B.IA.LEGAL

SCP 1944/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 21 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
21 de agosto de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante dentro de los expedientes 51836-2022-104-AAC y 52222-2022-105-AAC -acumulado-, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia interna y externa; y, valoración de la prueba; predictibilidad de las decisiones judiciales; defensa; igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas, así como a los principios de igualdad, seguridad jurídica y aplicación objetiva de la ley; puesto que, las entonces Magistradas ahora accionadas a través del Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, anularon obrados hasta el auto de admisión dentro de la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, formulada por el entonces Superintendente Agrario Interino del SIRENARE contra Raúl Jordán Pereda, Juan Carlos y Luis Rolando ambos Jordán Llantén herederos de Raúl Jordán Velasco, otorgado en favor de este último el 24 de febrero de 1969 y rechazaron la demanda, en atención a que la ABT creada en reemplazo de la Superintendencia Agraria, ante la derogatoria de la Disposición Final Vigésima del DS 29215 dispuesta mediante el DS 3467, perdió competencia para conocer y presentar demandas de nulidad título ejecutorial; argumento incongruente, carente de lógica jurídica, formalista, contrario a la ley, doctrina y al precedente jurisprudencial agroambiental vinculante relativo a la “perpetuación de la legitimación activa”, que inobservó el alcance del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0155/2022-SCII de 2 diciembre, cursante de fs. 1736 a 1739 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (expediente 51836-2022-104-AAC); y, CONFIRMAR la Resolución 279/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 636 a 661, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (expediente 52222-2022-105-AAC (acumulado); y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, emitido por Sala Primera del Tribunal Agroambiental y se ordena que los nuevos Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental pronuncien un nuevo auto interlocutorio definitivo considerando los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, dando lugar a la continuidad del trámite de la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, expedido el 24 de febrero de 1969, en favor de Raúl Jordán Velasco hasta la emisión de una sentencia agroambiental plurinacional conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. De los principios de legalidad o aplicación objetiva de la ley y seguridad jurídica
  3. III.3. La aplicación del precedente jurisprudencial y el derecho a la igualdad procesal
  4. III.4. De la irretroactividad, retroactividad, ultractividad de la ley y retrospectividad
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1944/2026-S1 Sucre, 21 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expedientes: 51836-2022-104-AAC 52222-2022-105-AAC (acumulado) Departamentos: Chuquisaca La Paz Expediente 51836-2022-104-AAC En revisión la Resolución 0155/2022-SCII de 2 diciembre, cursante de fs. 1736 a 1739 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Omar Quiroga Antelo, Director Ejecutivo Nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) representado legalmente por José Paredes Padilla, Director Ejecutivo a.i. y Esthefany Moreno Rivas, Jefa Nacional de Procesos Judiciales de la misma entidad contra María Tereza Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, ex Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental; y, Expediente 52222-2022-105-AAC (acumulado) En revisión la Resolución 279/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 636 a 661, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eleuterio Vargas Ticona, Damián Policarpio Blanco Díaz y Justo Raúl Quispe Quisbert contra María Tereza Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, ex Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

I.1. Expediente 51836-2022-104-AAC

I.1.1. Contenido de la demanda

La parte accionante por memoriales presentados el 10 y 18 de agosto de 2022, cursantes de fs. 868 a 877 vta., y 880 a 890, manifestó lo siguiente:

I.1.1.2. Hechos que motivan la acción

Ante la existencia de varias causales de nulidad denunciadas por Diputados Nacionales dentro del proceso de saneamiento y recuperación del predio Mallasilla, la entonces Superintendencia Agraria asumió conocimiento del “Informe Legal 001-2004” emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), respecto de la titulación de ese predio, el cual indicaba: a) La Serie A corresponde a títulos ejecutoriales emitidos en favor de los beneficiarios que poseen únicamente una parcela de terreno como forma de distribución, consolidación, dotación y restitución, “…clase de título, individual-proindiviso” (sic); b) “La nota marginal cursante a fs. 134 de la página 127 se encuentra alterada” (sic); c) El Título Ejecutorial 384319, se encuentra registrado a nombre de “VCITRO TICONA CASTAÑO”, correspondiente a la propiedad denominada “CATCORA”, ubicado en el cantón Peñas, provincia Nor Andes del departamento de La Paz, con Resolución Suprema (RS) 100530 de 30 de diciembre de 1960, signado con el expediente 1287, Títulos Ejecutoriales emitidos el 20 de febrero de 1969; d) El papel valorado 02405, se encuentra registrado a nombre de “Luis Moreno”, correspondiente a la propiedad denominada “Mineros” ubicada en el cantón Montero, provincia Obispo Santiesteban del departamento de Santa Cruz, con RS 74947 de 23 de septiembre de 1957, signado con el expediente 254, Título Ejecutorial emitido el 24 del mismo mes y año; e) El 24 de febrero de 1969, se emitieron solo sesenta y seis títulos ejecutoriales, de los cuales treinta y tres fueron individuales y treinta y tres colectivos, en favor de treinta y tres beneficiarios de la Comunidad Chijipata Bajo, signado con el número de expediente 17211, ubicada en el cantón Pucarani, provincia Los Andes del departamento de La Paz, cuyos números de los títulos ejecutoriales fueron impresos en imprenta y no manuscritos; f) Cursa en la Unidad de Certificaciones los registros de los títulos ejecutoriales emitidos el 24 de febrero de 1969, sin que corresponda considerarlos dentro de los setenta y nueve volúmenes faltantes; y, g) La designación del número de título ejecutorial y número de papel valorado es única, no existiendo duplicidad; por lo que, se ignora la procedencia de la emisión del Título Ejecutorial 384319 Serie A, papel valorado 02405, de igual fecha, en favor de Raúl Jordán Velasco, al no corresponder el contenido de dicho Título a los registros que se encuentran bajo la custodia de la Unidad de Certificaciones. Debido a la existencia de indicios sobre la duplicidad o falsificación del título del indicado predio Mallasilla, el 14 de febrero de 2007, la entonces Superintendencia Agraria, planteó demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, emitido supuestamente en favor de Raúl Jordán Velasco, por decreto de 23 del referido mes y año, observa la admisión de la demanda “Con carácter previo a la consideración de la admisión de la demanda, la entidad demandante deberá acreditar legitimidad activa, es decir que deberá demostrar el interés legítimo de la Superintendencia Agraria Nacional…”(sic), la intención de que se declare la nulidad del indicado Título Ejecutorial al representar a personas particulares que tienen suficiente capacidad jurídica y legitimación para acudir personalmente ante el Tribunal Agroambiental, el 2 de marzo del mismo año, presentó memorial demostrando su legitimación activa conforme el art. 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -de 25 de abril de 2002- y el Estatuto de la Superintendencia Agraria aprobado por Decreto Supremo (DS) 24658 de 21 de junio de 1997 y modificado por DS 25777 de 19 de mayo de 2000; sin embargo, mediante decreto de 23 de abril de 2007, el Tribunal Agroambiental solicitó a la parte demandante que señale los domicilios de los terceros interesados y otros, que podrían verse afectados con la decisión a emitirse conforme la SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, observación que la Superintendencia Agraria subsanó y demostrando la legitimación activa, solicitó se admita la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, emitido supuestamente en favor de Raúl Jordán Velasco memorial que no recibió respuesta hasta el 18 de abril de 2007, que mediante decreto pide se notifique a las partes procesales con el Auto de 2 del mismo mes y año. Creada la ABT por DS de 9 de abril de 2009, en reemplazo de la Superintendencia Agraria, su Director Ejecutivo se apersonó y procedió a subsanar las observaciones establecidas por el propio Tribunal Agroambiental; por lo que, emitido el Auto de admisión por la Sala Primera del referido Tribunal, el 30 de octubre de 2013, (fs.218 a 227), recién se pudo notificar a los terceros interesados, demandados y a sus herederos, quienes plantearon un sinfín de excepciones e incidentes respecto de la competencia del referido Tribunal para conocer esa demanda y la legitimación activa de la ABT -parte accionante-, los que se resolvieron mediante Autos cursantes “a fs. 2913 a 2919 vta., a fs. 2950 a 2955 y 3863 a 3967 vta. de obrados” (sic), en favor de la ABT, siendo el último el Auto de 5 de enero de 2022. Notificados los terceros interesados, se presentó nuevamente la excepción de falta de legitimación activa de la parte accionante, que fue resuelta por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, que determinó anular obrados hasta el auto de admisión de la demanda de nulidad de título ejecutorial “cursante a fs. 1931 a 1934 y vta., de obrados” (sic), con la aclaración de que se mantiene incólume la anulación dispuesta en la jurisdicción constitucional del Auto admisión inicial cursante a fs. 133 de obrados, disponiendo rechazar la demanda de nulidad “y anulabilidad” del título ejecutorial de fs. 85 a 92 vta.; por el que, se impugnó el Título Ejecutorial 384319, Serie A de 24 de febrero de 1969, otorgado en favor de Raúl Jordán Velasco dentro del trámite de afectación del ex fundo Mallasilla, ubicado en el cantón Mecapaca, provincia Murillo del departamento de La Paz, al haber perdido la ABT competencia para conocer y presentar demandas de título ejecutorial por efecto de la derogatoria dispuesta de la Disposición Final Vigésima del DS 29215 de 2 de agosto de 2007, mediante el DS 3467 de 24 de enero de 2018, concluyendo que la ABT no tenía atribución de plantear, continuar y tramitar demandas de nulidad de títulos ejecutoriales en el Tribunal Agroambiental, ante la modificación al alcance del art. 76.V del DS 29215 efectuada por el art. 2 del indicado DS 3467, al establecer la facultad exclusiva de las partes para formulo demandas contencioso administrativas, excluyendo a las entidades públicas de tal atribución, así como la facultad de plantear demandas de nulidad de título ejecutorial; por lo tanto, consideran que el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 vulnera los derechos a la: 1) Igualdad de las partes, al desconocer la uniforme jurisprudencia agraria Nacional que considera el principio de especialidad y determina las competencias del Tribunal Agroambiental para conocer y resolver demandas de nulidad de títulos ejecutoriales que recaen en predios rurales o fueron incorporados al área urbana, vulnerando así el derecho a la igualdad de las partes, al no dar continuidad al proceso de nulidad de título, negando la competencia de la ABT como parte accionante, que en un principio demandó con el nombre de Superintendencia Forestal Agraria y así se asumió el proceso, siendo la misma entidad desde su inicio; 2) Seguridad jurídica, principio universalmente reconocido que se sustenta en la certeza del derecho, en el ámbito de la publicidad en su aplicación y firmeza de que se conoce o puede conocerse lo previsto, es una garantía dada al individuo por el Estado, sobre que su persona, bienes y derechos no serán vulnerados; en el caso, la parte accionante, está actuando en representación del Estado, habiéndose apersonado con documentación que demuestra que los predios que figuran a nombre del “demandante”, deberían estar en poder y posesión del Estado; sin embargo, el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 ahora impugnado, al rechazar la demanda de nulidad “y anulabilidad” de título ejecutorial lo está perjudicando económicamente al inhabilitar su accionar y recuperar sus activos fijos detentados por un tercero mediante un título ejecutorial, el referido Auto Interlocutorio Definitivo es parcializado y contrario a la normativa agraria, que imposibilitó dilucidar el fondo de la demanda de nulidad de Título Ejecutorial 384319, Serie A, emitido el 24 de febrero de 1969, otorgado en favor de Raúl Jordán Velasco dentro del trámite agrario de afectación del ex fundo Mallasilla, ubicado en el cantón Mecapaca de la provincia Murillo del departamento de La Paz, quedando la parte accionante, en un estado de indefensión al no poder demostrar la nulidad del citado Título Ejecutorial y lograr la titularidad de la superficie que quedó sobrante como producto del proceso de afectación, a pesar de resolver un sinfín de incidentes y excepciones respecto de la legitimación activa de la ABT, “luego de derogado el DS 3467” (sic), y que fueron resueltos en favor de la misma; 3) Al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, al colocar en estado de indefensión a la ABT como parte accionante, en relación a que en el transcurso del proceso de nulidad de título ejecutorial es posible probar que el referido Título Ejecutorial, fue duplicado y falsificado, y que esas actuaciones beneficiaron a una persona particular afectando los intereses y coartando el derecho constitucional al debido proceso, dejando en indefensión al Estado; y, 4) Valoración integral de la prueba, el accionante se limitó a transcribir la SCP 0725/2016-S1 de 2 de agosto, sin realizar argumentación alguna.

I.1.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba y los principios de igualdad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115, 116.I, 117, 119.I, 120.I, 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: Anular el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, ordenando a la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, proseguir con el conocimiento de la demanda de nulidad de Título Ejecutorial 384319, Serie A de 24 de febrero de 1969 hasta emitir una sentencia.

I.1.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 2 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 1725 a 1735 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo, y ampliándolo, manifestó que: i) El 19 de noviembre de 2022, la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz presentó una acción de amparo constitucional; en la que, la ABT -parte accionante-, intervino como tercero interesado; por lo que, al conceder la tutela, se dispuso que el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, sea modificado, es decir que, ya habría cosa juzgada, encontrándose a la espera de la notificación correspondiente de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, ii) El resultado de dicha acción tutelar, es el mismo que la ABT como parte accionante, pretende en esta audiencia de acción de amparo constitucional solicitada.

I.1.2.2. Informe de las autoridades accionadas

María Teresa Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, las entonces Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental mediante informe presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 923 a 926, manifestaron que: a) Conforme el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo) el plazo máximo parar interponer esta acción de defensa es de seis meses, computables desde la supuesta comisión de la vulneración alegada, correspondiendo en el caso de declararse improcedente esta acción tutelar; puesto que, revisado el expediente 01/-NTE -2007, la notificación con el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, a Omar Quiroga Antelo, Director Ejecutivo de la ABT -parte accionante-, fue practicada el 10 de febrero del mismo año, dejando transcurrir el plazo de los seis meses que rige el principio de inmediatez; por lo que, no se puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; b) La decisión fue asumida por no identificar al demandante -parte accionante- a todos los terceros interesados que pueden verse afectados con las resultas del proceso, a partir de aquella decisión transcurrieron más de diez años a la fecha y quince años desde que se interpuso la demanda por parte de la extinta Superintendencia de Tierras, extremo que se hizo notar al continuar incorporándose al proceso más terceros interesados; c) Esta actitud negligente de la ABT -parte accionante-, se pone de manifiesto con el planteamiento de la presente acción tutelar al replicar respecto de los terceros interesados una tabla con alguno de ellos, sin considerar la existencia de otros; por ello, tramitar la presente acción de defensa implicaría el incumplimiento de una decisión asumida por la jurisdicción constitucional que tiene la calidad de cosa juzgada material no citaron a todos los terceros interesados; d) Respecto a la existencia de cosa juzgada o sustracción de materia, la jurisprudencia constitucional establece que al desaparecer el objeto procesal, no corresponde conocer la acción de amparo constitucional; sin embargo, la misma jurisprudencia establece que la pérdida de objeto procesal debe ser por voluntad de los mismos demandados o en su caso por un tribunal superior, lo que no sucede en el caso; y, e) Existe cosa juzgada formal y no material, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe emitir un fallo constitucional confirmando o revocando la decisión inicial; por lo que, si bien un Tribunal de garantías declaró procedente la anterior acción tutelar, ello no significa que concurra la cosa juzgada material; por eso, no corresponde ingresar al fondo del asunto. Piden se declare improcedente la acción de defensa solicitada, por inmediatez.

I.1.2.3. Intervención de los terceros interesados

Carlos Andrés Cabezas Dávalos, a través de su representante legal del Banco Nacional de Bolivia Sociedad Anónima (BNB S.A.), por memorial presentado el 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 971 a 975 vta., y en audiencia, manifestó que: 1) La ABT pretende desconocer la Disposición Derogatoria del DS 3467, por la que la capacidad de esa entidad para plantear demandas de nulidad de títulos ejecutoriales quedó derogada y que le restó legitimidad activa para interponer dichas demandas ante el “Tribunal Constitucional”; por lo tanto, esta acción de defensa debe ser rechazada in limine; 2) La ABT en su memorial de amparo constitucional refirió que para el ámbito de la teoría jurídica, el alcance y efectos del instituto jurídico derogatorio, una norma derogada pierde su eficacia jurídica “…más aún si esta disposición derogatoria no está acompañada de una declaración expresa de ultractividad; condición sine qua non para que una norma derogada siga siendo aplicada con todos sus efectos, por un periodo después al de la declaratoria de su derogación” (sic); afirmación con la que reconoció su falta de legitimidad para plantear demandas de nulidad de títulos ejecutoriales, acción que carece de sentido al ser un hecho superado y operar la sustracción de materia ante la modificación de la ley reguladora sobre lo urbano y rural, lo que limita la competencia del Tribunal Agroambiental para conocer y decidir sobre el fondo de la demanda; 3) De acuerdo con la SCP 0176/2020-S4 de 21 de julio, citada por la ABT como parte accionante, respecto de la aplicabilidad del DS 3467, dicha disposición solo afectaba la legitimación para interposición de nuevas demandas o en las que estando en trámite, no se hubiere constituido la relación jurídico procesal; olvidando la parte hoy accionada que hasta la emisión del Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, no se concluyó con la citación de todas las partes dentro del proceso signado con el expediente 001/-NTE-2007, no habiéndose trabado la relación procesal, reconociendo en la prueba presentada en mayo y julio de 2021, seguía pidiendo, tramitando y citando mediante órdenes instruidas a todas las partes interesadas; advirtiéndose que el 6 de julio de 2018, a seis meses de la emisión del DS 3467, la ABT como parte accionante, recién acompañó una lista con las direcciones de los terceros interesados para su citación; 4) La mencionada ABT, alegó como derechos vulnerados a la igualdad de las partes, como si fuera un ciudadano, pretendiendo de forma abusiva omitir mostrar que toda esa área está plenamente urbanizada, existiendo viviendas de personas que adquirieron esos bienes inmuebles; efectuando respecto del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso una referencia normativa y doctrinal, pretendiendo utilizar esta acción como un medio de impugnación ordinario al proceso principal; habiendo efectuado en el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, una correcta interpretación y fundamentación sobre la aplicación del DS 3467; por lo que, no cabe valorar prueba alguna; 5) El BNB S.A. fue citado en calidad de tercero interesado con la demanda de título ejecutorial, el 9 de julio de 2021, tres años después de entrar en vigencia el DS 3467, cuando la ABT ya no tenía facultad para formular dicha demanda, debiendo aplicarse al caso a la teoría del hecho superado al desaparecer el objeto de tutela; 6) Conforme lo dispone el art. 7 del Código de Procedimiento Civil (CPC abrg.), “…La competencia del Juez, ante quien se interpone una demanda, se abrirá con la citación de ésta al demandado…”, estableciéndose la relación procesal de acuerdo con el art. 353 de dicha norma, “…Presentados los escritos de demanda, reconvención y respuesta de ambas…”, partes; es decir que; a pesar, que la demanda fue presentada el 2007, la negligencia de la ABT determinó aperturar la competencia del Tribunal Agroambiental, recién el año 2021, catorce años después de su planteamiento, cuando se encontraba en vigencia el DS 3467, estableciéndose la relación procesal a partir de la citaciones realizadas en ese año; y, 7) La ABT -parte accionante-, pretende anular un Título Ejecutorial de hace más de veinte años en la hoy reconocida zona de Mallasilla, ubicada entre los municipios de La Paz y Achocalla, predios que conforme a las certificaciones emitidas por los Gobiernos Autónomos Municipales de esos municipios, se encuentran en área urbana y dentro del radio urbano, respectivamente; aspecto sobre el que se pronunció la SCP 0827/2017-S2 y el ACP 022/2019-O de 17 de abril, al determinar que el Tribunal Agroambiental solo puede conocer demandas de nulidad de títulos ejecutoriales de predios ubicados en el área rural, cuya tuición le corresponde;

