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SCP 1690/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
65776-2024-132-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/24 de 7 de julio de 2024, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad en casos en que el supuesto acto lesivo tiene su origen o no en hechos de naturaleza criminosa
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1690/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65776-2024-132-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 29/24 de 7 de julio de 2024, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Miguel Soto Castellón en representación sin mandato de Juan Rentería Márquez, Nelson Montaño López, Aristides Martínez, Albert Gutiérrez, Saúl Gutiérrez Miranda, Aniceto Francisco Gonzales Zarate, Isidro Torrez, Walter Guzmán Baigorria, Saúl Tapia, Raymundo Camata; y, Marvin Mendoza contra Erick Calderas Torrico, representante legal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

I. OBJETO PROCESAL

Por acción de libertad formulada el 6 de julio de 2024, cursante de fs. 57 a 60 vta., los accionantes a través de su representante, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad, aduciendo que el 5 del indicado mes y año, fueron interceptados por el demandado, acompañado de un contingente policial, quien retuvo diez volquetas que estaban en tránsito hacia la localidad de Samaipata, sin informarles el motivo de su detención o ponerles en conocimiento denuncia alguna que hubiera sido interpuesta en su contra, procediendo a enmanillarlos como si se tratase de delincuentes. Lo señalado, les generó un estado absoluto de indefensión por cuanto su actividad principal es transportistas, y en su condición de funcionarios de la empresa de transporte “TRANS 15 DE DICIEMBRE Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L)”, solo realizaban las labores propias a dicha labor, en la concesión minera Buena Esperanza, la mismas que cuenta con documentación al día, y permisos para la extracción de arcilla.

En audiencia de garantías, a través de su abogado, explicaron que: a) No pudiese entenderse que hubiera concurrido flagrancia; porque la misma, solo podía darse ante el cumplimiento de dos supuestos; el primero, que tratándose de explotación ilegal, resultaba necesario que no cuenten con permisos para desarrollar la actividad minera; y el segundo, que hubieran sido interceptados en el momento de la comisión de algún delito o perseguidos inmediatamente después de cometerlo; y, b) Al no haber emitido informe la parte demandada, correspondía invertir la prueba y dictaminar la presunción de veracidad de su acción tutelar. Erick Calderas Torrico, representante legal de la AJAM, no emitió informe escrito alguno ni concurrió a la audiencia de garantías, pese a que fue notificado según versión de la Secretaria del Juez de garantías según lo plasmado en el acta cursante a fs. 62. El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías por Resolución 29/24 de 7 de julio de 2024, cursante de fs. 64 a 66, denegó la tutela impetrada, bajo el argumento de que ya existía un proceso penal bajo control de un Juez de Instrucción Penal y consideró que las irregularidades debían reclamarse dentro de ese proceso, no mediante la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Subsidiariedad excepcional en la acción de libertad en casos en que el supuesto acto lesivo tiene su origen o no en hechos de naturaleza criminosa

La SCP 0763/2025-S1 de 8 de julio, razonó sobre esta problemática de la siguiente manera:

Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal.

En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley.

III.2. Análisis del caso concreto

La problemática propuesta por los accionantes, versa en que hubieran sido ilegalmente detenidos por funcionarios policiales a la cabeza del representante legal de la AJAM, cuando no concurría flagrancia ni causa penal abierta en su contra. Ahora bien, de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es posible la presentación directa de la acción de libertad, cuando la supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; entonces al contrario, en el escenario que sí exista dicha vinculación, resulta viable formular de manera directa esta acción tutelar siempre y cuando no se hubiera informado al Juez de Instrucción Penal sobre el inicio de las investigaciones, en los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando no habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. Al respecto, el Juez de garantías, logró determinar que existía una imputación formal y audiencia de consideración de medidas cautelares fijadas para el 7 de julio de 2024, contra los impetrantes de tutela, y si bien no cursan en antecedentes, elementos que demuestre dicha afirmación; sin embargo, es posible considerar ese extremo en aplicación del principio de inmediación enunciado en la SCP 0087/2012 de 19 de abril: “...respecto al manejo de la prueba en un proceso constitucional, como es la acción de libertad, se tiene que en base al principio de informalismo y el principio de verdad material que rige también en la justicia constitucional, traducido en la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, debe diferenciarse ʽ…entre la labor revisora del Tribunal Constitucional y la labor de los jueces y tribunales de garantías, cuya decisión debe regirse por el principio de inmediación -contacto directo entre el juez, las pruebas y las partes…” (las negrillas son añadidas). En ese marco, siendo que los solicitantes de tutela estaban bajo la tuición de un Juez de Instrucción Penal, a quien el Fiscal de Materia asignado al caso, comunicó el inicio de investigación, de considerar que se suscitaron irregularidades en la intervención policial al mando del demandado, que derivó en su aprehensión, debieron efectuar su reclamo a esa autoridad judicial, de forma previa a instaurar la presente acción tutelar. Consiguientemente, no se superó la subsidiariedad excepcional propia de esta acción de defensa al no haberse agotado los mecanismos idóneos intraprocesales ante la autoridad competente; omisión que inhibe a este Tribunal a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, siendo inviable otorgar la protección solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/24 de 7 de julio de 2024, cursante de fs. 64 a 66, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1690_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2181b3cbde6e8e36a542289298f27dd01b47ff5b526a1077a643ffdf72008be8

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