Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/2024 de 13 de septiembre, cursante de fs. 27 vta., a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujeres Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de no haberse ingresado a fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1811/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Ángel Edson Dávalos Rojas Magistrado Relator: Acción de libertad Expediente: 67640-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 25/2024 de 13 de septiembre, cursante de fs. 27 vta., a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Waldo Germán Ururi Osco en representación sin mandato de Hortencia Mamani Bautista y Jacinto Javier Choquehuanca Mamani contra Jhony Nery Montaño Rivera, Fiscal de Materia del departamento de La Paz.
La parte accionante por memorial presentado el 13 de septiembre de 2024, cursante de fs. 17 a 19 vta., denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y al principio de legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a denuncia suya, contra Patricia Magaly Huaylla Gaspar, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, el 1 de julio de 2024, se emitió requerimiento de rechazo de denuncia; mismo que, fue objetado el 26 de ese mes y año; sin embargo, desde entonces, hasta la presentación de esta acción tutelar, no fue remitido ante el Fiscal Departamental de La Paz, para su consideración. Por lo descrito, solicitaron se les conceda la tutela y se ordene la remisión de la objeción ante el superior jerárquico y se remitan antecedentes ante el sumariante del Ministerio Público. Jhony Nery Montaño Rivera, Fiscal de Materia, en audiencia, refirió que la acción de libertad, carece de fundamento legal y argumentativo, pues no se demostró vulneración alguna a los derechos alegados; lo planteado constituye más bien una queja frente a un rechazo fiscal; lo cual, debía canalizarse por la vía procesal prevista en el art. 305 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En el caso, ya se realizó control jurisdiccional y se remitió el cuaderno a la Fiscalía Departamental para resolución superior; por lo que, no existe objeto procesal y lo impetrado resulta improcedente.
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 25/2024 de 13 de septiembre, cursante de fs. 27 vta. a 30, denegó la tutela solicitada, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, bajo el fundamento que, la parte accionante debe acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional de la investigación. En consecuencia, corresponde en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Con relación a la activación de vías paralelas en las jurisdicciones ordinaria y constitucional, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, estableció que:
…cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo, se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional.
La parte accionante denuncia, que no obstante que el 1 de agosto de 2024, presentaron una objeción contra la Resolución de Rechazo de su denuncia por la supuesta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, hasta la interposición de la presente acción tutelar, dicha objeción no fue remitida dentro de plazo al Fiscal Departamental de La Paz para su resolución. De los antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que, los accionante a través de memorial presentado el 9 de agosto de 2024, ante el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, solicitaron control jurisdiccional sobre el Fiscal de Materia -ahora demandado-, respecto a la falta de remisión de la objeción de rechazo ante el Fiscal Departamental (fs. 5 y vta.). En ese contexto, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en aplicación del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, cuando se activan dos jurisdicciones de forma simultánea sobre un mismo aspecto, se entiende, la vía la ordinaria y la constitucional, ésta cede en su protección, ello para precautelar que no se emitan decisiones contradictorias entre sí, situación que, provocaría una disfunción procesal contraria al orden jurídico; ya que, emergerían resoluciones simultaneas tanto de la vía ordinaria como en la constitucional. Por lo señalado precedentemente, se evidencia que los peticionantes de tutela, no cumplieron el principio de subsidiariedad excepcional exigido antes interponer la presente acción de libertad; toda vez que, optaron por activar la jurisdicción ordinaria antes que la jurisdicción constitucional, con el objetivo de que el Juez a cargo de la causa ejerza el control jurisdiccional de la investigación sobre la supuesta dilación fiscal -pretensión que persiguen también mediante esta acción tutelar-, autoridad competente para ejercer el control jurisdiccional conforme a los arts. 54.1 y 279 del CPP, que comprende también el control de los plazos en la tramitación del proceso penal durante la etapa preparatoria conforme a lo que prevé el art. 134 del código adjetivo mencionado; y quien inicialmente debe reparar cualquier lesión a los derechos de las partes en el marco de sus competencias; además, esta instancia constitucional no podría analizar la presente acción de defensa; dado que, la referida solicitud estaría pendiente de pronunciamiento; el cual, podría provocar o generar una disfunción procesal, con la consideración que se pueda hacer en esta instancia. Por tal razón, al advertirse que los impetrantes de tutela, presentaron una solicitud ante el Juez a cargo del caso, sobre el control jurisdiccional de las actuaciones consideradas como lesivas en la presente acción de libertad, que estaría pendiente de resolución; y, al mismo tiempo, pretender un pronunciamiento de fondo en la justicia constitucional; conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, este Tribunal se encuentra imposibilitado de ingresar a analizar el fondo de la problemática propuesta, por aplicación de la excepción del principio de subsidiariedad, pues corresponde que la denuncia de los accionantes sea dilucidada previamente en la vía ordinaria; por lo que, corresponde, denegar la tutela impetrada, con la aclaración de que, no se ingresó al fondo del análisis de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/2024 de 13 de septiembre, cursante de fs. 27 vta., a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujeres Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de no haberse ingresado a fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1811_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): ee867e2c2c45d856d6a04b02aaa5962517112d8adaf3087c6886a13a67610817
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