en consecuencia, la mencionada ABT, no solo tiene legitimidad para interponer demandas de nulidad, sino que ese predio al ser declarado urbano no puede ser objeto de litis en materia agroambiental. Raúl Jordán Pereda, mediante memorial presentado el 1 de diciembre de 2022 (fs. 1697) y a través de su abogado en audiencia manifestó que: i) Es el propietario demandado en el proceso de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, que origina el presente amparo constitucional pide sea denegado, al impugnarse el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, que quedó sin efecto debido a una anterior y similar acción de defensa formulada por Eleuterio Vargas Ticona, Damián Policarpio Blanco Díaz y Justo Raúl Quispe Quisbert, aparejando el respectivo memorial de demanda; y, ii) La acción fue admitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, desarrollada la audiencia el 19 de noviembre de 2022, mediante Resolución 279/2022 (fs. 1690 a 1720), la referida Sala Constitucional Primera, concedió la tutela solicitada y dejó sin efecto legal el indicado Auto Interlocutorio Definitivo, concurriendo conforme la jurisprudencia constitucional las causales de rechazo referidas a la sustracción de materia y cosa juzgada constitucional, habiendo participado de ella la ABT -parte accionante-, en calidad de tercero interesado, sin contar con el acta de audiencia y sentencia al no haber sido todavía notificados. Justo Raúl Quispe Quisbert, Eleuterio Vargas Ticona y Damián Policarpio Blanco Díaz, en representación de la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, el primero de los nombrados mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 1267 a 1288, y los segundos en audiencia, por intermedio de su abogado manifestaron que: a) La señalada Comunidad, se adhiere a la acción de amparo constitucional de referencia, denunciando además, la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales que hacen a su condición de terceros interesados en la demanda de nulidad de título ejecutorial, que se viene tramitando ante el ahora Tribunal Agroambiental; puesto que, de manera reiterada expresó “…somos los más afectados porque el área que comprende el título ejecutorial falsificado, abarca nuestro territorio ancestral” (sic [1267 vta.]); b) Se vulneró el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como parte del debido proceso, al no exponerse en el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 los hechos y actos jurídicos emergentes a partir de las actuaciones y memoriales presentados por la referida Comunidad, apersonada al proceso el 18 de diciembre de 2008 y 25 de febrero de 2009, a través de sus representantes Ernesto Celestino Vargas Ticona y Justo Raúl Quispe Quisbert, constituyendo su territorio ancestral el área más afectada por el Título Ejecutorial falsificado; c) El fundamento que sustentó la decisión del Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, es el DS 3467, que no consideró que el Auto de admisión es 30 de octubre de 2013; es decir, cinco años antes de dicho Decreto Supremo; d) La decisión de anular obrados de oficio, amparado por el art. 3.1 del CPC abrg., no solo desconoce la normativa legal en vigencia, sino los derechos fundamentales y garantías o legalidad y el debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley, ya que después de nueve años de admitida la demanda de nulidad de título ejecutorial es del 30 de octubre de 2013, las entonces Magistradas hoy accionadas por Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, de manera arbitraria y sin considerar la norma procesal en vigencia, resolvieron rechazar la citada demanda de nulidad por falta de legitimación activa de la ABT -parte accionante-; e) No se consideró que el art. 116.2 del Código Procesal Civil (CPC), aplicable supletoriamente en la jurisdicción agroambiental por mandato del art. 78 de la Ley 1715, -Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA), de 18 de octubre de 1996-, establece que la legitimación de las partes subsistirá aunque los hechos que la sustenten hubieren cambiado; lo que evidencia la vulneración al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley, habiendo desarrollado el Tribunal Agroambiental la doctrina sobre la "perpetuación de la legitimación activa" que es lo mismo que la previsión de la norma procesal citada; empero, que no se consideró en el fundamento jurídico del mencionado Auto Interlocutorio Definitivo, vulnerando el principio de predictibilidad de las decisiones judiciales; f) El señalado Auto Interlocutorio Definitivo resulta ser incongruente interna y externamente; puesto que, en el primer, segundo y cuarto considerando se fundamentó sobre las excepciones formuladas; sin embargo, la parte resolutiva no resolvió las excepciones, no declaró probada o improbada la excepción de falta de legitimación, sino anuló obrados hasta el Auto de admisión de 30 de octubre de 2013, sin señalar el sustento legal; por el que, mantenía vigente la anulación del proceso dispuesta por la SCP 0854/2013 de 17 de junio; g) Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 incurrió en motivación arbitraria por incongruencia interna, debido a que no existe relación entre la premisa normativa y fáctica; por lo que, hizo referencia al DS 3467 y la competencia del Tribunal Agroambiental, sin explicar cómo se vinculó la resolución respecto de las excepciones a la competencia del mismo Tribunal, incurriendo en falta de fundamento jurídico, sin explicar las razones; por las que, se apartó de sus propios precedentes, declarando la falta de legitimación activa de la ABT para interponer la demanda de nulidad de título ejecutorial, vulnerando el principio de predictibilidad y generando inseguridad jurídica; h) Por memorial de 13 de febrero de 2019, la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz solicitó de manera fundamentada la adopción de medidas cautelares de anotación preventiva de las propiedades que comprenden la superficie del Título Ejecutorial impugnado, prohibición de innovar y realizar transferencias, las que fueron oportunamente otorgadas por la parte demanda y se encuentran subsistentes, sin que el referido Auto Interlocutorio Definitivo se pronuncie sobre este aspecto, generando indefensión y vulnerando los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia e igualdad, al no ser mencionados en el indicado Auto Interlocutorio Definitivo; a pesar, de su participación activa en el proceso; i) Las entonces Magistradas hoy accionadas omitieron valorar la prueba en la demanda de nulidad de título ejecutorial de forma integral, desconocieron el principio de verdad material, a partir de los documentos probatorios acompañados en dicha demanda y el deber de aplicar un enfoque interseccional e intercultural para no ser formalista, ritualista y simplista, cuando era su deber aplicar la SCP 0296/2021-S3 de 8 de junio; j) El señalado Auto Interlocutorio Definitivo, carece de congruencia interna de argumentación respecto del Auto de Admisión de 30 de octubre de 2013, concluyendo de manera arbitraria y sin fundamento que el mismo debe ser anulado, incorporando un elemento ajeno al marco normativo que lo sustenta como es la Disposición Final Vigésima del DS 29215, que no fue el sustento para acreditar la legitimación activa de la ABT como parte accionante; k) Al tratarse de un Título Ejecutorial, presuntamente emitido por el Ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, las causales de nulidad no estaban previstas por el art. 50 de la Ley 1715, que se aplica a títulos ejecutoriales emitidos como resultado del proceso de saneamiento de la propiedad agraria, situación que no corresponde al caso concreto, ya que el referido Título Ejecutorial demandado fue emitido presuntamente el 24 de febrero de 1969, veintisiete años antes de la vigencia de la Ley INRA; l) El citado Auto Interlocutorio Definitivo, no se refirió ni valoró las diligencias de notificación practicadas a los terceros interesados, menos su apersonamiento realizado "…de fs. 1947 a 1950 vta., 1978 y vta. y 2704" (sic), entre otros actuados que dan cuenta de las actividades jurisdiccionales en busca de la incorporación legal de los terceros interesados al proceso, los que fueron providenciados por las entonces Magistradas hoy accionadas, quienes además emitieron una serie de actos procesales tendientes a permitir que continúe, inclusive ante la vigencia del DS 3467, norma que sustenta la decisión de anular obrados y archivar el proceso; y, m) Las entonces Magistradas ahora accionadas no realizaron una adecuada interpretación de la norma -Decretos Supremos 3467 y 29215-, en lo relativo a la legitimación activa del demandante y la legitimación de la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, como tercero interesado; toda vez que, el interés legítimo fue acreditado por la referida comunidad, a través de las certificaciones adjuntas a la misma y que fueron motivo de análisis y valoración en su oportunidad por las referidas Magistradas. Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Síndico Liquidador y Sustituto Procesal del Banco Internacional de Desarrollo S.A. (BIDESA) en Liquidación representado legalmente por Álvaro Silvestre Medina Castillo, Interventor Liquidador a.i. a nivel nacional de dicha entidad bancaria, por informe presentado el 19 de octubre de 2022, cursante a fs. 1167, manifestó que: Se apersonó dentro la presente acción tutelar pidiendo se le haga conocer ulteriores providencias. Álvaro Gonzalo Giraldo Pabón, Gerente General del Banco Unión representado legalmente por Stephany Pino Morales, mediante informe presentado el 19 de octubre de 2022, cursante a fs. 1302, manifestó que: Se apersonó dentro la presente acción tutelar pidiendo se le haga conocer ulteriores providencias. La Empresa Terrasur Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Bienes Raíces S.A., Banco Bisa S.A., Fortaleza-FFP S.A., BISA Leasing S.A., Banco BISA S.A., Banco de Crédito de Bolivia S.A., Colegio de Arquitectos de La Paz, PRETENSA LTDA., Banco Unión S.A. - sucursal La Paz, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Fiscalía Departamental de La Paz, Asamblea Departamental de La Paz, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursantes de fs. 1406 a 1414. De igual manera, conforme al Informe TDJ-SCI 6/2022 de 19 de octubre, el Oficial de Diligencias de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que: “…nos vimos forzados a no sentar diligencia en razón a que, los porteros de los edificios señalaron que las instituciones ya no se encontrarían en el lugar” (sic), refiriéndose a Sociedad Solsur Limitada (Ltda.), Inmobiliaria Alboreda del Sur, Inmobiliaria Vista Verde S.A., Negocios Inmobiliario del Sur S.A., Sociedad Compañía Inmobiliaria LAGO SOL S.A., Banco Ganadero, Juzgado de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, TECNHOGAR S.R.L. (fs. 1415). Julio Fidel Vargas Quispe, Alexander Michel Prudencio Haussler, Olga Carmen Palma, José Fernando Rocabado, Mario Luis Espinoza Zambrana Sánchez, Hugo Eduardo Pérez Rodríguez, Lucia Cossio Mamani, Cecilia Mamani de Santander, Gregorio Rubén Santander Cutipa, José Luis Plata Silva, Sandra Vanessa Muñoz Solíz, Alejandra Claudia Quispe Mamani, Guillermo Argedas Castro, Luis Sánchez Rocha, Maruja Paucara Choque, Noel Gonzalo Mancilla, Roshio Claudia Paniagua, Iván Ramiro Paniagua, Efrain Sejas Martínez, Jenny Sofía Medina Cadena, Brigitt Tania López Ramos, Juan Carlos Carrasco, Favian Eduardo Rivas Dávila, Susana Maria Ramírez Alipaz, Víctor Gabriel García Arispe, René Sandoval Pérez, Germán Vladiir Bojanic Dietrich, Helen Carmen Michel Portugal, Lucrecia Carola Palza Prudeciao, Javier Enrique Palza Prudencio, René José Ochoa, Francisco Javier Zárate Taborga, Ana Viviana Cisneros, Rolando Hernan Kempff Bacigalupo, Carola Medina, Hernán Marcial Coarite Mamani, José Daniel Bustos Quiroga, Ema Rutha Sempertegui, Erika Patricia Uriona Lanza, Leticia Marizabel Reynaga, Wendy Alison Paredes Tacaray, Maria Elena Iporre Zambrana, fueron notificados de manera personal o por cédula, tal cual se evidencia de las notificaciones sentadas por el Oficial de Diligencias de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 1486 a 1527). Por informe de 19 de octubre de 2022, el Oficial de Diligencias de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, puso en conocimiento que se constituyó además en las direcciones proporcionadas en las que ya no vivían los terceros interesados buscados (fs. 1528). Amalia Reniga Quispe Blanco, Ramón Bargas Ticona, Froilan Roberto Riveros Villalba, Vilma Isabel Salinas Castellón, Rimaldo Apaza Gonzales, Zenón Santos Garacila, Víctor Salvatierra Quisbert y Alejandrina Suxo Mamani, fueron notificados personalmente y por cédula tal cual se advierte de las actuaciones judiciales cursantes de fs. 1587 a 1597; efectuando su representación el 18 de octubre de 2022, respecto de otros terceros interesados que no pudieron ser habidos en los domicilios indicados (fs. 1598 y vta.).

El 17 de octubre de 2022, se libró edicto para notificar a los siguientes terceros interesados: Empresa Renacer, Juzgado de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, TECNHOGAR S.R.L., Banco Ganadero, Empresa y Saneamiento y Servicio Ambientales SEBEPE S.A., Inmobiliaria Alboreda del Sur, Néstor René Orlando Espinoza Guillen y Gloria Paola Mayer, Sociedad Solsur Ltda., Sociedad Inmobiliaria LAGO SOL S.A., BISA Leasing S.A., Sandro Adalbero Alcázar Céspedes, Andrés Cutipa Mamani, Elizabeth Magaly Ugarte del pozo, Rodrigo Murillo, Sasamoto, Mercedes Soliz Villegas, Eugenia Quispe Paucara, Patricia Pilar Gonzáles Jemio, Maria Soledad Lizarraga Mendoza, Cesar Augusto Ortega Ríos, Ericka Bertha Ferrufino Quisbert, Enrique Elías Lizarraga Pabón, Gonzalo Germán Murillo Azcarraga, Ana Laura Floru Pereira Costas, Moisés Mamani Fernández, Marcela Vargas Ticona, Juan Vargas Ticona, René Damián Silva, Walter Cabezas Delgadillo, Gabriel Marcelo Oblitas Lascano, Nancy Roxana vallejos Ali, Juan Carlos Crespo Zunagua, Italo Daniel Endara Carvajal, Silvia Salame Farjat, Gabriela Darma Ruiz Castillo, Elazar Zimerman Rosemberg, Simonel Mencini Flores, José René Ochoa Espinoza, Erwin Moreno Añez, Félix Aguilar Huayta, Raúl Pérez Mita, Víctor Lima Loza, Víctor Orellana Rocha, Walter Zambrana Portugal, Zubelzo De La Cruz Zabala Roca, Zenón Santos Carasilas, Samuel Taboada Borgoa, Oscar Roberto Cabrera La Fuente, Mercedes Villegas Soliz, Rosario Carmen Arias Saravia, Víctor Adolfo flores Cuevas, Marcos Dorado Michel López, Mabel Carolina Severich Larrea, Fabián Eduardo Ríos Dávila, David Sánchez Heredia, Efraín Oscar Durán, Sanjinés, Susana Maria Ramírez Alipaz, David Miranda Condori, Teófila Anastacia Colque Ticona, Juan Carlos Thompson Otero, Zenón Edwin terrazas Gonzáles, Elizabeth Cloti Zegarra Terrazas, Patricia Tatiana laguna Ferreyra, Antonio Negrón Taboada, Carlos Guido Andrade Balderrama, León Venancio Surco Mamani, Freddy Eddy Poma Luna, Gustavo José Karstulovic Abaroa, Hernán Marcial Coarite, Tania Nataly Butrón Gorena, Anahí Daniel Ávila Sepúlveda, Juan Carlos Justo machaca, Miguel Ángel Tellería Bocangel, Marcos Leonardo Barra Poma, Luis Fernando Torrico Milán, Xul Gloria Meyer Rodríguez, Juan Javier Calero Mercado, Gloria Maritza Nina Chambi, Sandra Natalia Calero Ibáñez, Graciela Ricarda Mendoza Gemio, Luis Lazarte Salazar, Sandra Paola Duarte Méndez, Jorge Elmo Plaza Pacheco, Cinthia Elizabeth Lonsdale Salinas, Julio Fernando Rojas Herrera, Javier Jesús Delgado Villarreal, Raúl Lizárraga Ibañez, Néstor René Orlando Espinoza Guillen, Reynaldo Arias Espinoza, Julio Michel Montecinos, Elvia Mollinedo Pérez, Juan Pablo Escóbar Ocampo, Carla patricia Reyes Postigo, Miguel pablo de La barra Loayza, Moisés Limachi Limachi, Maria del Carmen Escobar Rodrigo, Rene Sandoval Pérez, Luis Vargas Ticona, Javier Marcelo Gutiérrez Ballivián, Raquel Amanda Guachalla Siles, Enrique Gonzalo Sánchez Román, Sofía Philips Bustillos, Marcelo Guillermo Arguedas Castro, Claudia Lorena Rivera Romero de Sánchez José Luis Plata Silva, Florencio Vargas Cutipa, Enrique Quispe Velásquez, Justa Cardoso Ortega, Ruth Rosemaria Maceda Quisbert, Maruja Paucara Choque, Luis Elvin Mollinero Pérez, Jhovany Edward Samanaud Ávila, Sergio Silvestre Cassis Torres, Franz Marcelo Gómez Soto, Rose Mary rocha Brun, Jacqueline Laura Lara Peñaranda, Maria Isabel Cordero Pereira, Iván Douglas Zabala Abuday, Manuel Oscar Gutiérrez Ibieta, Luis Choque Pérez, Rolando Choque Pérez, Denis Jorge Reznisek Duracek, Germán Vladimir Bojanic Dietrich, Héctor Vásquez Gonzales, Favian Eduardo Rivas Dávila, Maria René Ortiz Torrico, Maria del Carmen Isabel Zalles Arce, Justina Quispe Paucara, Cecilia Oviedo Carrasco, Henrique Vicente De La Quintana Gonzales, Evaristo Goyo Charca, Romaldina Calizaya Mamani, Claudia Maria René Prudencio Poppe, Asthenio Millarez molina, Fernando Cusicanqui Velasco, Iban Manolo Lima Magne, Felipe mateo Santander Espejo, Minerva Sayana Touchard Aduviges, Ligia Tatiana Loza Aguirre, Oscar rolando Herman Kempf Gacigalipo, Remberto Serrano Villafuerte, Rosa Geovana Dorado Peñaranda, Eduardo Velarde Muñoz, Fernando Rudyar Paredes Cabrera, Jorge Alberto Calderón Cortez, Edme Cecilia Torres Lizárraga Gonzalo Pérez Arenas, Marcelo Gutiérrez Ballivián, Víctor Adolfo Flores Cuevas, Marcelo Gómez Soto, y Javier Antonio Prudencio Saravia; quienes de acuerdo con el acta no asistieron a la audiencia de esta acción tutelar ni presentaron memorial alguno.

