Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/24 de 1 de julio de 2024, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1699/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65867-2024-132-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/24 de 1 de julio de 2024, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Gonzalo Arenas Camacho en representación sin mandato de Ariane Itsamari Céspedes Castedo contra Romer Saucedo Gómez, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; Delmy Guzmán Roda, Fiscal de Materia; Erick Holguin Doynel, Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz y el Director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
Por memorial de 1 de julio de 2024, cursante de fs. 4 a 8, la accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, a los principios de seguridad jurídica y verdad material; dado que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de secuestro, allanaron su domicilio, fue aprehendida y llevada a celdas de la FELCC sin orden alguna, sufriendo agravios de parte del personal de la Policía Boliviana, con el conocimiento de la Fiscal de Materia demandada, quien no hizo nada para investigar los hechos y tampoco permitió el acceso al cuaderno de investigaciones, demostrando complicidad ante los abusos; así también, desde su aprehensión, no se dio parte legal a la autoridad jurisdiccional, habiendo transcurrido más de cincuenta y ocho horas sin que se efectúe o señale la audiencia cautelar. Romer Saucedo Gómez, Juez de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoséptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación legal cursante a fs. 14.
Delmy Guzmán Roda, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 1 de julio de 2024, cursante de fs. 27 a 29 vta., expresó que en el caso en concreto es obligación de las autoridades que ejercen control, conocer y resolver las denuncias de vulneración a derechos fundamentales, incumpliéndose con el principio de subsidiariedad, correspondiendo denegar la tutela. Erick Holguin Doynel, Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Santa Cruz, en audiencia de garantías, expresó que la accionante no agotó el principio de subsidiariedad e incumplió con los parámetros establecidos en la norma. El Director de la FELCC, enunció que no hay prueba que demuestre lo aseverado por la defensa de la impetrante de tutela y que antes de acudir a la vía constitucional, debió formular sus reclamos ante la autoridad jurisdiccional. La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 08/24 de 1 de julio de 2024, cursante de fs. 37 a 40 vta., por el principio de subsidiariedad y sin ingresar al análisis de fondo, denegó la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La jurisprudencia emitida por este Tribunal de manera reiterativa, estableció los casos en los que es aplicable el principio de subsidiariedad de manera excepcional en las acciones de libertad, así, la SCP 0163/2025-S3 de 31 de marzo, haciendo alusión a la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó que: “Los supuestos de excepcionalidad, ya han sido definidos por este Tribunal, tanto en esta gestión como en las anteriores, así, unificando o integrando estos entendimientos se tiene que: La SC 0008/2010-R de 6 de abril, recogió, moduló y complementó el entendimiento sentado en la SC 160/2005-R de 23 de febrero, y en lo pertinente señaló que: ‘I. (…), en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. (…) IV. En mérito a este entendimiento, se aclara que las subreglas que sobre la base de la sentencia 0160/2005-R se desarrollaron a través de la SC 0181/2005-R y muchas otras más, deben ser reconducidas a la modulación realizada en la presente Sentencia’ (…) ‘…se puede colegir que la norma procesal penal, prevé de manera expresa mecanismos eficientes para precautelar derechos fundamentales durante la etapa preparatoria, siendo el juez de instrucción el encargado de conocer y resolver los incidentes planteados por las partes cuando éstas consideren que como consecuencia de una actividad procesal defectuosa se estarían vulnerando derechos fundamentales. Asimismo, durante la etapa de juicio, también el tribunal de sentencia tiene el rol de garantizar derechos fundamentales que podrían ser quebrantados por una actividad procesal defectuosa’. En el mismo sentido la SC 0969/2005-R de 18 de agosto, que a su vez citó a las SSCC 1933/2004-R, 799/2004-R, y 865/2003-R, luego de citar los arts. 54 inc. 1), 279, 289 y 298 in fine del CPP, refiriéndose al juez cautelar concluyó que: ‘…toda persona relacionada a una investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, debe acudir ante esa autoridad’” (las negrillas son añadidas).
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que la accionante se encuentra sometida a un proceso penal por la presunta comisión del delito de secuestro, en el que fue aprehendida sin orden alguna, sufriendo agravios en conocimiento de la Fiscal de Materia demandada, quien no investigó los hechos y tampoco permitió el acceso al cuaderno de investigaciones, demostrando complicidad; así también, transcurrieron más de cincuenta y ocho horas sin que se efectúe o señale la audiencia cautelar. Cabe resaltar que, mediante informe escrito, la referida Fiscal, en relación a los torturas y vejámenes que expresó la accionante, no existe prueba alguna presentada y que siempre tuvo conocimiento a través de su defensa de todas las actuaciones efectuadas en el caso; asimismo, que es obligación de las autoridades que ejercen control jurisdiccional, conocer y resolver las denuncias de vulneración de derechos fundamentales previo a ingresar a la justicia constitucional. En ese contexto, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se establece que “la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”; lo cual, no aconteció en el presente trámite, ya que la impetrante de tutela debió previamente haber acudido ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional ante los hechos denunciados contra el personal policial y la Fiscal; aclarando que, en horas de la mañana del 1 de julio de 2024; es decir, a momento de instalarse la audiencia tutelar, se efectuó audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la que el control jurisdiccional fue ejercido y se dispuso la detención preventiva de la accionante, sin que presente algún tipo incidente, convalidando los actos reclamados; por lo que, ante la existencia del mecanismo procesal no ejercido corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/24 de 1 de julio de 2024, cursante de fs. 37 a 40 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1699_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0a9bddb64000880f1f171f1e5aba3021443e805694bff0bbd761f9bd27ef1b88
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