Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 09/2024 de 29 de agosto, cursante de fs. 23 a 28, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de la acción de libertad traslativa de pronto despacho e innovativa, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, sin disponer ninguna actuación procesal, al haberse remitido el legajo de apelación al Tribunal de alzada. 2° Exhortar a José Luis Barrientos Flores, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de la Capital del departamento de Oruro, a evitar en lo futuro, incurrir en acciones u omisiones que atenten contra derechos fundamentales, y actuar con debida diligencia, con mayor razón en casos vinculados con personas vulnerables.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1767/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66951-2024-134-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 09/2024 de 29 de agosto, cursante de fs. 23 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yerco Herrera Chiri en representación sin mandado de Raquel Guibarra Torrez contra José Luis Barrientos Flores, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de la Capital del departamento de Oruro.
La accionante, por intermedio de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa; así como, la afectación a su integridad personal y la de su hijo, que es adolescente. La solicitante de tutela señaló que, dentro del proceso penal seguido contra Oscar Napoleón Clavijo Escóbar, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio emitido en audiencia de 26 de agosto de 2024; refirió que, pese al reiterado incumplimiento de las medidas de protección por parte del denunciado -quien, según afirmó, por tercera ocasión habría proferido amenazas contra ella y su hijo-, la autoridad jurisdiccional únicamente dispuso una medida de detención por el lapso de cuatro días. En ese contexto, sostiene que, habiendo formulado el recurso de apelación incidental contra dicha determinación, el mismo no fue remitido al Tribunal de alzada dentro del plazo de veinticuatro horas, previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Con base en dichos antecedentes, solicitó que la autoridad demandada remita de manera inmediata el recurso de apelación incidental ante el superior en grado. José Luis Barrientos Flores, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de la Capital del departamento de Oruro, presentó informe escrito el 29 de agosto de 2024, cursante de fs. 10 a 12 vta., manifestando, en síntesis, lo siguiente: a) La acción de libertad fue dirigida erróneamente en su contra, careciendo de legitimación pasiva; toda vez que, la remisión de apelaciones dentro del plazo legal constituye una atribución propia de la Secretaria del Juzgado, conforme prevé el art. 56 del CPP; b) La impetrante de tutela confunde el supuesto incumplimiento del plazo previsto por el art. 251 del CPP, con una pretensión vinculada al incumplimiento de medidas de protección, aspecto cuya impugnación se encuentra regulada por el art. 403 del citado código, al tratarse de una cuestión accesoria; c) La presente acción de libertad no se adecúa a la finalidad y objeto de esta garantía constitucional; por cuanto, no existe afectación al derecho a la libertad física o de locomoción ni un procesamiento indebido vinculado causalmente con los derechos denunciados como vulnerados, limitándose la accionante a exigir el cumplimiento de un plazo procesal; d) El Juzgado atravesaba una recargada carga laboral y una situación de suplencia legal, debido a la acefalía existente en el cargo de Secretaria, circunstancia que justificaba la flexibilización en la remisión de apelaciones; y, e) En todo caso, el recurso de apelación ya había sido remitido oportunamente, conforme a los entendimientos jurisprudenciales aplicables al caso concreto. En mérito a todo ello, solicitó se declare “improcedente” la acción de libertad y se deniegue la tutela solicitada. El Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 09/2024 de 29 de agosto, cursante de fs. 23 a 28, concedió en parte la tutela impetrada, recomendándole a actuar con celeridad y debida diligencia en casos vinculados a personas vulnerables; con el fundamento que si bien se efectuó la remisión del recurso de apelación ante la Sala Penal de Turno, debe considerarse que cuando se trata de casos de personas vulnerables víctimas de violencia, debe activarse el principio de celeridad y de debida diligencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada.
Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Al respecto la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, se ha pronunciado sobre los estándares internacionales desarrollados tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, a ser observados por los órganos encargados de la persecución penal. En ese sentido, en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece:
«El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatal; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando [medidas] apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos medidas, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer» (el énfasis es ilustrativo).
