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SCP 1775/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67208-2024-135-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 24 de diciembre, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada por el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia en lo Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el trámite y resolución de la apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173; y, la inasistencia del imputado o su abogado a la audiencia programada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1775/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67208-2024-135-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 29/2023 de 24 de diciembre, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Santos Pantoja Ríos contra Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, mediante memorial de 22 de diciembre de 2023, denuncia la vulneración del debido proceso en sus componentes derecho a la defensa técnica y derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, vinculado con su derecho a la libertad; argumentando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, la causa fue radicada de manera ilegal en la ciudad de Sucre, cuando los hechos investigados ocurrieron en el departamento de Cochabamba. El 15 de diciembre de 2023, se llevó a cabo su audiencia de consideración de medidas cautelares, en la cual mediante Auto Interlocutorio de la misma fecha se dispuso ilegalmente su detención preventiva, siendo asistido en esa oportunidad por un abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP). Ante lo cual, su defensa interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación, que fue radicado ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; en este contexto, el 21 de diciembre de 2023 anunció nuevo patrocinio legal de una abogada de su confianza; sin embargo, esta no fue notificada con el señalamiento de audiencia de apelación con la debida anticipación, siendo comunicado este hecho una hora y media antes de su celebración y tampoco pudo conectarse a la audiencia virtual, debido a que se encontraba participando en un acto en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), llevándose a cabo la misma sin su presencia y resolviendo las apelaciones a los incidentes formulados, pese a que el abogado del SEPDEP -a quien logró contactar- solicitó la suspensión, al advertir la ausencia de la defensa técnica y de la propia parte imputada, porque no logró conectarse a la audiencia, ocasionando de este modo que se prolongue indebidamente su detención preventiva. Iván Sandoval Fuentes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no presento informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 30 vta. El Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia en lo Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 29/2023 de 24 de diciembre, denegó la tutela solicitada, bajo el argumento de que no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre el trámite y resolución de la apelación incidental de medidas cautelares en el marco de la Ley 1173; y, la inasistencia del imputado o su abogado a la audiencia programada

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0164/2024-S1 de 29 de mayo, entre otras, ha asumido el siguiente entendimiento: «“En cuanto a la apelación de las medidas cautelares, el art. 11 de la indicada Ley 1173, modificó el art. 251 del CPP bajo el siguiente texto:

(…). Lo descrito, permite concluir en que, el trámite y la resolución de la apelación incidental emergente del régimen de medidas cautelares se constituye en un procedimiento sumario y rápido que no admite dilación alguna, salvo las excepciones previstas por la misma ley respecto a la imposibilidad de desarrollar la audiencia como se verá seguidamente. Respecto de las inasistencias o demoras del imputado y su abogado defensor a la audiencia de apelación En cuanto al marco normativo relacionado a las audiencias en el proceso penal, la indicada Ley 1173, mediante su art. 7 modificó el art. 113 del CPP, con el siguiente texto: (…). Primero. Por regla general las audiencias deben desarrollarse con la presencia de las partes; pero, además, toda audiencia debe ser instalada para luego recién disponer su suspensión si fuera el caso; no obstante, en la práctica forense propia de la tramitación procesal penal, debido a la inconcurrencia de las partes, en muchas oportunidades las referidas audiencias no pueden desarrollarse. En tal antecedente, la Ley 1173, ha previsto las formas de proceder ante inconcurrencias de los sujetos procesales, siendo las siguientes: i) Si el imputado no comparece a la audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, sin justificación alguna; la autoridad jurisdiccional, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia. ii) Si el defensor injustificadamente no asiste a la audiencia o se retira de ella, este actuar será considerado como un abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; asimismo, el juez o tribunal procederá a sancionarlo conforme dispone el art. 105 del CPP (sanción por abandono malicioso), posibilitando también la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, únicamente para fines de registro. (…). En cuanto a la imposibilidad de desarrollar las audiencias, la indicada norma en estudio, ha previsto que excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio para preparar la defensa, el juez o tribunal señalará audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas con la habilitación incluso horas inhábiles. En este punto, resulta pertinente señalar que el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad; es decir, no resulta eficaz el hecho de justificar su inasistencia sustentando en la notificación a otra audiencia después o con posterioridad al señalamiento efectuado por el tribunal o juez. (…). Ahora bien, en cuanto a la inasistencia del imputado a las audiencias señaladas o se retire de ella sin justificación; tal como se tiene precisado líneas arriba, el juez o tribunal, al advertir que su presencia es imprescindible, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia; no obstante de ello, el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2019 emitió el “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, en cuyo art. 25 respecto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que: “I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente”. Consecuentemente, resulta evidente que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto, que conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente. Respecto a la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, la indicada norma ha previsto que dicho causídico debe ser reemplazado con la designación de un abogado defensor estatal o uno de oficio (lo que supone una posible sanción al abogado inasistente); medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; de ello, se colige que, el legislador ordinario ha previsto la suspensión excepcional de las audiencias; excepcionalidad, que también aplica a las audiencias donde se resuelvan solicitudes propias del régimen de medidas cautelares en primera instancia y apelación; de igual forma, el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado; sobre el particular, el indicado “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, mediante su art. 24 epigrafiado como (INCONCURRENCIA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA), regula lo siguiente: (…). Consecuentemente, ante la ausencia del imputado o de su abogado en las audiencias de apelación de medidas cautelares, es posible concluir en los siguientes aspectos: a) La inasistencia del imputado a una audiencia de apelación incidental propia del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, el Tribunal debe llevar adelante el actuado garantizando la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda. b) Ante la inasistencia del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, el Tribunal debe designar a un abogado defensor estatal o uno de oficio, lo que supone una suspensión excepcional de la audiencia y el señalamiento de otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; en ese orden, no está permitido que las autoridades jurisdiccionales en instancias de apelación, desarrollen las audiencias sin la presencia de los abogados defensores. Finalmente, incumbe señalar que, el derecho a la defensa del imputado o acusado, en su amplia dimensión en materia penal, no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también implica la defensa material como una garantía fundamental que se encuentra vigente en todo el proceso penal, cuya ejercicio amplio no puede ser coartado bajo ningún concepto; toda vez que, la actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración del art. 115.II de la CPE y lo previsto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referido a que toda persona inculpada tiene derecho de “…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”» (el resaltado nos corresponde).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que, radicada ilegalmente su causa en la ciudad de Sucre, cuando los hechos investigados ocurrieron en un departamento distinto, luego de haber anunciado ante el Tribunal de alzada nuevo patrocinio legal, su defensa no fue notificada con el señalamiento de la audiencia de apelación incidental, impidiéndole contar con la asistencia de su abogada de confianza en dicho actuado procesal, que se celebró además sin su presencia porque no pudo conectarse a la audiencia virtual. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la defensa técnica constituye un derecho irrenunciable del imputado, cuya finalidad es garantizar una asistencia jurídica efectiva durante el desarrollo de las actuaciones procesales, debiendo el imputado contar con el patrocinio de un abogado de confianza o, en su defecto, de un defensor de oficio designado por la autoridad competente. Ahora bien, la sola ausencia del abogado de confianza del imputado no implica por sí misma una vulneración del derecho a la defensa técnica; puesto que, la jurisprudencia constitucional ha sido clara y en este mismo sentido el “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, cuyo art. 25 respecto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, establecen una suerte de obligación de las autoridades jurisdiccionales, específicamente de alzada, de no suspender las audiencias señaladas, salvo circunstancias excepcionales expresamente previstas por el ordenamiento jurídico. En este contexto, la inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, encontrándose presente el abogado defensor, tampoco es causal de suspensión de la audiencia, debiendo este último exponer los alegatos de su recurso de apelación. Ahora bien, en el caso de la inasistencia del abogado defensor, este será reemplazado por un abogado defensor estatal o uno de oficio; en cuyo caso, el juez o tribunal suspenderá la audiencia y señalará otra dentro las 48 horas a efectos de que el abogado que asuma conocimiento de la causa, prepare su defensa, garantizando que el procesado penalmente cuente en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias. Bajo tales premisas, en el caso concreto se tiene que el 15 de diciembre de 2023, se llevó a cabo la audiencia que resolvió la excepción de incompetencia interpuesta por la defensa de parte imputada -impetrante de tutela-, además de resolver la solicitud del Ministerio Público de imposición de medidas cautelares personales en su contra, declarándose infundada la primera y disponiéndose su detención preventiva en el segundo caso. En tal sentido, el accionante apeló incidentalmente de dichas determinaciones, recursos que fueron formulados en audiencia por el abogado del SEPDEP Alexander Álvarez Cruz (fs. 3 y 6). Posteriormente, mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2023 (fs. 19), se anunció el “COPATROCINIO LEGAL” de la Abogada de su confianza Aleida Cabrera; no obstante, la denuncia del accionante refiere que, la referida profesional abogada no fue notificada con el señalamiento de audiencia de apelación con la debida anticipación, sino una hora y media antes de su celebración, llevándose a cabo la misma el 22 de diciembre de 2023 sin su presencia, contando únicamente con la asistencia del abogado del SEPDEP Alexander Álvarez Cruz, quien al advertir la ausencia de la abogada copatrocinante y del accionante por problemas de conexión, solicitó la suspensión de la audiencia, petitorio que -en su criterio- fue denegado indebidamente, prolongando arbitrariamente su detención preventiva. Al respecto, si bien no constan en obrados los pronunciamientos de alzada -Autos de Vista de 22 de diciembre de 2023-, ni tampoco el informe de la autoridad demandada, corresponde hacer hincapié en que los hechos denunciados, no se subsumen a los supuestos excepcionales por los cuales es posible suspender la audiencia programada por el Tribunal de alzada; puesto que, ni la inasistencia de la abogada de confianza del accionante a la audiencia programada ocasionó una indefensión absoluta, dado que el abogado copatrocinante del SIPDEP -quien además fue quien interpuso los recursos de apelación-se encontraba asistiendo al imputado, garantizando de esta manera no solo su derecho a la defensa material sino también a la defensa técnica. Por otro lado, los problemas de conexión que haya podido tener el accionante en la audiencia y que hubiesen impedido su participación en la misma, tampoco eran suficiente causal para disponer su suspensión, pudiendo el mismo abogado del SEPDEP haber fundamentado su recurso, máxime si fue el mismo que interpuso los recursos de apelación ante el Juez a quo; considerando que, en este último caso solo es posible la suspensión por 48 horas, ante el abandono malicioso del abogado defensor, correspondiendo el plazo de ampliación únicamente para que el abogado de oficio se empape de la causa y pueda ejercer una defensa adecuada del imputado, supuesto que no se verifica en el caso concreto; puesto que, el abogado de SEPDEP, fue quien precisamente asistió al ahora impetrante de tutela desde la audiencia cautelar ante el a quo, correspondiendo en ese caso denegar la tutela e interpuso los recursos de apelación correspondientes; consiguientemente, tampoco se advierte inobservancia de las reglas previamente glosadas y por lo mismo no existe una situación de indefensión material, correspondiendo denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 24 de diciembre, cursante de fs. 39 a 40 vta., pronunciada por el Juez de Partido Mixto, Liquidador y de Sentencia en lo Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1775_2026-S1.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3d3394905698d6354f76389837918fec5893977aef041bb4db8425d00c5e66a6

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