Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la capital de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional,, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1810/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67619-2024-136-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 26/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 22. a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rolando Alfredo Zeballos Calvimontes contra Juan Carlos Rollano Vargas, Fiscal de Materia.
El accionante, denuncia la lesión al debido proceso y su derecho a la defensa, señalando que, a través de un memorial presentado ante el Fiscal de Materia asignado a su causa, puso en conocimiento el apersonamiento de sus abogados defensores, solicitando al mismo tiempo que se les permita el acceso al cuaderno de investigaciones, a través del sistema informático del Ministerio Público y de esa manera ejercer su derecho a la defensa, solicitud a la cual el Fiscal demandado declaró “No ha lugar”, restringiendo de esa forma su derecho a asumir defensa de manera eficaz dentro de su causa, por lo que solicita la nulidad del requerimiento de rechazo al apersonamiento; y, se emita un nuevo requerimiento precautelando el debido proceso, y los derechos a la defensa y motivación de las resoluciones. Juan Carlos Rollano Vargas, Fiscal de Materia, mediante informe escrito cursante de fs. 14 y vta., señaló que, el proceso se encuentra radicado en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres Noveno de la capital, y que la autoridad jurisdiccional de dicho juzgado es el encargado del control del caso, por lo que debería haber acudido ante dicha autoridad, ante la supuesta vulneración de derechos, asimismo, refiere que la acción de libertad presentada no cumple con los presupuestos para su interposición y procedencia, por lo que solicita que se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la capital de Santa Cruz, constituido en Juez de Garantías, por Resolución 26/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 22 a 23 vta., denegó la tutela impetrada, bajo el fundamento que la acción de libertad no cumple con el triple carácter (preventivo, correctivo y reparador) de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP- 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación jurisprudencial reiterada.
Asimismo, a través del de Sala Plena TCP-SP- 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana Con relación a las denuncias de supuestas ilegalidades cometidas por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana, la SC 0054/2010-R de 27 de abril estableció que:
…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales.
De los antecedentes traídos en revisión, se advierte que, dentro el proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de estafa, éste al momento de apersonar a sus abogados defensores ante la autoridad fiscal demandada, solicitó que se les permita el acceso al cuaderno de investigaciones a través de la plataforma digital del Ministerio Publico, a efectos del seguimiento y control de los actuados inherentes a la causa, con la finalidad de que se asuma una correcta defensa, solicitud que fue declarada no ha lugar por parte de dicha autoridad. Conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las ilegalidades en las que pudieran incurrir los fiscales y la policía boliviana durante la etapa preparatoria, deben ser denunciadas previamente ante el Juez cautelar, dado que dicha autoridad es la encargada de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las partes durante la etapa preparatoria, no siendo posible activar directamente la vía constitucional, en cuyo caso corresponde denegar la tutela sin ingresar al examen de fondo, por incumplimiento a la subsidiariedad, excepción de la acción de libertad. En ese contexto, si el accionante consideraba que las actuaciones del fiscal de materia demandado vulneraban sus derechos fundamentales, debió acudir previamente ante el Juez de la causa, autoridad competente para ejercer el control jurisdiccional conforme a los arts. 54.1 y 279 del CPP; considerando que el proceso signado con el CUD 701102022401463 ya contaba con el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, pues esa instancia se constituye en la vía idónea e inmediata para reparar cualquier irregularidad en la etapa investigativa del proceso penal; al no haberlo hecho, el accionante inobservó el carácter excepcionalmente subsidiario de esta acción de defensa; lo que impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por lo que corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto de la capital de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional,, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1810_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 161a41b20b04a9907173b3b7f27db09139ed5c0ddb5fa154b7c0508a359e6b7c
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