I.1.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 0155/2022-SCII de 2 diciembre, cursante de fs. 1736 a 1739 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De la documentación presentada por Eleuterio Vargas Ticona, Damián Policarpio Blanco Díaz y Justo Raúl Quispe Gisbert, representantes de la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, en su calidad de terceros interesados, acción en la que intervino la ABT -parte accionante- se evidencia que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 279/2022 de 19 de noviembre, concedió la tutela solicitada y resolvió dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, que dispuso la emisión de una nueva resolución en el plazo de tres días hábiles, a partir de su notificación con dicho fallo; por lo que, dicho Auto Interlocutorio Definitivo dejó de tener validez desde el 19 de noviembre de 2022; 2) Ante la decisión asumida en dicha acción de amparo constitucional, es aplicable al caso la sustracción de materia, al dejarse sin efecto el mencionado Auto Interlocutorio Definitivo, resultando el petitorio insubsistente e inocuo, aspecto que es de conocimiento de la parte accionada y de los ahora terceros interesados; y, 3) Realizar un nuevo análisis y emitir un nuevo pronunciamiento, lejos de tener algún beneficio para las partes procesales, podría dar lugar a la emisión de resoluciones contradictorias y provocar una disfunción en el sistema de justicia, situación no deseada y que debe ser evitada; ya que, no se enmarca en la finalidad que busca la jurisdicción constitucional, que es verificar objetivamente las vulneraciones denunciadas y que lo resuelto en las acciones tutelares, sea de cumplimiento obligatorio.

I.2. Expediente 52222-2022-105-AAC (acumulado)

I.2.1. Contenido de la demanda

Los accionantes por memoriales presentados el 5 y 22 de agosto de 2022, cursantes de fs. 29 a 53 y 83 a 88 vta., manifestaron lo siguiente:

I.2.1.1. Hechos que motivan la acción

El 14 de febrero de 2007, Erwin Galoppo Von Borries, Superintendente Agrario a.i. del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) planteó demanda de nulidad de Título Ejecutorial 384319, Serie A de 24 de febrero de 1969, contra Raúl Jordán Pereda, Juan Carlos y Luis Rolando ambos de apellidos Jordán Llantén, herederos de Raúl Jordán Velasco, en la que la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, a quienes representan, fue incorporado en calidad de tercero interesado al pertenecerles ancestralmente el área motivo de controversia, demanda que fue admitida por Auto de 22 de mayo de 2007, dispuso la citación a los "demandados" mediante edictos; empero, después de suscitados una serie de actos procesales, de manera sorpresiva la Sala Segunda del Tribunal Agrario Nacional emitió la Sentencia Agraria Nacional S1ª 24/2011 de 20 de junio, declarando probada la demanda de referencia y en su mérito la nulidad absoluta del Título Ejecutorial 384319, Serie A de 24 de febrero de 1969, emitido en favor de Raúl Jordán Velasco, así como el proceso social agrario que dio origen a la otorgación del referido título; la nombrada Sentencia que motivó la interposición de una acción de amparo constitucional, que se resolvió por SCP 0854/2013 de 17 de junio, dejando sin efecto la Sentencia Agraria Nacional S1ª 24/2011; argumentando que, al no solicitar a los accionantes señalar las generales de ley de los terceros interesados a objeto de disponer su citación con la demanda, se había afectado el derecho de los mismos; por lo que, reconduciendo el proceso, el Tribunal Agroambiental admitió la demanda mediante Auto de 30 de octubre de 2013; en el que, se incorporaron a todos los terceros interesados, entre ellos, a uno de los miembros de la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz. Tramitado el proceso; en el que, se suscitaron una serie de incidentes y excepciones que el Tribunal Agroambiental resolvió, de manera sorpresiva la Sala Primera del referido Tribunal sin fundamento válido pronunció el injusto y arbitrario Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, con argumentos incongruentes, carentes de lógica jurídica, formalista y contrarios a la ley, a la doctrina y a sus propios precedentes jurisprudenciales sin observar la jurisprudencia relativa a la "…PERPETUACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA…" (sic), a la que se refirieron entre otras las Sentencias Agroambientales Plurinacionales S1ª 06/2018 de 27 de marzo, S1ª 81/2019 de 9 de julio, S2ª 93/2019 de 27 de noviembre y S1ª 130/2019 de 3 de diciembre, anularon obrados hasta el Auto de admisión de 5 de agosto de 2013, generando un perjuicio económico y de tiempo para la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz y el Estado por tratarse de actuaciones sustanciadas durante más de nueve años y ante una denuncia de falsedad del Título Ejecutorial que oportunamente se comunicó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), llamando la atención que el propio Tribunal Agroambiental hubiere establecido que la legitimación procesal subsiste una vez admitida la demanda; emepro, apartándose e inaplicando sus propios precedentes vinculantes, no explicaron las razones de esa decisión, vulnerando el debido proceso en sus elementos de predictibilidad de las decisiones judiciales y aplicación objetiva de la ley; a pesar, que el art. 116.2 del CPC, establece como uno de los efectos de la demanda formalmente idónea es la subsistencia de la legitimación procesal, más aún cuando el propio Tribunal Agroambiental en el caso concreto rechazó las excepciones de impersonería, incompetencia y falta de legitimación formuladas contra el demandante, señalando en el caso que poseía legitimación procesal, tal cual se evidencia de los Autos de 19 de noviembre de 2020 y 11 de enero de 2021, este último que resolvió el recurso de reposición formulado contra el Auto de 19 de noviembre de 2020, a través del cual el Tribunal Agroambiental reconoció la capacidad jurídica de la ABT para tramitar y proseguir con la demanda de nulidad de título ejecutorial. Añadieron que de manera contradictoria en el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, se concluyó que la legitimación activa de la ABT -tercer interesado-, se circunscribía a lo previsto en la Disposición Final Vigésima del DS 29215, extremo que falta a la verdad, ya que ni en el primer Auto de Admisión de 22 de mayo de 2007 y posteriormente en el Auto de Admisión de 30 de octubre de 2013, no hizo referencia a la Disposición Final Vigésima del señalado Decreto Supremo, lo que desacredita y desvirtúa lo expresado en el impugnado Auto Interlocutorio Definitivo, incurriéndose en una arbitraria fundamentación y motivación que no refleja el contenido de los actuados que forman el expediente, situación que impidió continuar con la tramitación de la causa hasta lograr un pronunciamiento en el fondo de la controversia que resuelva la demanda de nulidad del título ejecutorial interpuesta a denuncia de la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, ocasionándole grandes perjuicios; puesto que, desde que se emitió el Auto de 20 de marzo de 2007, el proceso instaurado por la ABT -tercero interesado- es acumulado a la demanda de nulidad de título ejecutorial promovida a denuncia de la Comunidad Mallasilla del departamento de La Paz, actuado procesal que no fue considerado por las entonces Magistradas hoy accionadas que suscribieron el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, que de forma injusta cerraron la causa con argumentos formalistas sin observar los principios de verdad material, función social, carácter social del derecho agrario, interculturalidad e inmediatez previstos por el art. 180 y 186 de la CPE, lo que acredita la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva; por lo que, consideran que el mencionado Auto Interlocutorio Definitivo vulneró el derecho: i) Al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, al no exponer los hechos y actos jurídicos emergentes a partir de los actos y memoriales presentados por la referida Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, durante la sustanciación del proceso, sin indicar los actos jurídicos que llevaron adelante desde su apersonamiento el 18 de diciembre de 2008 y 25 de febrero de 2009, habiendo expresado de manera reiterada que los más afectados eran ellos; puesto que, el Título Ejecutorial falsificado abarcaba su territorio ancestral; refiriendo como fundamento legal la emisión del DS 3467, sin considerar que el auto de admisión fue emitido el 30 octubre de 2013, cinco años de promulgado dicho Decreto Supremo y su propia jurisprudencia relativa a la “PERPETUACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA” desarrolladas en las Sentencias Agroambientales 81/2019, 82/2019, 106/2019, 107/2019, 109/2019, entre otras; por lo que, la decisión de anular obrados amparada en el art. 3.1 del CPC abrg., no solo desconoce la normativa legal en vigencia sino derechos y garantías constitucionales que hacen al debido proceso; por cuanto, las entonces Magistradas ahora accionadas resolvieron las excepciones e incidentes que pretendían se aplique, el DS 3467, llamando la atención que sin fundamento rechacen la demanda de nulidad de título ejecutorial sin explicación ni argumento, sin mencionar la parte dispositiva y menos desarrollar la parte considerativa; ii) Al debido proceso en su elemento de aplicación objetiva de la ley, después de nueve años de admitida la demanda, el 30 de octubre de 2013, las señaladas Magistradas a través del Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, cuestionado de manera arbitraria y sin considerar la norma procesal en vigencia rechazaron la demanda de nulidad de título ejecutorial, ante la falta de legitimación activa de la ABT -tercera interesada-, sin considerar el art. 116.2 del CPC aplicable de manera supletoria por previsión del art. 78 de la Ley 1715; iii) Al debido proceso en su elemento congruencia interna y externa, ya que hace referencia a las excepciones planteadas durante la tramitación de la causa indicando que el Auto de 19 de noviembre de 2020 y su ratificatorio, resolvieron las excepciones de incompetencia e impersonería del demandante, vinculadas con su competencia y el carácter del fundo urbano Mallasilla, sin invocarse la falta de legitimación activa de la ABT -tercera interesada-, producto de la derogatoria de la Disposición Final Vigésima del DS 29215, evidenciándose el primer, segundo y cuarto considerando que se refieren a la excepciones formuladas; empero, no las resuelven; puesto que, sin declararla probada o improbada la excepción de falta de legitimación anulan obrados hasta el Auto de admisión de la demanda de nulidad “y anulabilidad” del título ejecutorial, sin otorgar razones jurídicas; por las que, se mantendría vigente la anulación del proceso dispuesta en la jurisdicción constitucional por la SCP 0854/2013, lo que evidencia la incongruencia interna; de igual manera, indica que el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 es incongruente externamente; puesto que, lo requerido se decidió anular obrados y archivar el proceso ante la falta de legitimación activa de la ABT -tercero interesado- para interponer demandas de nulidad “y anulabilidad” de títulos ejecutoriales existiendo consideraciones contradictorias entre sí y con la misma decisión; iv) Al debido proceso en su componente motivación, la cual resulta ser arbitraria al no existir relación entre la premisa normativa y fáctica; puesto que, refiere al DS 3467 y la competencia del Tribunal Agroambiental cuando indica: “…se declaró improbada la excepción de impersonería que arrojó como resultado la continuidad y desarrollo del presente proceso, se aclara que dichos cuestionamientos se encontraban vinculados a la competencia de este Tribunal…” (sic [fs. 85 vta.]), sin explicar la vinculación de la resolución que resolvió las excepciones y la competencia de dicho Tribunal, resultando ser una conjetura que carece de sustento probatorio y jurídico; v) Vulneran el elemento de predictibilidad de las decisiones judiciales, al no explicar las razones; por las que, se apartó de sus propios precedentes vinculantes, declarando la falta de legitimación activa del demandante ABT -tercera interesada- para formular la demanda de nulidad de título ejecutorial, generando inseguridad jurídica; vi) A la defensa, al no haber emitido un pronunciamiento respecto de la adopción de la medida cautelar de anotación preventiva, prohibición de no innovar y realizar transferencias efectuadas por la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, mediante memorial de 13 de febrero de 2019, que fue otorgada y se mantienen subsistentes, negligencia que genera indefensión y vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y omisión en la valoración de la prueba; y, vii) De igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas, al no considerar en el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 la participación de la señalada Comunidad de Mallasilla a la que representan que obtuvo una resolución que determinaba la anotación preventiva en Derechos Reales (DD.RR.) de las propiedades que comprende la superficie del Título Ejecutorial impugnado, además de otras medidas cautelares dispuestas, generando discriminación y vulnerando el derecho a la igualdad, al no haber sido mencionados en el referido Auto Interlocutorio Definitivo; a pesar de, la participación activa de la indicada Comunidad en todo el proceso.

I.2.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia interna y externa, aplicación objetiva de la ley, predictibilidad de las decisiones judiciales, defensa, igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas; citando al efecto los arts. 115.II y 117 de la CPE.

I.2.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero; y, b) “…que la Magistradas demandadas emitan nueva resolución, que permita continuar con la tramitación del proceso hasta concluir con sentencia agroambiental” (sic), cumpliendo con la debida fundamentación, motivación y congruencia, corrigiendo la vulneración de sus derechos fundamentales.

I.2.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 604 a 635 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que: 1) En el proceso de origen, la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, tenía varios títulos ejecutoriales, habiendo aparecido de manera sorpresiva Raúl Jordán Pereda con 700 ha; por lo que, al no ser conocido solicitó un informe al INRA, institución que refirió desconocer al nombrado y que la hacienda no se llamaba “Jordán”, sino que era la hacienda Mallasilla, planteándose la nulidad de Título Ejecutorial a raíz del informe emitido por el INRA, que determinó que el referido Título Ejecutorial era falso; 2) No se consideró en el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, la participación de la citada Comunidad, que obtuvo la resolución de anotación preventiva en DD.RR. que comprende la superficie sobre el señalado Título Ejecutorial impugnado, además de otras medidas cautelares dispuestas, generado discriminación y vulneración al derecho a la igualdad al no haber sido mencionados en dicho fallo; a pesar, de su participación activa en la demanda primigenia; 3) El Tribunal Agroambiental en el señalado Auto Interlocutorio Definitivo aplicó de forma retroactiva una ley al sostener que la promulgación del DS 3467 de 24 de enero de 2018, derogó de manera expresa la Disposición Final Vigésima del DS 29215, que permitía a la Superintendencia Agraria o Viceministerio de Tierras la interposición de acciones contencioso administrativas y demandas de nulidad de títulos ejecutoriales, habiendo quedado extinguida la Superintendencia de Regulación Sectorial por determinación del art. 138 del DS 28854 de 7 de febrero de 2009, de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo, creándose mediante el DS 0071 de 9 de abril de 2009, la ABT, instancia de dependencia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para que en representación del Órgano Ejecutivo interponga demandas de nulidad y anulabilidad de títulos con la facultad de asumir competencias de la extinta Superintendencia Agraria, empero con una capacidad jurídica y legitimación activa invalidada por el DS 3467; y, 4) Pidieron se efectúe un pronunciamiento de fondo sobre la controversia planteada observando lo señalado en las Sentencias Agroambientales Plurinacionales S1ª 6/2018 y S1ª 81/2019, esta última que señala: "..el Viceministerio de Tierras en el proceso de autos mantiene su legitimación activa como demandante en el presente proceso, por haber comenzado a ejercer la misma de manera anterior a la Declaratoria de Inconstitucionalidad 0026/2017 y antes de la promulgación del Decreto Supremo 3467 de 24 de enero de 2017, que deroga dicha facultad y legitimación para ser demandante..." (sic), correspondiendo en consecuencia a las actuales Autoridades emitir una Sentencia Agroambiental Plurinacional.

I.2.2.2. Informe de las autoridades accionadas

María Tereza Garrón Yucra y Elva Terceros Cuéllar, entonces Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante informe de 26 de septiembre de 2022, cursante de fs. 159 a 167 vta., y, en audiencia a través de sus abogados, manifestaron que: i) Los accionantes pretenden que se revise la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por el Tribunal Agroambiental sin cumplir con los presupuestos desarrollados por la jurisprudencia constitucional para su procedencia, correspondiendo denegar la tutela solicitada, sin ingresar al fondo del asunto; ii) Esta acción de amparo constitucional cuestiona el fondo de la decisión asumida mediante el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 pretendiendo que la jurisdicción constitucional asuma el rol de un tribunal de apelación o de impugnación para ingresar a revisar el fondo del asunto resuelto por la jurisdicción especializada, solicitud que no es procedente; ya que, esta acción de defensa no constituye una instancia para pretender la revisión de una decisión judicial adversa a los intereses de los accionantes; iii) Se señalaron como terceros interesados: a) La ABT; b) Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; c) Raúl Jordán Pereda; d)

