Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 1 de octubre de 2024, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1821/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67754-2024-136-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 1 de octubre de 2024, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jonathan Eric Caballero en representación sin mandato de Nicolas Mamani Ordoñez contra Melvy Judith Camacho Guzmán, Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 30 de septiembre de 2024, cursante a fs. 1 y 4 a 6 vta., el accionante, por intermedio de su representante, denuncia la vulneración del debido proceso en su elemento derecho a la defensa, vinculado a su derecho a la libertad; toda vez que, en el proceso de asistencia familiar que cursa en su contra, la Juez Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, ahora demandada, efectuó notificaciones por edicto, a pesar que la demandante conocía su domicilio, llegando a emitir mandamiento de aprehensión por una deuda de Bs145 000,00.- (ciento cuarenta y cinco mil bolivianos) por doce años y un mes de asistencia familiar en favor de sus tres hijos, el cual, con engaños fue ejecutado para luego ser conducido a la cárcel de “San Pablo” de Quillacollo; en ese sentido, solicitó se conceda la tutela; y, disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, disponiendo su libertad; así como, notificar al Director del Recinto Penitenciario “San Pablo” de Quillacollo de Cochabamba, a fin de trasladarlo a la audiencia a programarse. Melvy Judith Camacho Guzmán, Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, mediante memorial de 1 de octubre de 2024, cursante a fs. 15 y vta., señaló que: a) El proceso cumplió con las formalidades dispuestas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; por otro lado, se trató de notificar al accionante en el domicilio proporcionado por la parte demandante -del proceso de asistencia familiar-, así como en el domicilio real proporcionado por el Servicio de Registro Cívico (SERECI) y el Sistema de Gestión Pública (SIGEP); y, al no poder ser encontrado con los datos facilitados, se procedió a la citación mediante edicto, de conformidad al art. 308. II. de la citada normativa; b) El impetrante de tutela no estableció cuándo, dónde y cómo se le vulneraron sus derechos; y, c) La acción de libertad no es el medio para interponer vicios de nulidad. El Juez Público Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada, bajo el argumento de que el accionante, a tiempo de emitirse el mandamiento de aprehensión, no se encontraba en indefensión, al haber sido notificado por las vías legales correspondientes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La SCP 1293/2025-S3 de 17 de octubre, citando a fallos constitucionales anteriores, refirió que, la acción de libertad: “…es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resultan ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos
, la acción de libertad operará solamente en caso de no haber restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta persecución ilegal, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotar los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional. (…) En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar”.
Dentro del contexto de reclamación expuesto por el accionante, se advierte que la problemática traída a revisión, versa sobre la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso, por cuanto la Jueza demandada, le habría causado una indefensión jurídica, situación que derivó incluso en una restricción de su libertad mediante mandamiento de apremio; frente a ello, solicita la nulidad de obrados y su libertad inmediata.
Al respecto, es de aplicación la línea asumida por la jurisprudencia constitucional y desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1, centrado en la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo que solo procede de manera directa cuando no existan mecanismos ordinarios idóneos, eficaces y oportunos para reparar la vulneración denunciada; en ese orden, en materia familiar, la jurisprudencia constitucional señala expresamente qué defectos procesales como notificaciones indebidas deben ser reclamados primero mediante incidentes y recursos previstos en la Ley 603, antes de acudir a la jurisdicción constitucional; de esta manera, el Tribunal enfatiza que la acción de libertad no puede convertirse en una vía paralela o sustitutiva de los mecanismos ordinarios de defensa. El contraste entre ambos puntos revela una tensión entre la tutela inmediata de la libertad y la subsidiariedad excepcional; mientras, el accionante sostiene que la notificación defectuosa tuvo consecuencias directas sobre su libertad y por ello ameritaría protección constitucional urgente, pretendiendo incluso la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, el fundamento jurídico prioriza el agotamiento previo de las vías ordinarias dentro del proceso familiar; en consecuencia, corresponde denegar la tutela, sin efectuar estudio de fondo alguno sobre la problemática en cuestión. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 1 de octubre de 2024, cursante de fs. 23 vta. a 25 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primero de Vinto del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1821_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9513afe68b83188b17652d9d0fc9204f5d28fdaf9e29219c4f7076d248202d13
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