Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1712/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66010-2024-133-AL Departamento: Oruro En revisión de la Resolución 009/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gladdys Calle Condori contra Peter Alejandro Arellano Orellana, Fiscal de Materia.
La accionante, denuncia la vulneración del debido proceso vinculado a la celeridad procesal; toda vez que, siendo víctima y denunciante, dentro un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria-aduanera, y otros, en los que se vio involucrada por el modus operandi de utilización de personas, dando lugar al embargo de toda propiedad registrada a su nombre y la retención de cuentas bancarias, vino exigiendo la celeridad necesaria en el proceso, sin obtener respuesta, puesto que se cuenta con varias imputaciones rechazadas y observadas, emitidas por los diferentes fiscales que se hicieron cargo del caso y que, a la fecha, no se tiene una imputación formal conforme a los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal (CPP), ya que la última presentada por el Fiscal demandado, no se acomoda a los arts. 301 y 302 de la citada normativa, sufriendo una retardación de justicia que le genera una serie de problemas económicos, familiares y de salud; por lo cual, solicita la continuación del proceso sin dilaciones indebidas y que la autoridad demandada emita la imputación formal, acelere los mecanismos y procedimientos correspondientes que aseguren la pronta resolución del proceso y la consecuente sanción a los autores. Peter Alejandro Arellano Orellana, Fiscal de Materia, en su intervención en audiencia informó que, en el caso se tiene la conminatoria para la emisión de la resolución conclusiva, teniendo plazo para su presentación hasta el mismo día de la audiencia de acción de libertad, por lo que, no se estuviera dilatando de ninguna manera el proceso, ya que la duración del caso se debe al hecho de no contar con los elementos probatorios necesarios para su prosecución y celeridad; hizo referencia además, que no existiría la correcta legitimación activa en la acción tutelar interpuesta, debido a que no cumple con los presupuestos para su análisis, ya que en ningún momento se estuviera vulnerando el derecho a la libertad, a la vida o a la libre locomoción de la accionante, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 009/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 16 a 18 vta., denegó la tutela impetrada, bajo el fundamento de que la accionante no acudió ante el juez de control jurisdiccional, quien tiene la obligación de controlar los plazos y otros actos investigativos, siempre que vulnere algún derecho; para posteriormente, activar a través de una acción de defensa un eventual indebido procesamiento, de no existir un equilibrio procesal para las partes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana Con relación a las denuncias de supuestas ilegalidades cometidas por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana, la SC 0054/2010-R de 27 de abril estableció que:
…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales.
La accionante, en su calidad de víctima y denunciante dentro de un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de defraudación tributaria y otros, denuncia la vulneración de sus derechos alegados debido a la inmovilización de sus cuentas bancarias, el embargo de sus bienes y una supuesta demora fiscal de dos años que impidió la obtención de una sentencia, debido a las constantes dilaciones suscitadas por los diferentes fiscales que se hicieron cargo del caso; que, habiéndose presentado la última imputación formal el 13 de junio de 2024, la misma fue impugnada a través de un incidente de nulidad por defecto absoluto, por no acomodarse a los requisitos establecidos en el CPP. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que desde el momento que el representante del Ministerio Público comunica o avisa el inicio de investigación de un hecho punible ante el juez de instrucción penal, a partir de ese momento comienza el control jurisdiccional sobre la investigación, cuya finalidad es precautelar que la misma se lleve a cabo respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de todos los sujetos procesales. Con base en dicho entendimiento se advierte que si la accionante consideraba que las actuaciones llevadas por el Ministerio Público, implicaban lesión a sus derechos, este reclamo debió haber sido presentado ante el juez de control jurisdiccional como encargado de la investigación, a través de los medios de impugnación intraprocesales que prevé el CPP, autoridad competente para ejercer el control jurisdiccional conforme a los arts. 54.1 y 279 de la misma normativa, que comprende también el control de los plazos en la tramitación del proceso penal durante la etapa preparatoria conforme a lo que prevé el art. 134 del código mencionado; y, quien inicialmente debe reparar cualquier lesión a los derechos de las partes en el marco de sus competencias; al no haberlo hecho, inobservó el carácter excepcionalmente subsidiario de esta acción de defensa; toda vez que, la justicia constitucional no puede suplir los mecanismos de control intraprocesal que debieron ser activados oportunamente en la instancia ordinaria, lo que impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 16 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1712_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3854fd23c979df233c48be91962de87eb42eddd8f0aab993637bc637e73f11a5
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