Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 54/2024 de 26 de julio, cursante de fs. 152 a 154 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Primero de la capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Modular los efectos del presente fallo constitucional, manteniéndose firmes y vigentes todos los actos jurídicos emergentes el cumplimiento de la decisión asumida por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1740/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66295-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 54/2024 de 26 de julio, cursante de fs. 152 a 154 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Mishael Aguilar Ortiz contra Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del mismo departamento.
El accionante denuncia la vulneración del debido proceso vinculado al derecho a la libertad; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público juntamente con su hermano por delitos contra la salud pública, se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado y mediante Resolución 115/2020 de 24 de abril, se le impuso una pena privativa de libertad de tres años; por lo que, en la misma fecha se benefició con la suspensión condicional de la pena, debiendo cumplir ciertas reglas por el periodo de un año. Después de estar parado el proceso por tres años, el Juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital departamento de La Paz, sin notificarlo legalmente con el señalamiento de audiencia; dado que, la diligencia se practicó en un domicilio que ya no le pertenecía, lo declaró rebelde mediante Resolución 167/2023 de 28 de junio; así también, la misma autoridad, en su ausencia, revocó el beneficio de la suspensión condicional de la pena, a través de Resolución 230/2023 de 29 de agosto; la cual, no pudo ser apelada al no haber sido notificado personalmente y por haberse remitido los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto. A su vez, refiere que el Juez de Ejecución Penal Cuarto del mismo departamento, dictó la Resolución 049/2024 de 29 de enero, emitiendo orden de captura en su contra. Asimismo, señaló que, su derecho a la libertad se encuentra en riesgo; ya que, mediante decreto de 8 de 2024, el ya nombrado Juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la capital del departamento de La Paz, declaró no ha lugar al incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto por su hermano Franklin Ricardo Aguilar Ortiz, por estar fuera de plazo, sin darle la posibilidad de interponer recurso de apelación incidental; con esos alegatos, pide se dejen sin efecto las Resoluciones 167/2023 de 28 de junio y 230/2023 de 29 de agosto y por ende, la orden de captura emitida en su contra. Juan Carlos Montalbán Zapata, Juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de acción de libertad señaló que, el accionante no impugnó las actuaciones procesales que ameritaron la declaratoria de rebeldía y la revocatoria de la suspensión condicional de la pena, por lo tanto, las resoluciones judiciales causaron estado; por lo que, la acción de libertad planteada resulta dilatoria, pretendiendo retrotraer actos jurisdiccionales. Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto de la capital del mismo departamento, en audiencia de garantías, manifestó que, al existir una resolución que revocó la suspensión condicional de la pena, correspondía que su autoridad cumpla con lo dispuesto en el art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Primero de la capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 54/2024 de 26 de julio, cursante de fs. 152 a 154 vta., concedió en parte la tutela solicitada, en relación al Juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo dejar sin efecto toda actuación emergente de la Resolución 167/2023; y, denegó la tutela impetrada en cuanto a Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del mismo departamento En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriéndose a la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en relación a la acción de libertad determinó que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas pertenecen al texto original).
El accionante activó la presente acción de libertad, denunciando que el Juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la capital del departamento de La Paz, declaró su rebeldía y posteriormente revocó el beneficio de la suspensión condicional de la pena que le fue concedido, sin que hubiera sido notificado legalmente con los señalamientos de audiencia respectivos y otros actuados; lo que derivó en que, el Juez de Ejecución Penal Cuarto del mismo departamento, emita orden de captura en su contra. Con ese contexto, precisados los hechos que dieron curso a la interposición de esta acción de libertad, en principio corresponde remitirnos a los antecedentes del proceso, particularmente al memorial cursante de fs. 112 a 118, de lo que se tiene que Franklin Ricardo Aguilar Ortiz (hermano del accionante), suscitó un incidente de actividad procesal defectuosa contra las mismas resoluciones objetadas en esta acción de defensa, incidente que fue declarado no ha lugar, por el Juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante proveído de 8 de febrero de 2024, (fs. 119) decisión que no fue impugnada mediante recurso de apelación incidental, en aplicación del art. 403 inc. 2) del CPP; en ese sentido, el alegato del solicitante de tutela de que no tenía la oportunidad de reclamar ante la autoridad jurisdiccional vía apelación incidental dicha resolución y que por ello se encontraban agotadas la vías, no resulta evidente. En el caso en análisis, no se encuentran superados los supuestos establecidos en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; siendo que, si bien el impetrante de tutela al haber observado que existían irregularidades en cuanto a las notificaciones de actos procesales, debió denunciarlas ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que en el presente caso se encontraba plenamente identificada, siendo que es la misma autoridad judicial hoy codemandada, interponiendo un incidente de actividad procesal defectuosa, conforme los arts. 167, 168 y 169 del CPP, al no haber actuado dentro de ese marco, incurrió en la excepcionalidad de la subsidiariedad, omisión que no puede ser subsanada por esta jurisdicción constitucional, correspondiendo así, denegar la tutela solicitada. No obstante, siendo que el Juez de garantías, concedió en parte la tutela impetrada, con la finalidad de evitar caos jurídico y por el tiempo transcurrido, deben de modularse los efectos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniéndose firmes y vigentes todos los actos jurídicos emergentes, el cumplimiento de la decisión asumida por el Juez de garantías. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 54/2024 de 26 de julio, cursante de fs. 152 a 154 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Primero de la capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1º DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Modular los efectos del presente fallo constitucional, manteniéndose firmes y vigentes todos los actos jurídicos emergentes el cumplimiento de la decisión asumida por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1740_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0e2e4a213814b14e619a3ca174a99a8c7a4b3145e6d1c01d0db2cc6dcf1c4485
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