS 100/2024 carece de motivación material y es manifiestamente irrazonable, presentando una grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, y adicionalmente, la interpretación que realizan se encuentra al margen de la razonabilidad y proporcionalidad, desconociendo precedentes judiciales horizontales ya identificados.

e) El AS 100/2024 reconoce antijurídicamente el pago de vacaciones por cuarenta y cinco días; puesto que en el numeral 8, los ex Magistrados hoy accionados, respecto del pago de vacaciones confirma el cálculo del Tribunal Ad quem, pero en la parte dispositiva declara improbada la demanda con relación al pago de los bonos de asamblea y de antigüedad; por lo que, inmediatamente quedaría sin efecto ni valor legal el aludido SPI de $us15 717.- ; de tal manera, que SIKA Bolivia S.A. pague vacaciones de cuarenta y cinco días, en base a un SPI inexacto e ilegal, vulnera la garantía del debido proceso.

f) El AS 100/2024, reconoce ilegalmente la aplicación de la multa del 30% sobre el saldo emergente del cálculo de Bs723 149,07; puesto que en su numeral 2, a tiempo de declarar probada en parte la excepción perentoria de pago documentado, dispuesto la aplicación de la referida multa al saldo emergente del cálculo, ordenando la reliquidación; sin embargo, para llegar a establecerla, los ex Magistrados hoy accionados no cumplen con los estándares de una motivación y fundamentación suficiente, existiendo una ausencia total de congruencia respecto a los agravios expuestos por SIKA Bolivia S.A., en su recurso de casación, en tanto se alegó que se vulneraba el art. 9 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, en atención a que la imposición de multa se genera únicamente cuando la parte empleadora incurre en retraso en el pago de beneficios sociales, situación que no se produjo pues SIKA Bolivia S.A., procedió al pago de los mencionados beneficios en los quince días que establece la norma, entendiendo que fue desvinculado el 26 de marzo de 2023 y el pago se efectuó el 10 de abril del mismo año.

I.1.2. Derechos garantías y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante, denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad en la aplicación de la ley, a la fundamentación y motivación de las resoluciones y la congruencia; así como a los principios de predictibilidad de las resoluciones y de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I, 119.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: 1) Se deje sin efecto el Auto Supremo 100/2024 de 30 de enero; y, b) Ordenando que se emita una nueva decisión motivada, fundamentada y congruente.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 12 de septiembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 154 a 160 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

