Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2024 de 25 de junio, cursante de fs. 23 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1722/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66110-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2024 de 25 de junio, cursante de fs. 23 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandro Santiago Pérez Alvis, contra Sheila Vanessa Rodríguez Arteaga, Fiscal de Materia y Gonzalo Poma, funcionario policial.
Por memorial presentado el 24 de junio de 2024, cursante a fs. 1 y 8 a 9 vta., el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y defensa; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de pornografía, el 24 de junio de 2024, entre horas 09:00 a 09:30, fue aprehendido por un funcionario policial, cuando salía de su domicilio ubicado en la calle Guatemala de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, sin que previamente haya sido citado a declarar, a efectos de asumir la defensa correspondiente; posteriormente, fue trasladado a dependencias de la Fiscalía Departamental de dicho departamento, en cuyas instalaciones, el funcionario policial demandado, le hizo firmar un documento cuyo contenido desconoce, habiendo tomado conocimiento sobre la existencia del requerimiento fundamentado de aprehensión en su contra, que fue emitido por la Fiscal demandada, que contiene suposiciones alejadas de la verdad; por otro lado, al revisar el cuaderno de investigaciones, pudo advertir la existencia del informe del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), en el que se consignó de manera correcta la dirección de su domicilio; por lo que, solicita se disponga su inmediata libertad. Sheila Vanessa Rodríguez Arteaga, Fiscal de Materia, por informe presentado el 25 de junio de 2024, cursante de fs. 15 a 19 vta., señaló que, si el accionante consideró que se vulneró de forma indebida su libertad, debió acudir previamente ante la autoridad que tiene a su cargo el control jurisdiccional, conforme el art. 54.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y no así de forma directa a través de esta acción de defensa, que es de carácter extraordinario; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. Gonzalo Poma, funcionario policial, en audiencia de garantías, señaló que inicialmente estuvo como investigador asignado al caso, pero fue reasignado a otra división a partir del 5 de mayo de 2024; no obstante, no participó de la aprehensión del accionante, menos aún le hizo firmar algún documento. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada, con el fundamento de que la causa se encuentra bajo control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento; autoridad ante la cual, el accionante debió acudir para hacer conocer cualquier vulneración de derechos, que, al omitir este requisito, incumplió el principio de subsidiariedad excepcional.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana
Con relación a las denuncias de supuestas ilegalidades cometidas por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana, la SC 0054/2010-R de 27 de abril estableció que:
…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales.
El accionante, denuncia que el 24 de junio de 2024, fue aprehendido de forma ilegal al salir de su domicilio, sin que previamente se le haya citado, a objeto de asumir la defensa correspondiente. En el expediente constitucional, cursa requerimiento de aprehensión de 7 de junio de 2024 (fs. 2 a 6); a través del cual, la Fiscal demandada, dentro del proceso penal signado con el CUD 201102012402861 seguido contra el prenombrado, dispuso la aprehensión del mismo, por la presunta comisión del delito de pornografía; constando a fs. 7, orden de aprehensión de igual data, para que posteriormente sea conducido a instalaciones de la Fiscalía, siendo que, según lo informado por la autoridad fiscal demandada, en la audiencia de acción de libertad, que no fue controvertido por el prenombrado, éste se encuentra bajo control jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que desarrolla la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad sobre las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que podrían incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implica vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; considerando que, es la autoridad encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esa etapa. En el caso de análisis, conforme se corrobora de los antecedentes contenidos en el expediente, el impetrante de tutela, mediante esta acción de defensa, denuncia que el 24 de junio de 2024, al salir de su domicilio, fue aprehendido de manera ilegal, sin que previamente haya sido citado para asumir defensa; empero, es importante tener en cuenta que si consideró que su aprehensión fue ilegal, debió previamente efectuar su reclamo ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, autoridad que ejerce el control jurisdiccional de la causa, conforme a lo dispuesto por el art. 54.1 del CPP, pues, es la encargada de realizar el control formal y material de dicha aprehensión por parte del Ministerio Público y la Policía Boliviana; por lo que, en el contexto de la jurisprudencia glosada y la normativa penal citada, la pretensión del impetrante de tutela no resulta atendible, correspondiendo denegar la tutela, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2024 de 25 de junio, cursante de fs. 23 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres y de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1722_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 75fe5c7a14cf0c76255aec3ac61be3ee34886c087ad4d14ccc9ebe42f4e58ae9
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