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SCP 1813/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67651-2024-136-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 336/2024 de 1 de septiembre, cursante de fs. 89 a 90, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1º DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de lo impetrado. 2º Modular los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo firmes y vigentes las disposiciones asumidas por el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del principio de subsidiariedad excepcional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1813/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67651-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 336/2024 de 1 de septiembre, cursante de fs. 89 a 90 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Zulema María del Pilar Zegarra Aranda en representación sin mandato de Mariana Paula Solares Zegarra contra Walter Juan Aguilar Sumi, Juez de Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante, por memorial presentado el 31 de agosto de 2024, cursante de fs. 78 a 81, denuncia la vulneración del debido proceso, su derecho a la libertad personal y al principio de seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso laboral por pago de beneficios sociales seguido en su contra, se emitió el Auto de Vista 201/2022 de 23 de septiembre, que confirmó parcialmente la Sentencia 49/2020, disponiendo liquidaciones únicamente para dos trabajadores, ordenando su actualización en ejecución de sentencia; sin embargo, el Secretario del Juzgado de Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, emitió planilla de liquidación en base a la Sentencia sin tomar en cuenta lo resuelto por el Auto de Vista señalado, misma que fue aprobada por Resolución 363/2024 de 31 de julio, emitida por el ahora demandado, de manera arbitraria e ilegal y desconociendo totalmente que en segunda instancia únicamente se confirmó en parte la Sentencia; posteriormente, se emitió mandamiento de apremio, mismo que resulta arbitrario y desproporcionado, pues se funda en una planilla de liquidación indebida; por lo descrito, solicita se conceda la tutela, se deje sin efecto la Resolución 363/2024 de 31 de julio y se ordene la elaboración de una nueva planilla de liquidación conforme al Auto de Vista 201/2022. Walter Juan Aguilar Sumi, Juez de Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe cursante de fs. 84 a 85, refirió que el proceso seguido contra Zulema María del Pilar Zegarra Aranda por beneficios sociales, se encuentra en etapa de ejecución de fallos plenamente ejecutoriados, inamovibles y con autoridad de cosa juzgada, conforme al Código Procesal del Trabajo y la Constitución Política del Estado (CPE), que privilegian los derechos laborales; en este contexto, manifestó que se elaboró una planilla de actualización de beneficios sociales, cuya aprobación puede ser apelada ante la Sala Social y Administrativa, y la accionante debió agotar dichos recursos antes de acudir a la acción de libertad, la cual resulta improcedente por el principio de subsidiariedad. El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 336/2024 de 1 de septiembre, cursante de fs. 89 a 90, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución 363/2024 de 31 de julio y ordenando se emita una nueva planilla de pago de beneficios sociales, conforme el Auto de Vista 201/2022 de 23 de septiembre. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Del principio de subsidiariedad excepcional

La SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriéndose a la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en relación a la acción de libertad determinó que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (énfasis añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia que se emitió en su contra mandamiento de apremio, con base en una planilla de liquidación de beneficios sociales que no responde a lo dispuesto por el Tribunal de alzada. A partir de los hechos denunciados, se advierte que el objeto de la presente acción tutelar busca dejar sin efecto la Resolución 363/2024 de 31 de julio, que validó la planilla de liquidación elaborada por el Secretario del Juzgado de Trabajo y Seguridad Social Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; sin embargo, conforme al art. 518 del Código Procesal Civil (CPC) -aplicable de manera supletoria en materia laboral- las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia únicamente pueden ser apeladas en efecto devolutivo, sin recurso ulterior; recurso que, con carácter previo a la interposición de este mecanismo de defensa debe ser agotado; lo contrario, es decir, acudir directamente a la vía constitucional sin agotar previamente los recursos ordinarios previstos por la ley, constituye una inobservancia del principio de subsidiariedad excepcional que rige las acciones de libertad, que, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico que antecede, exige que antes de activar esta vía extraordinaria se agoten los medios procesales idóneos e inmediatos, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. No obstante, siendo que el Juez de garantías concedió la tutela impetrada, por el transcurso del tiempo y con la finalidad de evitar un caos jurídico no deseado, habrá de modularse los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo firmes y vigentes las disposiciones asumidas por la referida autoridad constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 336/2024 de 1 de septiembre, cursante de fs. 89 a 90, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1º DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de lo impetrado. 2º Modular los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo firmes y vigentes las disposiciones asumidas por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1813_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9f786849209ec0ca4ff10a9f8e6b466dc019fa9a9fd17493f56b0e051f8b5f4c

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