Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 173 a 181, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración que respecto a la primera y segunda problemática no se ingresó al análisis de fondo; y, en lo que atañe a la tercera, tal decisión se arribó conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1723/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66128-2024-133-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 07/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 173 a 181, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Antonio Brayan Rojas Peña contra Wilson Gonzalo Saavedra Paniagua, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital; Zulema Almanza Salvatierra, Jueza de Ejecución Penal Primera; y, Juan Blanco Maldonado, Director del Centro Penitenciario San Sebastián Varones todos del departamento de Cochabamba.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión del debido proceso y de sus derechos a la libertad y a la defensa, aduciendo que: a) Dentro del proceso penal signado con Código Único de Denuncia (CUD) 301103012300036 instaurado en su contra el 22 de mayo de 2024, por la presunta comisión del delito de robo agravado, se emitió mandamiento de libertad; sin embargo, el Director del Centro Penitenciario ahora demandado se negó a ejecutarlo; poniéndole en conocimiento que en paralelo, existía otro mandamiento de condena emitido en su contra, de 5 de abril de 2022; el cual, no debió ser considerado por no estar ejecutado; consiguientemente, considera encontrarse detenido ilegalmente por cincuenta y ocho días; b) En otro proceso penal con CUD 301102012003320, obtuvo suspensión condicional de la pena, y a efectos de cumplir con los requisitos para su efectivización, recurrió a su abogado que era parte del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP); sin embargo, transcurrido un tiempo, ya no logró contactarlo, percatándose que la Jueza de Ejecución Penal Primera -ahora demandada-, no le notificó con la radicatoria de la causa; por lo cual, no tuvo conocimiento que se encontraba bajo tuición del despacho de la prenombrada, por cuanto, se practicaron diligencias en la oficina de aquel profesional y no de manera personal; y, c)
En cuanto al Juez demandado, este llevó adelante una audiencia de revocatoria de suspensión condicional con base en una representación de notificación respecto a su domicilio, que se efectuó en otro lugar; asimismo, la decisión de revocar ese beneficio tampoco le fue notificado para que pueda activar los recursos que la ley le faculta. En mérito a ello, solicita que se conceda la tutela impetrada disponiendo que: 1) El Director del Centro Penitenciario San Sebastián de Cochabamba -ahora demandado-, dé cumplimiento al mandamiento de libertad emitido en su favor; 2) Se ordene la nulidad de obrados dentro el proceso penal con CUD 301102012003320, y se disponga un nuevo señalamiento de audiencia de suspensión condicional de la pena debiendo ponerse en conocimiento del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, 3) Disponga que el referido Juzgado ejerza control de su detención ilegal. Wilson Gonzalo Saavedra Paniagua, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito de 19 de julio de 2024, cursante a fs. 163, solicitó que se deniegue la tutela impetrada, señalando que, la acción de libertad carece de fundamento lógico y que se cumplió con todo el trámite correspondiente antes de emitir el Auto de 22 de febrero de 2022; por el que, se revocó el beneficio de suspensión condicional de la pena del accionante, explicándosele en esa oportunidad, que esa decisión podía ser objeto de impugnación. Zulema Almanza Salvatierra, Jueza de Ejecución Penal Primera; y, Juan Blanco Maldonado, Director del Centro Penitenciario San Sebastián Varones ambos del departamento de Cochabamba, no presentaron informe escrito alguno ni concurrieron a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 133 y 140, respectivamente. El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución 07/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 173 a 181, denegó la tutela impetrada, con el fundamento que los reclamos sobre la errónea notificación incurrida por los Jueces demandados, debió ser impugnada ante estas autoridades y no de manera directa ante la justicia constitucional; y, en relación a los actos lesivos ocasionados por el Director del Centro Penitenciario -co demandado-, debió reclamarlos ante el Juez de ejecución penal que ejerce el control de la causa, conforme prevén los arts. 18 y 19 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS). En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, indicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad:
Sobre el particular la SCP 0322/2018-S2 de 9 de julio, precisó que:
“Conforme a lo anotado, las autoridades encargadas de los recintos penitenciarios deben dar cumplimiento y ejecutar inmediatamente las decisiones judiciales que ordenen la detención domiciliaria o la libertad del privado de libertad; para lo cual, inmediatamente después de haber sido notificados deben: a) Verificar si existen o no, otros mandamientos contra el privado de libertad; b) Determinar si el mandamiento de libertad presentado es auténtico, en consecuencia, realizar la verificación correspondiente; c) En caso de duda o imposibilidad de cumplimento por causas no atribuibles al privado de libertad, el Director del Régimen Penitenciario debe procurar con celeridad y diligencia, el acatamiento de la decisión jurisdiccional; y, d) El Director del establecimiento penitenciario a su cargo, es responsable del manejo del mismo y de los registros que existen en él, bajo la responsabilidad penal y/o disciplinaria que corresponda. Las reglas anotadas, tienen la finalidad de velar porque se respeten los derechos fundamentales y garantías constitucionales del detenido; así como evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades, evada burlando la justicia y la verificación de la autenticidad del mandamiento de libertad; situaciones que le generarían responsabilidad al encargado del recinto penitenciario.”
