Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 65/2024 de 30 de agosto, cursante de fs. 52 a 57, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada y con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1776/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67217-2024-135-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 65/2024 de 30 de agosto, cursante de fs. 52 a 57, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Julio Ignacio Angles Quisbert en representación sin mandato de Luis Jhorddy Copa Flores contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez; Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimocuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, Benedicto Tancara Castillo, Abogado.
Por acción de libertad presentada el 29 de agosto de 2024, el accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; y, a la libertad; toda vez que, dentro el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de violación, logró obtener medidas menos gravosas a la detención preventiva, a través del Auto Interlocutorio 239/2024 de 26 de abril. Posteriormente, se celebró audiencia para considerar la revocatoria de medidas cautelares de oficio, a raíz del informe de 29 de abril de 2024 de la Secretaria codemandada, en el cual, se señalaba que su persona no cumplió con las medidas impuestas en el referido fallo; en ese contexto, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio 244/2024 de 30 del indicado mes, disponiendo su detención preventiva; cabe señalar que su anterior abogado, ahora codemandado, realizó un trabajo negligente e ineficiente que derivó en la emisión de esa determinación. Por lo que, solicita la nulidad del informe de 29 de abril de 2024, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 244/2024, manteniendo las medidas cautelares menos gravosas; y, se ordene al Juez y secretaria demandados a emitir los oficios y mandamientos correspondientes. A su vez, el Juez demandado, por informe escrito (fs. 31 y vta.), solicitó se deniegue la tutela argumentando que el fallo que pronunció no fue apelado. Por su parte, la secretaria demandada, a través de informe escrito (fs. 34), solicitó se deniegue la tutela, señalando que el informe sobre el cumplimiento de medidas cautelares le fue encomendado por la resolución que concedió las mismas; por lo cual, solo dio cumplimiento a esa instrucción; asimismo explica que la causa penal cuenta con acusación formal y se dispuso la remisión a la instancia correspondiente. De igual forma, el abogado particular codemandado, mediante informe escrito (fs. 44 y vta.), solicitó se deniegue la tutela: explicando que fue contratado por el accionante recién el 19 de junio de 2024 casi después de dos meses de emitido el fallo que ahora cuestiona. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 65/2024 de 30 de agosto, cursante de fs. 52 a 57, concedió en parte la tutela impetrada respecto al Juez demandado disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 244/2024; y, denegó la tutela respecto a la secretaria y al abogado codemandados. Decisión asumida con base en los fundamentos de que hubo una vulneración al debido proceso relacionado a la libertad del accionante por parte del Juez demandado; la secretaria cumplió la orden de su superior al emitir el referido informe; y, respecto al abogado codemandado, no era una autoridad quien definió o no la libertad del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Al respecto, la SCP 0400/2012 de 22 de junio, con relación a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, señaló que: “…Así lo ha definido la jurisprudencia constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, moduladora de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero estableciendo: ʽI.. la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para 5 conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas a pesar de existir mecanismos de protección especifico y establecidos por la ley procesal vigente, estos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho la libertad y a la persecución o procesamiento indebido deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’. Dentro de la normativa procesal penal ordinaria, se encuentra el recurso de apelación incidental como un medio de impugnación a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, considerándose este un mecanismo idóneo y eficaz que busca corregir o enmendar errores o arbitrariedades cometidas por las autoridades judiciales” (las negrillas y subrayado fueron añadidos).
La problemática propuesta por el accionante versa en que a raíz de un informe arbitrario de la secretaria -codemandada-, el Juez de la causa emitió un Auto Interlocutorio carente de fundamentación y motivación, revocando las medidas cautelares personales menos gravosas impuestas anteriormente, imponiéndole detención preventiva; y que, en ese escenario, el abogado que lo patrocinaba no efectuó un trabajo diligente incumpliendo la Ley de la Abogacía, lo cual derivó en la emisión de ese fallo. Ahora bien, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la Presente Sentencia Constitucional, la acción de libertad se erige como un medio idóneo y eficaz para conocer y restituir vulneraciones a los derechos a la vida y a la libertad, así como frente a persecuciones o procesamientos indebidos que los pongan en riesgo; no obstante, cuando existen mecanismos procesales específicos que resulten adecuados, eficaces y oportunos para proteger dichos derechos, estos deben ser previamente utilizados. En este contexto, se evidencia que en los hechos, la pretensión del impetrante de tutela, gira en torno a que se le impuso detención preventiva por Auto Interlocutorio 244/2024, que según señala, se hubiera expedido de forma irregular sin una debida fundamentación y motivación, con base en la emisión de un informe arbitrario y subjetivo, emitido por la secretaria codemandada que denotaba el incumplimiento de las medidas cautelares personales por parte del prenombrado y que la defensa deficiente y negligente, en inobservancia de la Ley de la Abogacía, habría coadyuvado a los actos denunciados. Sobre el particular, se advierte que el fallo impugnado, en su parte final establece que no causa estado y que por ello es susceptible de apelación (fs. 26 y vta.). Al respecto, concierne puntualizar que las decisiones que imponen medidas cautelares, conforme el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP), son revisables aun de oficio y que esencialmente pueden ser objeto de impugnación, conforme previene el art. 251 del citado compilado legal. En ese marco, de antecedentes no se evidencia que el solicitante de tutela hubiera cuestionado mediante recurso de apelación incidental, el Auto Interlocutorio 244/2024 que instruyó su detención preventiva, al contrario, acudió directamente a la vía constitucional, decisión que conforme la jurisprudencia desarrollada precedentemente es inviable de revisar, al existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho la libertad que debieron haber sido utilizados previamente; puesto que la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado esas vías específicas. Por lo cual, de ingresar a revisar el Auto Interlocutorio 244/2024 -como erradamente hizo el juez de garantías-, sin que antes se formule el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, agotando con ello, los medios de impugnación intraprocesal, se generaría una disfunción procesal que podría derivar en fallos contradictorios emanados por esta jurisdicción en contraposición a la justicia ordinaria lo cual es inviable, en ese entendido, no es posible ingresar al análisis de fondo, debiendo denegarse la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 65/2024 de 30 de agosto, cursante de fs. 52 a 57, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada y con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1776_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 68a4a57546b0bd429ba495732f3d1a029a42bd780e7334046ef67798e1bbec91
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