Director del INRA; e) Leticia Miranda Meyer; f) Silvia Elizabeth Saavedra Bothelo; g) Marcelo Bedoya Saenz; h) Luis Francisco Coaquira Manzaneda; i) Gobierno Autónomo Municipal de Mecacapa del departamento de La Paz; j) Mario Cazón Morales; y, k) Mario Javier Pereira; empero, se omitió ex profesamente mencionar a todos los terceros interesados que hasta el momento intervienen en la referida demanda de nulidad, además de los herederos de los terceros interesados Juan Pereda Asbún: Juana María del Rosario, María Jimena, Ana Begoña y Marcos Martín Juan, todos de apellido Pereda Ballivián; Santiago Quispe Misto: María Graciela, Luis Alberto y Guido Luis todos de apellido Quispe Gutiérrez; María Rosario Mamani Flores: Aurelia y Daniel Gilberto ambos de apellido Gonzales Mamani y David Richard Zabala Mamani; asimismo de los codemandados Juan Carlos y Luis Rolando, ambos Jordán Llantén; es decir, que los accionantes no cumplieron con la subsanación ordenada por el Tribunal de garantías, correspondiendo suspender al presente acción tutelar hasta la citación de todos los terceros interesados que se encuentran legítimamente apersonados en la demanda de nulidad de título ejecutorial. En caso de inobservar el deber de identificar y señalar sus domicilios a efectos de sus notificaciónes, corresponderá tener por no presentada la presente acción de amparo constitucional; iv) Promulgado el DS 3467, se derogó de manera expresa la Disposición Final Vigésima del DS 29215; sin embargo, al haberse extinguido todas las Superintendencias de Regulación Sectorial por el art. 138 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, denominado "Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo" (sic), se promulgó el DS 0071, creando la ABT hoy tercera interesada y asignándole la facultad de asumir las competencias de la extinta Superintendencia Agraria; v) El DS 3467, al derogar la Disposición Final Vigésima del DS 29215, invalidó expresamente la capacidad jurídica de obrar -legitimación activa- que tenía la referida entidad para que interponga demandas de nulidad y anulabilidad de Títulos Ejecutoriales en materia agraria; vi) La SCP 0176/2020-S4, en relación a las acciones contenciosas administrativas interpuestas por el Viceministro de Tierras que seguían en trámite, determinó que el Órgano Ejecutivo carecería de legitimación activa; por lo que, ante la interpretación inequívoca del DS 3467 y la aplicación retrospectiva de los hechos ya resueltos por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0176/2020-S4, dicha jurisprudencia es vinculante y debe aplicarse al presente caso, encontrándose la ABT ahora tercera interesada a partir de la promulgación del mencionado Decreto Supremo, impedida de realizar actos procesales en la presente causa; vii) En relación a la interpretación realizada por el Tribunal Agroambiental, al declarar improbada la excepción de impersonería, aclararon que los cuestionamientos se encontraban vinculados a la competencia de dicho Tribunal, no a los efectos derogatorios establecidos con la promulgación del referido Decreto Supremo; en ese sentido, bajo el marco normativo y los antecedentes antes señalados, los mismos deben ser declarados nulos, debiendo en consecuencia disponerse el archivo de obrados; viii) La facultad de la referida ABT para interponer las demandas de nulidad de títulos ejecutoriales, se encontraba en la Disposición Final Vigésima del DS 29215, que fue dejada sin efecto mediante el DS 3467, encontrándose su legitimación activa interrumpida de manera definitiva; ix) La ABT no regularizó lo dispuesto en la SCP 0854/2013; puesto que, hasta el presente -se entiende de presentación de su informe-, los terceros interesados no fueron debidamente notificados ni identificados con plenitud, existiendo apersonamientos incluso a instancia de parte y al sobrevenir el DS 3467 al indicado fallo constitucional, dejando sin efecto la facultad de la mencionada ABT para demandar nulidad de títulos ejecutoriales, dicho extremo inviabiliza la presente demanda y lo dispuesto por dicha Sentencia Constitucional Plurinacional; similar criterio se adoptaron en los Autos Interlocutorios Definitivos S2 a 10/2021 de 5 de febrero; S2 a 11/2021 de 8 de igual mes, S2 a 12/2021 de 12 del referido mes y S2 a 13/2021 de 12 del señalado mes; x) El Tribunal Agroambiental, velando por el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, basados a su vez en los principios “pro homine y pro actione”, apeló al instituto de la legitimación perpetua, que fue calificado como “arbitrario” por la jurisdiccion constitucional a través de la SCP 0176/2020-S4; sin que sea evidente que la decisión asumida sea arbitraria o carente de motivación al sustentarse en las normas y jurisprudencia constitucional mencionadas, un entendimiento en contrario implicaría desconocer el carácter obligatorio y vinculante de ese precedente y daría lugar a la referida ABT a proseguir con la demanda de nulidad de título ejecutorial ante dicho Tribunal, sin tener legitimación activa, cuando está impedida de iniciar, participar o concluir el mencionado proceso de nulidad de título ejecutorial; xi) Antes de la emisión de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional el mencionado Tribunal, consideraba que mientras la relación procesal estaba trabada se mantenía la legitimación activa para demandar; sin embargo, a raíz de lo dispuesto en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, tal cual se explicó en el propio Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, razonamiento con el que se resolvió otros casos anteriores; por lo que, no puede alegarse vulneración al derecho a la igualdad y seguridad jurídica, respecto a la predictibilidad de las decisiones judiciales; xii) El hecho de que en el Auto de Admisión de 30 de octubre de 2013, no mencione la Disposición Final Vigésima del DS 29215, no es impedimento para que este Tribunal no pueda pronunciarse aplicando retrospectivamente la jurisprudencia constitucional antes mencionada y establecer que la ABT hoy tercera interesada actualmente carece de legitimación; más aún, si el proceso continuaba en trámite y no tenía la calidad de cosa juzgada ante el incumplimiento de lo ordenado por la SCP 0854/2013; xiii) Los accionantes señalaron que el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 omitió valorar integralmente la prueba bajo el principio de verdad material y el enfoque interseccional e intercultural; sin embargo, este criterio, carece de relevancia y de pertinencia; ya que, no era posible ingresar a valorar la prueba aportada en la demanda de nulidad al no haberse ingresado a resolver el fondo del asunto, anulándose obrados por falta de legitimación activa de la referida ABT; xiv) En relación a dos hechos nuevos, referidos a que el Tribunal Agroambiental no resolvió los memoriales de la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, ni sobre las medidas cautelares. Dichos argumentos debieron ser replanteados en la acción de amparo constitucional; puesto que, la explicación a la complementación de motivos en audiencia, no significa modificar lo que se demandó principalmente; y, xv) Los accionantes señalaron que el referido Auto Interlocutorio Definitivo omitió realizar una valoración integral de la prueba con un enfoque intercultural; no obstante, no se ingresó al fondo de la problemática; puesto que, de ser así, tenía la obligación de pronunciarse sobre todos los aspectos planteados por las partes y terceros interesados; indicándose además la existencia de dos autos interlocutorios que resolvieron la legitimación pasiva; al respecto, esos autos agroambientales, resolvieron sobre la presunta falta de legitimación activa, las presuntas competencias que tenía la Superintendencia anterior y que fueron asumidas por la señalada ABT, sin ingresar a analizar el DS 3467 que derogó la facultad de plantear demandas ante el Tribunal Agroambiental, por consiguiente no existe cosa juzgada sobre lo indicado.

I.2.2.3. Intervención de los terceros interesados

Omar Quiroga Antelo, Director Ejecutivo Nacional de la ABT, a través de su representante legal, conforme se advierte del Testimonio de Poder 998/2022, cursante fs. 539 a 543, en audiencia manifestó que: 1) Se allanaron a la acción tutelar presentada por la Comunidad de Mallasilla de departamento de La Paz, en calidad de tercero interesado e hizo conocer la existencia de una acción de amparo constitucional radicada en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en la cual es accionante y versa sobre el mismo objeto; ya que, independientemente de la vulneración de derechos de dicha Comunidad, la ABT es la primera víctima y afectada, por ser una institución estatal que representa al Estado; siendo que, esos predios constituyen activos fijos del Estado; razón por la que, se presentó la demanda de nulidad de título ejecutorial, cuya Sentencia inicial favoreció al Estado y ante un amparo constitucional se anuló obrados, retrotrayendo el proceso por intereses que la ABT desconoce; 2) Las Magistradas ahora accionadas manifestaron que la ABT asumió una actitud negligente en cuanto a la persecución de la referida demanda de nulidad título ejecutorial, sin mencionar las veces en las que se solicitó se proceda con las notificaciones mediante edicto por economía procesal y celeridad del proceso, siendo esta la razón, por la cual, el proceso tiene ya más de quince años, generándose una retardación de justicia en la Sala Primera del Tribunal Agroambiental desde un inicio; extremo al que, se suma que tanto los terceros interesados como la parte demandada presentaron incidentes de nulidad, excepciones de falta de competencia del Tribunal, excepción de falta de legitimación activa de la ABT que cursan a “fs. 2950, 2955 y Autos de fs. 3863 a 3967 y vuelta de obrados” (sic); siendo que, el último movimiento fue el 5 de enero de 2022, respecto de una notificación a los terceros interesados, advirtiéndose que todos los incidentes y excepciones que fueron resueltos en favor de la ABT, hasta que se pronunció el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, que determinó su incompetencia; y, 3) El mencionado Auto Interlocutorio Definitivo, carece de fundamentación y motivación, contraviniendo del derecho al debido proceso, al no exponer los hechos y actos jurídicos emergentes a partir de los actos y memoriales presentados por la mencionada ABT, desconociendo los motivos; por los que, dicha entidad carece de competencia, y si bien ya no es Superintendencia, aquello no significa que la referida ABT o la Superintendencia hubiese desaparecido, sino que, hubo un cambio de nombre; empero, se mantienen sus facultades; además que, el art. 116.2 del CPC, prevé que la legitimación activa de las partes subsistirá aunque los hechos que la sustenten hubieran cambiado, garantizando el debido proceso en su elemento de predictibilidad de las decisiones judiciales. Eulogio Núñez Aramayo, entonces Director Nacional a.i. del INRA, mediante memorial presentado el 12 de octubre de 2022, cursante de fs. 355 a 356 vta. y a través de su representante legal en audiencia manifestó que, no corresponde a dicha institución administrativa pronunciarse respecto a las observaciones alegadas por la parte accionante en el presente caso; puesto que, el predio denominado “Mallasilla”, se encuentra dentro del radio urbano, delimitado por el Código de Procedimiento Civil; debido a que, la referida institución no tiene competencia sobre dicha área conforme lo establece el art. 11 del DS 29215, modificado por la Disposición Adicional Segunda del DS 2960 de 23 de octubre de 2016, que refiere que la mencionada institución ejecutará los procedimientos agrario administrativos únicamente en el área rural; por lo cual, no serán objeto de aplicación de procedimientos agrarios administrativos los predios ubicados al interior del área urbana delimitada por ley municipal y que de manera general es la entidad administrativa depositaria que cuenta con el registro de expedientes agrarios del ex Consejo Nacional de Reforma Agraria y del ex Instituto Nacional de Colonización, que se encuentran en trámite y que fueron titulados en su momento por dichas instituciones. Raúl Jordán Pereda, a través de su abogado, en audiencia manifestó que: a) La Sala Segunda del Tribunal Agroambiental se pronunció con los mismos argumentos con los que se emitió el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, el Auto Interlocutorio Definitivo “0213/2021” de “12 de febrero de 2021”, desconociendo las razones por las que la ABT hoy tercera interesada no actúa de manera similar en ese caso, resultando claro que se pretende anular este proceso por las personas que viven en él, entre las que se encuentra autoridades estatales; b) El DS 3467, deroga de manera expresa la Disposición Final Vigésima del DS 29215, denominada interposición de acciones contenciosas administrativas y demanda de nulidad de títulos ejecutoriales por la Superintendencia Agraria o el Viceministerio de Tierras y el art. 110 inc. f) del DS 29894, denominado Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo, circunstancias en las que no se puede anular un Auto Interlocutorio Definitivo; puesto que, de ser así se acarrearía un verdadero caos; c) Los accionante ha actuado y se ha arrogado la representación de la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, sin contar con poder de representación; ya que, para actuar en representación de la referida Comunidad, los nombrados tienen que estar vinculados entre sí, habiendo establecido la Sentencia Agroambiental Plurinacional “29/2018”, en armonía con los razonamientos del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuáles son los requisitos necesarios para que una comunidad sea considerada como tal; sin embargo, refieren representar a dicha Comunidad sin haber acreditado en esta audiencia un poder de representación, aspecto que “nosotros no reconocemos y no le damos como un acto o como un hecho libremente consentido” (sic [fs. 626]); d) No se demostró de qué manera y cómo se vulnero el derecho al debido proceso; e) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debió estar presente en la audiencia de acción de amparo constitucional; puesto que, si los accionantes refieren representar a la mencionada Comunidad, por qué no involucraron al Valle de La Luna; f) “Justo Quispe” firmó un acuerdo transaccional, recibiendo varios lotes que ya los vendió, acuerdo que fue homologado en un “Tribunal”, por cuyo motivo entró a la cárcel al igual que Eleuterio Vargas Ticona -accionante-; g) El abogado "Sánchez Peña" tiene inscritas 11 ha a su nombre, de igual modo, Damián Policarpio Blanco Díaz -coaccionante-, que no firmó el acuerdo transaccional porque era menor de edad, falsificó y vendió a varias personas; h) Siempre formó parte de la junta de vecinos, quienes le reconocen como propietario; habiendo presentado un acuerdo transaccional que está homologado por un “Juez” y que por eso salió de la cárcel; i) El predio en cuestión fue adquirido por su familia en 1912, mediante un remate judicial, luego con la Ley de Reforma Agraria se consolidó como inafectable tanto su propiedad como la propiedad del Club de Golf, los supuestos campesinos ni siquiera fueron reconocidos; puesto que, fueron obreros asalariados, motivo por el cual se revirtió el juicio “en el 55” habiendo confesado que son terrenos estériles no aptos para el cultivo y la reforma agraria les dio la razón al indicar que fuesen terrenos arcillosos; j) Sobre el Valle de La Luna y unas 40 ha que tiene el Estado inscritas a su nombre, han sido donaciones, el Valle de La Luna fue cedido al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con una sola condición, cercar el predio y protegerlo de los loteadores; k) La Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, empieza en el puente de Aranjuez y termina en la UPB de Achocalla, lugar en el que trece mil familias ya tienen sus casas “…¿la ABT los va sacar de su casa? no, puede ni el Estado ni nadie…” (sic); y, l) Esas personas -haciendo referencia a los accionantes- falsificaron papeles y si tienen la matrícula, corresponderá revisar antecedentes, no siendo posible inscribir en DD.RR. en febrero en el libro del año 1970, sosteniendo que el “General Banzer” fue quien les otorgó el Título Ejecutorial, cuando el mismo en esa fecha no era presidente sino era el “Presidente Torres”; por su parte, Damián Policarpio Blanco Díaz refirió que heredó de su padre 400 ha, las que inscribió en DD.RR. y posteriormente las vendido; aclarando de igual modo que Eleuterio Vargas Ticona era su portero -de Raúl Jordán Pereda-, quien cuidaba las puertas de uno de sus “proyectos”. Walter Zambrana Portugal, en representación legal de la “Federación Sindical Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional y los Servicios Departamentales de Caminos y Afines”, conforme se advierte del Testimonio de Poder 033/2021 (fs. 99 a 106 vta.), mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 137 a 138 vta. y en audiencia, manifestó que: 1) El Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 en su Considerando I, hizo referencia a los memoriales en los que formulando la excepción de falta de legitimación activa en la parte demandante ex Superintendencia Agraria, hoy ABT tercera interesada, habiendo fundamentado el Tribunal Agroambiental su decisión en los Autos Interlocutorios ya emitidos en los que estableció, que el Viceministro de Tierras carecía de legitimación activa, aplicando la SCP 0176/2020-S4; por lo que, el Viceministerio de Tierras y la referida entidad perdieron legitimidad activa, tal cual derogó el DS 3467; 2) Son veintitrés las personas que interpusieron la excepción de falta de legitimación activa y que fueron parte del proceso agroambiental, extremo éste que acredita su legitimación para ser notificadas, hacer uso de su derecho a la defensa y participar de esta acción tutelar; 3) Los ex Trabajadores de Servicio de Caminos, son personas que hace más de cuarenta años no pueden reivindicar su derecho propietario, precisamente por estas actitudes que tiene no solo la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz; 4) Esta acción de amparo constitucional no determinará el derecho propietario de nadie, sino la existencia de vulneración del derecho a la fundamentación de una resolución; empero, la pretensión de los accionantes es anular el Título Ejecutorial de los cuales nacieron otros derechos, de manera tradicional por la compra y venta que existió, por donación y actividad perpetua de un derecho, advirtiendo que los accionantes carecen de legitimación activa en esta acción de amparo constitucional, que no fue presentado conforme a derecho; y, 5) La nombrada ABT protege el tema referido a la forestación, surgiendo la interrogante y duda razonable respecto a ¿qué árbol cuidará en una Comunidad “Campesina” que el año “50” se determinó que era infértil?, ¿qué necesidad tendrá el Estado de ir contra el Estado y contra la garantía y los derechos humanos de vivir bien y de la propiedad privada?. Pide por los trabajadores del Servicio de Caminos y ex Trabajadores, hoy personas de la tercera edad, se declare improcedente la acción tutelar sin ingresar al fondo, por carecer de personería. María Paula Socorro Dorakis Zilveti, Lucrecia Carola Palza Prudencio y Javier Enrique Palza Prudencio, por memorial presentado el 10 de octubre de 2022, cursante de fs. 347 a 348; Rosa Geovana Dorado Peñaranda y René Zumarán Maldonado, por memoriales presentados el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 522 a 523, y 524 a 525, y en audiencia, manifestaron que: i) El Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, en su Considerando I. se refirió a los veintitrés memoriales por los que se plantearon la excepción de falta de legitimación activa de la parte actora -Ex Superintendencia Agraria, ahora ABT-, bajo el argumento de que el Tribunal Agroambiental ya había emitido autos interlocutorios en los que estableció que el Viceministro de Tierras carecía de legitimación activa, en aplicación vinculatoria de la SCP 0176/2020-S4, por lo tanto el Viceministerio de Tierras y la ABT ahora tercera interesada perdieron la legitimidad activa por la misma derogación de su legitimidad activa por la emisión del DS 3467; ii) Se encuentran entre las veintitrés personas que presentaron el indicado memorial al ser parte del proceso agroambiental, lo que acredita su legitimación y ser notificados para hacer uso de su derecho a la defensa y participar de esta acción tutelar; y, iii) Cuando se discute el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, la doctrina establece que debe primar la seguridad jurídica; ya que, un proceso judicial no puede ser infinito; en el caso, el proceso deviene desde los años “50”, interponiéndose una acción judicial sobre otra; por lo que, solicitó se fundamente bajo el test de razonabilidad.