María Cristina Díaz Sosa -quien no suscribe el informe presentado- y Carlos Alberto Egüez Añez, ex Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 12 de septiembre de 2024, cursante de fs. 143 a 152, manifestó que: 1) El AS 100/2024 impugnado, no vulneró bajo circunstancia alguna ningún derecho de la parte accionante, puesto que de su simple lectura se evidencia que el mismo contiene todos los fundamentos y argumentos de orden fáctico, jurídico y doctrinario que sustentan su decisión, mismo que tiene relación exacta con la aplicación de la ley y la doctrina legal, otorgando respuesta a todas las infracciones planteadas y la respuesta; 2) La acción de amparo constitucional no contiene en absoluto argumentos, fundamentos ni sustento alguno que pueda por lo menos hacer dudar de alguna vulneración de derechos que hubiera ocasionado el Tribunal Supremo de Justicia con la emisión del AS 100/2024; ya que, se trata simplemente de una elocución propia de alguien que pretende suplir con una acción constitucional las decisiones de la justicia ordinaria; 3) Respecto a que el aguinaldo debía ser considerado como un sueldo extra, tomando en cuenta la asignación de un nuevo sueldo anual de Bs782 119.- ,puesto que erróneamente proceden a dividir la suma solamente entre doce sueldos, sin considerar el pago del aguinaldo que constituiría un sueldo más; es decir, que debía haberse realizado la división del sueldo anual en trece, concepto que era determinado en favor del actor durante todas y cada una de las gestiones que el actor desempeñó funciones en favor de SIKA Bolivia S.A.; sin embargo, la parte accionante omitió mencionar que el Auto Supremo excluyó la inclusión del aguinaldo en el cómputo del sueldo promedio indemnizable, tomando en cuenta el concepto de aguinaldo incluido en estricta aplicación del art. 11 del DS 1592, precepto legal que resulta claro al establecer que no se puede incluir como parte del sueldo promedio indemnizable el aguinaldo, tal y como fue interpretado por parte del referido Auto; 4) En cuanto al bono de Asamblea, se reconoció que su pago se incluye como periódico dentro del Salario Promedio Indemnizable, precisamente porque a través de la documental presentada por el demandante, hoy tercer interesado, se pudo acreditar el pago de los bonos percibidos por la parte accionante, ya sea por desempeño personal, producción o por su condición de Director; empero, es precisamente a partir del pago regular de los mismos que se ha entendido que forman parte del Salario Promedio Indemnizable que establece su exclusión; 5) Referente al pago de alquiler, se entiende que dicho concepto, al formar parte de los ingresos regulares al demandante hoy tercer interesado, conforme establece el art. 11 del DS, de acuerdo con la prueba se estableció el pago regular a favor del nombrado, para que desempeñe sus labores conforme las atribuciones del cargo que desempeñaba; por lo que, no existe la falta de motivación y fundamentación acusadas; 6) Con relación a la inclusión del concepto bono anual de la gestión 2012, dentro del Sueldo Promedio Indemnizable, cabe resaltar que conforme el precitado artículo, toda retribución percibida por el trabajador con carácter de regularidad conforme a la naturaleza del trabajo desarrollado, corresponde ser incluido como parte del Salario Promedio Indemnizable. En el presente caso, conforme lo señalado por el Tribunal Ad quem en el Auto de Vista 129, el demandante hoy tercer interesado, percibía mensualmente de la empresa SIKA Bolivia S.A., no sólo una remuneración líquida por el desarrollo de su trabajo, sino que también se incluía dentro de su contrato la concesión de pago de bonos que en los hechos cumplían con el carácter de regularidad en su pago y por ende se encuentran incluidos en el total ganado de trabajador; por cuanto, se encuentran destinados a la subsistencia del trabajador y su familia, no siendo otro su destino y finalidad; razón por la cual, cumplen con las condiciones previstas en el primer párrafo del art. 11 del DS 1592, al constituirse estas percepciones en contraprestación directa del trabajo realizado por el trabajador, al ser esta la condición para su efectivización; 7) En cuanto al reclamo señalado por el accionante respecto a la incorrecta determinación de la fecha de inicio de la relación laboral establecida, a cuya consecuencia se habría determinado incorrectamente el pago de seis años por concepto de indemnización, el fundamento del agravio analizado presentado por la parte demandada consistía en demostrar que el inicio de la relación laboral fue en 1994, mediante la firma del contrato de trabajo. A partir de lo expuesto, la controversia radicaría en establecer en qué momento se inició la relación laboral entre el hoy tercero interesado y la empresa demandada y ahora la parte accionante y si la autoridad judicial boliviana era la competente para resolver la problemática planteada puesto que la relación laboral entre las partes habría sido realizada en la República de Chile; y en Bolivia, a partir de la Ley 984 de 2 de marzo de 1988 que aprueba la Recomendación 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajador migrante, entendiendo que el actor, en mérito al contrato laboral fue desplazado desde Chile a Bolivia; a partir de ello, el país asume y debe cumplir la mencionada Recomendación en su punto 32; 8) A esta previsión debe añadirse que en aplicación del art. 4 del Código Procesal del Trabajo (CPT), el juez de oficio puede analizar su propia competencia, así como la capacidad de las partes. Específicamente, en cuanto a la competencia de la judicatura del trabajo para decidir controversias emergentes de los contratos de trabajo, a partir de la previsión contenida por los arts. 9, 44 y 45 del CPT, se entiende que las leyes bolivianas, por previsión contenida en el art. 45, rigen también a los contratos y relaciones de trabajo originadas o pactadas fuera del país, pero ejecutados en territorio boliviano. De ello, queda claro que la posibilidad de prórroga de la jurisdicción en razón del territorio a la que se refiere el art. 44 tiene lugar dentro del territorio nacional donde prevalece el orden interno, conforme el art. 14.V de la Norma Suprema; 9) De este modo, a partir de la ley nacional y el principio de territorialidad contenido en la Constitución Política del Estado, se establece el principio de igualdad de trato entre nacionales y residentes extranjeros a fin de garantizar la efectividad del régimen social y prestacional en las relaciones laborales extraterritoriales, se debe aplicar la ley de nuestro país como Estado de acogida del trabajador que ha sido movilizado o ha sido desplazado desde el exterior, como es el caso que nos ocupa; 10) Cabe también recordar que la jurisdicción ordinaria y la competencia se ejerce en el territorio nacional conforme a la Ley del Órgano Judicial y en materia laboral, de acuerdo al Código Procesal del Trabajo, en virtud al cual todos los procedimientos y trámites se basarán, entre otros, en el principio de proteccionismo para la tutela de los derechos de los trabajadores y el de inversión de la prueba; por el que, esta carga corresponde al empleador; al que se suma el de libre apreciación de la prueba, en cuya razón el juez valora la prueba con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados en el art. 3 del CPT; 11) En ese marco, en el caso se advirtió una relación laboral previamente concertada entre Gonzalo Darío Castillo Roig hoy tercero interesado y SIKA Chile S.A., conforme prueba establecida, consistente en un anexo al contrato de trabajo celebrado el 3 de agosto de 1987, existente bajo las leyes chilenas, prueba que acredita la existencia de la relación laboral entre el actor y la empresa SIKA Chile S.A. ; y dicho anexo que modificó el contrato inicial el 1 de enero de 1991, estableció que el trabajador realizaría trabajos de promoción, asesoría técnica y marketing de los productos SIKA en el estableciendo comercial de la ciudad de La Paz; con lo que, se estableció que el actor realizó actividades laborales en territorio boliviano desde la fecha indicada; 12) La empresa SIKA Bolivia S.A. -la parte accionante- es una sociedad anónima constituida en el país pero no es posible ignorar que esta pertenece a un grupo empresarial del cual depende funcionalmente, al igual que su par, más aún cuando de acuerdo a la prueba, la empresa chilena resulta ser accionista de la empresa boliviana, y tomó parte en varias juntas de accionistas de la empresa, siendo entonces propietaria aunque de mínimo porcentaje. Asimismo, se estableció que se enviaron diferentes notas para otorgar beneficios, bonos e incrementos salariales en favor del demandante -ahora tercero interesado-, que fueron firmadas por parte de Fernando Rudolph quien figura como Área Manager y además Gerente del Área Latino América del Sur, ejerciendo tuición directa sobre el Gerente General de SIKA Bolivia S.A.; 13) Tampoco cursa en obrados prueba que acredite la conclusión de la relación laboral entre el demandante -ahora tercero interesado- y la empresa SIKA Chile S.A., pero si el inicio de nuevas labores como Gerente General de la empresa; empero, bajo la tuición del representante legal; por lo que, se concluye que la relación laboral nunca fue interrumpida y continuó más allá de 1994; 14) Sobre estos hechos se determinó con claridad que el Tribunal Ad quem al fallar en favor del actor, ahora tercero interesado con base en prueba, estaba en lo correcto determinando que nunca hubo ruptura laboral entre el demandante hoy tercer interesado y SIKA Chile S.A.; por lo que, ante la evidente continuidad de la relación laboral ininterrumpida entre el trabajador y el empleador, corresponde –conforme al principio de continuidad de la relación laboral reconocido en el art. 4 del DS 28699– establecer el 3 de agosto de 1987 como fecha de inicio, siendo correcto reconocer en favor del demandante -ahora tercero interesado-el pago de indemnización por el periodo de seis años que no fueron considerados en el finiquito elaborado por el empleador, confirmando con ello el criterio aplicado por el Tribunal de alzada con relación al porcentaje del bono de antigüedad que le corresponde al trabajador; 15) Por todo lo expresado, no se advierte la falta de fundamentación y motivación denunciados por el accionante, y en los hechos no se ha vulnerado de ninguna manera la función de este Tribunal Supremo de Justicia de uniformar los fallos emitidos, puesto que el fallo comparte la misma línea de protección a los trabajadores extranjeros, siempre y cuando se den las condiciones para hacerlo; 16) Sobre el pago de aguinaldos por las gestiones 2007 y 2008 por existir incongruencia interna, el accionante saca de contexto la frase de la decisión emitida, resultando que la cita contextualizada es congruente con el art. 11 del DS 1592; por lo que, no existe la incongruencia alegada 17) Referente al reconocimiento de las horas extraordinarias se debe manifestar que está sustentado en los arts. 36 y 41 del RLGT, 46 de la LGT y 182.i) del CPT y la declaración testifical del jefe de recursos Humanos de SIKA Bolivia S.A.; consiguientemente, el recurrente de casación debió explicar cómo o de qué manera el Tribunal de alzada incurrió en ese yerro al valorar la declaración testifical; puesto que, fue la única prueba valorada para determinar el pago de este derecho; sin embargo, al momento de interponer el recurso de casación denunciando error de hecho al valorar la prueba, SIKA Bolivia S.A., aseveró que el Tribunal de alzada, incurrió en ese error el valorar el Acta de audiencia de confesión provocada y la descripción de funciones; no obstante, entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores in judicando, en que hubiere incurrido el Tribunal de alzada, al aplicar el derecho material en la decisión de la causa, expresamente previstos por el art. 271.I del Código Procesal Civil (CPC). En ese contexto, primero deben identificarse los medios probatorios a los que el juzgador no otorgó la tasa legal y demostrarse objetivamente el error manifiesto en el que hubiere incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación; 18) Cumplidos estos presupuestos, el Tribunal de casación está facultado para revisar la apreciación de las pruebas, cuando se hubiera incurrido en error de derecho y/o de hecho, procediendo la casación ya sea por omisión o excesos mediante documentos auténticos, aclarando que cuando el veredicto judicial es resuelto contra o con prescindencia de las pruebas fehacientemente presentadas en el proceso o se funda en pruebas que no se constatan directamente en la causa; y también procede la casación cuando el fallo se aparta de la sana crítica en la apreciación de los hechos y pruebas; 19) Por consiguiente, se encontraban impedidos materialmente de verificar el error denunciado por la parte accionante SIKA Bolivia S.A., puesto que los antecedentes procesales acreditan que el Tribunal de alzada, nunca valoró los documentos indicados para determinar el pago de horas extraordinarias de trabajo en favor del demandante ahora tercero interesado; en consecuencia, la denuncia de la parte accionante SIKA Bolivia S.A. no se adecúa a los presupuestos previstos por Ley para valorar la prueba que en los hechos no fue valorada por el Tribunal de alzada, más aun si el Tribunal de casación no constituye una instancia más para valorar la prueba acumulada al proceso; 20) Conforme a lo advertido, se aclara que el AS 100/2024 solo analizó las demás denuncias expuestas por la parte accionante SIKA Bolivia S.A. sobre los arts. 46 de la LGT y 36 del RLGT, porque, a fin de mitigar cualquier interpretación contraria a los derechos y garantías del trabajador, es pertinente aclarar que el trabajo sin fiscalización superior inmediata se refiere a los trabajos realizados sin control directo de su empleador; es decir, su desempeño no está vigilado a cada momento, o que recibiera instrucciones y/o corrigiendo el actuar del