La problemática planteada por la accionante radica sobre la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la integridad personal de ella y de su hijo adolescente, al no haberse remitido dentro del plazo legal de veinticuatro horas el recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio pronunciado en audiencia de 26 de agosto de 2024, tomando en cuenta los reiterados incumplimientos de las medidas de protección y a las amenazas denunciadas en el proceso penal seguido por el delito de violencia familiar o doméstica. Con carácter previo, corresponde pronunciarse sobre la falta de legitimación pasiva alegada por el Juez ahora demandado en su informe escrito de 29 de agosto del precitado año. Al respecto, cuando una autoridad jurisdiccional tiene el deber legal de remitir oportunamente un recurso de apelación y omite hacerlo o lo realiza fuera de los plazos establecidos por ley, cuenta con legitimación pasiva dentro de la acción de libertad; toda vez que, su actuación u omisión guarda relación directa con la lesión denunciada. En ese marco, no puede eximirse de responsabilidad alegando aspectos administrativos internos; pues, le corresponde dirigir, supervisar y garantizar la tramitación diligente de las causas sometidas a su conocimiento, particularmente aquellas vinculadas con la protección de derechos fundamentales. De la revisión de antecedentes se advierte que el recurso de apelación incidental fue interpuesto el 26 de agosto de 2024; sin embargo, los antecedentes fueron remitidos al Tribunal de alzada recién el 28 del mismo mes y año, conforme se evidencia de la nota de remisión cursante a fs. 13. En consecuencia, la remisión no se efectuó dentro del plazo ordinario previsto por el art. 251 del CPP, correspondiendo analizar si dicha demora puede considerarse justificada a la luz de la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que admite excepcionalmente una ampliación del plazo hasta un máximo de tres días adicionales cuando concurran circunstancias extraordinarias debidamente acreditadas, tales como una excesiva carga laboral o situaciones de suplencia del personal jurisdiccional. Al respecto, la el Juez demandado atribuyó la demora a la elevada carga procesal existente en el Juzgado y a la ausencia de una Secretaria titular. No obstante, los antecedentes evidencian que el despacho contaba con una funcionaria que ejercía la suplencia legal y que, aunque con disponibilidad limitada, se encontraba habilitada para el cumplimiento de las funciones de apoyo jurisdiccional. En ese sentido, tales circunstancias no resultan suficientes para justificar la demora en la tramitación de una actuación que revestía carácter urgente; más aún, cuando se encontraba vinculada con la protección de una mujer víctima de presuntos actos de violencia y de un adolescente que también se hallaba expuesto a la situación denunciada. Por ello, las dificultades organizativas o administrativas del despacho judicial no podían prevalecer sobre el deber de brindar una tutela judicial efectiva y oportuna a personas pertenecientes a grupos de especial protección constitucional. Asimismo, la valoración del caso no puede efectuarse de manera aislada ni limitada al mero cómputo del plazo de remisión, sino que debe considerar la naturaleza de los derechos comprometidos y la condición de vulnerabilidad de las personas involucradas. En efecto, la controversia se desarrolla en un contexto de violencia familiar, en el que la accionante denunció amenazas contra su vida y la de su hijo adolescente, circunstancias que imponían a las autoridades judiciales un deber reforzado de diligencia y protección. Este entendimiento encuentra sustento en lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), cuyo art. 7 impone a los Estados el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, eliminando los obstáculos jurídicos o procesales que puedan impedir una protección efectiva de las víctimas. Tales lineamientos fueron recogidos por la SCP 0017/2019-S2, citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Así, si bien al momento de celebrarse la audiencia de garantías los antecedentes de apelación ya habían sido remitidos al Tribunal de alzada, dicha circunstancia no elimina la lesión constitucional producida; puesto que, la demora injustificada en la remisión incidió en la pronta consideración de la situación jurídica denunciada dentro de un proceso que involucraba a personas en condición de vulnerabilidad y requería una actuación diligente y reforzada por parte de la autoridad judicial. Por ello, a través de la acción de libertad en su modalidad innovativa, conforme al entendimiento desarrollado por la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, a fin de reparar la vulneración constatada y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse; corresponde conceder la tutela solicitada, sin disponer medida material alguna, al haberse cesado el acto lesivo durante la tramitación de la presente acción constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada -sin disponer nada, considerando que, ya se efectivizó la remisión del testimonio de apelación; recomendando, a su vez, a la autoridad demandada que, en los casos que se encuentren involucradas mujeres y menores víctimas de violencia, aplique los principios de celeridad y debida diligencia, tratándose de un sector vulnerable con protección reforzada-; obró de forma parcialmente correcta -entendiendo que, la concesión debió ser total-.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 09/2024 de 29 de agosto, cursante de fs. 23 a 28, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de la acción de libertad traslativa de pronto despacho e innovativa, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, sin disponer ninguna actuación procesal, al haberse remitido el legajo de apelación al Tribunal de alzada. 2° Exhortar a José Luis Barrientos Flores, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de la Capital del departamento de Oruro, a evitar en lo futuro, incurrir en acciones u omisiones que atenten contra derechos fundamentales, y actuar con debida diligencia, con mayor razón en casos vinculados con personas vulnerables. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1767_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): a4e28f77f43ce05c7c7fd65f8a7e74ed4b8e9110accb91008632987f4a50465a
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