Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2024 de 9 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimonovena de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los razonamientos expuestos en el presenta fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1783/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67309-2024-135-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2024 de 9 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pamela Guarabia Jordán en representación sin mandato de Jacob Daniel Torres Choque contra Julio Alejandro Porcel García, Fiscal de Materia.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y acoso sexual, sin que exista una conminatoria de la autoridad judicial, el Fiscal de Materia demandado emitió Resolución de Acusación Formal 030/2024 de 27 de agosto, encontrándose pendiente de realización de peritajes psicológicos, informáticos entre otras actividades investigativas, las cuales serían de mucha importancia para establecer la verdad histórica de los hechos. Por lo que, solicitó se deje sin efecto la citada Resolución de Acusación Formal, se concluyan los actos investigativos pendientes y se plasmen en el pliego acusatorio. El Fiscal de Materia demandada en audiencia de garantías de 9 de septiembre de 2024, conforme acta cursante de fs. 26 a 29 vta., señaló que, no existen pericias ni actos investigativos pendientes y que la prueba obtenida en la investigación es suficiente para fundar la acusación fiscal, la cual no requiere de una conminatoria de la autoridad jurisdiccional para ser emitida. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimonovena de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 31/2024 de 9 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, bajo el argumento de que el hecho denunciado en la presente acción tutelar debió ser objeto de reclamo en el marco del art. 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, recogió, moduló y complementó el entendimiento sentado en la SC 160/2005-R de 23 de febrero, y en lo pertinente señaló que: “I. …en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos
, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
(…)
IV. En mérito a este entendimiento, se aclara que las subreglas que sobre la base de la sentencia 0160/2005-R se desarrollaron a través de la SC 0181/2005-R y muchas otras más, deben ser reconducidas a la modulación realizada en la presente Sentencia.
(…)
…se puede colegir que la norma procesal penal, prevé de manera expresa mecanismos eficientes para precautelar derechos fundamentales durante la etapa preparatoria, siendo el juez de instrucción el encargado de conocer y resolver los incidentes planteados por las partes cuando éstas consideren que como consecuencia de una actividad procesal defectuosa se estarían vulnerando derechos fundamentales. Asimismo, durante la etapa de juicio, también el tribunal de sentencia tiene el rol de garantizar derechos fundamentales que podrían ser quebrantados por una actividad procesal defectuosa…” (las negrillas son nuestras)
De los antecedentes traídos en revisión, el problema jurídico versa en razón de que, sin que exista una conminatoria de la autoridad judicial, el Fiscal de Materia demandado emitió requerimiento conclusivo de acusación formal, encontrándose pendiente de realización peritajes psicológicos, informáticos entre otras actividades investigativas, que serán de mucha importancia para establecer la verdad histórica de los hechos.
En tal sentido debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual señala que, la norma procesal penal, prevé de manera expresa mecanismos eficientes para precautelar derechos fundamentales durante la etapa preparatoria, siendo el juez de instrucción el encargado de conocer y resolver los incidentes planteados por una actividad procesal defectuosa que vulnere sus derechos fundamentales, debiendo ser planteados previamente por las partes procesales; pues, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. Consiguientemente, en el caso de análisis, se puede evidenciar que, el impetrante de tutela al advertir las irregularidades descritas en la investigación desplegada por la autoridad fiscal demandada, como la falta de conclusión de peritajes u otros actos investigativos, los cuales a decir del accionante serían determinantes para la averiguación de la verdad histórica de los hechos, no activó de forma previa los mecanismos procesales específicos de defensa idóneos, eficientes y oportunos para restituir sus derechos invocados y supuestamente vulnerados, debiendo acudir previamente ante la autoridad jurisdiccional que conoce el caso en la etapa preparatoria, a través de un incidente de actividad procesal defectuosa a objeto de realizar el reclamo correspondiente y sea esta autoridad judicial en aplicación de sus facultades y deberes establecidos por ley, quien pueda corregir las acciones que consideró vulneratorias de sus derechos, conforme lo establece el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, al no haber agotado los mecanismos de la vía ordinaria, impidió que dichos actos puedan ser revisados por la autoridad judicial, quien ejerce el control de la actividad procesal, de acuerdo a los arts. 54 y 279 del CPP, siendo imprescindible agotar los mecanismos señalados y solo en caso de no haberse restituido los derechos afectados, recién activar la vía constitucional, razones por las que corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2024 de 9 de septiembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimonovena de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los razonamientos expuestos en el presenta fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1783_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1eb0244689919413dbf63807ad85bb5dd6b2b2b9bc4cb58c34484a67d34f7f27
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