trabajador; por otro lado, las horas que sobrepasan el límite de horas efectivas para este tipo de trabajo (doce horas), se constituyen en horas extras; y finalmente, la hora de descanso se encuentra inmersa dentro de aquellas doce horas efectivas de trabajo dispuestas como máximo; por lo que, ésta no las incrementa ni disminuye; 21) Para la resolución de la denuncia, se citó el art. 41 del RLGT, que prevé una presunción legal prevista por el legislador; y es importante recordar que en el proceso laboral rige el principio de inversión de la prueba; de modo que, revisados los hechos, se advirtió que la decisión del Tribunal de alzada, no condice con los antecedentes; empero, ante una exposición argumentativa que no suple la obligación de representar documentación objetiva se aplica la presunción y por lo tanto el pago de horas extraordinarias determinada por el Tribunal de alzada, se encuentra correctamente fundamentada; 22) La empresa recurrente SIKA Bolivia S.A., hoy parte accionante, interpretó erróneamente el art. 46 de la LGT, puesto que el referido precepto dispone que las horas de trabajo de personal de confianza no deben superar las doce horas de trabajo diario; no obstante, en ninguna parte se observa que la intención del legislador fuera disponer que estos cargos se encuentran exentos del control, tanto de horarios, como de ingreso y salida de la fuente de trabajo; 23) Con relación al pago de horas extraordinarias, esos razonamientos no pueden ser objetados como antijurídicos o que carecerían de motivación, ya que los mismos se encuentran fundamentados en la normativa señalada y fueron analizados tomando en cuenta los hechos en relación a la prueba mencionada; 24) Acerca del reconocimiento del pago de vacaciones por cuarenta y cinco días, se determinó en las conclusiones, en el punto 1 del fallo emitido, que el cálculo del SPI realizado por el Tribunal Ad quem era correcto, correspondiendo confirmar el cálculo de las primas y vacaciones correspondientes a la gestión 2023; y, 25) En cuanto a que no correspondería el pago del 30% por concepto de multa porque ya se habría realizado el pago de los beneficios sociales dentro del plazo de quince días, se debe considerar que en el punto 2 de la resolución recurrida, se determinó el correcto accionar del Tribunal de alzada, al determinar el pago por indemnización por el lapso de tiempo comprendido a partir del 3 de agosto de 1987,puesto que se demostró el hecho de que la empresa SIKA Bolivia S.A. forma parte de SIKA Chile S.A. y SIKA Latinoamérica; por ello, correspondía aplicar la multa del 30% en cuanto a la diferencia no pagada emergente de la reliquidación de los beneficios sociales reconocidos en favor del trabajador.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Gonzalo Darío Castillo Roig a través de su abogado en audiencia manifestó que: Fueron notificados en horas de la mañana sobre la realización de la audiencia y solicitó participar en el acto; puesto que, no se efectuó una notificación personal, sino que simplemente se dejó en Portería; y de acuerdo con el art. 35 del Código Procesal Constitucional (CPCo), los terceros interesados tienen que ser debidamente notificados, y las audiencias deben ser presenciales; motivo por lo que, solicitó un cuarto intermedio para la participación del tercero interesado o en todo caso que se suspenda el acto.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 135/24 de 12 de septiembre de 2024, cursante de fs. 160 vta. a 166 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el AS 100/2024 de 30 de enero, debiendo los entonces Magistrado hoy accionados, emitir una nueva resolución conforme los cánones jurisprudenciales y constitucionales vertidos; bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto a la omisión de consideración de dividir el SPI entre trece meses, se verificó desde el punto de vista de la interpretación de la legalidad ordinaria, que los ex Magistrados ahora accionados asumieron su decisión en virtud a la interpretación literal del art. 11 del DS 1592, mientras que la parte accionante invoca el AS 93/2024 de 30 de enero, emitido el mismo día por la misma Sala hoy accionada; y de aquella verificación se establece que el AS 93/2024 considera que el aguinaldo en un sueldo anual complementario; por lo que, constituye un derecho adquirido de la relación laboral; y el agravio fundado de la parte accionante radica en dos vertientes, la no consideración de las planillas cursantes de fs. 545 a 548 que contempla el aguinaldo como parte del SPI y la contradicción con el AS 93/2024, respecto a la indivisibilidad del SPI por trece y no por doce meses. En consecuencia; el Tribunal Supremo de Justicia, debió realizar una interpretación no solamente gramatical, sino teleológica, y no de forma aislada del art. 11 del DS 1592, sino también de la jurisprudencia horizontal vinculante establecida en el referido Auto Supremo; por lo ello, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de interpretación de la legalidad ordinaria, debiendo la autoridad ingresar a verificar tanto las planillas cursantes como la contrastación para unificación de la jurisprudencia horizontal vinculante; ii) En cuanto al bono de asamblea, de la revisión del AS 100/2024, resulta evidente que en la parte dispositiva se permite declarar improbada la demanda en el punto tercero; empero, en el desarrollo del análisis del caso concreto, considera que efectivamente debería declararse probada el bono de asamblea; puesto que, considera que es periódico y por la misma aplicación del DS 1592; de modo que, más allá de determinar si fue correcta o no la interpretación, se evidencia una absoluta incongruencia interna o citra petita, porque si en la parte considerativa establecen los fundamentos jurídicos, teóricos, fácticos y jurisprudenciales respecto de los cuales corresponde considerar el bono de asamblea como parte de la SPI, en la decisión se asume una posición diametralmente distinta; y de ahí la incongruencia interna dado que los fundamentos jurídicos no coinciden con el decisum ; iii) Sobre el servicio prestado en otros países, el Auto Supremo establece las razones del por qué el trabajo en el extranjero debe ser también considerado para el cómputo y emplazamiento del “CID”. Para ello, el art. 151 de la OIT, sobre el trabajador migrante establece cuáles son las cuatro formas a efecto de que pueda considerarse dentro de los beneficios sociales el trabajo realizado en el extranjero por una empresa extranjera; por lo que, no resulta evidente el agravio en este aspecto; iv) Acerca del pago de alquileres, la parte accionante estableció tres precedentes contradictorios, que refieren que el pago de la compensación anual por traslado no forma parte del salario indemnizable, porque su naturaleza es asistir económicamente al personal de los gastos relacionados a la transferencia, obtención de vivienda y derivado en los casos en que se decida transferir a un empleado local a ocupar una posición efectiva existente en otra área geográfica distinta de su lugar de origen. En efecto, el pago de los alquileres no deben formar parte del SPI, habida cuenta que la jurisprudencia horizontal vinculante así lo establece y el hoy Tribunal accionado lo ha considerado dentro del referido SPI, de ahí también que se evidencia vulneración al derecho al debido proceso; v) Respecto a la consideración del SPI de pago de horas extras, primeramente cabe denotar que tanto la parte accionante como los ex Magistrados ahora accionados reconocieron en su informe que el hoy tercero interesado ejercía dos cargos, ambos gerenciales y que también esa gerencia era personal de confianza, no tenía una manera de control de ingreso y salida. Bajo ese aspecto teleológico, dos Autos Supremos invocados por la parte accionante y verificados por la Sala Constitucional, Segunda, resultan contradictorios con la decisión asumida en el AS 100/2024, porque, los precedentes adjuntos indican que el ejercicio de gerencia general y la gerencia de relaciones institucionales, son cargos que se encuentran alcanzados por el art. 36 del RLGT y art. 46 de la LGT; vi) En cuanto al precedente contradictorio en relación al pago de horas extraordinarias, el AS 636 de 8 de noviembre de 2021, señala que en relación al pago de horas extraordinarias determinado por el Tribunal de alzada, sin tomar en cuenta los feriados y vacaciones, es cierto que el demandante -ahora tercero interesado-, no podría trabajar horas extras en los días diferidos; por cuanto, corresponderá al Juez de instancia liquidar el pago de las horas extraordinarias. Esto es que no ingresa por ser una persona de confianza, siendo evidente también en los Autos Supremos vinculantes horizontalmente, que son contradictorios a la decisión asumida por los ex Magistrados ahora accionados, por incorrecta aplicación de los precedentes; vii) Sobre el pago de vacaciones, la carga argumentativa de la parte accionante; para que, esa Sala Constitucional ingrese a verificar una correcta o incorrecta consideración de las vacaciones como parte del SPI no es suficiente; por lo que, no corresponde la tutela respecto del séptimo agravio; y, viii) Acerca del erróneo cálculo de la multa, habiéndose tutelado varios agravios, el Tribunal Supremo de Justicia, deberá realizar lo que en derecho corresponda realizando un recálculo, conforme a las formalidades de la Ley General del Trabajo y su Reglamento.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por memorial presentado el 25 de abril de 2025 cursante a fs. 221 vta., Gonzalo Darío Castillo Roig –ahora tercero interesado- solicito adelanto de sorteo por encontrarse dentro un grupo vulnerable al ser una persona adulta mayor y por su estado de salud; ante lo cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante Auto Constitucional (AC) 195/2025-CA/S de 27 de noviembre, cursante de fs. 226 a 229, declaró HA LUGAR a la petición de adelanto de sorteo del expediente 67603-2024-136-AAC Auto Constitucional que fue notificado a las partes el 6 de mayo de 2025 (fs. 223,224 y 225). Mediante decreto constitucional de 23 de abril de 2026, cursante a fs. 236, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 11 de septiembre del citado año, cursante a fs. 241; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Supremo 100/2024 de 30 de enero, emitido por María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, -ahora accionados- en atención al recurso de casación interpuesto por la empresa SIKA Bolivia S.A.-hoy parte accionante- contra el Auto de Vista de 30 de octubre de 2023, dentro del proceso de pago de beneficios sociales seguido por Gonzalo Darío Castillo Roig -ahora tercero interesado- contra la referida empresa (fs. 3 a 29 vta.). II.2. Mediante memorial de acción de amparo constitucional interpuesto el 27 de agosto de 2024, en el Otrosí 1° requiere: “…Hago conocer que el Auto Supremo No. 100/2024 de 30 de enero de 2024, así como todo el expediente del proceso, se encuentra en el Juzgado Tercero del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a cargo de la Dra. Patricia Mendez Durán, para quien solicitamos se ordene la remisión del expediente original, conforme a lo previsto por el artículo 33, inciso 7, de Código Procesal Constitucional” (sic [fs. 81 y vta.]). En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la Jueza Tercera de Partido del Trabajo y Seguridad Social de la Capital del mismo departamento, por Oficio 1211/2024 de 12 de septiembre, remitió ante la referida Sala Constitucional Segunda solicitante, en” fs. 7524”, copias legalizadas del expediente del proceso laboral de beneficios sociales seguido por Gonzalo Darío Castillo Roig contra SIKA Bolivia S.A. (fs. 153).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad en la aplicación de la ley, a la fundamentación y motivación de las resoluciones y la congruencia; así como a los principios de predictibilidad de las resoluciones y de seguridad jurídica, en contra del AS 100/2024 de 30 de enero, de acuerdo con los siguientes motivos: a) Incurre en arbitrariedad, incongruencia e incoherencia acerca del SPI, porque: a.1) Existe error de cálculo e incoherencia, al dividir en doce sueldos y no en trece, como afirma el AS 100/2024, además de desconocer precedentes judiciales horizontales; a.2) Presenta motivación arbitraria e incongruente acerca de pago del “bono de asamblea”; a.3) No justifica las razones del; por qué, no se aplicaron los precedentes judiciales horizontales y vinculantes; y, a.4) Concurre motivación arbitraria e insuficiente, al prescindir del AS 327 de 6 de julio de 2018, sobre el “bono anual” de la gestión 2012 como integrante del sueldo promedio indemnizable; b) Determina inexactamente la fecha de inicio de la relación laboral de la parte accionante y del demandante ahora tercero interesado, desconociendo el AS 283 de 1 de agosto de 2016; c) Reconoce clandestinamente los aguinaldos de las gestiones 2007, 2008 y 2013 (duodécimas) y las primas de las gestiones 2007, 2009 y 2013 (duodécimas); d) Reconoce antijurídicamente horas extraordinarias en favor del demandante ahora tercero interesado, desconociendo precedentes horizontales vinculantes -AS 251 de 28 de julio de 2014, AS 393/2020 de 9 de marzo y AS 636 de 8 de noviembre de 2021-; e) Reconoce antijurídicamente el pago de vacaciones por cuarenta y cinco días; y, f) Reconoce ilegalmente la aplicación de multa del 30% sobre el saldo emergente del cálculo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso. Jurisprudencia reiterada; 2) De la interpretación de la legalidad ordinaria; 3) Vinculatoriedad horizontal y vertical de la jurisprudencia de los máximos tribunales de justicia. Jurisprudencia reiterada; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como elementos del debido proceso.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 0893/2014 de 14 de mayo, establece que: «La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas”. “b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’.