Gloria Paola Miranda Meyer, a través de su abogada, en audiencia, manifestó que: a) Los accionantes solicitaron la tutela de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados, los mismos que en la presente audiencia no fueron expuestos, respecto de los que no produjeron prueba alguna para demostrar la afectación directa que les causó la resolución emanada, objeto de esta audiencia; b) Fue señalada como tercera interesada por la referida ABT, junto a una lista de aproximadamente trecientas personas, aclarando que “Mallasilla” es un lugar que cuenta con más de tres mil personas, las cuales desconocen el proceso; c) Todas son viviendas sobre las que tienen derecho propietario al haberlas adquirido previa solicitud de un certificado treintañal a DD.RR. que evidencia que adquirieron de la familia “Jordán” que fue titular de la ex Hacienda Mallasilla; empero, no obstante son agredidos, amenazados, golpeados y si llevan a la alcaldía por la edificación de una construcción clandestina, “vienen ellos a pedradas, a palos nos sacan tiene una función absoluta entre todos ellos y se protegen entre sí” (sic); d) La sentencia emitida por el Tribunal Agroambiental dio paz a la zona, ahora se denomina Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz ya que antes se llamaba Sindicato Agrario Mallasilla, otra vez se llama Junta de Vecinos Mallasilla y todos se tratan como vecinos, porque están en el área urbana desde la “Ley 453”, cuentan con un Plan Operativo Anual (POA), pagan al municipio de La Paz, también se encuentra el Valle de La Luna, el Club de Madres, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Policía Nacional e Instituciones educativas, bancarias, casi todos los bancos tienen algún interés dentro de la zona, no se trata de un campo agrario; y, e) Se pidió a la oficina de DD.RR. un informe sobre quienes serían los verdaderos terceros interesados y afectados, discrepando cuando la señalada ABT indica que los terceros interesados perjudican e interfieren; puesto que, cada uno está peleando por su derecho propietario obtenido y protegido constitucionalmente, preguntándose qué pasará con las más de tres mil personas que no se encuentran en audiencia por no haber sido notificadas; siendo que, en su caso inclusive fue notificada en un domicilio en el que ya no vive desde hace diez años; no obstante, se apersonó; es más el Tribunal -Agroambiental- pidió al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), otro informe con identificación de los terceros interesados, dirección, domicilio e identificación para ser notificados al ser terceros que posiblemente sean afectados “pero ese informe no consta, solamente 3 o 4 hojas” (sic). Juan Reynaldo Yujra Segales, Director General Ejecutivo a.i. de la ASFI, Síndico Liquidador y Sustituto Procesal de BIDESA S.A. en Liquidación representado legalmente por Álvaro Silvestre Medina Castillo, Interventor Liquidador a.i. a nivel nacional de dicha entidad bancaria, conforme se advierte del Testimonio de Poder 1398/2022 (fs. 685 a 690), mediante memorial de 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 712 a 721 vta., manifestó que: 1) Los accionantes tienen conocimiento de todos los terceros interesados en el proceso; y a pesar de ello, decidieron a ultranza perjudicarlos, situación que no fue avalada por el Tribunal de garantías, dejando en indefensión a BIDESA S.A., que no tuvo conocimiento de la segunda acción tutelar iniciada por la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz; 2) Considerando que el DS “3267” -lo correcto es 3467- derogó expresamente la Disposición Final Vigésima del DS 29215, fue eliminada la atribución de la entonces Superintendencia Agraria, ABT ahora tercera interesada, de interponer demandas de nulidad de títulos ejecutoriales; por lo que, el DS 3467 es una norma adjetiva que debe ser aplicada directamente por el principio de retrospectividad de las normas procesales o adjetivas, lo que justifica la decisión de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental al haber desaparecido la atribución que le otorgaba legitimación a la entonces Superintendencia Agraria -hoy ABT-; 3) La mencionada Comunidad pretende cuestionar toda la Resolución por un argumento de apoyo señalado por la Sala Primera del citado Tribunal, sin que se hubiere atacado la aplicación de las normas procesales en el tiempo y su aplicación a procesos o trámites en curso; 4) El reclamo de la indebida aplicación retrospectiva de la SCP 0176/2020-S4, no es correcta; siendo que, la demanda viene del año 2007 y es anterior a esa Sentencia Constitucional Plurinacional, misma que tiene otro supuesto fáctico; 5) El accionante omitió verificar los precedentes contradictorios en el tiempo para determinar su aplicación temporal en relación al overruling prospectivo y olvidó el cambio de paradigma de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, que establece el estándar más alto; cuestionó la retroactividad de la SCP 0176/2020-S4, cuando el mismo fallo explica cómo funcionan las Sentencias Constitucionales Plurinacionales en los procesos en curso, cuando no cuentan con sentencia con calidad de cosa juzgada, lo que permite la aplicación retrospectiva de las mismas en el tiempo; y, 6) La competencia perpetua de la Superintendencia Agraria -ahora ABT- que se menciona en la acción de amparo constitucional, no es posible en el caso presente; puesto que, la Disposición Final Séptima del DS 29215, que corresponde a la atribución de demandar, fue derogada por el DS 3467.

I.2.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 279/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 636 a 661, concedió la tutela solicitada, en cuyo mérito dejó sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero y dispuso: a) Se emita una nueva resolución en el plazo de tres días hábiles a partir de la notificación con la referida resolución; b) La remisión en copia legalizada, de todos los antecedentes al Fiscal de ese departamento, para su envio al Fiscal de Materia respectivo, a efectos de la averiguación de la comisión o no de hechos criminales o reñidos por el orden penal; y, c) Cualquier tipo de agresión en las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sea denunciado y remitido al Ministerio Público para la activación de los procesos que correspondan; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Ante la cuestión previa interpuesta por el tercero interesado -Raúl Jordán Pereda-respecto a la falta de legitimación activa de los accionantes; puesto que, como Comunidad de dicho departamento debían demostrar su personería jurídica y la representación legal que referían; la indicada Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, consideró que la referida Comunidad al no ser Indígena, sino Campesina, se acreditó como tal; siendo que, no puede exigírsele que acredite personería como se exige a una sociedad anónima, de participación limitada, a una persona jurídica de derecho privado o incluso a una persona jurídica de derecho público; advirtiendo la presencia de dos de los accionantes en la audiencia, quienes participaron del proceso de demanda de nulidad de título ejecutorial, en una interpretación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prosiguieron con la audiencia; 2) La aplicación de la ley o la norma en el tiempo tiene tres “subtítulos”, la irretroactividad, la ultraactividad y la retroactividad, la única regla del orden normativo es que es absolutamente improbable que una norma promulgada el día de hoy pueda regular aspectos -incluso- suscitados el día de ayer, es una prohibición natural que tiene relación con el principio de certeza que genera una expectativa positiva, que cualquier acto va a ser denunciado, tramitado, gestionado por la autoridad judicial con la norma que se encontraba en vigencia a momento del hecho, sin que exista la posibilidad de aplicar una norma con efectos retroactivos a hechos ya sucedidos; 3) Sobre la ultraactividad, en ocasiones, tomando en consideración que un hecho debe ser tratado, procesado, conocido y resuelto con la norma vigente al momento del hecho, ante la posible derogatoria o abrogatoria del dispositivo normativo que se encontraba en vigencia al momento del hecho, a efecto que siga siendo utilizado hasta la conclusión del proceso, por garantía procesal quien fue sujeto a un tipo procesal, debe concluir el debate procesal con la misma carga; de igual manera el Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que, el sistema jurisprudencial creó un mecanismo que no se refiere propiamente a la retroactividad de la jurisprudencia sino la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia constitucional, sin establecer una norma específica al caso concreto, sino una regla traducida en su ratio decidendi; 4) El Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, que hoy es objeto de debate constitucional dispuso que al sobrevenir el DS 3467 de 24 de enero de 2018, la ABT hoy tercera interesada, carecía de legitimación activa; debiendo establecerse si la aplicación de la jurisprudencia contenida en la SCP 0176/2020-S4, restringe o no el derecho que tiene dicha entidad de postular una demanda de nulidad de un título; más aun, si la aparente nulidad de la primera Sentencia Agraria Nacional S1ª 24/2011, no nació por una cuestión de legitimación, sino por una cuestión de ausencia de convocatoria a terceros; 5) Hasta la emisión del referido Auto Interlocutorio Definitivo se generaron actos procesales firmes de parte de todos los sujetos procesales; sin embargo, se pretende aplicar retrospectivamente la jurisprudencia que habilita se aplique el señalado Decreto Supremo, imposibilitando a la mencionada ABT postular en la jurisdicción agroambiental cuestiones de derecho, siendo ésta una restricción al derecho de acceso a la justicia, al efectuar una interpretación sobre la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia para habilitar se aplique al presente caso el DS 3467, que desconoce la posibilidad de cuestionar en la jurisdiccional agroambiental cuestiones que están dentro de su fuero competencial no solo de la ABT ahora tercera interesada, sino del Viceministerio de Tierras; y, 6) Desde la emisión de la SCP 0854/2013 de 17 de junio, pasado cuando menos ocho años, generando una afectación a terceros; siendo que, al anular hasta la presentación de la demanda, la obligación del Tribunal Agroambiental era observar, conceder un plazo prudencial para la enmienda, y en caso de no hacerlo, se declare por no presentada; por lo que, ante tal extrema dilación además de resolverse el fondo, se decidirá también la remisión de antecedentes al Ministerio Público. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el tercero interesado -Raúl Jordán Pereira-, solicitó a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se complemente su resolución señalando: i) Que las partes dentro de esta acción no ganaron ni perdieron; puesto que, quien ganó fue la ABT hoy tercera interesada, pidiendo se explique cuál es la atribución que el Órgano Ejecutivo restringió a la mencionada entidad sobre el que de ninguna manera tiene titularidad; y, ii) Cómo acreditó la parte accionante su calidad de legítimos representantes legales de la Comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, sin tener poder alguno. Por su parte, en vía de aclaración, complementación y enmienda, las Magistradas hoy accionadas, a través de su representante legal solicitaron a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se aclare, si debía emitirse un nuevo auto interlocutorio definitivo o en su defecto continuar con la tramitación del proceso de nulidad de título ejecutorial. En mérito a esas solicitudes la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señaló que: a) Se postuló una aclaración respecto a que si se habría concedido la tutela a la ABT hoy tercera interesada; sobre ese extremo, se tiene que al usar en su alegato un dispositivo normativo para anular el proceso y archivarlo, por cuanto hay una nulidad que la afecta directamente “…pero cuyo argumento no es sobre los accionantes; sino que, el argumento es que la referida ABT no tienen legitimación…” (sic), debiendo quedar claro que dicha entidad hará valer sus derechos en la vía que corresponda; ya que, “el análisis ha recaído en los derechos al debido proceso sobre motivación y fundamentación, congruencia interna y externa, postulados por los accionantes que devienen de una decisión emitida por el Tribunal Agroambiental (…) en base a una cuestión normativa que le afecta a la ABT…” [sic (fs. 660 vta.)]; empero, que recae sustancialmente en lo reclamado por los accionantes; por lo que, el Tribunal Agroambiental en algún momento tendrá que pronunciarse sobre la situación de los terceros interesados que están interviniendo en el proceso; b) Sobre la falta de aplicación de la SCP 0176/2020-S4, la referida Sala de Constitucional, adoptó la excepción a la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia constitucional contenida en la tercera subregla; ya que, este hecho no solo limitó el derecho de la ABT, sino restringió el derecho a una decisión de fondo; c) En caso de que un Tribunal de garantías advirtiera la posible comisión de un delito está en el deber de remitirlo a conocimiento del Ministerio Público y al haber escuchado en audiencia que existen documentos falsificados, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no puede hacer caso omiso a dichos alegatos; y, d) Sobre el plazo, se otorgó tres días para la elaboración de una nueva resolución, con la aclaración de que no se está ordenando la prosecución del proceso, sino la emisión de una nueva resolución, con base a los argumentos expuestos en audiencia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Auto Constitucional (AC) 088/2023-CA/S de 7 de junio, se dispuso la acumulación del expediente 52222-2022-105-AAC (fs. 726 a 730 [Exp.2]) al 51836-2022-104-AAC (fs. 1771 a 1775 [Exp.1]), ante la existencia de conexitud e identidad de objeto, causa y parcialmente de sujetos. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del plazo establecido. Mediante decreto constitucional de 4 de mayo de 2026, cursante a fs. 1787, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 18 de agosto del citado año, cursante a fs. 1792; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: Expedientes 51836-2022-104-AAC (EXP.1) y 52222-2022-105-AAC (acumulado) (EXP.2) II.1. Por memorial presentado el 14 de febrero de 2007, ante el Tribunal Agrario Nacional, el entonces Superintendente Agrario Interino del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables, formuló demanda de nulidad de Título Ejecutorial 384319, Serie A de 24 de febrero de 1969, otorgado en favor de Raúl Jordán Velasco dentro del trámite de afectación del ex Fundo denominado Mallasilla, contra Raúl Jordán Pereda, Juan Carlos y Luis Rolando ambos de apellido Jordán Llantén, herederos de aquél y -ahora terceros interesados- (fs. 3 a 10 vta. [Exp.1] y fs. 283 a 290 vta. [Exp.2]); mereciendo en respuesta el decreto de 23 de febrero de 2007, en la cual fue observada su legitimación activa (fs. 12 [Exp.1] y fs. 292 [Exp.2]); por lo que, el demandante presentó memorial de 5 de marzo del mismo año, ratificando la demanda y reiterando la acreditación de legitimación activa (fs. 14 a 17 [Exp.1] y 294 a 297 [Exp.2]); en consecuencia se emitió Auto 30/2007 de 22 de mayo, procediéndose a admitir la demanda de título ejecutorial (fs. 32 y vta. [Exp.1] y fs. 94 y vta. [Exp.2]). II.2. Cursa memorial presentado el 29 de octubre de 2009, ante el “PRESIDENTE Y VOCALES DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL AGRARIO”, por el Responsable Jurídico de la Dirección Departamental de Chuquisaca de la ABT, a través del cual ratificó los fundamentos de la demanda de nulidad de título ejecutorial, pidió se emita decreto de autos para sentencia y adjuntó originales del Edicto 15/2009, emitido por el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Agrario Nacional (fs. 150 a 156 y vta. [Exp.1]); pronunciándose la Sentencia Agraria Nacional S1ª 24/2011 de 20 de junio, que declaró probada la demanda de nulidad de Título Ejecutorial 384319, Serie A y en consecuencia declaró la nulidad del referido Título Ejecutorial, emitido en favor de Raúl Jordán Velasco, así como el proceso social agrario que dio origen a la otorgación de dicho Título Ejecutorial, correspondiente al predio denominado “Mallasilla”, ubicado en el cantón Mecapaca, provincia Murillo del departamento de La Paz, rechazando la excepción planteada de falta de legitimación en la causa para obrar o falta de acción y derecho de la entidad demandante interpuesta por la representante legal de Raúl Jordán Pereda ahora tercero interesado y la adhesión del abogado de oficio de Juan Carlos y Luis Rolando ambos de apellido Jordán Llantén (fs. 161 a 171 vta. [Exp.1] y fs. 7 a 17 vta. [Exp.2]); no obstante, la referida Sentencia Agraria Nacional, a petición del Director Ejecutivo de la ABT (fs. 173 a 174 [Exp.1]) fue enmendada y complementada por Auto de 6 de julio de 2011 (fs. 192 a 194 [Exp.1]). II.3. Consta Resolución “59/2012” de 19 de febrero de 2013, emitida por los Vocales de la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, dentro del proceso de acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Javier Pereira Montes contra Juan Ricardo Soto Butrón, Gabriela Cinthia Armijo Paz y Paty Yola Paucara Paco, Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, Antonio José Hassenteufel Salazar, ex Vocal de la Sala Segunda, Mariano Parra Ramírez y Juan Martín Valdivia Velásquez, ex Conjueces del Tribunal Agrario Nacional, Isabel Ortuño Ibáñez, Lidia Chipana Chirinos y Mario Pacosillo, Magistrados de la Sala Liquidadora Primera del Tribunal Agroambiental, cuestionando la Sentencia Agraria Nacional S1ª 24/2011, que al conceder parcialmente la tutela, dispuso dejar sin efecto la referida Sentencia Agraria Nacional y su Auto complementario de 6 de julio de 2011, ordenando la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda (fs. 757 a 778 [Exp.1]); asimismo, cursa la SCP 0854/2013 de 17 de junio, emitida por la Sala Constitucional Primera especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, confirmó dicha determinación, argumentando que las ex autoridades entonces accionadas, vulneraron el derecho al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa al no haberse exigido a la parte actora que señale las generales de ley de los entonces terceros interesados a objeto de disponer su citación con la demanda que afectó el derecho propietario (fs. 797 a 818 [Exp.1]). II.4. Cursa memorial presentado el 23 de agosto de 2013, ante los entonces Magistrados de Sala Primera del Tribunal Agroambiental, el Director General de Asuntos Jurídicos de la ABT y “otros”, mediante el cual ratificó la demanda de nulidad de título ejecutorial. En dicho actuado, precisó que, en cumplimiento de la SCP 0854/2013, los nombrados emitieron el decreto de 5 de agosto de 2013, disponiendo que, con carácter previo a la sustanciación, la ABT -hoy tercera interesada-ratifique la demanda de nulidad -de 14 de febrero de 2007- interpuesta por el entonces Superintendente Agrario interino (fs. 406 a 409 vta.-Exp. 2). II.5. Por memorial presentado el 20 de octubre de 2020, ante María Tereza Garrón Yucra y Elva Terceros Cuellar, entonces Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental -hoy accionadas-, Luis Francisco Coaquira Manzaneda -tercero interesado en el proceso de nulidad absoluta de título ejecutorial-, solicitó se declare la perención de instancia y planteó excepciones (fs. 373 a 380 vta. [Exp.1]); dicho memorial mereció en respuesta el Auto Interlocutorio de 19 de noviembre de 2020, señalaron que, con relación a la excepción de incompetencia en razón de materia que, si bien es competencia de los Gobiernos Autónomos Municipales elaborar y ejecutar planes de reordenamiento territorial conforme los arts. 179 y 300 de la CPE; ese aspecto, de acuerdo con el art. 189.2 de la Norma Suprema, no impedía al Tribunal Agroambiental conocer demandas de nulidad de títulos ejecutoriales cuando las superficies hubiesen pasado a formar parte del área urbana; puesto que, esas normas no disciernen entre lo rural o urbano; indicando respecto a la excepción de incapacidad e impersonería del demandante, que la Superintendencia Forestal y Agraria fue sustituida por la ABT ahora tercera interesada; por lo que, se constituía en la encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y regular los sectores forestal y agrario, arrogándose desde su creación las competencias y obligaciones de las Superintendencias Agrarias, como la obligación de proseguir los procesos judiciales instaurados por los nombrados, sin poder concebir la creación de una entidad nueva en sustitución de otra, que no asuma las obligaciones de la antigua, generando un caos jurídico y detrimento al Estado que podría afectar los procesos legales asumidos por la entidad antecesora; por lo que, en consideración a dichas normas se dio por apersonada a la ABT hoy tercera interesada a través de su personero legal en sustitución de la ex Superintendencia Agraria; determinó no ha lugar a la perención de instancias, al no advertir inactividad y a la solicitud de cesación de medidas precautorias (fs. 383 a 389 vta. [Exp.1]); asimismo, por memorial presentado el 27 de noviembre del mismo año, ante las entonces Magistradas ahora accionadas, Luis Francisco Coaquira Manzaneda formuló recurso de reposición (fs. 399 a 401 [Exp.1]), que fue resuelto por Auto de 11 de enero de 2021, declarándose no ha lugar (fs. 404 a 409). II.6. Mediante Auto 131/2013 de 30 de octubre, emitido por los entonces Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, se admitió la demanda de nulidad absoluta de título ejecutorial y se ordenó la citación de los ahora terceros interesados mediante edictos, previo juramento de desconocimiento de domicilio a realizarse por la parte demandante (fs. 218 a 221 vta. [Exp.1] fs. 308 a 311 vta. [Exp.2]); pronunciando las entonces Magistradas hoy accionadas, el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, por el que: “ANULA OBRADOS hasta el auto de admisión de demanda de Nulidad y Anulabilidad de Titulo Ejecutorial (...), con la aclaración que se mantiene vigente e incólume la anulación dispuesta en la vía constitucional del auto admisorio inicial (...) y en consecuencia dispone: 1.-Rechazar la demanda de Nulidad y Anulabilidad de Título Ejecutorial (...) impugnando el Título Ejecutorial 384319 Serie A, de 24 de febrero de 1969, otorgado en favor de Raúl Jordán Velasco, dentro del trámite de afectación del ex fundo denominado “Mallasilla”, ubicado en el cantón Mecapaca, provincia Murillo del departamento de La Paz, deducida inicialmente por Erwin Galoppo Von Borries, en su calidad de Superintendente Agrario Interino del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables, posteriormente por María Esther Ballesrtaedt Jiménez quien asumió interinamente dicha cartera de Estado, luego mediante ratificación de demanda (...) interpuesta por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) Cliver Hugo Rocha Rojo y posteriores Directores Ejecutivos de la indicada cartera de Estado Rolf Kölher Perrogón, Lucio Lorgio Gutiérrez Fernández, Víctor Hugo Añez Bello y Omar Antelo Quiroga, como efecto de la falta de legitimación activa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para interponer demandas de Nulidad y Anulabilidad de Títulos Ejecutoriales (...); 3.- Procédase al archivo definitivo de obrados. 4.- Se salvan derechos que puedan asistirles a los terceros interesados en la vía legal que corresponda. 5.-Dados los efectos de la determinación asumida en la presente resolución, no corresponde pronunciamiento alguno respecto de las excepciones y reposición planteadas” {sic (fs. 670 a 675 vta. [Exp.1] y fs. 18 a 23 vta. [Exp.2])}.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante dentro de los expedientes 51836-2022-104-AAC y 52222-2022-105-AAC -acumulado-, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia interna y externa; y, valoración de la prueba; predictibilidad de las decisiones judiciales; defensa; igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas, así como a los principios de igualdad, seguridad jurídica y aplicación objetiva de la ley; puesto que, las entonces Magistradas ahora accionadas a través del Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, anularon obrados hasta el auto de admisión dentro de la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, formulada por el entonces Superintendente Agrario Interino del SIRENARE contra Raúl Jordán Pereda, Juan Carlos y Luis Rolando ambos Jordán Llantén herederos de Raúl Jordán Velasco, otorgado en favor de este último el 24 de febrero de 1969 y rechazaron la demanda, en atención a que la ABT creada en reemplazo de la Superintendencia Agraria, ante la derogatoria de la Disposición Final Vigésima del DS 29215 dispuesta mediante el DS 3467, perdió competencia para conocer y presentar demandas de nulidad título ejecutorial; argumento incongruente, carente de lógica jurídica, formalista, contrario a la ley, doctrina y al precedente jurisprudencial agroambiental vinculante relativo a la “perpetuación de la legitimación activa”, que inobservó el alcance del art. 116.2 del CPC, al interpretar y aplicar arbitrariamente el DS 3467 y la SCP 0176/2020-S4, que carece de analogía fáctica con la problemática expuesta. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; ii) De los principios de legalidad o aplicación objetiva de la ley y seguridad jurídica; iii) La aplicación del precedente jurisprudencial y el derecho a la igualdad procesal; iv) De la irretroactividad, retroactividad, ultractividad de la ley y retrospectividad; y, v) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, señala que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...)

