Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18 de 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 76 vta. a 81, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1788/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67346-2024-135-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18 de 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 76 vta. a 81, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Limber Porcel Segovia contra Sindy Brigitte Romero Padilla, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante denuncia la lesión al debido proceso y de sus derechos a la libertad y dignidad, a la reinserción y del principio de celeridad; toda vez que, estando cumpliendo condena de treinta años sin derecho a indulto, el Consejo Penitenciario del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, le otorgó una salida de veinticuatro horas como recompensa para que pase junto a su familia, no obstante, la Jueza demandada decidió rechazar in limine ese beneficio a través del Auto Interlocutorio 405/2024 de 19 de julio, argumentando que esa recompensa ya fue otorgada en una anterior oportunidad por Auto interlocutorio 91/2024 de 24 de enero, ignorando sus antecedentes de buena conducta en los veintidós años de privación de libertad ya cumplidos. Por otro lado, denuncia que la autoridad demandada, inobservó el plazo establecido en el art. 12.II del Reglamento de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- en cuyo tenor dispone que debía pronunciarse a las cuarenta y ocho horas de conocida la Resolución del Consejo Penitenciario, y presentó su decisión el 18 de julio de 2024 y el Auto Interlocutorio 405/2024, no fue puesto en el casillero para su revisión hasta el 26 del indicado mes y año. Por lo señalado, solicita que se conceda la tutela impetrada, disponiendo la revocatoria del Auto Interlocutorio 405/2024, y se emita una nueva resolución enmendado los errores procesales.
Sindy Brigitte Romero Padilla, Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 73 a 74 solicito se deniegue la tutela impetrada señalando que: a) Conoció la solicitud de salida por veinticuatro horas emitida por el Director de Régimen Penitenciario de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por memorial de 18 de julio de 2024; la cual, resolvió por Auto Interlocutorio 405/2024, rechazando aquel permiso previsto para el 26 del indicado mes y año, advirtiendo a las partes que su decisión era apelable; y, b) Tal petición fue rechazada in limine; ya que, se explicó en la resolución cuestionada que el solicitante de tutela, anteriormente ya gozó de ese beneficio, siendo que esa recompensa tiene un carácter excepcional, extremos que expuso de manera clara en su decisión. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 18 de 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 76 vta. a 81, concedió la tutela impetrada, anulando el Auto Interlocutorio 405/2024 de 19 de julio, ordenando a la autoridad demandada, que, en el plazo de tres días a partir de su notificación, emita un nuevo fallo, considerando que el permiso de salida como recompensa era de una fecha pasada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Al respecto, la SCP 0490/2018-S1 de 10 de septiembre, reiterando los razonamientos de la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, señaló que: «…asumiendo los entendimientos sentados por el extinto Tribunal Constitucional, que establecen en forma general, que la acción de libertad no se encuentra sujeta al principio de subsidiariedad, pero que este principio resulta aplicable de manera excepcional en aquellos casos donde la norma procesal ordinaria prevé específicamente medios de defensa idóneos y oportunos para resguardar el derecho a la libertad cuya lesión se denuncia, sostuvo: “Al respecto, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos
, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”» (las negrillas corresponden al texto original).
El accionante cuestiona que la Jueza de Ejecución Penal ahora demandada negó la salida de veinticuatro horas como recompensa otorgada por el Consejo Penitenciario del Centro donde viene cumpliendo su condena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, sin realizar una compulsa adecuada de su buen comportamiento e inobservando los plazos para su tramitación. Ahora bien, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, resulta imperativo agotar los mecanismos procesales específicos que otorga la justicia ordinaria de manera previa a acudir a la vía constitucional; pues, corresponde a esa instancia conocer y pronunciarse respecto a los medios intraprocesales y recursos que la ley franquea para restituir las presuntas lesiones ocasionadas al derecho a la libertad, su inobservancia derivaría en la improcedencia de la acción de libertad por subsidiariedad. En ese contexto, se advierte que la decisión de negar su salida extraordinaria como recompensa se hubiera plasmada en el Auto Interlocutorio 405/2024; el cual en su parte final, contiene la advertencia de que el mismo es apelable; sin embargo, en antecedentes no se tiene constancia de que el impetrante de tutela hubiera activado el recurso de apelación incidental contra lo resuelto por la autoridad demandada, lo que demuestra que no utilizó el medio recursivo idóneo que le facultaba la ley de manera previa a acudir a la justicia constitucional, agotando de ese modo, la jurisdicción ordinaria, constituyendo en inobservancia del principio de subsidiariedad excepcional; tal como fue ratificado por la Jueza de la causa a tiempo de presentar su informe ante el Tribunal de garantías, impidiendo de esta manera a esta jurisdicción ingresar al análisis de fondo de la problemática; razón por la cual, se deniega la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18 de 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 76 vta. a 81, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1788_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): bcb53a974bf50bfe2b26888c13cab87ebf2b3cb78c9183ad6b865f3bd3e54dff
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