En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”». Por su parte, la SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, respecto de las temáticas indicadas (fundamentación, motivación y congruencia como componentes del debido proceso) estableció razonamientos esclarecedores que las definen, constituyéndose éstas en el marco general que se sigue en toda examinación que requiera su verificación; así, el citado fallo señala que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones, legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 de junio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. De la interpretación de la legalidad ordinaria

La SCP 0058/2025-S1 de 10 de marzo, señala que: “La SCP 0814/2020-S3 de 27 de noviembre, con similares razonamientos a los expresados en la SCP 0231/2018-S2 de 28 de mayo, establece que: ‘El entendimiento asumido por este Tribunal Constitucional Plurinacional respecto de la interpretación de la legalidad ordinaria tiene como antecedente la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, que precisó lo siguiente: Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso…’. Criterio reiterado por las SSCC 1917/2004-R de 13 de diciembre y 0085/2006-R de 25 de enero, en las cuales se establece que dicha actividad es facultad de los jueces y tribunales ordinarios y sólo cuando dicha interpretación hubiere quebrantado los principios, valores, derechos y garantías constitucionales es posible que se realice el control tutelar de constitucionalidad. Estableciéndose en la última Sentencia Constitucional mencionada, dos requisitos que debía cumplir el accionante para que el Tribunal Constitucional ingrese a analizar la interpretación de la legalidad ordinaria, siendo estos: a) Que el accionante explique el por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y, b) Que precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, agregándose un tercer requisito en la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, referido a establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que fueron lesionados con dicha interpretación.

