Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 59 a 67 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de conformidad a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1754/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66559-2024-134-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 11/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 59 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Francisco Javier Mena Soruco y Jhomar Fernando Dávalos Montecinos en representación sin mandato de Camila Ortiz Morales contra Martha Beatriz Saavedra Urquizu, Fiscal de Materia.
La accionante, a través de sus representantes, por memorial presentado el 12 de agosto de 2024, cursante a fs. 1 y 4 a 6 vta., denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, la autoridad demandada emitió mandamiento de aprehensión de manera ilegal, pues nunca fue notificada con el inicio de la investigación ni con otro actuado procesal; motivo por el cual, considera encontrarse bajo una persecución indebida; por lo descrito, solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión. Martha Beatriz Saavedra Urquizu, Fiscal de Materia, a través de informe cursante de fs. 53 a 55 vta., refirió que la investigación por estafa agravada con víctimas múltiples, se encuentra bajo control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, el mandamiento de aprehensión de 26 de julio de 2024 fue emitido conforme al art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cumpliendo los requisitos de existencia de suficientes indicios y peligros procesales de fuga y obstaculización. La acción de libertad presentada, no individualizó cómo se vulneró el derecho a la libertad, pues no existió persecución ilegal ni procesamiento indebido; y, además, no se agotó el principio de subsidiariedad al no acudir previamente ante el juez de garantías; en consecuencia, el mandamiento de aprehensión fue debidamente fundamentado y no generó lesión alguna a derechos constitucionales. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 11/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 59 a 67 vta., denegó la tutela solicitada, con el fundamento de que los actos en los que hubiera incurrido la Fiscal demandada, debían ser denunciados ante el juez que ejerce el control jurisdiccional de la investigación; por lo que, el accionante no agotó los mecanismos procesales de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana Con relación a las denuncias de supuestas ilegalidades cometidas por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana, la SC 0054/2010-R de 27 de abril estableció que:
…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales.
La accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, la autoridad demandada emitió mandamiento de aprehensión de manera ilegal, pues nunca fue notificada con el inicio de la investigación ni de otro acto procesal; motivo por el cual, considera estar bajo una persecución indebida. Conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las ilegalidades en las que pudieran incurrir los fiscales durante la etapa preparatoria, deben ser denunciadas previamente ante el juez cautelar, dado que dicha autoridad es la encargada de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las partes durante dicha etapa, no siendo posible activar directamente la vía constitucional; en cuyo caso, corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo, por incumplimiento a la subsidiariedad, excepción de la acción de libertad. En ese marco, si la accionante consideraba que el actuar de la Fiscal de Materia con la emisión del mandamiento de aprehensión se constituía en lesivo a sus derechos fundamentales, previamente a acudir a esta vía constitucional, debió acudir ante el juez de la causa, quien es el responsable de ejercer el control jurisdiccional conforme a lo establecido en el art. 54.1 y 279 del CPP, siendo esta la vía idónea e inmediata para reparar cualquier aspecto relacionado con la etapa investigativa del proceso penal; por consiguiente, es ante dicha autoridad que la solicitante de tutela debió exponer los extremos que ahora alega como lesivos y solicitar que se resguarden sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; al no haberlo hecho, inobservó el carácter excepcionalmente subsidiario de esta acción de defensa; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de lo impetrado. En consecuencia, el Juez de Garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 59 a 67 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de conformidad a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1754_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 36bf44c3cd6345844cfec0c4d971277d46e20abc17f3821b459038e68c0fa148
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