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)”. De igual manera la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, señala expresamente que: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad”, criterio que fue complementado por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, al indicar: “v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013-”. Por otra parte, la SCP 0133/2020-S3 de 17 de marzo, mencionando a la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, sostiene que: “La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental.

(…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: «la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es, b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.

b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’ debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’.

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.

(…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’” (las negrillas y subrayado son nuestras). La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1., la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que: “Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna”. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, respecto a las vertientes interna y externa del principio de congruencia, establece que: “…desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. La jurisdicción constitucional, estableció abundante jurisprudencia en cuanto al principio de congruencia; así, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, sostuvo que: ‘…la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”’ (el resaltado y subrayado nos corresponden).

III.2. De los principios de legalidad o aplicación objetiva de la ley y seguridad jurídica

La SC 0982/2010-R de 17 de agosto, establece que: “El principio de legalidad en su clásica concepción implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley; significa, entonces, el reconocimiento al legislador como único titular de la facultad normativa, a la cual debe estar sometida la administración. Sin embargo, actualmente dicha definición resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; por ello debe entenderse que dicho principio supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma.

(…) De lo señalado, se colige que en un Estado Constitucional de Derecho, tanto gobernantes como gobernados, deben someterse al imperio de la ley, a fin que no sean los caprichos personales o actuaciones discrecionales, las que impongan su accionar, desconociendo lo anteladamente establecido por la norma positiva, vulnerando el principio de seguridad”; principio que se configura como uno de los elementos que compone el debido proceso y se traduce en el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuya finalidad es garantizar la protección de toda persona sometida a un determinado proceso, para que durante la tramitación de su causa, se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la ley. La SCP 0096/2010-R de 4 de mayo, expresa: “Sobre la seguridad jurídica, invocada en su momento por la accionante, como ‘derecho fundamental’, cabe señalar que, si bien la Constitución Política del Estado abrogada, en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en su art. 7 inc. a), establecía que toda persona tiene el derecho: ‘A la vida, la salud y la seguridad’, a partir de lo cual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció la consagración del ‘derecho a la seguridad jurídica´ como derecho fundamental, y en su mérito, ante la constatación de su vulneración, en repetidas ocasiones otorgó la tutela del amparo. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Esta característica actual, es coincidente con lo establecido por otra Constitución y Tribunal Constitucional, tal el caso de España que en su Constitución en el art. 9.3, establece a la seguridad jurídica como principio, y en su jurisprudencia, a través de la STC 3/2002 de 14 de enero, ha señalado que: ‘la seguridad jurídica es un principio general del ordenamiento jurídico y un mandato dirigido a los poderes públicos que no configura, sin embargo, derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda interesarse en el proceso constitucional de amparo’.

En consecuencia, y volviendo a la realidad jurídica nacional actual, se debe tener claramente establecido que ‘la seguridad jurídica’ al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento. De tal manera que cuando se viola un derecho fundamental en esa instancia procesal sea judicial o administrativa, deviene en la inobservancia a este principio de orden general y procesal, es decir, es un efecto o consecuencia; más sin embargo ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal. Por ello, cuando se exigía la tutela en su generalidad se lo hacía unido a otros derechos como lógica consecuencia, no así de manera independiente”; criterio reiterado en las SSCCPP 1238/2013-L de 23 de octubre y 1123/2017-S3 de 31 de octubre, lo que permite concluir que la acción de amparo constitucional no tutela principios sino solamente derechos y garantías constitucionales.

III.3. La aplicación del precedente jurisprudencial y el derecho a la igualdad procesal

En relación al precedente jurisprudencial, la SCP 1401/2015-S2 de 23 de diciembre, señala que: “La Corte Constitucional de Colombia, entendió al precedente judicial como: ‘…aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia’. (Sentencia T-112 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.)

En consonancia con dicho entendimiento, este Tribunal ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional así como de otras instancias ordinarias, y ha advertido que los principios de autonomía e independencia decisoria, tienen límite en los mandatos constitucionales, los cuales obligan a los juzgadores -judiciales o administrativos-, a que al decidir respecto a asuntos sometidos a su conocimiento y competencia, tengan en cuenta tanto el precedente de los tribunales de cierre como el dictado por ellos mismos; de donde se infiere que el precedente se manifiesta en dos dimensiones: i) Horizontal, por la que se exige la observancia y acatamiento de las decisiones emitidas por el mismo juzgador o las pronunciadas por una autoridad de similar jerarquía; y, ii) Vertical, que impele a la aplicación de las determinaciones asumidas por autoridad superior jerárquica.

Ahora bien, partiendo de que una decisión -judicial o administrativa, se compone de tres elementos: a) La decisión del caso o decisum; b) Las razones directamente vinculadas de forma directa y necesaria con la decisión o ratio decidendi; y, c) Los argumentos utilizados para dar forma al fallo judicial u obiter dicta; corresponde aclarar que de todos ellos, únicamente la ratio decidendi constituye el precedente.

En este contexto, un fallo que funda precedente, se instituye en relevante para la solución de un caso de similares características fácticas y obliga a su aplicación, cuando la ratio decidendi contiene una norma vinculada con el caso posterior, debiendo haber sido la base para la solución de un dilema jurídico semejante; es decir que, debe existir semejanza entre los hechos o normas aplicadas en la primera sentencia y aquellos que devendrán de la segunda problemática. De ahí que resulta coherente que cuando se presentan supuestos fácticos análogos que ameritan la aplicación de un mismo procedimiento y norma, el juzgador está compelido a considerar vinculante el precedente; deber que se sustenta de forma implícita en los principios de igualdad, seguridad jurídica, cosa juzgada, racionalidad y razonabilidad.

Esto en razón a que de acuerdo al principio de cosa juzgada, se otorga a los destinatarios de las decisiones asumidas dentro de un proceso, seguridad jurídica y previsibilidad respecto a la interpretación y aplicación de la norma; y no obstante que el derecho no es una ciencia exacta y obedece al fuero interno del juzgador, es preciso que exista certeza sobre la decisión, lo que hace necesario que la administración de justicia imponga seguridad y consistencia en las decisiones, garantizando una protección jurídica eficaz y eficiente. De esta forma, la observancia del precedente será al derecho lo que el principio de probidad a la administración de justicia; de ahí que un buen juzgador, será aquel que habiendo asumido una decisión en un caso concreto sea capaz de aplicar el mismo razonamiento en otro asunto que presente características similares” (las negrillas nos corresponde).

Dicha Sentencia Constitucional Plurinacional también realizó una necesaria vinculación del derecho a la igualdad y la aplicación del precedente jurisprudencial señalando que: “Por mandato del art. 14.V de la CPE, las leyes se aplican a todas las personas; es decir que tanto administrados como administradores, se encuentran obligados a su cumplimiento y observancia; por tanto, todo funcionario que administra justicia, se halla en la obligación de aplicar los precedentes jurisprudenciales como fuente del derecho, debido a que las sentencias previas pueden contener en su texto diversas formas en las que con anterioridad se realizó la interpretación de las normas; y aún, cuando el art. 178.I superior, consagra el principio de independencia judicial que comprende a su vez la independencia interpretativa, debe tenerse en cuenta que la aplicación del precedente jurisprudencial, se encuentra vinculada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, el cual fija límites a los criterios de interpretación del derecho.

Entonces, cuando un juzgador, al momento de asumir una decisión sobre un caso sometido a su conocimiento, encuentra tensión entre el principio de autonomía judicial, entendido como la facultad de resolver los asuntos de acuerdo a su sana crítica en el marco de la ley, y el derecho a la igualdad, comprendido como el deber de fallar de la misma manera en casos similares, se halla forzado a buscar un punto de equilibrio entre ambos, el cual sólo será materialmente perceptible a partir de la vinculación del precedente al caso actual.

No obstante, es pertinente aclarar que la aplicación del precedente jurisprudencial puede ser obviada por el juzgador, siempre y cuando justifique de manera razonable los motivos para apartarse de sus decisiones previas o de aquellas generadas por otras instancias, debiendo expresar los argumentos por los cuales los casos no pueden resolverse de la misma forma o que es necesaria una corrección jurídica al precedente, lo que a más de ser absolutamente aceptable, evita la perpetuación innecesaria y poco saludable de posiciones otrora impuestas en base a razonamientos que por su extendida vigencia incurren en rigor excesivo o total obsolescencia; por lo que, una visión fresca de la norma y entendimiento acorde con nuevo espíritu garantista globalizado, permitirá la evolución de los entendimientos judiciales como manifestación democrática de una cultura reconstructiva del sistema constitucional y jurídico, que tenga como base el principio de la autonomía funcional del juez” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). La Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales [arts. 14 de la CPE y 26 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)], reconocen el derecho a la igual de las partes procesales durante la tramitación de una causa, como elemento sustancial de ordenamiento jurídico del Estado, al emerger de la propia particularidad de la dignidad humana y materializarse en el reconocimiento de que las personas no se distinguen entre sí por diferencias sustanciales; puesto que, al tratarse de seres humanos son en esencia iguales y por ende merecen el mismo trato, independientemente, claro está, de la diversidad que surge entre ellos por cuestiones de raza, edad, sexo, religión, ideología y “otros”.

En este contexto, la igualdad procesal implica que ante la ley nadie tiene preferencias de ningún tipo, encontrándose proscrito el establecimiento de tratamientos normativos diversificados que establezcan diferencias injustificadas, arbitrarias y discriminatorias; ya que, la igualdad jurídica no radica en la “no diferenciación” sino en la “no discriminación”; de donde se infiere que todas las personas sujetas a la aplicación de una misma norma o que se encuentren en una situación jurídica igual, deben someterse a un idéntico tratamiento; puesto que, lo contrario implicaría discriminación en el plano jurídico.

III.4. De la irretroactividad, retroactividad, ultractividad de la ley y retrospectividad

La SCP 0067/2015 de 20 de agosto, establece que: “La aplicación de la ley, se rige por uno de los principios más elementales que es su irretroactividad, que expresa que ésta no debe tener alcances hacia atrás en el tiempo; sus efectos normativos solo operan después de la fecha de su promulgación, para casos por venir.

El principio de irretroactividad de la ley se funda en la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, porque sin el referido principio se darían confusiones en cuanto a la oportunidad de regulación, para evitar que con un interés presente, -actual- se regule una actuación pasada que podría resultar excesiva en el sentido de justicia por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Desde una óptica general el efecto retroactivo no está permitido por cuestiones de orden público, las personas tienen confianza en la ley vigente, y de acuerdo a ella realiza sus transacciones y ejecutan sus obligaciones jurídicas; otorgar este a una ley de modo general, destruye la confianza y seguridad que se tiene respecto de ella. Empero desde otra óptica de la doctrina del derecho, se refiere que la retroactividad, es un posible producto de las normas o actos jurídicos que implica la extensión de su aplicación sobre hechos pasados o anteriores a la ley, como se tiene referido, por principio general, la irretroactividad es la prohibición de emplear una disposición jurídica a sucesos o actos de consecuencias legales anteriores a la entrada en vigencia de cualquier precepto legal, salvo en algunas materias como es la penal; ya que, ésta se rige por el principio de irretroactividad que busca proteger a los ciudadanos de que se les pueda sancionar a posteriori por un acto que cuando fue realizado no estaba prohibido, también se aplica este principio cuando, durante el proceso se dicta una ley más gravosa para el imputado en cuyo caso la ley derogada mantiene su vigor por ser más benigna. A este último se lo denomina ultractividad de la ley penal. La doctrina en sus diferentes conceptos de forma clara señaló que, si se presenta alguna disposición de cualquier norma jurídica procede su uso bajo el amparo de cualquier tratado internacional o principio pro persona, a un hecho o acto anterior a la entrada en vigencia de una ley, entonces estaríamos en el supuesto de la aplicación retroactiva en virtud a que se utiliza uno de estos principios, es por ello que a este acto jurídico los más altos tribunales internacionales lo denominan ultractividad de la ley que es aplicable en dos supuestos: 1) En procesos pendientes de concluir a la derogación de una ley.

2) Aplicación de un precepto legal bajo el principio pro persona o un tratado internacional (MDC Edgar Meg-Depto.Legal Inteligis). Conforme a la Teoría General del Derecho, es precisa la aplicación del principio ‘tempus regit actus’ , que se traduce en que la norma en vigor al momento de acontecer los hechos por ella prevista, es la que se emplea a esos, aunque la disposición haya sido derogada después; es así que la ultractividad de la ley es un problema de uso de ésta en el tiempo e íntimamente ligada al principio de que todo suceso, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración. Conforme al principio fundamental de irretroactividad de la ley, consagrada por la actual Constitución Política del Estado, la vigencia y aplicación de las leyes en el tiempo sólo opera hacia el futuro, es decir, que las leyes sólo rigen para lo venidero. Esto significa que son de aplicación obligatoria a partir de su publicación o de la fecha prevista por la propia ley, para aquellos casos en los que el legislador establezca una ‘vacación legis’. Sin embargo, cabe también señalar que el principio de la irretroactividad tiene dos excepciones: i) La primera excepción es la aplicación retroactiva de las leyes, en casos específicamente definidos en la propia norma constitucional que consagra el principio de la irretroactividad; lo que significa que en los casos expresamente previstos por el constituyente las leyes pueden ser empleadas en forma retroactiva a casos sucedidos antes de promulgación y publicación. Al respecto, el art. 123 de la CPE, que consagra el principio de la irretroactividad, ha previsto expresamente la excepción a la regla disponiendo la aplicación retroactiva de la ley en los siguientes casos:

‘…en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadores y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y, en el resto de los casos señalados por la misma Constitución’. ii) La segunda excepción, es la ultractividad de las leyes, que determina que las normas prevalecen en el tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria, y básicamente se manifiesta en dos casos: a) Cuando un acto acontece en un momento determinado del tiempo, éste se somete a las normas vigentes en esa oportunidad, pero cuando se promulga una nueva disposición que rige la misma materia, se aplica el precepto anterior hasta concluir con el procedimiento establecido, pese a que coexiste otra norma -nueva- en el mismo tiempo; y b) Promulgación de preceptos menos favorables a las vigentes, referente a actos que se han suscitado en vigor de la anterior disposición, se emplean las primeras sobre la base del principio de favorabilidad, a contrario sensu a la norma prevista en el art. 116.II de la CPE, que prevé que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible y en consecuencia, sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más beneficiosas”. Por su parte, la SCP 0500/2022-S1 de 4 de julio, en relación a la retrospectividad de las normas declaradas inconstitucionales, manifestó que: “…por regla general, las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una disposición legal, tienen efecto hacia futuro, lo que significa que aquellos actos cumplidos en vigencia de la disposición legal que se presumía constitucional, se mantienen inalterables; sin embargo, del contenido de la misma norma, se extrae que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma pueden tener efecto retrospectivo cuando se trata de resoluciones que no tengan la calidad de cosa juzgada; es decir, cuando el proceso se encuentre en curso y esté pendiente la sentencia o resolución o cuando esta no esté firme en virtud a que no se han agotado los medios de impugnación existentes, o cuando, frente a la lesión de derechos fundamentales y garantías, la resolución o el acto hubieran sido impugnados a través de las acciones de defensa correspondientes (dentro del plazo de seis meses tratándose de la acción de amparo constitucional). (…) En consecuencia, si bien es cierto que por regla general, la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma legal y su consiguiente expulsión del ordenamiento jurídico dispuesta por una Sentencia Constitucional Plurinacional, tiene efecto hacia el futuro, y por ende, no afecta a las resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada ni a los actos cumplidos en vigencia de la norma; empero, por vía de excepción, es posible su aplicación retrospectiva respecto a resoluciones que no hayan adquirido calidad de cosa juzgada.