Posteriormente, a través de la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, citando a su vez, a las SSCC 1358/2003-R de 18 de septiembre, 1237/2004-R de 3 de agosto y 1917/2004-R de 13 de diciembre, se suprimieron los requisitos de la carga argumentativa de la SC 1846/2004-R (en el mismo sentido, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0231/2018-S2, 0074/2019-S2 y 0800/2019-S2, entre otras). Sin embargo, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, exigió al accionante que demuestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades accionadas, vulnera derechos y garantías en tres dimensiones diferentes: ‘a) Por vulneración del derecho a una Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales’. La jurisprudencia antes mencionada fue, a su vez confirmada por la SCP 0371/2014 de 21 de febrero.

En ese marco, la SCP 0345/2020-S3 de 23 de julio, resume los supuestos de procedencia de revisión de la legalidad ordinaria, señalando que: ‘…no obstante de estar claramente delimitado que la facultad de interpretar y/o aplicar las normas del ordenamiento jurídico ordinario en sus diferentes materias y ámbitos corresponde a las autoridades judiciales y administrativas, y no propiamente a la justicia constitucional; sin embargo, ello es posible cuando en esa labor se haya advertido la vulneración de derechos y garantías previstas en la Constitución Política del Estado, para lo cual corresponde que el peticionante de tutela explique de manera clara y concreta cómo la labor de la autoridad judicial o administrativa, ya sea en la interpretación de la norma o en la valoración de la prueba, o por afectación a los elementos de fundamentación y congruencia de la resolución, vulneró los derechos fundamentales y garantías constitucionales que invoca’. Con base a la contextualización de la línea jurisprudencial referida a la legalidad ordinaria, las autorrestricciones establecidas como requisitos a ser cumplidos por el accionante, quedan resumidos en la obligación de que el accionante deba explicar de manera simple, clara y concreta cómo la interpretación de una norma realizada por la autoridad judicial o administrativa vulneró sus derechos fundamentales y garantías constitucionales” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Vinculatoriedad horizontal y vertical de la jurisprudencia de los máximos tribunales de justicia. Jurisprudencia reiterada

Sobre la jurisprudencia de los máximos tribunales de justicia, la SCP 2548/2012 de 21 de diciembre, citando el entendimiento de la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, señala que: “…la Constitución, es la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE), que por mandato de la propia Ley Fundamental y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de: a) Los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y, también; b) Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina). Todas las jurisdicciones previstas en la Constitución, que conforman un modelo de justicia plural, se articulan y forman una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías), a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: 1) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; 2) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, 3) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones, dando así contenido al principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que ‘La función judicial es única…’, que implica que la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución y la justicia constitucional tienen: i) La misma autoridad para ejercer la función judicial; ii) Están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE); y, iii) Deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). En ese orden, la Constitución Política del Estado asigna a los máximos tribunales de justicia de la pluralidad de jurisdicciones, como son el Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Agroambiental, máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental, la función obligatoria de uniformar la jurisprudencia dentro de cada una de sus jurisdicciones. Ocurriendo similar situación en el caso de la Justicia Constitucional, cuyo máximo tribunal es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Uniformación jurisprudencial que adquiere especial relevancia constitucional porque otorga a quienes concurren a cualesquiera de las jurisdicciones la convicción que la solución de problemas jurídicos con supuestos fácticos análogos a los que se presentaron anteriormente tendrán la misma ratio decidendi y serán resueltos de la misma manera, defendiendo con ello el respeto a la igualdad en la aplicación de la ley en su doble dimensión, esto es, como derecho fundamental del justiciable (art. 14.II de la CPE), como principio de la potestad de impartir justicia (art. 180.I de la CPE) y la defensa del principio de seguridad jurídica (art. 178.I), normas constitucionales principios que se constituyen en la base principista que otorga obligatoriedad a la función de unificación jurisprudencial de los máximos tribunales de justicia” (las negrillas y el subrayado fueron agregados). En ese entendido, en relación al Tribunal Supremo de Justicia, como máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, en la Fundamentación Jurídica III.2.1., de la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que: «La Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, establece cuál es la instancia a quien le corresponde, por razones funcionales, la tarea de uniformar la jurisprudencia en la jurisdicción ordinaria.

En efecto, el art. 38.9 referido a las atribuciones de la Sala Plena, señala: ‘La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones: (…) Sentar y uniformar la jurisprudencia’. En el mismo sentido, el art. 42, enlistando las atribuciones de las Salas Especializadas, el numeral 3, estipula: “Las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, tienen las siguientes atribuciones: (…) Sentar y uniformar la jurisprudencia”.

De ahí que, las diversas áreas del derecho que conoce el Tribunal Supremo de Justicia son susceptibles de uniformidad vía recurso de casación. En efecto, el recurso de casación se constituye en el instrumento a través del cual este órgano jurisdiccional debe cumplir con la función de uniformar la interpretación y aplicación de la legislación ordinaria desde y conforme a la Constitución. En este sentido se pronunció la SC 1468/2004-R de 14 de septiembre, citada por la SC 0819/2006-R de 22 de agosto, señalando: ...la casación es un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que el Tribunal de casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por los distintos jueces o tribunales de instancia, así como a las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación” (…) Ahora bien, los criterios y pautas interpretativas de la norma y legislación desde y conforme a la Constitución asumidos por el Tribunal Supremo de Justicia; es decir, la jurisprudencia proferida en las distintas materias, tiene dos efectos precisamente con el fin de garantizar la igualdad en la aplicación de la ley y el principio de seguridad jurídica a todos los ciudadanos y definir la coherencia interna del sistema de justicia plural. (…) b) La vinculación horizontal del precedente judicial. Esta vinculación, significa que la jurisprudencia emitida por las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia están atadas a sus propias decisiones anteriores y de las otras Salas en la respectiva área del derecho. Es decir, por ejemplo, la Sala Civil Primera está sometida al precedente judicial de su propia Sala, pero también de la Sala Civil Segunda del mismo Tribunal Supremo de Justicia. Por lo que, la concreción del art. 42.3 de la LOJ, que señala que las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, tienen las siguientes atribuciones: ‘Sentar y uniformar la jurisprudencia’, será por los mecanismos funcionales para uniformizar la jurisprudencia en casos de criterios contradictorios o dispares. En ese orden, si bien le está permitido apartarse de sus propios precedentes al Tribunal Supremo de Justicia; es decir, no sujetarse a los mismos, del mismo modo que en el supuesto anterior, es exigible un mínimo de fundamentación. Ello significa que pueden hacerlo a través de resolución fundamentada que contenga al menos estos elementos: i) Consideración, cita expresa del contenido interpretativo asumido por el Tribunal Supremo de Justicia; ii) El entendimiento o subregla asumidos en los casos anteriores no es aplicable al supuesto bajo estudio o caso concreto que se analiza; y, iii) Expresión de argumentos que respeten elementos básicos de la racionalidad y razonabilidad para separarse del precedente judicial, que se consideren de mayor peso argumentativo desde y conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hubieren pronunciado jurisprudencia más progresiva a los derechos fundamentales» (las negrillas fueron añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