La problemática propuesta por el accionante, converge en los siguientes aspectos: i) El Director del Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba -ahora demandado- no efectivizó el mandamiento de libertad de 22 de mayo de 2024, bajo el argumento de que cursaba en su contra un mandamiento de condena en otro proceso penal; ii) La Jueza de Ejecución Penal demandada omitió notificarle con la radicatoria de su causa, a fin de que cumpla con las reglas impuestas a tiempo de obtener la suspensión condicional de la pena en el proceso penal con CUD 301102012003320; y, iii) El Juez demandado señaló y desarrolló audiencia de revocatoria de suspensión condicional de la pena a través de una notificación por edictos, que estaba sustentada en una representación errónea supuestamente al no haberse identificado su domicilio real cuando aquella labor se hizo en un lugar distinto al domicilio donde reside. Ahora bien, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, resulta imperativo agotar los mecanismos procesales específicos que otorga la justicia ordinaria de manera previa a acudir a la vía constitucional; pues, corresponde a esa instancia, conocer y pronunciarse respecto a los medios intraprocesales y recursos que la ley franquea para restituir las presuntas lesiones ocasionadas al derecho a la libertad, su inobservancia derivaría en la improcedencia de la acción de libertad por subsidiariedad. Ahora bien, en lo concerniente a los Jueces demandados, en la presente acción de libertad se cuestionan dos presuntos hechos lesivos suscitados dentro la causa penal con CUD 301102012003320; el primero relativo a la notificación diligenciada para efectos de la radicatoria ante el Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba con el objetivo de cumplir las reglas impuestas por haberse beneficiado con suspensión condicional de la pena; y, segundo, la notificación por edicto realizada para sustentar la revocatoria de la suspensión condicional de la pena; por lo cual, en ambos escenarios no se advierte que se hubiera observado el principio de subsidiariedad excepcional antes de formalizar esta acción tutelar.
De ello, resulta que el accionante bien podía reclamar y cuestionar lo denunciado en esta acción de libertad, a través de la interposición de incidente, el cual debió usar antes de la vía tutelar, la cual no puede ser activada ante la existencia de un medio intraprocesal de defensa para restituir sus derechos alegados de lesionados; lo que imposibilita a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En lo referente al Director del Centro Penitenciario co demandado, este Tribunal a través de la jurisprudencia consignada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que la ejecución de los mandamientos de libertad deben efectivizarse en el día, conforme regula la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2004-, sin perjuicio de realizar la verificación correspondiente respecto a la idoneidad de la orden expedida así como de que el beneficiario no cuente con otros mandamientos en su contra. Sobre este particular, el impetrante de tutela admite la existencia de un mandamiento de condena emitido dentro de otro proceso penal seguido en su contra; de donde se puede constatar que el Director demandado se limitó a verificar la existencia de otros mandamientos conforme a sus funciones y obligaciones que le atañen; por cuanto, si bien los mandamientos de libertad por su naturaleza, son de ejecución inmediata; aquello no exime a los funcionarios a cargo de los Recintos Penitenciarios a tener que efectuar una labor minuciosa de verificación para ejecutar o no, esas órdenes; aspecto que fue observado por el prenombrado demandado; por lo cual, no es posible otorgar la protección solicitada, al no advertirse de qué forma se hubieran lesionado los derechos fundamentales del accionante; por consecuencia, corresponde también denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 173 a 181, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración que respecto a la primera y segunda problemática no se ingresó al análisis de fondo; y, en lo que atañe a la tercera, tal decisión se arribó conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
…empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1723_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7985c0a358611d50ea133aaf2dafdde2bee295f4d4e1166dd8595796657755df
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