Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 78/2024 de 11 de octubre, cursante de fs. 38 a 42, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al fondo de lo impetrado. 2º Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniéndose firmes y vigentes los actos procesales que pudieron haberse generado en cumplimiento de la Resolución 78/2024 de 11 de octubre, pronunciada por la Jueza de garantías mencionada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1846/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68098-2024-137-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 78/2024 de 11 de octubre, cursante de fs. 38 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pablo Soruco Chamoso, Vanina Fernández Choque y Moisés Álvaro Cardona Sánchez en representación sin mandato de Demetrio Alexander Garzón Iniguez contra Omar Viscarra Ríos, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija.
El accionante, a través de sus representantes, mediante memorial presentado el 10 de octubre 2024, cursante de fs. 27 a 30, denuncia la vulneración del debido proceso y su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista 197/2024-SP2 de 9 de agosto, dispuso sustituir su detención preventiva por detención domiciliaria con escolta policial; pese a ello, el Juez demandado, en lugar de ejecutar de inmediato la decisión superior, alegó supuestas ambigüedades en la redacción del fallo y se negó a efectivizar la medida, generando una dilación indebida y restringiendo arbitrariamente su libertad, aun cuando la referida Sala corrigió posteriormente el error material del Auto de Vista, aun así, se negó la solicitud, condicionando la cesación de la detención preventiva a la presentación de un informe psiquiátrico; interpretación que excede lo dispuesto en alzada; por lo descrito, solicita se conmine al demandado a cumplir de manera inmediata lo dispuesto por el referido Auto de Vista. Omar Viscarra Ríos, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, por informe cursante a fs. 35, refirió que la parte resolutiva del Auto de Vista genera confusión, pues en algunos párrafos dispone la detención domiciliaria condicionada a un informe psiquiátrico, y en otros, la detención preventiva con escolta policial, sin precisar desde cuándo se materializarían los efectos de la medida. Esta falta de claridad, dificulta asumir decisiones en un proceso donde la víctima es una menor de edad con protección reforzada, aclarando que no busca perjudicar al procesado, sino proteger a la víctima. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 78/2024 de 11 de octubre, cursante de fs. 38 a 42, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su legal notificación, se dé cumplimiento al Auto de Vista y a la Resolución de 9 de septiembre de 2024, siempre y cuando ya se encuentren los informes que verifiquen donde se cumplirá la detención domiciliaria con escolta, bajo el fundamento de que, si el demandado tenía duda sobre lo dispuesto por la precitada Sala Penal Segunda, debió solicitar aclaración, y no adoptar una actitud pasiva; por lo que, la demora en la sustitución de la detención preventiva por domiciliaria, vulneró el derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La SCP 0015/2025-S3 de 19 de febrero, establece:
(…) [L]a garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.
El accionante, denuncia dilación y resistencia del Juez demandado para cumplir la decisión de Alzada que dispuso su detención domiciliaria con escolta policial. De los antecedentes del presente fallo constitucional, se tiene el Auto de Vista 197/2024-SP2 de 9 de agosto, por el cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dio parcialmente curso a la apelación interpuesta por el ahora accionante disponiendo: “…como lo ha pedido la propia Defensa del imputado, su detención domiciliaria en tanto y en cuanto el imputado sea avaluado por un psiquiatra que adecúe, si las circunstancias así lo ameritan, a lo previsto en el art. 86 CPP, o resuelva lo que corresponde. Por lo tanto, LA DETENCIÓN PREVENTIVA ES CON ESCOLTA POLICIAL, (…) por ello es que también estamos declarando parcialmente con lugar la apelación, disponemos Detención Preventiva Con Escolta, el imputado debe estar a cargo seguramente de la madre que figura ahí en algunos acápites o el padre también del imputado y la Detención Domiciliaria se mantendrá en tanto y en cuanto se evacue un Informe Psiquiátrico que se adecue, al art. 86 CPP, para que se disponga la prosecución o lo que corresponda en ese entendimiento” (sic [fs. 17 a 20 vta.]). Posteriormente, el impetrante de tutela, por memorial presentado el 30 de agosto de 2024, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, se tenga por señalado su domicilio real de cumplimiento de la detención domiciliaria, y se oficie al comando policial para la designación de un funcionario policial a efectos de la custodia (fs. 21); que, por decreto de 3 de septiembre del mismo año, se dispuso no ha lugar a lo solicitado, bajo el argumento de la existencia de confusión en la parte resolutiva del Auto de Vista mencionado (fs. 22); contra el decreto referido, por memorial de 6 de igual mes y año, solicitó complementación y explicación (fs. 23 y vta.), que, mediante providencia de 10 de septiembre de igual año, el Juez demandado, estableció que el Auto de Vista no aclaró desde qué momento se efectivizarían los efectos de la detención domiciliaria (fs. 24).
A partir de ello, corresponde señalar que, paralelamente, el accionante por memorial de 6 de septiembre 2024, solicitó a señalada Sala Penal Segunda, la corrección del Auto de Vista 197/2024-SP2, solicitando se consigne debidamente la cesación a la detención preventiva y la imposición de la “detención domiciliaria con escolta policial” (fs. 25); emitiéndose en respuesta el decreto de 9 del mismo mes y año, por el cual se corrige en cuanto “a la Detención Domiciliaria con Escolta Policial dado que por un lapsus quedó consignado como Detención preventiva con escolta policial” [sic (fs. 26)]. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se dejó establecido que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, cuando se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa. Entonces, es claro que si bien el accionante acudió en principio ante el demandado a exigir el cumplimiento del Auto de Vista 197/2024-SP2, no es menos evidente que, no cursa en el expediente constitucional constancia ni elemento probatorio alguno que acredite que dicha corrección formal -decreto de 9 de septiembre de 2024- hubiere sido puesta en conocimiento oficial del Juez demandado con anterioridad a la interposición de la presente acción tutelar; en consecuencia, la autoridad jurisdiccional demandada no tuvo la oportunidad procesal de conocer el texto subsanado, ni podía exigírsele el cumplimiento de una disposición que jurídicamente se encontraba pendiente de corrección formal en su tramitación ordinaria. Razón por la cual, al tratarse de una denuncia vinculada al debido proceso dentro del proceso penal, correspondía al accionante poner en conocimiento del Juez demandado el proveído de corrección emitido por el Tribunal de alzada para viabilizar la ejecución de la medida, extremo que no ocurrió, tampoco se advierte que el mismo se encontrare en un estado de indefensión absoluta que justifique prescindir de la activación oportuna de los mecanismos intraprocesales. En consecuencia, al no haberse agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por lo que corresponde, denegar la tutela impetrada. Pese a lo anterior y debido al transcurso del tiempo, siendo que la Jueza de garantías concedió la tutela, habrán de modularse los efectos del presente fallo constitucional, manteniéndose firmes y vigentes los actos procesales que pudieron haberse generado en cumplimiento de dicha determinación.
En consecuencia, la Jueza de Garantías, al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 78/2024 de 11 de octubre, cursante de fs. 38 a 42, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al fondo de lo impetrado. 2º Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniéndose firmes y vigentes los actos procesales que pudieron haberse generado en cumplimiento de la Resolución 78/2024 de 11 de octubre, pronunciada por la Jueza de garantías mencionada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1846_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2c5d6f1699f6a087366359432b2780bd67661d4bab03327ad5ea2941e9ebec31
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