Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2024 de 27 de septiembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1818/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67721-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2024 de 27 de septiembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Mario Laime Flores en representación sin mandato de Mauricio Andrés Fuentes Veliz contra Eddy Junior Flores Quispe, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2024, cursante a fs. 1 y 6 a 9, el accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de robo y allanamiento de domicilio o sus dependencias, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandado-, revocó las medidas cautelares impuestas a través de Auto Interlocutorio 489/2024 de 5 de junio, consistentes en detención domiciliaria, prohibición de salida del país y el pago de una fianza de Bs70 000,00.- (setenta mil bolivianos); disponiendo posteriormente, mediante Auto Interlocutorio 502/2024 de 11 de junio, la aplicación de la medida de detención preventiva. Alegó que dicha determinación fue asumida con inobservancia del art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Asimismo, en audiencia de garantías, refirió que, fue agredido físicamente en el “Recinto Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro” (sic) de ese departamento, encontrándose incluso internado en terapia intensiva. Por lo que, solicitó se declare procedente la acción de libertad reparadora y se conceda la tutela impetrada, conminando a la autoridad jurisdiccional de manera inmediata a librar el correspondiente mandamiento de libertad.
Eddy Junior Flores Quispe, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, conforme consta en el acta de audiencia de 27 de septiembre de 2024, cursante de fs. 37 a 40, señaló que, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, no solo se consideró la solicitud de revocatoria de medidas cautelares, sino también la ampliación de imputación por el delito de allanamiento, aspectos resueltos mediante Auto Interlocutorio 502/2024 de 11 de junio. En ese entendido, sostuvo que la modificación de la situación jurídica del imputado obedeció al incumplimiento de las medidas impuestas en el Auto Interlocutorio 489/2024; así como, al análisis efectuado del art. 232 del CPP, particularmente de lo previsto en su numeral 6, incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, que establece una excepción cuando existe afectación a otro bien jurídico tutelado. En virtud de ello, la autoridad judicial señaló que aplicó lo dispuesto por el art. 247 y el numeral 6 del art. 232 del CPP, concluyendo que correspondía imponer la medida excepcional de detención preventiva. Cabe resaltar que el Juez demandado, en audiencia, hizo referencia a la apelación incidental interpuesta y el Auto de Vista 645/2024 de 21 de agosto, cursante de fs. 35 a 36, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, señalando que dicha resolución confirmó el Auto Interlocutorio 502/2024; en consecuencia, solicitó a la Jueza de garantías que tome en cuenta dicho antecedente al momento de resolver la presente acción. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 29/2024 de 27 de septiembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., denegó la tutela impetrada, concluyendo que la autoridad demandada realizó un correcto análisis al señalar que es aplicable la parte in fine del art. 232.6 del CPP; puesto que, el impetrante de tutela incurrió en otro ilícito, afectando otro bien jurídico tutelado -por el ordenamiento jurídico-. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La uniforme jurisprudencia constitucional, definiendo la legitimación pasiva, determinó que debe ser comprendida como la coincidencia que existe entre la autoridad que ocasionó la lesión a los derechos denunciada y aquella contra la que se dirige la acción de tutela; en ese entendido, la SCP 1485/2014 de 16 de julio, estableció que: “La legitimación pasiva se constituye en un requisito esencial para la activación de la acción de libertad, la misma identifica a la persona o autoridad que presuntamente vulneró algún derecho fundamental, debiendo dirigirse la acción tutelar contra el sujeto que lesionó los derechos, dicha exigencia radica en que, el sujeto infractor será pasible a las sanciones emergentes de las acciones u omisiones atribuidas a él” (las negrillas son agregadas); por ello, en aquellos casos en los cuales no existe esa directa vinculación del hecho con el demandado, la justicia constitucional se ve impedida de ingresar al análisis de los hechos denunciados debido a la falta de legitimación pasiva; es decir, la carencia de coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la lesión a los derechos reclamados y aquella contra quien se dirige la acción tutelar.
Dentro del contexto de reclamación expuesto por el accionante, se advierte que la problemática traída a revisión versa sobre la revocatoria de las medidas sustitutivas, disponiendo la detención preventiva, alegando éste que el Juez demandado no consideró ni valoró debidamente el art. 232 del CPP y con ello habría vulnerado su derecho a la libertad. Asimismo, en audiencia de garantías, el mencionado refirió haber sufrido agresiones físicas en el “Recinto Penitenciario”, situación que fundamentaría su pretensión de tutela inmediata mediante la acción de libertad reparadora. Cabe señalar que, para el presente caso tal como consta en antecedentes, por Auto de Vista 645/2024 de 21 de agosto, cursante de fs. 35 a 36, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió la apelación incidental de medida cautelar solicitada por el accionante, confirmando el Auto Interlocutorio 502/2024 de 11 de junio, motivo de esta acción de libertad.
Al respecto, es de aplicación la línea asumida por la jurisprudencia constitucional y desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que establece que la legitimación pasiva constituye un requisito indispensable para la procedencia de la acción de libertad, debiendo coincidir la identificación de la persona o autoridad que presuntamente vulneró el derecho fundamental según el accionante con la persona o autoridad contra quien debió dirigirse la acción tutelar; razón por la cual, en aquellos casos en los cuales no existe esa directa vinculación del hecho con el demandado, la jurisdicción constitucional se ve impedida de ingresar al análisis de los hechos denunciados debido a la falta de legitimación pasiva; es decir, la carencia de coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la lesión a los derechos reclamados y aquella contra quien se dirige la acción tutelar. En el caso concreto, si bien se cuestiona el Auto Interlocutorio 502/2024, del Juez a quo -demandado- que dispuso la detención preventiva del accionante, en inobservancia de la parte in fine del art. 232.6 del CPP, revisados los antecedentes, cursa a fs. 35 y 36, el Auto de Vista 645/2024, dictada por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, admitiendo el recurso de apelación de la parte imputada y confirmando el Auto Interlocutorio hoy cuestionado, debiendo en ese caso haberse dirigido la acción de defensa contra los miembros del Tribunal de alzada; en cuyo caso, se configura una falta de legitimación pasiva, por no existir coincidencia entre el presunto autor de la lesión de derechos fundamentales y la persona o autoridad contra quien debió interponerse la acción tutelar; lo cual, impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la denuncia referida a presuntas agresiones físicas sufridas por el impetrante de tutela por parte de otros privados de libertad en el “Recinto Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro”, lo que habría provocado incluso que se encuentre en terapia intensiva, se advierte que dicho extremo que constituye en una ampliación de la acción de libertad de autos; sin embargo, no habiéndose presentado prueba alguna que permita a este Tribunal verificar una presunta lesión del derecho a la vida de la parte solicitante de tutela, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2024 de 27 de septiembre, cursante de fs. 41 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décima Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1818_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 59d90d4cfbb7e1ee2124ef5607812a1a0a0ad86ff2f5436b8ed39de602488682
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