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SCP 1695/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
65817-2024-132-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2024 de 28 de junio, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de lo impetrado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El cumplimiento de las determinaciones pronunciadas dentro de las acciones tutelares, es prerrogativa exclusiva de la autoridad que las resolvió
  2. III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1695/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65817-2024-132-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2024 de 28 de junio, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Raphael Troche Guzmán en representación sin mandato de Anderson Gutiérrez Quisbert contra Verónica Beatriz Miranda, Fiscal de Materia y Freddy Quispe Mamani, Funcionario Policial.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el Juez de la causa declaró el abandono de su defensa; y, posteriormente, fue declarado rebelde, emitiéndose el respectivo mandamiento de aprehensión en su contra. A raíz de ello, interpuso una primera acción de libertad contra el referido Juez de la causa, siendo la misma resuelta en audiencia de garantías de 25 de junio de 2024; en la cual, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, determinó concederle la tutela solicitada, ordenando la continuidad de su abogado defensor y dejando sin efecto el referido mandamiento de aprehensión. Sin embargo, pese a que esa determinación constitucional fue debidamente notificada a la Fiscal de Materia hoy demandada en su condición de directora funcional de la investigación; y, al Funcionario Policial ahora codemandado en su calidad de investigador asignado al caso, éstos continuaron desconociendo a su abogado defensor, restringiendo su acceso al expediente; y, buscaron la ejecución del señalado mandamiento de aprehensión; además, no viabilizaron la notificación de testigos solicitada mediante memorial. Por consiguiente, solicita se conceda la tutela impetrada ordenando el reconocimiento de sus abogados defensores, la devolución de los mandamientos de aprehensión dejados sin efecto, la notificación a los testigos ofrecidos y la remisión de antecedentes disciplinarios contra la Fiscal de Materia y el Funcionario Policial autoridades hoy demandados. Verónica Beatriz Miranda, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías sostuvo que la declaratoria de rebeldía del impetrante de tutela se realizó conforme a derecho, debido a su incomparecencia injustificada a los actos procesales señalados. Asimismo, refirió que los mandamientos de aprehensión emitidos no fueron ejecutados y que ya se dispuso la devolución de los mismos en cumplimiento de una primera anterior acción de libertad. En ese sentido, negó la existencia de la vulneración de derechos. Freddy Quispe Mamani, Funcionario Policial, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante a fs. 24. El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 08/2024 de 28 de junio, cursante de fs. 29 a 31, denegó la tutela solicitada; bajo el fundamento que ya se tiene una determinación por la que el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz al resolver una primera acción de libertad, dejó sin efecto el referido mandamiento de aprehensión, cuya ejecución es objeto de reclamo en esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El cumplimiento de las determinaciones pronunciadas dentro de las acciones tutelares, es prerrogativa exclusiva de la autoridad que las resolvió

Sobre esta problemática, la SCP 0773/2025-S3 de 17 de julio, estableció los siguientes razonamientos: «“…por ser inherentes a la ejecución de una Resolución emitida dentro de otra acción de libertad, corresponden ser denunciados y resueltos ante la Jueza de garantías que conoció dicha acción, y en su defecto ante este Tribunal, pero dentro del cumplimiento de la primera acción, en el marco de lo establecido por los arts. 16 y 40 del CPCo, y no así a través de la interposición de otra acción de libertad, lo contrario implicaría admitir la procedencia de una acción de libertad, frente al supuesto incumplimiento de lo resuelto en otra y el alcance de sus efectos, lo cual contradice la uniforme y reiterada jurisprudencia constitucional que se pronunció proscribiendo tal circunstancia; así las SSCC 0085/1999-R; 0362/2000-R; 0457/2000-R”. En este sentido, el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares, es de exclusiva potestad del juez o tribunal de garantías que las resolvió».

III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio

Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana Con relación a las denuncias de supuestas ilegalidades cometidas por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana, la SC 0054/2010-R de 27 de abril estableció que:

…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales.

III.3. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció que la Fiscal de Materia ahora demandada y el Funcionario Policial hoy codemandado pretenden ejecutar en su contra mandamientos de aprehensión dejados sin efecto como resultado de una anterior acción de libertad; además, desconocen a su abogado restringiendo su acceso al expediente, y niegan la notificación a sus testigos. Bajo ese marco, de la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, se advierte que, en audiencia de garantías celebrada el 25 de junio de 2024, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en conocimiento de una primera acción de libertad presentada por el accionante, pronunció la Resolución 18/2024 de igual fecha, por la que concedió la tutela en favor del impetrante de tutela, disponiendo la continuidad de su abogado defensor, y dejando sin efecto los mandamientos de aprehensión emitidos en su contra (fs. 11 a 17). Determinación que, el 27 del mencionado mes y año, fue puesta en conocimiento de los ahora demandados, quienes, a pesar de ello, continúan ejerciendo actos lesivos en su contra, tales como el desconocimiento de su defensa técnica, la restricción de acceso al cuaderno de investigaciones y la supuesta ejecución del mandamiento de aprehensión. Conforme a ello, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares, es de exclusiva potestad del Juez o Tribunal de garantías que las resolvió; consiguientemente, no corresponde ingresar al análisis de la denuncia sobre la supuesta ejecución del mandamiento de aprehensión, ya que ello es atribución del Juez de garantías que conoció la indicada primera acción de libertad. Ahora bien, de conformidad con el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad únicamente procede cuando se han agotado todos los medios de defensa judicial disponibles; situación que no concurre en el presente caso; toda vez que, con relación al desconocimiento de la defensa técnica del impetrante de tutela y la restricción de acceso al cuaderno de investigaciones, éste contaba con una instancia ordinaria específica e idónea para plantear sus reclamos, como es el Juez de control jurisdiccional, que se constituye en la autoridad competente para conocer el proceso instaurado y ejercer control sobre los actos emanados del Ministerio Público y de la Policía Nacional, de acuerdo con lo previsto por el art. 54.1 con relación al art. 279, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP). En consecuencia, correspondía que el solicitante de tutela exponga ante dicha autoridad los extremos que ahora alega como lesivos, a fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Empero, al no haber procedido de esa forma, incumplió el principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción de defensa; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, dejando constancia de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2024 de 28 de junio, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de lo impetrado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1695_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1d108393b850cbd783f2a31ed269b2e1eb1e216daab1f1fc965604e503037179

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