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SCP 1820/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67741-2024-136-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 417/24 de 23 de agosto de 2024, cursante de fs. 163 vta. a 166 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinta de la capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1820/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67741-2024-136-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 417/24 de 23 de agosto de 2024, cursante de fs. 163 vta. a 166 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Aldo Fabio Soto Mollo y Ariel Medrano Arana en representación sin mandato de Javier Choque Mamani y Álvaro Santos Mamani contra José Luis Pérez Olivera, Fiscal de Materia.

I. OBJETO PROCESAL

Por memorial presentado el 22 de agosto de 2024, cursante a fs. 1 y 27 a 37 vta., los accionantes, por intermedio de sus representantes, denuncian la vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, seguridad jurídica, derecho a ser escuchado y derecho a la defensa; argumentando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, la autoridad fiscal demandada, sin emitir una citación para que presten su declaración informativa y así asumir su defensa y dentro de ésta presentar prueba, emitió la Resolución Fiscal de Aprehensión de 22 de febrero de ese año, sin una debida motivación y fundamentación, omitiendo hacerles conocer de manera oportuna los actuados vinculados a su emisión y sustentando la investigación en su contra, sin precisar la acción u omisión en la que hubieran incurrido; por lo descrito, solicitan se disponga la nulidad de la Resolución Fiscal de Aprehensión referida, así como de todos los actuados desarrollados tanto en sede del Ministerio Público como ante la autoridad jurisdiccional. José Luis Pérez Olivera, Fiscal de Materia -ahora demandado-, por informe cursante de fs. 155 a 157, sostuvo que, la orden de aprehensión puede ser dispuesta por la autoridad fiscal antes o después de la declaración del imputado, cuando exista la necesidad de contar con su presencia y concurran los requisitos previstos en el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, señaló que, conforme a la jurisprudencia constitucional, los accionantes cuentan con vías procesales idóneas y previas a la acción de libertad para la tutela de sus derechos, pudiendo acudir ante la autoridad jurisdiccional competente; en ese sentido, refirió que los representantes de éstos ya promovieron un incidente de nulidad ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mismo que aún se encuentra pendiente de resolución; por consiguiente, considera que no se agotaron previamente los mecanismos legales ordinarios que ellos mismos activaron. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinta de la capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 417/24 de 23 de agosto de 2024, cursante de fs. 163 vta. a 166 vta., denegó la tutela solicitada, bajo el argumento de que los accionantes no observaron el principio de subsidiariedad al tener a su alcance los medios intraprocesales, a fin de conseguir la tutela solicitada mediante la presente acción de defensa.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre los supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0038/2018-S2, 0077/2018-S2, 0078/2018-S2, sistematizadoras de línea jurisprudencial, se han pronunciado sobre la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, exponiendo el siguiente entendimiento:

«El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero sienta la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la referida acción tutelar. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente, o de manera simultánea, la justicia constitucional.

Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo [...]

Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental [...]».

Por su parte, la SCP 0825/2018-S2 de 10 de diciembre, sistematizadora de línea jurisprudencial, se ha pronunciado sobre los casos de aprehensiones fiscales o policiales consideradas ilegales, exponiendo que debe acudirse ante el juez de instrucción penal, con la finalidad que esta autoridad ejerza el control material y formal de dichas aprehensiones. Esta sentencia desarrolló lo siguiente:

«[…] En ese sentido, el juez de instrucción penal tiene bajo su control jurisdiccional un proceso penal, que desde la etapa preliminar existen mecanismos de protección e impugnación para restituir los derechos y garantías supuestamente restringidos ilegalmente, especialmente el derecho a la libertad; por ello, esta autoridad judicial está obligada a realizar una revisión de la legalidad formal y material de la aprehensión, conforme lo dejó establecido la SC 0957/2004-R de 17 de junio, pues:

…al juez no le está permitido convalidar los actos en los que se vulneraron esos derechos; al contrario, tiene el deber (…) de pronunciarse sobre la legalidad de los mismos; por consiguiente, frente a una presunta aprehensión ilegal, le corresponde al juez cautelar, conforme lo establece el art. 54.1) del CPP, controlar la investigación y, en consecuencia, proteger los derechos y garantías en la etapa investigativa; por lo que, frente a una petición efectuada por el imputado, en sentido de que se pronuncie sobre la legalidad de su detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución sobre cualquier medida cautelar, a analizar los siguientes aspectos:

1) Legalidad formal de la aprehensión.- Es decir, deberá evaluar si se observaron los presupuestos constitucionales y legales para la aprehensión, consistentes en: a) orden escrita emanada de autoridad competente -salvo caso de flagrancia-; b) adopción de la medida en base a las formalidades legales (aprehensión en caso de desobediencia a la citación prevista en el art. 224 del CPP o resolución debidamente fundamentada si se trata de la atribución conferida al fiscal de acuerdo al art. 226); c) el cumplimiento del término previsto por ley para remitir al aprehendido ante autoridad judicial (art. 226). Si después del análisis formal realizado por el juzgador, se concluye que se observaron las normas para la aprehensión del imputado, el juez deberá examinar la legalidad material de la aprehensión.