(…) Así entonces, las diferencias sustanciales entre la figura de la irretroactividad y la retrospectividad, radica en los efectos de ambas, la primera encuentra su sustento en los principios de seguridad jurídica a objeto de preservar el orden público, pues impide que una ley ya derogada o abrogada continúe surtiendo efectos, salvo determinadas circunstancias específicamente referidas en la norma (en materia penal cuando beneficie al imputado o imputada, o laboral cuando la norma así lo determina ultractividad), o que de alguna manera se encuentre establecida su vigencia a ciertos actos. u hechos que por su transición normativa continúan vigentes por un cierto tiempo; la retrospectividad establecida en el art. 14 del CPCo, nace de la facultad del Tribunal Constitucional Plurinacional al momento de realizar control normativo de las normas, facultando a este ente de expulsar -no derogar, ni abrogar normas, pues ello es facultad propia del Órgano legislativo- una norma del ordenamiento jurídico, declarada inconstitucional, aunque con efectos derogatorios y abrogatorios y en el caso de la declaratoria de inconstitucionalidad por omisión -le faculta a agregar dentro de la normativa lo omitido que importa de igual manera una inconstitucionalidad-; entonces, la retrospectividad, viene a constituirse en una excepción de la regla por la cual una sentencia que declara inconstitucional una norma de manera general tiene efecto hacia el futuro -lo que significa que aquellos actos cumplidos, en vigencia de la disposición legal que se presumía constitucional, se mantienen inalterables-; por lo que el efecto retrospectivo de la norma declarada inconstitucional se da cuando el curso del proceso se encuentra pendiente de resolución o no cuente con sentencia con calidad de cosa juzgada o ante la lesión de derechos fundamentales y garantías, la resolución o el acto se hubieren impugnado a través de acciones constitucionales y estas no cuenten con cosa juzgada constitucional. De lo mencionado, conforme se desarrolló en el fundamento precedente existen situaciones establecidas en el artículo que permiten la aplicación retrospectiva de una norma declarada inconstitucional, ya que esa declaración de inconstitucionalidad no se rige a los principios de la irretroactividad de la norma, cuando esta es derogada o abrogada; sino al principio de aplicación de las normas en el tiempo, siendo esta su principal diferencia; en cuanto a su tratamiento específico, -art. 121.II. de la CPE-” (las negrillas nos corresponden).

III.5. Análisis del caso concreto

La parte accionante dentro de los expedientes 51836-2022-104-AAC y 52222-2022-105-AAC -acumulado-, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia interna y externa; y, valoración de la prueba; predictibilidad de las decisiones judiciales; defensa; igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas, así como a los principios de igualdad, seguridad jurídica y aplicación objetiva de la ley; puesto que, las entonces Magistradas ahora accionadas a través del Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, anularon obrados hasta el auto de admisión dentro de la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, formulada por el entonces Superintendente Agrario Interino del SIRENARE contra Raúl Jordán Pereda, Juan Carlos y Luis Rolando ambos Jordán Llantén herederos de Raúl Jordán Velasco, otorgado en favor de este último el 24 de febrero de 1969 y rechazaron la demanda, en atención a que la ABT creada en reemplazo de la Superintendencia Agraria, ante la derogatoria de la Disposición Final Vigésima del DS 29215 dispuesta mediante el DS 3467, perdió competencia para conocer y presentar demandas de nulidad título ejecutorial; argumento incongruente, carente de lógica jurídica, formalista, contrario a la ley, doctrina y al precedente jurisprudencial agroambiental vinculante relativo a la “perpetuación de la legitimación activa”, que inobservó el alcance del art. 116.2 del CPC, al interpretar y aplicar arbitrariamente el DS 3467 y la SCP 0176/2020-S4, que carece de analogía fáctica con la problemática expuesta.

Consideraciones previas Primera. Sobre los argumentos expresados por las entonces Magistradas ahora accionadas en el Informe presentado el 19 de septiembre de 2022 (fs. 923 a 926), referido a que el Director Ejecutivo de la ABT -accionante- a través de sus representantes legales, hubiese acudido a la jurisdicción constitucional fuera del plazo de los seis meses establecido por el art. 55 del CPCo, incumpliendo el principio de inmediatez que rige para la acción de amparo constitucional; es necesario aclarar que, dicha afirmación no es evidente al constatarse por diligencia cursante a fs. 688 del exp. 51836-2022-104-AAC (Exp 1); puesto que, la notificación con el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, al nombrado fue practicada el 10 de febrero de igual año y esta acción de defensa fue presentada el 10 de agosto del mismo año (fs. 868 a 877 vta.); por lo que, se encuentra dentro del término exigido, correspondiendo realizar un examen de fondo con relación a la denuncia de vulneración de los derechos de la ABT a cargo del accionante.

Segunda. Ante la cuestión previa formulado por el ahora tercero interesado Raúl Jordán Peredo respecto de la falta de legitimación activa de los accionantes Eleuterio Vargas Ticona, Damián Policarpio Blanco Díaz y Justo Raúl Quispe Quisbert, al no haber demostrado su personería jurídica y la representación legal que presuntamente ostentaban poseer como “…representantes legales de la Comunidad de Mallasilla…” {sic (fs. 29 del exp. 52222-2022-105-AAC [Exp 2]}; aspecto que luego del debate la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó que dicha comunidad al no ser Indígena, sino Campesina (fs. 6 [Exp 2]), no podía exigírsele acreditar su personería como se exige a las sociedades anónimas, de participación limitada, persona jurídica de derecho privado o incluso una persona jurídica de derecho público; por lo que, “…la audiencia se va desarrollar de la misma forma, porque dos personas que están en esta audiencia, han participado en el proceso principal y esta sería una exegesis (…) son una Comunidad Campesina, no es indígena…” [sic (fs. 612 vta a 613)]. Evidenciándose igualmente en el exp. 51836-2022-104-AAC (Exp 1), al presentar su memorial en calidad de tercero interesado, Justo Raúl Quispe Quisbert, lo hizo como “…legítimo representante de la Comunidad Mallasilla…” (sic [fs. 1267]); habiendo participado junto a Eleuterio Vargas Ticona y Damián Policarpio Blanco Días en la audiencia de esa acción de amparo constitucional ostentando su representación, así como reiterando dicha calidad mediante el memorial cursante a fs. 1724, al que adjuntaron la Resolución 279/2022, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional (exp. 52222-2022-105-AAC [Exp 2]). Sobre el particular, es necesario precisar que, revisados los antecedentes del indicado exp. 52222-2022-105-AAC [Exp 2], no se advierte poder de representación legal que los miembros de la comunidad de Mallasilla -considerada como una comunidad campesina por los Vocales de Sala Constitucional Primera- hubiesen otorgado a Eleuterio Vargas Ticona, Damián Policarpio Blanco Díaz y Justo Raúl Quispe Quisbert para interponer esa acción de amparo constitucional, tal cual se exige como requisito lo establecido por el art. 33.1 del CPCo; empero, al tener los accionantes de acuerdo a las cédulas de identidad cursantes de fs. 2 a 4 sus domicilios fijados en la zona de Mallasilla, se entiende que los fundamentos del cuestionado Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, vulneraron los derechos que fueron denunciados como agraviados en el memorial de acción de amparo constitucional; por lo que, poseen legitimación activa al encontrarse directamente agraviados y recaer sobre ellos las consecuencias jurídicas del referido Auto Interlocutorio, debido a la naturaleza de los derechos individuales tutelados vía amparo constitucional; por cuanto, “…la presencia del agravio personal y directo es una condición sine qua non para la interposición del amparo, de manera tal que esta acción extraordinaria no puede ser presentada por una persona que no se encuentra lesionada en sus derechos o garantías fundamentales, es decir que no puede plantear un recurso de amparo quien no tiene afectados sus intereses jurídicos o no le perjudica de manera directa el acto u omisión reclamada” (SC 0242/2003-R de 27 de febrero), habiendo actuado cada uno en consecuencia, en defensa de sus propios derechos y no en representación de la comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, la cual no les otorgó poder de representación alguno, procediéndose en consecuencia al examen del caso presentado solo respecto de los derechos supuestamente vulnerados de Eleuterio Vargas Ticona, Damián Policarpio Blanco Díaz y Justo Raúl Quispe Quisbert -accionantes en el (Exp.2)-. De la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia interna y externa; y, con relación con los principios de igualdad, seguridad jurídica y aplicación objetiva de la ley Conforme se advierte de las Conclusiones II.1. y II.2., el 14 de febrero de 2007, quien entonces fungía el cargo de Superintendente Agrario Interino del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables interpuso contra Raúl Jordán Pereda, Juan Carlos y Luis Rolando ambos Jordán Llantén ante el Tribunal Agrario Nacional una demanda de nulidad respecto del Título Ejecutorial 384319, Serie A, expedido en favor de Raúl Jordán Velasco el 24 de febrero de 1969, dentro del trámite de afectación del ex Fundo denominado Mallasilla del departamento de La Paz; demanda que fue admitida mediante Auto 30/2007 y mereció la Sentencia Agraria Nacional S1ª 24/2011 y se dejó sin efecto a través de la SCP 0854/2013, concediendo parcialmente la acción de amparo constitucional presentada y confirmó la decisión asumida por el Tribunal de garantías, al no haberse exigido a la entidad accionante ABT señalar las generales de ley de los entonces terceros interesados a objeto de disponer su citación con dicha acción de defensa (Conclusión II.3.). Revisados los antecedentes que forman parte del expediente 52222-2022-105-AAC (acumulado), se advierte -conforme indica el memorial presentado el 23 de agosto de 2013 (fs. 406 a 409 vta. [Conclusión II.4.])- que cumpliendo dicho fallo constitucional, por decreto de 5 de agosto de 2013, el Magistrado semanero del Tribunal Agroambiental Plurinacional, dispuso con carácter previo a la admisión de la demanda de nulidad de título ejecutorial y memoriales de ratificación de fundamentos, que la ABT debía subsanar en el plazo de quince días calendario, computables a partir del día siguiente hábil de su notificación con dicho decreto, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la demanda de acuerdo con la última parte del art. 333 del CPC abrg., aplicable por la supletoriedad dispuesta mediante el art. 78 de la Ley 1715, que: 1) Se apersone y ratifique expresamente conforme a derecho la demanda de nulidad de título ejecutorial interpuesta por el Superintendente Agrario interino del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables, al ser la actual administración estatal “…la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y tierra -ABT al asumir las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de la indicada Superintendencia conforme lo dispuesto por el D.S. 071, al ser necesario e imprescindible la regularización de dicha acción por la autoridad que actualmente cuenta con legitimación activa” (sic). 2) Señale con precisión los domicilios de los demandados o ratifique expresamente si desconoce los mismos. 3) Señale con precisión y claridad los nombres y domicilios de los ahora terceros interesados, quienes pudiesen ser afectados con las resultas del presente proceso. 4) Adjunte original o fotocopia legalizada del Título Ejecutorial 384319, Serie A de 24 de febrero de 1969 (fs. 326). Al haber presentado el Director General de Asuntos Jurídicos de la ABT -entidad accionante- el memorial de 23 de agosto de 2013, ratificando la demanda de nulidad de título ejecutorial (fs. 406 a 409 vta.- Exp. 2) y ante decreto de 5 de septiembre de 2013, que reponiendo parcialmente el decreto de 28 de agosto del mismo año, dispuso: “…ofíciese a la oficina de Derechos Reales de La Paz, a objeto de que certifique respecto de todas las transferencias emergentes del Título Ejecutorial N° 384319 Serie A de 24 de febrero de 1969, registrado en la partida N° 384, del Libro ‘D’ de 3 de abril de 1970, partida computarizada 01013850 correspondiente a Raúl Jordán Velasco y la partida computarizada 01225302 de 12 de octubre de 1993, correspondiente al registro de la declaratoria de herederos de Juan Carlos Jordán Llantén, Luis Rolando Jordán Llantén y Raúl Jordán Pereda, correspondiendo a la parte actora realizar las gestiones pertinentes y necesarias a objeto de contar con la información requerida” (sic) ampliando el plazo otorgado por diez días más y manteniendo vigente la conminatoria dispuesta en caso de incumplimiento (fs. 327 - Exp. 2); por Auto de 30 de octubre de 2013, el Tribunal Agroambiental admitió la demanda y ordenó la citación mediante edictos de los hoy terceros interesados, previo juramento de desconocimiento de domicilio.

Instruyendo además en observancia de los arts. 115.II y 119.II de la CPE y la Resolución SCI 59/2012 de 19 de febrero, emitida por el Tribunal de garantías, que se ponga en conocimiento la demanda de nulidad de título ejecutorial a las siguientes personas procediendo a señalar los nombres en los numerales 1) y 2) en calidad de terceros interesados, indicando además: “…al señalar la parte actora que desconoce el domicilio de los terceros interesados cuya nómina antecede, cítese mediante edictos previo juramento de desconocimiento de domicilio que deberá prestar el demandante en Secretaria de Sala Primera del Tribunal Agroambiental (…) debiendo publicarse el edicto por el tiempo e intervalos de ley en un órgano de prensa escrita de la ciudad de La Paz de circulación y difusión nacional, a cuyo efecto provea la parte actora oportunamente los recaudos de ley (…) 3) De igual forma, el edicto a publicarse, abarca también a cualquier persona natural o jurídica desconocida cuyo derecho pueda ser afectado con las resultas del presente proceso, para que se apersone en calidad de tercer interesado” (sic [fs. 311-Exp. 2].

Expuesta la problemática y en atención a que la ABT denuncian la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos falta de fundamentación, motivación y congruencia interna y externa, respecto del Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022; por el que, anuló obrados hasta el auto de admisión de la demanda de nulidad de título ejecutorial, manteniendo vigente e incólume la anulación dispuesta mediante la SCP 0854/2013 -que dejó sin efecto la Sentencia Agraria Nacional S1ª 24/2011, al no haber identificado el demandante a los ahora terceros interesados con la finalidad de disponer su citación con la demanda y no afectar su derecho a la defensa- y rechazaron la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, interpuesta el 14 de febrero de 2007 (Conclusión II.1.), ratificada en una primera oportunidad por memorial de 28 de octubre de 2009 (Conclusión II.2.) y en una segunda oportunidad el 22 de agosto de 2013 (Conclusión II.4.), corresponde conocer los argumentos expuestos que sirvieron de respaldo para asumir dicha decisión referidos a: Ante la extinción de todas las Superintendencias de Regulación Sectorial de acuerdo con el art. 138 del DS 29894, el 9 de abril de 2009, se creó la ABT mediante el DS 0071, autoridad a la que se confirió la facultad de asumir las competencias de la extinta Superintendencia Agraria; sin embargo, derogada de manera expresa la Disposición Final Vigésima del DS 29215, denominada: “Interposición de Acciones Contencioso Administrativas y Demandas de Nulidad de Títulos Ejecutoriales por la Superintendencia Agraria o el Viceministerio de Tierras” mediante el DS 3467, se invalidó expresamente la capacidad jurídica de obrar -legitimación activa- de la ABT, instancia dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para que en representación del Órgano Ejecutivo interponga demandas de nulidad y anulabilidad de Títulos Ejecutoriales en materia agraria; la legitimidad activa a la ABT, también incluía al Viceministerio de Tierras, entidad respecto de la que, en la SCP 0176/2020-S4 de 21 de julio, expresó sobre las acciones contenciosas administrativas interpuestas por dicho Viceministro de Tierras que: “…seguían en trámite, este despacho del Órgano Ejecutivo carecería de legitimidad activa, por la interpretación inequívoca del D.S. Nº 3467, y la aplicación retrospectiva de lo ya resuelto, sobre los mismos hechos por el mismo Tribunal Constitucional, jurisprudencia que al estar relacionada con el caso de autos resulta ser vinculante y debe ser aplicado al caso de autos; por consiguiente, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) a partir de la indicada jurisprudencia constitucional y del 24 de enero de 2018, fecha en la que entra de vigencia el D.S. N° 3467, está impedida de realizar actos procesales en la causa que se resuelve, dado que la norma y la decisión constitucional determinaron que su legitimación activa había cesado por imperio de la ley, debiendo considerarse nulos de pleno derecho, aquellos actos posteriores, de conformidad al art. 122 de la Constitución Política del Estado…” (sic).

