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SCP 1696/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
65818-2024-132-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el Art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 27 de septiembre, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1696/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65818-2024-132-AL Departamento: Santa Cruz En revisión de la Resolución 32/2023 de 27 de septiembre, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elías Tordoya Osinaga y Gerardo Javier Ureña Bozo en representación sin mandato de David Vidaurre Suyo contra Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Cautelar Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de sus representantes, por memorial presentado el 26 de septiembre de 2023, cursante a fs. 1 a 2 vta., denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, debido a que, habiendo solicitado la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, estas fueron rechazadas, manteniéndose incólumes las determinaciones asumidas en Sentencia Condenatoria en la que la autoridad demandada, dispuso su sometimiento a terapia psicológica conductual, como también a terapia de alcohólicos anónimos, lo que consideró una medida de imposible cumplimiento, ya que al encontrarse privado de libertad en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, tendría que erogar un gasto de Bs400.- (cuatrocientos bolivianos) diarios, por un mes de terapia, para la cancelación al escolta policial, puesto que en este recinto no se contaba con estos servicios y debía solicitar su salida del recinto para su cumplimiento, considerando arbitraria esta imposición, ya que las medidas impuestas no se encontraban inmersas en la normativa vigente; en ese sentido, solicita que el Juez demandado modifique la resolución agraviada y disponga su libertad de manera inmediata. Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Cautelar Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 23 de septiembre de 2023, cursante a fs. 8, señaló que, en el caso del accionante, se cuenta con una Sentencia Condenatoria debidamente ejecutoriada, misma que dispone que asista a terapia psicológica de conducta y a terapia de alcohólicos anónimos en ejercicio de la protección reforzada a la víctima; asimismo, refiere la existencia de dos Autos Interlocutorios que no fueron recurridos en apelación, pero los mismos no se adjuntan al expediente constitucional para su revisión; del mismo modo, expresando la inexistencia de actos vulneratorios al derecho a la vida, libertad o libre locomoción, solicitó que se deniegue la tutela impetrada. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 32/2023 de 27 de septiembre, cursante de fs. 13 a 14 vta., denegó la tutela impetrada bajo el argumento de que el accionante no se encuentra en un estado de indefensión al no agotar las vías ordinarias que corresponden, sin cumplirse los presupuestos establecidos en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) y arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0900/2012 de 22 de agosto, sostuvo que: “Dada la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y su alcance, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se establecieron los supuestos de subsidiariedad excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora Acción de libertad, cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; entendimiento modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, señalando lo siguiente: 'I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos

POR TANTO

, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, el accionante, a través de sus representantes, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito -se entiende de violencia, puesto que no se menciona el tipo de delito por el que era procesado, teniendo solo la referencia de encontrarse sancionado por la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia-, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, al considerar que las medidas de sometimiento a terapias psicológicas conductuales y terapias en alcohólicos anónimos impuestas en Sentencia Condenatoria dictada en su contra por el Juez demandado, se tornaban de imposible cumplimiento, siendo que para ejecutar estas medidas, se requeriría que el impetrante asuma gastos pecuniarios diarios de Bs400.-(cuatrocientos bolivianos), durante un mes de terapia, ya que en el recinto penitenciario en el que se encontraba recluido, no se contaban con áreas o instituciones de esa índole; razón por la cual, solicitó la aplicación de salidas alternativas a la detención preventiva, en mérito al art. 76 de la Ley 348, con el fin de recobrar su libertad, siendo las mismas denegadas, manteniéndose vigente la Sentencia Condenatoria que, de acuerdo al informe del demandado, se encontraba debidamente ejecutoriada, como también el Auto Interlocutorio, que según el informe del mismo, corresponde el rechazo a la solicitud de aplicación de sanciones alternativas, sin que se haya interpuesto en contra de ellas, ningún recurso ulterior de impugnación, en caso de considerarse lesivas a sus derechos.

Sobre estos antecedentes, con base en el Fundamento Jurídico III.1, se tiene que, para la interposición de la acción de libertad, el accionante, en procura de la reparación o restitución de sus derechos que creía que fueron vulnerados, en principio, debió agotar las vías ordinarias reconocidas e instituidas por la normativa procedimental, en cumplimiento del requisito de subsidiariedad excepcional; por lo que, debió acudir en primera instancia, ante la autoridad de control jurisdiccional; es decir, ante el Juez de Instrucción Penal demandado, siendo a su vez quien dictó la Sentencia Condenatoria y rechazó la solicitud de aplicación de sanciones alternativas a la detención preventiva, a fin de que él mismo reponga o anule la resolución o disposición que se considere lesiva a sus derechos, y en caso de persistir la supuesta vulneración, siempre que exista total estado de indefensión, una vez agotados los recursos y medios que franquea la ley, recién acudir a la instancia constitucional a través del medio de defensa correspondiente, esto con el fin de evitar confrontación entre la instancia constitucional y la instancia ordinaria; en ese sentido, no habiéndose cumplido el requisito de la subsidiariedad excepcional en el presente caso, corresponde denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el Art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2023 de 27 de septiembre, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1696_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7c870445dfd4b17e5b4cdea70df623bb13a72efd543ff3f1e071893b32b4c14c

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