Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2024 de 1 de agosto, cursante de fs. 141 a 149, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1725/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66152-2024-133-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 10/2024 de 1 de agosto, cursante de fs. 141 a 149, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Remberto Almanza Pardo y Sonia Ruth Fong Ferreira en representación sin mandato de Claudia Alejandra Calderón Salguero y Gilma Marina Aramayo Padilla contra Gonzalo Flores Céspedes y Zulema Raiza García Basualdo, ex y actual Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; María Eugenia Marquina Mencia, Marina Celina Herbas Herbas, Ronald Colque Rubín de Celis, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento; y, Rolando Jorge Magne Calle.
La parte accionante denuncia la vulneración del debido proceso en sus elementos impugnación y defensa, vinculado a su derecho a la libertad; argumentando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado y otro: a) El Auto de Vista que confirmó la Sentencia que las declaró autoras de los mencionados ilícitos, condenándolas a seis años de reclusión, no fue notificado a su abogado defensor; por lo que, no tuvieron conocimiento del pronunciamiento de alzada, a fin de interponer recurso de casación dentro de plazo previsto en el art. 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP); b) Ordenada la devolución de la causa al Tribunal de Sentencia de origen, ante el vencimiento del plazo para la interposición del recurso de casación y la consiguiente ejecutoria de la Sentencia, se emitieron mandamientos de condena y la notificación con estos para su posterior ejecución al Ministerio Público y al Comando Departamental de la Policía, con el inminente riesgo de restricción para su derecho a la libertad, notificando esta determinación esta vez a su abogado defensor; y, c) Remitidos los antecedentes al Juez de Ejecución Penal, esta autoridad se dispuso a ejercer el control respecto al cumplimiento de la condena, previa ejecución de los mandamientos emitidos. En mérito a lo demandado, solicitan que se dejen sin efecto los mandamientos de condena de 19 de febrero de 2024; así como, el auto de ejecutoría de 19 de febrero de 2024, y la diligencia de notificación de 7 de noviembre de 2023, correspondiente al Auto de Vista 165/2023 de 11 de octubre, ordenando que se les practique una notificación personal con ese fallo, a fin de que puedan activar el recurso de casación. Gonzalo Flores Céspedes y Zulema Raiza García Basualdo, ex y actual Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no presentaron informe escrito alguno ni concurrieron a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante de fs. 113 a 115. María Eugenia Marquina Mencia, Marina Celina Herbas Herbas, Ronald Colque Rubín de Celis, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento, por informe escrito de 1 de agosto de 2024, cursante a fs. 127 vta., solicitaron que se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) Pronunciaron el Auto de Ejecutoría de Sentencia y procedieron al archivo de la causa, al confirmarse su decisión por parte del Tribunal de alzada; y, 2) No es posible desarchivar el proceso; pues, no obstante que se solicitó dicho extremo para poder revisar el expediente; sin embargo, el Encargado de Archivos manifestó su imposibilidad de remitir el mismo. Rolando Jorge Magne Calle, entonces abogado de la parte accionante, por informe escrito cursante a fs. 138 solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: i) En el pasado patrocinó una causa penal radicada en el “Tribunal de Sentencia Nro. 6”; sin embargo, luego fue designado en el cargo de Juez; y, ii) La oficina donde se practicó la notificación cuestionada es de su propiedad; la misma que actualmente, se encuentra alquilada. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2024 de 1 de agosto, cursante de fs. 141 a 149, denegó la tutela impetrada, bajo el argumento de que la parte solicitante de tutela no observó el principio de subsidiariedad, al no haber interpuesto previamente incidente de actividad procesal defectuosa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, recogió, moduló y complementó el entendimiento sentado en la SC 160/2005-R de 23 de febrero, y en lo pertinente señaló que: “I. (…), en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. (…) IV. En mérito a este entendimiento, se aclara que las subreglas que sobre la base de la sentencia 0160/2005-R se desarrollaron a través de la SC 0181/2005-R y muchas otras más, deben ser reconducidas a la modulación realizada en la presente Sentencia” (…) “…se puede colegir que la norma procesal penal, prevé de manera expresa mecanismos eficientes para precautelar derechos fundamentales durante la etapa preparatoria, siendo el juez de instrucción el encargado de conocer y resolver los incidentes planteados por las partes cuando éstas consideren que como consecuencia de una actividad procesal defectuosa se estarían vulnerando derechos fundamentales. Asimismo, durante la etapa de juicio, también el tribunal de sentencia tiene el rol de garantizar derechos fundamentales que podrían ser quebrantados por una actividad procesal defectuosa…” (las negrillas son nuestras).
Sobre el particular, la SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, recogiendo la línea jurisprudencial desarrollada sobre este medio y su alcance como mecanismo idóneo y eficaz intra proceso penal precisó que: «La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad”. Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales”» (las negrillas corresponden al texto original).
La problemática analizada, versa esencialmente en la falta de notificación al entonces abogado de las accionantes -ahora codemandado- con el Auto de Vista 165/2023; el cual, confirmó la Sentencia que las declaró autoras de los ilícitos de uso de instrumento falsificado y otro, condenándolas a seis años de reclusión, lo que impidió que puedan interponer recurso de casación, derivando en que una vez declarada la ejecutoria de dicha Sentencia, se libren mandamientos de condena y se ordene su ejecución, notificando para este propósito al Ministerio Público y al Comando Departamental de Policía, circunstancia considerada lesiva, con el inminente riesgo de restricción para su derecho a la libertad.
Ahora bien, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, previo a interponer la presente acción tutelar, resulta necesario, agotar los mecanismos de impugnación específicos que otorga la justicia ordinaria. En el caso analizado, las impetrantes de tutela pretenden atribuir de manera confusa a la parte demandada, la supuesta notificación irregular con el Auto de Vista 165/2023; lo que según señalan, hubiera derivado en la emisión de los mandamientos de condena, cuya nulidad ahora se pretende. Al respecto, la irregularidad o arbitrariedad ahora denunciada, en el marco del Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debió ser impugnada de manera oportuna y previa a instaurar la presente acción de defensa, mediante el mecanismo idóneo franqueado por la ley -art. 169 del CPP-, como es el incidente de nulidad de actividad procesal defectuosa, concretamente el incidente de nulidad de notificación. De lo señalado, se concluye que las solicitantes de tutela con antelación a recurrir a la justicia constitucional, no utilizaron el medio recursivo de impugnación idóneo que le faculta la ley, de forma previa a acudir a la justicia constitucional, lo que demuestra la inobservancia del principio de subsidiariedad excepcional; ante lo cual, no es posible ingresar para este órgano de justicia constitucional, ingresar al análisis de fondo de lo demandado ni otorgar la protección solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2024 de 1 de agosto, cursante de fs. 141 a 149, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1725_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): c1d93dabcabf61b89e183c1e859189c42c56a22c39f93a5021011e0b8cdaca04
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