Consideración previa Del análisis del cuaderno procesal remitido en revisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte que en un inicio, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ante la solicitud efectuada por la parte accionante -inserta en la demanda interpuesta- a fin de constatarse en audiencia los actos vulnerados, requirió de la Jueza Tercera del Trabajo y Seguridad Social de la Capital del departamento de Santa Cruz, les remita el expediente del caso; cumpliendo la autoridad requerida con la presentación de fotocopias legalizadas en fs. 7524 (Conclusión II.2.). Documentación que -se entiende por la Resolución emitida en audiencia- fue considerada a los fines de la resolución; sin embargo, aquella documental pertinente para resolver lo solicitado en acción de amparo constitucional no fue remitida conjuntamente los actuados para su revisión, documentación que resultaba del todo pertinente y debió ser analizada por esta Sala Primera Especializada del Tribunal

Constitucional Plurinacional; en consecuencia, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, incumplió con lo previsto por el art. 29.4 inc. e) del CPCo; y con ello, además con la remisión de los antecedentes necesarios para resolución (art. 38 del CPco). Ante esa irregularidad, corresponde llamar la atención a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que en posteriores remisiones ante este Tribunal, verifique que la documental por ser remitida incluya el total de los antecedentes además de lo considerado en audiencia, en el entendido que algunos actuados constituyen piezas procesales importantes para la emisión de la correspondiente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia, al haberse apartado de la obligación de derivar todos los antecedentes de la presente acción tutelar planteada, si bien corresponde llamar la atención a los miembros de la referida Sala Constitucional Segunda a efecto de que cumplan con lo omitido o procurar este Tribunal lo extrañado; sin embargo, por celeridad y economía procesal y con la finalidad de no dilatar la resolución del caso, sobre la cual incluso se solicitó un adelanto de sorteo que fue concedido por razón de edad del solicitante -ahora tercero interesado-, se emite el presente fallo constitucional.

Análisis La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad en la aplicación de la ley, a la fundamentación y motivación de las resoluciones y la congruencia, asi como a los principios de predictibilidad de las resoluciones y de seguridad jurídica, en contra del AS 100/2024 de 30 de enero, de acuerdo con los siguientes motivos: a) Incurre en arbitrariedad, incongruencia e incoherencia acerca del SPI, porque: a.1) Existe error de cálculo e incoherencia, al dividir en doce sueldos y no en trece, como afirma el AS 100/2024, además de desconocer precedentes judiciales horizontales; a.2) Presenta motivación arbitraria e incongruente acerca de pago del “bono de asamblea”; a.3) No justifica las razones del por qué no se aplicaron los precedentes judiciales horizontales y vinculantes; y, a.4) Concurre motivación arbitraria e insuficiente, al prescindir del AS 327 de 6 de julio de 2018, sobre el “bono anual” de la gestión 2012 como integrante del sueldo promedio indemnizable; b) Determina inexactamente la fecha de inicio de la relación laboral de la parte accionante y del demandante -ahora tercero interesado-, desconociendo el AS 283 de 1 de agosto de 2016; c) Reconoce clandestinamente los aguinaldos de las gestiones 2007, 2008 y 2013 (duodécimas) y las primas de las gestiones 2007, 2009 y 2013 (duodécimas); d) Reconoce antijurídicamente horas extraordinarias a favor del demandante -ahora tercero interesado-, desconociendo precedentes horizontales vinculantes (AS 251 de 28 de julio de 2014,