2) Legalidad material de la aprehensión.- Cuando el fiscal aprehendió directamente al imputado, haciendo uso de la facultad prevista en el art. 226 del CPP, el juez deberá evaluar los siguientes aspectos: a) la existencia de suficientes indicios para sostener la autoría del imputado en el momento de la aprehensión; b) si el delito imputado tiene una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años y; c) si existieron los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado podía ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad (art. 226 del CPP).

Si del análisis efectuado, el juzgador concluye que tanto el aspecto formal como material fue observado al momento de la aprehensión, determinará la legalidad de la aprehensión y, con los elementos de convicción existentes, pronunciará la Resolución mediante la cual aplicará la medida cautelar pertinente, si es el caso, ajustada a lo previsto por el art. 233 del CPP, definiendo la situación jurídica del imputado.

Si al contrario, del análisis efectuado por el juez cautelar, se concluye que no se observaron las formalidades o existió infracción a la legalidad material en la aprehensión ordenada, el juez anulará la actuación realizada con violación a las normas constitucionales y legales, y pronunciará la resolución de medidas cautelares, en base a los elementos de convicción existentes, que no hayan sido obtenidos en infracción a los derechos y garantías del imputado, a consecuencia del acto ilegal declarado nulo (las negrillas son añadidas).

Por todo lo expuesto precedentemente, en caso de aprehensiones fiscales o policiales que se consideren ilegales, debe acudirse ante el juez de instrucción penal, con la finalidad que esta autoridad ejerza el control material y formal de dichas aprehensiones; pues, ante la amenaza que el derecho a la libertad pudiera ser restringido ilegítimamente por los funcionarios de la Policía Boliviana o por los operadores del Ministerio Público, la vía expedita de protección continúa siendo la ordinaria, en tanto, que es ésta instancia, la que previamente conocerá y examinará el cumplimiento de requisitos formales y materiales que pudieran hacer procedente la restricción de la libertad, a partir de la posible emisión de un mandamiento de aprehensión».

De otro lado, otro de los supuestos de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, es el referido a la activación simultánea de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, que ha merecido un pronunciamiento expreso por la jurisprudencia constitucional. Así, entre otras, la SC 0608/2010-R de 19 de julio, en su Fundamento Jurídico III. 3, expresa al respecto lo siguiente:

[Es] preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico [las negrillas fueron añadidas]

Razonamiento reiterado en la SCP 0733/2019.

Siguiendo la misma línea jurisprudencial, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, refirió que:

[D]e la reiterada jurisprudencia, se entiende que en la acción de libertad, concurre la subsidiariedad excepcional en casos en que dentro de un proceso sobre una misma problemática la parte que se considera afectada con una decisión, apertura la jurisdicción ordinaria mediante un recurso intraprocesal previsto en la normativa pertinente y paralelamente pretende la apertura de la vía constitucional, cuando el recurso ordinario interpuesto se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico.

Razonamiento reiterado en las sentencias constitucionales plurinacionales 0241/2018-S2, de 12 de junio, 0733/2019-S2 de 28 de agosto, entre otras.

Jurisprudencia extraída de la SCP 1023/2025-S3 de 28 de agosto.

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del contexto de reclamación expuesto por la parte accionante, se advierte que la problemática traída a revisión versa sobre la denuncia de que en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, la autoridad fiscal demandada, sin emitir una citación para que presten su declaración informativa y así asumir su defensa y dentro de ésta presentar prueba, emitió la Resolución Fiscal de Aprehensión de 22 de febrero de 2024, sin una debida motivación y fundamentación, omitiendo hacerles conocer de manera oportuna los actuados vinculados a su emisión y sustentando la investigación en su contra, sin precisar la acción u omisión en que hubieran incurrido. Al respecto, es de aplicación la línea asumida por la jurisprudencia constitucional y desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1, que establece que la acción de libertad constituye un medio eficaz e inmediato de tutela; sin embargo, cuando existan mecanismos procesales específicos, idóneos y oportunos para resguardar el derecho a la libertad y denunciar procesamiento indebido, estos deben ser agotados previamente; en concordancia con ello, se reconoce la competencia de los jueces de instrucción penal para ejercer control jurisdiccional sobre las actuaciones del Ministerio Público y la Policía durante la etapa preparatoria; por lo que, toda persona que considere vulnerados sus derechos, incluso el derecho a la libertad en estas situaciones, debe acudir previamente ante dicha autoridad jurisdiccional; en ese sentido, los accionantes contaban con mecanismos procesales ordinarios e idóneos para reclamar la presunta vulneración de sus derechos antes de acudir a la acción de libertad, debiendo acudir al Juez de Instrucción Penal Tercero de la capital del departamento de Santa Cruz, el cual tenía conocimiento de la causa. En ese orden, los impetrantes de tutela, incumplieron la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, al no haber comparecido ante el Juez de la causa; y, al contrario, acudir directamente a la vía constitucional sin haber agotado los recursos intraprocesales como mecanismos legales de impugnación; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 417/24 de 23 de agosto de 2024, cursante de fs. 163 vta. a 166 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinta de la capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1820_2026-S1.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5541363339c878b154dd75ebe58aab8d2587c0b47870ef7a19a968040255ca4b

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