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SCP 1827/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67832-2024-136-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2024 de 3 de octubre, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que, la Jueza ahora demandada, de no haberlo hecho, señale audiencia para la consideración de la situación jurídica de la accionante en el plazo máximo de veinticuatro horas y garantizando su presencia, siempre y cuando por el transcurso del tiempo no se hubiera modificado su situación jurídica.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1827/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67832-2024-136-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 14/2024 de 3 de octubre, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eduardo Centellas Ramos en representación sin mandato de Daysi Estefani Mamami Álvarez contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. OBJETO PROCESAL

Por memorial presentado el 2 de octubre de 2024, cursante a fs. 3 y vta., la accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa con agravación de victimas múltiples, uso de instrumento falsificado con relación a falsedad ideológica y asociación delictuosa, se encuentra con detención preventiva desde el 28 de marzo de 2024, disponiéndose audiencia para la consideración de su situación jurídica para el 30 de septiembre de 2024; asimismo, refiere que, en la indicada audiencia se determinó la suspensión de la misma bajo el argumento de que la Fiscal de Materia habría presentado acusación formal; sin que se hubiera definido su situación jurídica pese al vencimiento del plazo de seis meses de detención preventiva. Asimismo, añadió que es madre de cinco menores de edad y responsable del cuidado de su hermana con discapacidad; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada. María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por informe escrito de 3 de octubre de 2024, cursante a fs. 36, señaló que mediante Auto de 29 de marzo de 2024, se dispuso la detención preventiva de la imputada por el plazo de seis meses, señalándose audiencia de control para el 30 de septiembre de 2024, acto procesal al que no se presentó la impetrante de tutela, además de haberse informado por Secretaría la presentación de la acusación formal; razón por la cual, se encontraba impedido de sustanciar la audiencia; por lo que, se dispuso su suspensión. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 14/2024 de 3 de octubre, cursante de fs. 39 a 40 vta., denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de que la demora de la audiencia no fue atribuible al Órgano Judicial, sino a la inasistencia del abogado defensor; por lo que, no existía vulneración del derecho a la libertad ni al debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

Con relación a esta temática la SCP 0206/2019-S2 de 9 de mayo, estableció las siguientes sub reglas:

…se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente. Jurisprudencia aplicable también cuando se trata de audiencias para resolver la situación jurídica del privado de libertad, en el marco de la previsión del art. 235 ter del CPP.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que, pese al vencimiento del plazo de seis meses de su detención preventiva, la audiencia de control de su situación jurídica fijada para el 30 de septiembre de 2024, fue arbitrariamente suspendida, bajo el argumento de que el Ministerio Público había presentado acusación formal. De la revisión de antecedentes, se advierte que, en audiencia de medidas cautelares de 28 de marzo de 2024, se dispuso la detención preventiva de la accionante por el plazo de seis meses, señalándose audiencia de control para el 30 de septiembre de 2024 (fs. 12 a 18 vta.); asimismo, se evidencia que el Ministerio Público, presentó acusación formal el 26 del señalado mes y año (fs. 27 a 32), cursando informe de 3 de octubre de 2024; mediante el cual, la Secretaria del Juzgado, informó a la autoridad demandada que los imputados no se conectaron a la audiencia virtual señalada, pero sí sus abogados (fs. 34).Por su parte la Jueza ahora demanda, mediante informe de 3 de octubre de 2024, señaló que la suspensión de la audiencia obedeció a dos razones: a) La inasistencia de los imputados, incluida la impetrante de tutela, pese a su notificación; y, b) La existencia de acusación formal presentada por el Ministerio Público con anterioridad a la audiencia, circunstancia que según refirió le impedía resolver la situación jurídica de la imputada -ahora solicitante de tutela- (fs. 35 y vta.). Ahora bien, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el Juez de Instrucción Penal, mantiene el control jurisdiccional de la causa; y, en consecuencia, la competencia para resolver solicitudes relativas a la situación jurídica del imputado, incluso cuando exista acusación formal, hasta que la causa sea radicada ante el Tribunal de Sentencia mediante el correspondiente decreto de radicatoria. En el caso concreto, si bien existía acusación formal, no se evidencia que la causa hubiese sido radicada ante el Tribunal de Sentencia al momento de la audiencia señalada; en consecuencia, la Jueza de Instrucción Penal ahora demandada mantenía plena competencia para pronunciarse sobre la situación jurídica de la solicitante de tutela, sin que la existencia de la acusación funde justificativo válido para la suspensión del verificativo señalado seis meses antes; de igual forma, la ausencia de la accionante en dicha audiencia no puede serle atribuida a ésta; toda vez que, la Jueza hoy demandada, debió asumir las medidas necesarias para asegurar su concurrencia y no esperar la instalación del acto, con la premeditada y velado intencionalidad de suspenderlo por su inconcurrencia y además, por haberse presentado acusación formal, cuando, en todo caso y siendo que mantenía en su poder el cuaderno procesal, debió inmediatamente reprogramar la audiencia y emitir las instrucciones pertinentes para garantizar la presencia del imputado en audiencia, al no haber obrado en este sentido, se evidencia la lesión de los derechos reclamados, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2024 de 3 de octubre, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que, la Jueza ahora demandada, de no haberlo hecho, señale audiencia para la consideración de la situación jurídica de la accionante en el plazo máximo de veinticuatro horas y garantizando su presencia, siempre y cuando por el transcurso del tiempo no se hubiera modificado su situación jurídica. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1827_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 686d45d4df009de40c6aec32f678a9b67defc85903cffe57f4cab8188d6756c5

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