AS 393/2020 de 9 de marzo y AS 636 de 8 de noviembre de 2021); e) Reconoce antijurídicamente el pago de vacaciones por cuarenta y cinco días; y, f) Reconoce ilegalmente la aplicación de multa del 30% sobre el saldo emergente del cálculo. A los fines de verificar lo solicitado en acción tutelar, y en consideración a que no se cuenta con el memorial del recurso de casación interpuesto por SIKA Bolivia S.A., a los fines de realizar un contraste entre lo demandado en aquella instancia y lo resuelto por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, por el motivo previamente indicado al inicio del análisis, corresponderá remitirnos al contenido expuesto en el Auto Supremo 100/2024 (Conclusión II.1.), lo denunciado en el memorial de la acción de defensa y lo verificado por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a partir de lo cual se tiene: En el punto III del referido AS 100/2024, se tienen como motivos del recurso de casación los siguientes: 1) Error de fondo en la determinación del sueldo promedio indemnizable y consecuente vulneración del art. 11 del DS 1592; 2) Incorrecta determinación de la fecha de inicio de la relación laboral e improcedencia del pago de indemnización de años de servicio por seis gestiones; 3) Improcedencia del pago de primas por utilidades y aguinaldos por seis gestiones, por existir errores de hecho y derecho en la valoración de prueba respecto de aguinaldos y primas (duodécimas); 4) Error de hecho en la apreciación de la prueba sobre el reconocimiento del pago de horas de trabajo extraordinarias; 5) Improcedencia del pago de “bono de asamblea”; 6) Error de hecho en cuanto a la interpretación del num. 3 del Anexo del Contrato de Trabajo, respecto a la devolución del viático por un viaje a la República de Chile; 7) Vulneración de los arts. 17.II de la Ley 025 y 265.I y III del CPC, aplicable por efecto del art. 252 del CPT; 8) Error de hecho por inadecuada valoración de pruebas al reconocer en favor del actor gastos por traslado a la República de Chile en caso de conclusión del contrato; 9) Cálculo ilegal respecto al concepto de vacaciones por cuarenta y cinco días; 10) Error de hecho en la valoración de las pruebas correspondientes al depósito de los beneficios sociales en Fondos en Custodia del Ministerio del Trabajo; 11) Vulneración del art. 223.IV.3 del CPC, por condenación en costas; 12) Error en la suma de los montos de la liquidación; y, 13) Vulneración al debido proceso por falta de pronunciamiento sobre las excepciones perentorias de pago documentado y de prescripción. Ahora bien, revisado el análisis del caso concreto efectuado por el AS 100/2024, con relación a la problemática revisada en la presente acción de amparo constitucional, acerca del primer reclamo, el cual señala que el cálculo del Salario Promedio Indemnizable es erróneo por diferentes motivos, principalmente porque éste tuvo que realizarse entre trece, considerando al aguilando como un sueldo adicional a los doce que se producen durante una gestión. Resulta evidente de la revisión de lo resuelto en el AS 100/2024 confrontado con lo argumentado en la acción de amparo constitucional, que la afirmación que el cálculo del SPI debe realizarse solamente entre doce sueldos, entendiendo que la Ley de 18 de diciembre de 1944 prevé este beneficio -aguinaldo- y tanto los arts. 19 de la LGT y 11 de su Decreto Reglamentario prevén cómo debe realizarse aquella sumatoria, no considerando en dicha sumatoria al aguinaldo; al respecto, cabe aclarar que dicho razonamiento no es contradicho o aceptado más adelante en el AS 100/2024 –como indica la parte accionante–, sino que es referido como parte de la reclamación de la empresa demandada ahora accionante, por lo que la resolución ahora revisada, mantiene el criterio de la división entre doce sueldos de manera constante en el fundamento de la resolución, no encontrándose una ausencia de fundamentación o contradicción en éste, además que, como señala el Informe de los ex Magistrado ahora accionados, se basaron en la previsión indicada en el art. 11 del DS 1592. Adicionalmente, se verificó el contenido del AS 93/2024 emitido por la misma Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionada-z en la misma fecha que el AS 100/2024 que se revisa en el presente caso, que la parte accionante reclama como contraria a lo dispuesto en su caso; no obstante, se pudo constatar que el fallo invocado expone como uno de los fundamentos legales, doctrinales y jurisprudenciales aplicables, que el derecho laboral del aguinaldo “…es considerado un sueldo anual complementario, que todo patrono, ya sea persona natural o jurídica, pública y privada en cualquiera de sus formas societarias, y/o de derecho público, tienen la obligación de pagar a sus empleados y obreros hasta el 25 de diciembre de cada año” (sic) ; entonces, en ningún momento indica que el cálculo del SPI deba incluir a este beneficio, aun cuando se lo señale como un sueldo complementario, mismo razonamiento y cita legal que fue incluida en el AS 100/2024, de modo que el cálculo impugnado se encuentra debidamente respaldado. Por lo que, sobre este primer argumento, no corresponde la tutela al no verificarse ninguna vulneración de derechos. En cuanto a los demás argumentos que forman parte de la primera problemática, referidos a que la resolución afirma la inclusión del “bono de asamblea” en el SPI; sin embargo, fue declarado improbado en la parte resolutiva del fallo impugnado, desconociendo los Autos Supremos 378/2020 de 9 de marzo, 0131/2019 de 19 de marzo y 327/2018 de 6 de julio; por otro lado, el apartamiento injustificado de la razones por las que no se aplicaron los precedentes horizontales vinculantes; así como del AS 327 sobre el “bono anual” de la gestión 2012, se tiene que el AS 100/2024 a momento de resolver estos puntos de manera conjunta, carece de la debida individualización en el pronunciamiento, remitiéndose en todo caso a lo previsto por el art. 11 del DS 1592, y a partir de ello define de manera generalizada que: “…toda retribución percibida por el trabajador con carácter de regularidad conforme a la naturaleza del trabajo desarrollado, corresponden ser incluidos como parte del Salario Promedio Indemnizable…” (sic); entonces, no se cuenta con un pronunciamiento específico acerca de lo estrictamente impugnado en casación por el recurrente acerca del “Bono de asamblea”, el “bono anual” de la gestión 2012, menos aún los motivos por los cuales aquellos Autos Supremos que invoca para respaldar sus reclamaciones no fueron considerados o si quiera referidos, aspectos sobre los cuales el AS 100/2024 omite por completo realizar cualquier referencia o alusión. En consecuencia, se concluye que no existe fundamentación ni motivación que responda de manera adecuada al motivo de la impugnación en cada uno de sus argumentos en casación; por lo que, corresponde conceder la tutela sobre los argumentos señalados, al no haberse hecho referencia específica sobre el “Bono de asamblea”, ni el “bono anual” de la gestión 2012, omitiendo también en cada caso desarrollar el motivo; por el que, la jurisprudencia invocada no fue abordada. En cuanto al segundo reclamo, el cual recae en la determinación del inicio de la relación laboral, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia ahora accionados en acción tutelar, determinó no ser evidente lo denunciado por la empresa SIKA Bolivia S.A., en el proceso por beneficios sociales; sin embargo, el motivo presentado en el propio AS 100/2024 (punto III.), refiere que el recurrente invocó como jurisprudencia aplicable el AS 283 de 1 de agosto de 2016; y de la revisión del AS 100/2024 lo denunciado por la parte accionante es evidente, en tanto el desarrollo que presenta para resolver este motivo de casación, pese al reconocimiento expreso de la jurisprudencia invocada a efectos de su contrastación (Auto Supremo 283) como parte del motivo por ser considerado en casación, no es abordado en absoluto en la resolución. De acuerdo con la parte accionante, el fallo invocado resulta jurisprudencia aplicable en razón de su identidad fáctica y jurídica con el caso que se resuelve, y de ahí su importancia en el pronunciamiento; sin embargo, dado que no fue si quiera mencionado en el análisis de la resolución, no puede existir una vulneración de la igualdad, en los términos que señala la parte accionante; puesto que, se desconoce la posición del Tribunal ordinario sobre su aplicación, no obstante, la omisión per sé sí implica la vulneración de los derechos al debido proceso, a la fundamentación, a la motivación y principalmente a la congruencia, por no existir un pronunciamiento expreso respecto de lo demandado en casación. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada respecto de este punto.

Acerca del tercer reclamo, vinculado con lo referido en el primer reclamo en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se verificó respecto del SPI que su cálculo se realiza entre doce sueldos, y en ningún momento el AS 100/2024 reconoció contradictoriamente que debía hacerse realizado cálculo con relación a trece sueldos -como afirma la parte accionante-, sino que la mención de este punto se refería a precisamente lo impugnado en casación por la empresa SIKA Bolivia S.A. -ahora parte accionante-, figura que se reitera en el presente caso, dado que en ningún momento el AS 100/2024 coincide con el argumento del recurrente, sino que lo refiere a los fines de contextualizar la decisión. Por lo que, el primer argumento de este motivo, no puede ser atendido. No obstante lo anterior, acerca del aguinaldo de la gestión 2013 (duodécimas), el AS 100/2024, con base en la revisión de las pruebas que le fueron adjuntadas, concluye: “…se acredita claramente el pago del aguinaldo por la gestión 2013” (sic); y a pesar de ello, la parte resolutiva de dicho fallo dispone el pago de aguinaldo por la gestión 2013, lo que constituye una incongruencia en la decisión, porque en el análisis que despliega la resolución, considera que el pago demandado por la gestión 2013, fue acreditado por la parte demandada; sin embargo, en la parte resolutiva del mismo fallo, ordena que dicha gestión forme parte del cómputo del SPI; aspectos que vulneran el derecho de congruencia de las resoluciones, como parte del derecho al debido proceso. Con relación a la prima de la gestión 2007; no obstante, que su consideración para el SPI es ordenada en la parte resolutiva del AS 100/2024, el análisis desarrollado no menciona esta gestión; por lo que, verificada dicha Resolución, se tiene que el motivo correspondiente del recurso de casación (punto 3.5 del parágrafo III [ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN]) se hace referencia a la existencia de prueba documental de las primas de las gestiones 2008, 2010, 2011 y 2012; más adelante, el análisis de este motivo de casación reitera el motivo con indicación de dichas gestiones; sin embargo, en ningún momento apunta o menciona la gestión 2007 como objeto del examen; por lo que su inclusión en la parte resolutiva carece de sustento y por ende, vulnera el debido proceso, presentando una incongruencia interna insalvable. Por último, dentro de este reclamo, se tienen los argumentos sobre las primas de las gestiones 2009 y 2013; al respecto, el AS 100/2024 señala en la parte de su análisis lo siguiente: “Esta declaración sumada, a la propia declaratoria del actor, permite establecer que el actor si recibió fondos por los conceptos de pago de aguinaldos y primas, por las gestiones 2009, 2010, 2011 y 2012…” (sic); y sobre las primas de la gestión 2013, señala la parte accionante que no existiría análisis alguno que sustente su imposición.

