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SCP 1737/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66271-2024-133-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 016/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 76 a 82 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1737/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66271-2024-133-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 016/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 76 a 82 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Roberto Pérez Ninavia, Abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Jorge Montaño Gonzales, contra Luz Nahir Acebey Arispe; Jueza, y Maritza Cartagena Terrazas; Secretaria, ambas del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante, por memorial presentado el 1 de agosto de 2024, cursante a fs. 1 y 5 a 6 vta., denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, encontrándose recluido en el Centro penitenciario El Abra de Cochabamba, debido a la condena impuesta por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, por un lapso de dieciséis años, habiendo transcurrido trece años, cuatro meses y dos días desde su ingreso al recinto, interpuso incidente de libertad condicional por considerar que cumplió las cuatro quintas partes de la pena, siendo rechazada en audiencia por falta de cumplimiento del tiempo establecido en la normativa; luego, presentó nuevamente el mismo incidente en fecha 19 de julio de 2024, solicitando se señale audiencia de consideración de libertad condicional, del cual denuncia que hasta la fecha de la presentación de la acción de libertad no tiene pronunciamiento alguno, incluso presentó memorial solicitando se conmine a la Secretaria para la elaboración del cómputo de la pena y se señale audiencia, y de la misma manera, tampoco se tiene respuesta a dichas solicitudes. En razón de lo señalado, solicita se ordene a la Jueza y a la Secretaria demandadas, a la emisión del certificado de cómputo de la pena y consiguiente señalamiento de audiencia de consideración de libertad condicional.

Luz Nahir Acebey Arispe, Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, a través de informe presentado el 1 de agosto de 2024, cursante a fs. 52 y vta., señaló que, los argumentos expuestos por el accionante carecen de veracidad, puesto que de las documentales que adjunta se puede verificar que se dio respuesta oportuna a cada uno de los memoriales y solicitudes presentados por el mismo; y que, si no se dio lugar a la libertad condicional solicitada se debe a que no se cumplió -por parte de su abogado de defensa- con la presentación de los requisitos indispensables para la otorgación de este beneficio penitenciario; es decir, que existió una falta de carga argumentativa y probatoria incidental que no fueron cumplidas, pese a que en una anterior resolución firme, se especificó qué requisitos y documentos se deberían presentar para declarar con lugar su solicitud; asimismo, adjuntó el certificado de cómputo de la pena emitido por la Secretaria, por lo que considera que no se incurrió en vulneración ningún derecho, solicitando se deniegue la tutela. Maritza Cartagena Terrazas, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, no presentó informe escrito, ni concurrió a la audiencia pese a su legal notificación cursante a fs. 12. El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 016/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 76 a 82 vta., denegó la tutela impetrada bajo el argumento de que no se cumplen los requisitos para analizar las supuestas vulneraciones denunciadas por el accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0900/2012 de 22 de agosto, sostuvo que: “Dada la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y su alcance, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se establecieron los supuestos de subsidiariedad excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; entendimiento modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, señalando lo siguiente: 'I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

Una vez establecida la problemática planteada por el accionante, de la revisión de los antecedentes, se advierte que, encontrándose en cumplimiento de la pena impuesta por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, tras haber cumplido en reclusión las cuatro quintas partes de la pena, en fecha 18 de junio planteó ante la Jueza demandada, incidente de libertad condicional (fs. 31), la cual, en fecha 26 de junio fue previamente observada, solicitando la presentación de los formularios de Tarjeta de Control Personal (TCP´s) entregados al accionante, que dan cuenta de las evaluaciones semestrales respecto al trabajo y servicios realizados mientras cumplía su condena, así como el certificado de conducta actualizado, los cuales deben ser valorados para la otorgación de la libertad condicional (fs. 35), al incumplimiento de presentación de estos requisitos, a través de Auto Interlocutorio de 22 de julio de 2024, se rechazó el incidente por ser manifiestamente improcedente, en virtud del art. 175 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, señalándose que el solicitante de tutela podría presentar nuevamente el incidente, adjuntando los requisitos necesarios (fs. 42 a 43); no obstante, esta resolución, de acuerdo a normativa y procedimiento, era susceptible de impugnación en la vía ordinaria, teniendo la posibilidad de ser recurrida a través de la apelación incidental. Asimismo, sobre la falta de elaboración del certificado de cómputo de la pena, se evidencia que en fecha 22 de julio de 2024, fue emitido el mismo (fs. 41), por lo que no existió el incumplimiento denunciado en contra de la Secretaria. Sobre estos antecedentes, con base en el Fundamento Jurídico III.1, se tiene que, para la interposición de la acción de libertad, el impetrante de tutela, en procura de la reparación o restitución de sus derechos que creía que fueron vulnerados, en principio debió agotar las vías ordinarias instituidas por la normativa procedimental, en cumplimiento del requisito de subsidiariedad excepcional; por lo que, en primera instancia debió recurrir el Auto Interlocutorio de rechazo de 22 de julio de 2024, dentro de la vía ordinaria, teniendo como alternativa la apelación incidental, para la revisión de la pertinencia de esta resolución, y en caso de persistir la vulneración a sus derechos supuestamente lesionados, siempre que exista total estado de indefensión y una vez agotados los recursos y medios que franquea la ley, entonces podría acudir a la instancia constitucional a través del medio de defensa correspondiente, esto con el fin de evitar confrontación resolutiva entre la instancia constitucional y la instancia ordinaria. En ese sentido, no habiéndose cumplido el requisito de la subsidiariedad excepcional, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 016/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 76 a 82 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1737_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): ced5e756ec77af109e3a22a0d88c52811dd0739bbac0f7598db5d51905ece269

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