Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 19 a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1789/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67360-2024-135-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 07/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 19 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kamerlingh Ritter Molina Caballero y Samuel Fernando Alcón Orocondo en representación sin mandato de Jhonatan Esteven Quiroz Muñoz contra María Esther Peláez Muruchi, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
El accionante, por memorial presentado el 30 de julio de 2024, cursante de fs. 2 a 5, a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad vinculado al debido proceso en sus vertientes de legalidad y celeridad; manifestando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario El Abra; por lo que, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva que fue celebrada el 9 de abril de ese año, donde enervó un riesgo procesal; a la fecha su proceso se encontraría radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; sin embargo, no puede solicitar audiencia de cesación de la detención preventiva; debido a que, aún no se habría labrado el acta de audiencia prenombrada, pese a que vino insistiendo a la Secretaria demandada le entregue fotocopia legalizada, al ser la encargada de redactar el acta, que hasta la fecha no la realizó. Pidió se ordene que se realice la entrega de copias legalizadas del acta de cesación de la detención preventiva de 9 de abril de 2024. María Esther Peláez Muruchi, Secretaria -ahora demandada-, no presentó informe escrito y tampoco asistió a la audiencia para brindar informe oral, pese a su legal citación, cursante a fs. 13 del expediente constitucional. No obstante, la Juez de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante nota de 31 de julio de 2024 cursante a fs. 14, informó al Juez de garantías que la causa cuenta con acusación formal, habiendo sido remitido el expediente al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la misma localidad el 18 de junio de ese año; asimismo, señaló que la Secretaria demandada, renunció el 9 de julio de ese año, dejando sus funciones sin cumplir con el tiempo establecido por Ley y sin cumplir con sus obligaciones en su Juzgado. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 19 a 22 vta., denegó la tutela impetrada, bajo el argumento de que el acto denunciado no se encuentra vinculado con su derecho a la libertad; además, de no presentar prueba que acredite la vulneración denunciada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
“En ese marco, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que debe adoptarse el entendimiento de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, la cual sostuvo que cuando se alega privación de libertad personal: "...la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que 'se restituya su derecho a la libertad', ya no tendría sentido si está en libertad"… (…).
En consecuencia, procede la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal en acción de libertad, antes de consolidarse el contradictorio constitucional o frente al desistimiento y/o retiro de la acción constitucional; y, una eventual tutela será ineficaz que se presenta cuando:
- La lesión al derecho y/o garantía cesó antes de la notificación con el Auto de Admisión de la acción de libertad. - El accionante retira y/o desiste su acción, lo que puede ser en todo momento, incluso cuando la causa está en revisión, pero antes de emitirse sentencia.
Bajo estos supuestos, el objeto procesal se torna insubsistente y, por tanto, corresponde declarar la improcedencia por sustracción de materia o pérdida del objeto, pudiendo en todo caso la justicia constitucional independientemente de la decisión, remitir antecedentes al Ministerio Público, vía disciplinaria pertinente, u otra llamada por ley para la investigación si así correspondiere, lo que no implica un pronunciamiento del fondo, sino modular el efecto de las decisiones conforme permite el art. 28.II del CPCo, para que la causa, en su caso, vaya por la vía pertinente”. Extracto jurisprudencial que corresponde a los razonamientos expresados en la SCPA 0004/2026 Sucre, 25 de febrero, emitida por la Sala Plena de este Tribunal.
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante denuncia que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, no le proporcionó copias legalizadas del acta de audiencia de cesación de la detención preventiva celebrada el 9 de abril de 2024, porque aún no la habría elaborado, lo que le impide solicitar nuevamente la cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la misma localidad donde se radicó la causa. De la documental adjunta al expediente se tiene a (fs. 15 y vta.), el Acta de audiencia pública de consideración a la cesación de la detención preventiva de 9 de abril de 2024, donde se advierte que la misma fue suspendida por la Juez de la causa; ya que, del informe brindado por María Esther Peláez, Secretaria del Juzgado -demandada-, se estableció que no se encontraban ninguno de los sujetos procesales, acta que se encontraría en el cuaderno procesal remitido al Juez de garantías. Al respecto, el impetrante de tutela denuncia que la Secretaria demandada, no le proporcionó copias legalizadas del acta de audiencia de 9 de abril de 2024, en la cual -afirma-, enervó uno de los riesgos procesales, negativa que le impediría solicitar una nueva audiencia de cesación de la detención preventiva. No obstante, conforme se explicó en el párrafo anterior, la mencionada audiencia fue suspendida por la inconcurrencia de las partes; asimismo, de fs. 16 a 17 de obrados consta el Acta de 25 de abril de 2024; según la cual, se celebró otra audiencia; en la que; la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha, rechazó la solicitud del imputado Jhonathan Stiven Quiroz Muñoz, de cesación de la detención preventiva, lo cual implica que el accionante, finalmente interpuso una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva. Bajo tales premisas, si se considera que la pretensión de la parte accionante, es la obtención de copias legalizadas del Acta de audiencia celebrada el 9 de abril de 2024, con el fin de presentar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, en el marco del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad de autos fue interpuesta cuando la denuncia de lesión al debido proceso en sus elementos legalidad y celeridad, vinculado a su derecho a la libertad, ya no existe; puesto que, el impetrante de tutela -se reitera- ya presentó una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva -resuelta mediante Auto interlocutorio de 25 de abril de 2024- y esta nueva solicitud fue interpuesta antes de su acción de libertad, que tiene cargo de recepción de 30 de julio de ese año. En cuyo caso, teniendo claro que, de concederse la tutela, la esencia de la presente acción de defensa se desnaturalizaría; dado que, el petitorio de que restituyan los derechos considerados vulnerados ya no tendría sentido, correspondiendo entonces denegar la tutela sin ingresar al fondo de la problemática. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros razonamientos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 19 a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1789_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3507ee1e5e4b3b84140852c5672da423dae2f17719aa91d187c18ebc7d66df7f
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