Aclararon que la interpretación realizada por el Tribunal Agroambiental, al declarar improbada la excepción de impersonería y determinar la continuidad y desarrollo del proceso, estaba vinculada a la competencia de dicho Tribunal; empero, no así a los efectos derogatorios establecidos en el DS 3467, señalándose en el Auto Definitivo S1a 03/2022 lo siguiente: “…en ese sentido y bajo el marco normativo y los antecedentes antes expuestos de manera clara, los mismos deben ser declarados nulos, debiendo en consecuencia disponerse el archivo obrados” (sic). La demanda de nulidad de título ejecutorial inicialmente presentada por la Superintendencia Agraria a solicitud de Diputados, ratificada por el Director Ejecutivo de la ABT, con base en el DS 29894 -que determinó la extinción de las superintendencias sectoriales incluyendo la Superintendencia Agraria- creando dicha instancia conforme el art. 3 del DS 0071 y dotándole de la facultad de interponer demandas de nulidad de títulos ejecutoriales conforme la Disposición Final Vigésima del DS 29215, atribución que quedó sin efecto ante la emisión del DS 3467, que interrumpió definitivamente la legitimación activa de la ABT para demandar la nulidad de títulos ejecutoriales al disponer en la parte final de las Disposiciones derogatorias y abrogatorias textualmente dispone: “Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo”. Pronunciada la SCP 0854/2013, que confirmó la concesión de la tutela solicitada y dispuesta por el Tribunal de garantías mediante la Resolución 59/2012, alegando la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento derecho a la defensa por no exigir a las entonces Magistradas ahora accionadas “…las generales de ley de todos los terceros interesados a objeto de disponer la notificación de los mismos…”, aspecto que la ABT no regularizó; ya que, al presente los hoy terceros interesados no fueron debidamente notificados ni identificados plenamente, existiendo apersonamientos incluso a instancia de parte; por lo que, al sobrevenir el DS 3467, a la SCP 0854/2013, dejando sin efecto la facultad de la ABT para demandar la nulidad de títulos ejecutoriales, resulta inviable la presente demanda y lo dispuesto por la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo “proceder a la anulación del caso de autos”. De los argumentos expuestos se advierte lo siguiente: i) Revisada la SCP 0176/2020-S4, señala que, la problemática expuesta en ese caso se refirió a la demanda contenciosa administrativa interpuesta por el Viceministerio de Tierras contra una Resolución Final de Saneamiento después de más de dos años de ser notificada, aplicando el razonamiento expuesto en la SCP 0026/2017 de 21 de julio, pronunciada dentro de una acción de inconstitucionalidad concreta en la que se declaró: “…la INCONSTITUCIONALIDAD por omisión del Parágrafo I de la Disposición Final Vigésima del DS 29215 de 2 de agosto de 2007, con relación al art. 178. I de la CPE, en lo que respeta a la falta de previsión de plazo para la notificación al Viceministerio de Tierras y Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, con los efectos erga omnes” (las negrillas nos pertenecen), razonamiento que se aplicó en la SCP 0070/2017 de 24 de octubre, que declaró improcedente las acciones de inconstitucionalidad concreta acumuladas y formuladas contra la indicada Disposición Final Vigésima del DS 29215 y contra el art. 110 del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, por existir cosa juzgada constitucional y no estar cumplida la exigencia de una debida fundamentación; consecuentemente:

Primero. No puede pretenderse que el caso sea resuelto aplicando retrospectivamente la jurisprudencia contenida en la indicada SCP 0176/2020-S4, que citando a la SCP 0070/2017 de 24 de octubre, transcribió el argumento desarrollado en la SCP 0026/2017 de 21 de julio, que señala que: “…las normas legales impugnadas, segundo párrafo de la Disposición Final Vigésima del DS 29215 y art. 110 inc. f) del DS 29894 lo único que determina, en el contexto de la presente acción, es el reconocimiento de la facultad del Viceministerio de Tierras de interponer demandas contenciosos administrativas y de nulidad de títulos ejecutoriales o certificados de saneamiento; sin que ello implique lesión al derecho a la igualdad procesal contenida en el art. 119 de la CPE; pues de ninguna manera se restringen los derechos de las partes dentro del proceso contencioso administrativo o de nulidad que puede ser presentado ante la jurisdicción agroambiental; pues, las partes podrán ejercer su derecho a la defensa, presentar las pruebas pertinentes y, en definitiva, ser oídas por la autoridad judicial competente, el Tribunal Agroambiental (…) es evidente que las normas impugnadas no lesionan el art. 119 de la CPE, pues, se reitera no establecen ninguna restricción ni impiden el ejercicio de los derechos y garantías de las partes dentro del proceso contencioso administrativo o de nulidad que puede ser formulado por el Viceministro de Tierras”, alegato no advertido por la parte ahora accionada, que resulta contrario a lo expresado como sustento por la parte hoy accionada en el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022.

Segundo. A dicho extremo se suma además de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.4. la retrospectividad de la jurisprudencia constitucional establece que las sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional, al constituirse en un medio por el cual la Ley Fundamental desplaza su eficacia general, no están regidas por el art. 33 de la CPE, que contempla el principio de irretroactividad de las leyes, sino que tienen validez plena en el tiempo, lo que significa que los razonamientos de las resoluciones constitucionales pueden ser aplicados en los procesos que están en curso, es decir, en aquellos que no tienen calidad de cosa juzgada, sin importar que los hechos a los que ha de aplicarse el entendimiento jurisprudencial hubiesen acaecido con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional -SCP 1426/2005-R de 8 de noviembre-, siempre y cuando la problemática sea similar y deba resolverse en igual sentido; mas no como sucede en el caso objeto de análisis, en el que el objeto de la problemática planteada se refiere a una demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, otorgado en favor de Raúl Jordán Velasco el 24 de febrero de 1969, dentro del trámite de afectación del ex Fundo denominado Mallasilla del departamento de La Paz, y no una demanda contenciosa administrativa que fue objeto de examen vía acción de inconstitucional concreta -SCP 0026/2017-, cuyos entendimientos se aplicaron a momento de resolver los amparos constitucionales ya resueltos a través de las indicadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0176/2020-S4 y 0070/2017, que pretendieron ser aplicadas retrospectivamente a la presente problemática. ii) Por otra parte, de los antecedentes aparejados se puede evidenciar que, ante la solicitud de declaratoria de perención de instancia e interposición de excepciones de Luis Francisco Coaquira Manzaneda hoy tercero interesado (Conclusión II.5. - Exp 1), las entonces Magistradas ahora accionadas, emitieron en el Auto de 19 de noviembre de 2020, pronunciamiento con relación a la excepción de falta de legitimación activa de la ABT, que es totalmente opuesto a los argumentos expuestos para rechazar la demanda de nulidad de título ejecutorial tal como se advierte del cuestionado Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, por cuanto expresaron:

Primero. Con relación a la excepción de incompetencia en razón de materia, que si bien es competencia de los Gobiernos Autónomos Municipales elaborar y ejecutar planes de reordenamiento territorial y que se encuentra claramente establecida la estructura jurisdiccional del Estado de acuerdo a los arts. 179 y 300 de la CPE, dichos aspectos de acuerdo con el art. 189 de la Norma Suprema, no impedían al Tribunal Agroambiental conocer las demandas de nulidad de títulos ejecutoriales cuando las superficies de los mismos hubiesen pasado a formar parte del área urbana, al no efectuar dicha norma legal ningún discernimiento respecto de lo rural o urbano; y, Segundo. En cuanto a la excepción de incapacidad e impersonería del demandante señalaron que la Superintendencia Forestal y Agraria fue sustituida por la ABT, encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y regular los sectores forestal y agrario, misma que a partir de su creación se arrogaba las competencias y obligaciones de la anterior Superintendencia como la de proseguir con los procesos judiciales instaurados por aquella, aspecto factible al no poder concebirse la creación de una entidad nueva en sustitución de otra que no asuma las obligaciones de la antigua, lo que generaría un caos jurídico en detrimento del Estado que se vería afectado en los procesos legales asumidos por la entidad antecesora, sin que hubiesen expuesto óbice alguno ante el apersonamiento del personero legal de la nueva entidad en sustitución de la ex Superintendencia Agraria, Auto que al no haber sido dejado sin efecto por resolución posterior alguna, adquirió la calidad de cosa juzgada y al tenerse por apersonada a la ABT, permitieron prosiga el proceso iniciado por la Superintendencia Agraria Forestal. Por consiguiente, en el marco citado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, considerando que la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones implica que éstas deben contener los motivos que sustentan la decisión asumida, la exposición de los hechos, así como el sustento jurídico sin que signifique una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales; sino que, debe ser clara y concisa, además de integrar y referirse a todos los puntos demandados y los alegatos o respuestas de la parte contraria a los presuntos agravios, con la finalidad de desvirtuarlos o ratificarlos, debiendo exponerse los argumentos y las razones que justifican la determinación basada en los hechos y normas que sustentan la parte dispositiva del fallo; aspecto al que se suma, que dichos razonamientos deben ser congruentes en lo interno y externo; es decir, deben guardar estricta correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, al ser una obligación de la autoridad judicial responder a la o las pretensiones jurídicas o la expresión de agravios formulados por las partes, lo que implica la existencia de concordancia entre la parte considerativa y dispositiva de la resolución a emitirse, misma que debe mantenerse en todo su contenido, entre los distintos considerandos y razonamientos; de lo que se advierte que el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, no cumple con las exigencias y requerimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional mencionada -Fundamento Jurídico III.1.-, al carecer de la debida fundamentación y motivación, al constatarse que no se argumentó ni fundamento las razones por las cuales se determinó anular obrados hasta el auto de admisión -Auto de 30 de octubre de 2013- y rechazar la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, evidenciándose argumentos y conclusiones que denotan un apartamiento de las exigencias requeridas, con la finalidad de que el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022, contenga una clara exposición de los motivos y las razones específicas que sustenten su determinación, incurriendo en una motivación arbitraria e insuficiente, con base en criterios que se apartaron de la finalidad que persigue la demanda de nulidad de título ejecutorial y la importancia de ingresar al fondo del asunto; siendo evidente que las entonces Magistradas ahora accionadas vulneraron el derecho de la parte accionante al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia interna y externa, el mismo debe ser restablecido concediéndose la presente acción de defensa.

De igual manera resulta en contrasentido que las entonces Magistradas hoy accionadas, hubiesen expresado criterios contradictorios sin sustento con relación a la legitimación activa reconocida a la ABT en el impugnado Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 y el Auto de 19 de noviembre de 2020; desacierto que genera la vulneración a los principios de legalidad o aplicación objetiva de la ley y seguridad jurídica, con relación con el derecho al debido proceso de acuerdo con lo previsto en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, por cuanto la parte accionada ante la supuesta falta de legitimación activa de la ABT, de acuerdo con lo manifestado por los accionantes no consideró el art. 116.2 del CPC aplicable al caso de manera supletoria por previsión del art. 78 de la Ley 1715, expresándose en dichos Autos dos criterios distintos sobre un mismo problema y dentro de la misma demanda de nulidad de título ejecutorial, pretendiendo por el contrario se aplique a la problemática expuesta de manera retrospectiva la SCP 0176/2020-S4, que por la explicación brindada en el numeral 1, Primero y Segundo de este fallo constitucional, no es ni podrá ser aplicable al caso en examen; puesto que, sus fundamentos fueron desarrollados y generados respecto de las demandas contenciosas administrativas que se plantean contra las resoluciones finales de saneamiento emitidas por el INRA y no con relación a demandas de nulidad de título ejecutorial, tal como se explicó precedentemente, omisión que vulnera el derecho al debido proceso ante la indebida aplicación de la jurisprudencia constitucional, a tiempo de resolver el supuesto de legitimación activa de la ABT para proseguir con la demanda señalada.

En se sentido, si bien es evidente que las entonces Magistradas ahora accionadas afirmaron que la jurisdicción agroambiental asumió ese criterio con base en la aplicación retrospectiva de la jurisprudencia contenida en la SCP 0176/2020-S4 e interpretación del DS 3467, para concluir que la ABT estaba impedida de realizar actos procesales dentro de la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A; ya que, dicha norma y la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional determinaron que su legitimación activa había cesado por imperio de la ley; no es menos cierto que la legitimación activa de la ABT ya fue reconocida por las nombradas no solo al interior de dicha demanda, mediante el Auto de 19 de noviembre de 2020, resultando inclusive el cuestionado Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 contradictorio a los razonamientos expresados por la propia Sala Primera del Tribunal Agroambiental, así la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 81/2019, señala que: “‘…si bien mediante Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0026/2017 de 21 de julio de 2017, se declaró la inconstitucionalidad de la Disposición Final Vigésima del D.S. N° 29215, en virtud de la cual el Viceministerio de Tierras, basó su legitimación activa para interponer la demanda contencioso administrativa de autos, no es menos cierto que dicha declaratoria de inconstitucionalidad es de 21 de julio de 2017, es decir posterior a la fecha de interposición de la demanda cursante en autos que data de 02 de diciembre de 2016, así como del Auto de admisión de demanda de fecha 02 de febrero de 2017; en ese sentido, corresponde citar a la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1ª 06/2018 de 27 de marzo de 2018, que en otro proceso contencioso administrativo instaurado por el Viceministerio de Tierras, refiere: “..se tiene que el instituto jurídico de la perpetuatio legitimationis o perpetuación de la legitimación, por medio del cual las partes que están legitimadas en el proceso mantienen esa legitimación, no obstante se produzcan cambios posteriormente que, de haberse dado antes de que se iniciara el proceso, habrían impedido que se presentara la demanda por falta de legitimación, es decir que, en el caso de sub lite, la resolución de la problemática planteada ha de efectuarse conforme a la situación de hecho y derecho en que estaban las partes y el objeto del proceso en el momento en que se constituyó la relación jurídica procesal, ello en virtud a que la falta de legitimidad activa en el Viceministerio de Tierras para la interposición de demandas contencioso administrativas y nulidad de Títulos Ejecutoriales, producto de la promulgación del D.S. N° 3467 de 24 de enero de 2018, no le priva del interés legítimo de su pretensión como parte actora, es decir que, se mantienen incólumes las condiciones objetivas y subjetivas existentes al momento en que se trabó la relación procesal entre partes, de manera que no son válidas las condiciones que modifican, en el caso la legitimidad activa del demandante Viceministerio de Tierras, que se produzcan con posterioridad a la constitución de la relación jurídica procesal conforme ya se tiene anotado, pues la circunstancia de la promulgación y vigencia del D.S. N° 3467 sólo afecta la legitimidad del demandante desde ese momento y no lo priva del interés legítimo de su pretensión” (Cita textual); es decir que el Viceministerio de Tierras en el proceso de autos, mantiene su legitimación activa como demandante en el presente proceso, por haber comenzado a ejercer la misma, de manera anterior a la declaratoria de inconstitucionalidad mediante SCP N° 0026/2017 y antes de la promulgación del D.S. N° 3467 de 24 de enero de 2018, que deroga dicha facultad y legitimación para ser demandante...”’, criterio que fue reiterado entre otras, en la SAP S1ª 129/2019 de 2 de diciembre, debiendo considerarse al efecto el razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.4. de esta resolución constitucional referido a que el juzgador está compelido a considerar vinculante el precedente jurisprudencial emitido, cuando se presentan supuestos fácticos análogos que ameritan la aplicación de un mismo procedimiento y norma, deber que se sustenta de forma implícita en los principios de igualdad, seguridad jurídica, cosa juzgada, racionalidad y razonabilidad; sin embargo, si bien ese precedente puede ser soslayado por el juzgador, será necesario que dicha autoridad justifique razonablemente los motivos por los que se apartará de su decisión previa y expresar los argumentos por los que no puede resolver la problemática expuesta en la misma forma que un caso similar, o por el contrario, fundamentar la necesidad de realizar una corrección jurídica al precedente debidamente fundamentada y motivada que signifique un cambio de línea o una modulación a la línea jurisprudencial asumida. Respecto a la vulneración del derecho a la defensa

Con relación a la denuncia de vulneración del derecho a la defensa, al no haber emitido un pronunciamiento respecto de la adopción de la medida cautelar de anotación preventiva, prohibición de no innovar y realizar transferencias efectuadas por la comunidad de Mallasilla del departamento de La Paz, mediante memorial de 13 de febrero de 2019, que fue otorgada y se mantienen subsistente, omisión que genera indefensión y vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y omisión en la valoración de la prueba; conforme refiere la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, el mencionado derecho enuncia dos connotaciones: “La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones…” (las negrillas y el subrayado son nuestros); de los argumentos expuestos en el memorial de interposición de este amparo constitucional, se constata que la parte accionante no efectuó ninguna denuncia ni refirieron actos que hubiesen significado agravio a ese derecho, habiendo por el contrario expresado su descontento a la falta de adopción de la medida cautelar de anotación preventiva, prohibición de no innovar y realizar transferencias en la Comunidad de Mallasilla, situación que limita la apertura de la competencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional para realizar un análisis al respecto.

Finalmente, en cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, predictibilidad de las decisiones judiciales; igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas, los accionantes dentro de los expedientes acumulados 51836-2023-104-AAC y 52222-2022-105-AAC, únicamente se limitaron a citarlos, sin realizar fundamentación alguna al respecto ni demostrar objetivamente la presunta vulneración; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto de los mismos no efectuará análisis alguno.

Otras consideraciones Con relación a la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional corresponde expresar que la SCP 0997/2012 de 5 de septiembre, señala que: [Tratándose de autoridades o funcionarios que ya hubiesen dejado los cargos, la jurisprudencia ha señalado lo siguiente: SC 0107/2012 de 23 de abril, «…la legitimación pasiva es la capacidad jurídica otorgada al particular, autoridad o servidor público, a efectos de que pueda responder por los supuestos actos ilegales endilgados en su contra; y en los casos en que los actos denunciados de lesivos a los derechos y garantías fundamentales sean cometidos dentro de un proceso judicial o administrativo, la legitimación pasiva recaerá sobre el juez, tribunal u órgano que asumió la decisión, no obstante hubiera hecho dejación del cargo, así como contra la nueva autoridad que ejerce el mismo. En ese sentido se ha pronunciado el anterior Tribunal Constitucional en la SC 0761/2011-R de 20 de mayo, al referir que: “…en cuanto a la coincidencia que debe existir entre la autoridad demandada y la que efectivamente cometió la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuando no se demanda al funcionario que al momento de la presentación de la demanda dejó de ejercer las funciones desde las que cometió el supuesto acto ilegal sino al que se encontraba fungiéndolas a momento de la presentación demanda, estableció lo siguiente: ‘(…) cuando el funcionario o autoridad ya no ocupa el cargo en el que se encontraba cuando ocasionó la lesión al derecho o garantía; en estos casos, la demanda debe dirigirse contra la persona que en el momento de la presentación de la acción, se encuentra desempeñando esa función, a quien sólo le alcanzarán las responsabilidades institucionales, más no así las personales, si las hubiere”’»] (las negrillas nos pertenecen). En atención a la jurisprudencia mencionada, corresponderá a los actuales Magistrados que conforman la Sala Primera del Tribunal Agroambiental Plurinacional que asumen funciones en dicha institución, observar la presente determinación y cumplirla, conforme con los fundamentos jurídicos, expuestos precedentemente. En consecuencia, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, al denegar la tutela solicitada, (expediente 51836-2022-104-AAC), obró de manera incorrecta. Por su parte la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta (expediente 52222-2022-105-AAC [acumulado]).

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0155/2022-SCII de 2 diciembre, cursante de fs. 1736 a 1739 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (expediente 51836-2022-104-AAC); y, CONFIRMAR la Resolución 279/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 636 a 661, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (expediente 52222-2022-105-AAC (acumulado); y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S1ª 03/2022 de 8 de febrero, emitido por Sala Primera del Tribunal Agroambiental y se ordena que los nuevos Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental pronuncien un nuevo auto interlocutorio definitivo considerando los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, dando lugar a la continuidad del trámite de la demanda de nulidad del Título Ejecutorial 384319, Serie A, expedido el 24 de febrero de 1969, en favor de Raúl Jordán Velasco hasta la emisión de una sentencia agroambiental plurinacional conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1944_2026-S1.pdf · páginas 1 a 60.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0d69dcbeb8798ea17ddcf0433ca65884e6990019a1d279d80cda1d6947c4bca2

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