Si recurrimos al análisis efectuado por el AS 100/2024, en su punto 3.2, acerca del pago de primas de las gestiones 2008, 2010, 2011 y 2012, por un lado es evidente la contradicción que indica la parte accionante acerca de la afirmación sobre la acreditación de los fondos sobre la gestión 2009 por concepto de pago de prima; puesto que, la fundamentación incluye dicha gestión sin referencia alguna, pero al mismo tiempo indica que a propia declaración del actor, sí recibió los fondos para sustentar el pago de aguinaldos y primas, sin discriminar los montos y las gestiones correspondientes; mientras que respecto del pago de primas de la gestión 2013 no existe ninguna referencia en el análisis o mención en el análisis desplegado; de ahí que si la parte resolutiva consigna estas gestiones como parte del SPI, esto no condice con el análisis que expone la resolución. En consecuencia, se vulnera el debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; por lo que, la tutela debe ser concedida. En cuanto al cuarto reclamo, la acción de amparo constitucional que presenta la parte accionante refiere que el reconocimiento de horas extraordinarias en favor del actor se encuentra al margen de lo establecido en la ley; y, desobedece precedentes judiciales. En este caso, el despliegue de los motivos del recurso de casación en el propio AS 100/2024 (punto 4 y siguientes del parágrafo III [ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN]), señala entre los argumentos presentados lo siguiente: “Error de hecho en la apreciación de la prueba por falta de indicios o pruebas que acrediten el trabajo extraordinario superior a 12 horas, bajo una errada interpretación del principio de primacía de la realidad, el que, no es absoluto. Invoca los Autos Supremos N° 228 de 21 de abril de 2015, N° 034/2012, N° 72 de 10 de febrero de 2021, N° 044/2012 sin fecha y N° 171/2013 de 11 de abril” (sic). No obstante, el desarrollo que se hace más adelante en el análisis la Resolución, resuelve lo impugnado en uso de sus atribuciones, pero no refiere de manera alguna a los Autos Supremos que forman parte de la reclamación en casación, precedentes que propondrían una resolución diferente a la establecida en el AS 100/2024. Esta omisión, conlleva la concesión de la tutela solicitada puesto que se omite una respuesta fundamentada motivada y congruente acerca de lo impugnado por la empresa SIKA Bolivia S.A. Acerca del quinto reclamo, la parte accionante reclama que el pago de vacaciones de cuarenta y cinco días ordenado, se basa en el SPI inexacto que se obtiene de un cálculo indebido de las primas y vacaciones de la gestión 2013 con relación al pago de bonos -de asamblea y de antigüedad- que fueron declarados improbados. Al respecto, conforme los fundamentos precedentes, se tiene que en varios puntos del AS 100/2024 se detectó una serie de incongruencias y omisiones en la fundamentación desglosada respecto de la consideración de primas y aguinaldos; en consecuencia, tendría que procederse a realizar un nuevo cálculo del mencionado SPI, aspecto que afectaría lo determinado, más aun si el referido AS señala en este punto lo siguiente: “Toda vez que, se ha determinado en las conclusiones del punto 1, de la presente resolución, que el cálculo del Salario Promedio Indemnizable realizado por el Tribunal Ad quem resulta correcto, corresponde confirmar el cálculo de las rimas y vacaciones correspondientes a la gestión 2023, en base a Salario Promedio Indemnizable determinado en el Auto de Vista y ratificado en el presente fallo” (sic). La concesión de la tutela respecto de otros puntos incide en el que ahora se resuelve, pues en todo caso la parte accionante refiere que al ser el SPI inexacto, el pago de vacaciones dispuesto variará, lo cual es evidente, debiendo garantizarse el debido proceso en este aspecto; por lo que, corresponde conceder la tutela. Por último, acerca del sexto reclamo, la parte accionante refiere que la aplicación de la multa del 30% sobre el saldo emergente carece de motivación y fundamentación; por lo que, nos remitimos al fundamento del AS 100/2024, en el punto 9 de su análisis; en el que, sostiene que la multa corresponde al recálculo de beneficios sociales y la diferencia no pagada emergente de la reliquidación; y si bien este fundamento se remite a lo dispuesto en la misma Resolución respecto del pago de indemnización, no responde de manera fundamentada y motivada a lo reclamado, además que debe considerarse que lo resuelto en el AS 100/2024 se refiere al inicio de la relación laboral de la parte actora -segundo reclamo dentro del presente análisis en acción de amparo constitucional-, sobre el cual se concedió la tutela por los fundamentos allí expuestos; en consecuencia, al encontrarse estos dos puntos vinculados, dependiendo uno de lo que se determine en el segundo, corresponde también conceder la tutela entendiendo que la multa impuesta dependerá de lo que vaya a resolverse en la determinación por emitirse. En conclusión, dentro del presente caso, la problemática definida conlleva la concesión de la tutela en varios de los puntos denunciados como vulnerados de derechos; evidenciándose que el AS 100/2024 vulnera los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; puesto que, presenta una decisión sin motivación o con motivación insuficiente, en otros casos presenta errores u omisiones que no explican las razones; por las que, se omitieron determinados argumentos o pronunciarse acerca de la jurisprudencia vinculante que invocó el recurrente en casación. Por ende, entendiendo que toda resolución constituye una unidad en su pronunciamiento que sigue un solo hilo conductor, debiendo ser coherente lo pedido o impugnado con lo resuelto, presentando argumentos de forma clara que satisfagan los puntos objeto del pronunciamiento, corresponde conceder la tutela solicitada, aun de manera parcial, determinándose la nulidad de toda la resolución, debiendo el Tribunal responsable emitir una nueva decisión que cumpla con los estándares del debido proceso denunciados y verificados como incumplidos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 135/24 de 12 de septiembre de 2024, cursante de fs. 160 vta. a 166 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por Andrea Viviana Castedo Alcoba en representación legal de SIKA Bolivia Sociedad Anónima, con el mismo efecto que lo determinado por la Sala Constitucional previamente identificada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela respecto del punto a.1) de la problemática identificada por los motivos indicados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_2399_2026-S1.pdf · páginas 1 a 33.

Huella digital del PDF (SHA-256): 10580d5b6dee3f6ba1739a4d4f1cbc8555eef53ebb3b244e3c96e0baf46c8db4

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