B.IA.LEGAL

SCP 1683/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de diciembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57956-2023-116-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y la presunción de inocencia; reclamó que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente agravada; el 17 de mayo y 11 de julio de 2023, presentó memoriales solicitando oficios para tramitar cesación a la detención preventiva que cumple en el Centro Penitenciario de Palmasola; sin embargo, José René Quezada Ribera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado- rechazó las mismas, mediante los decretos de 19 de mayo y 14 de julio del citado año, razón por la cual “a la fecha” se encuentra detenido ilegalmente y sin causa o motivo justificado; por lo que, solicitó que: a) Se reestablezca el debido proceso en el presente proceso penal; b) Se dé cumplimiento a la SCP 0764/2022-S1 de 8 de agosto; c) Se deje sin efecto los decretos de 18 de mayo y 14 de julio de 2023; d) Se ordene al Juez accionado emita un nuevo decreto, ordenando se extiendan los oficios solicitados mediante memoriales de 17 de mayo y 13 de julio de 2023; e) Se ordene al accionado le extiendan todos los oficios solicitados; f) Se remitan antecedentes al Ministerio Público para su juzgamiento; y, g) Se imponga una multa pecuniaria de Bs3 000.-. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 25 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Emisión de órdenes judiciales para obtener elementos de convicción a ser presentados en audiencia de cesación de la detención preventiva
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1683/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57956-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 25 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Díaz Bernal y José Ramiro Torres Llanos, en representación sin mandato de Osvaldo Mamani Ticona contra José Rene Quezada Ribera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de agosto de 2023, cursantes de fs. 15 a 17, el accionante a través de sus representantes, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente agravada; el 17 de mayo de 2023, presentó memorial al Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-solicitando el oficio para el trámite de la cesación de su detención preventiva; empero, la prenombrada autoridad mediante decreto de 19 del citado mes y año, negó tal pedido, bajo el argumento que debería de acudir ante el Ministerio Público, a fin que le extienda un requerimiento fiscal, obviando que el proceso ya radicó en su despacho; es decir, tiene el control jurisdiccional del mismo. Ante la negativa de su solicitud, reiteró su petitorio a través de memorial presentado el 13 de julio de 2023, mereciendo la misma respuesta mediante decreto de 14 de igual mes y año; por lo que, “a la fecha” se encuentra privado de libertad, sin razón, causa o motivo justificado, encontrándose ilegalmente detenido por la renuencia del Juez demandado a extenderle oficios para el trámite de la cesación de la detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 7 apartado primero, 10 y 11.I de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se reestablezca el debido proceso en el presente proceso penal; b) Se dé cumplimiento a la SCP 0764/2022-S1 de 8 de agosto; c) Se deje sin efecto los decretos de 19 de mayo y 14 de julio de 2023; d) Se ordene al Juez accionado emita un nuevo decreto, ordenando se extiendan los oficios solicitados mediante memoriales de 17 de mayo y 13 de julio de 2023; e) Se ordene al accionado le extiendan todos los oficios solicitados; f) Se remitan antecedentes al Ministerio Público para su juzgamiento; y, g) Se imponga una multa pecuniaria de Bs3 000.- (tres mil bolivianos).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de Garantías

Celebrada la audiencia virtual el 11 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 23 a 24, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

José Rene Quezada Ribera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia virtual señaló que: 1) El decreto de 19 de mayo de 2023, se dictó en atención al art. 279.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues los jueces no pueden generar prueba o investigación que las produzca, que comprometan la imparcialidad del Tribunal o del juzgador, citando al respecto la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril; la cual, indicó que las solicitudes de oficio, pericias y otros, pueden ser solicitadas ante el Ministerio Público, sugiriéndole al impetrante de tutela que acuda ante el Fiscal asignado al caso; empero, el peticionante de tutela hizo caso omiso, reiterando su solicitud de veinticuatro oficios dirigidos a peritos psicológicos, en uno de ellos mencionó el nombre de Boris Urdininea, y un segundo punto de pericia que no corresponde al Tribunal del cual forma parte; así como a la Fiscal de Materia, “…pero que nosotros ordenemos como Tribunal y oficio dirigido a la secretaria de este despacho para establecer como si viera él, en todo caso, que le digan que no ha hecho ninguna influencia ni ha hecho obstaculización sobre la investigación y por último dirigido a cualquier notario…” (sic); por ello, se le reiteró al accionante lo previsto en el art. 279 del CPP; 2) Refiere que el impetrante de tutela no hizo conocer su disconformidad con los cuestionados decretos en esta acción de defensa; ya que, no planteó ningún recurso de reposición ni apelación, estando estas ejecutoriadas; por lo que, al no cumplir con la subsidiariedad, acudiendo directamente a la instancia constitucional, debiese negársele la tutela; y, 3) En cuanto a la jurisprudencia constitucional que el peticionante hizo referencia, la misma no guarda relación con el caso concreto, siendo que sólo hace mención al SIPPASE u otro certificado, el cual no solicitó en los mencionados escritos presentados dentro del referido proceso penal; en consecuencia, no vulneró ningún derecho ni garantía.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 02/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 25 a 28, concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo en consecuencia que se otorgue a favor del accionante, los oficios del memorial de 17 de mayo de 2023, específicamente los siguientes: 1 al 6, 8 al 24; y, denegar la tutela respecto a los oficios del memorial del mes de julio, por señalar cuestiones y direccionar a personas que no pueden ser oficiadas directamente; determinación que se dio bajo los siguientes argumentos: i) En el presente caso, estamos ante una acusación formal radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; en la cual, el impetrante de tutela solicitó la provisión de determinados oficios, solicitud que fue negada por la autoridad demandada; al respecto, la jurisprudencia sentada por la SCP 0764/2022-S1 de 8 de agosto; señaló que, los imputados tienen derechos en igual condición que cualquier persona, y que las autoridades judiciales pueden librar órdenes respectivas, a objeto de obtener elementos lícitos de convicción que permitan al encausado presentar solicitudes de cesación de la detención preventiva, siempre que no vinculen la pretensión de fondo que hace al proceso penal; ii) Ante la solicitud de trámites que tienen relación con la solicitud de cesación a la detención preventiva, se debe considerar que existe una relación entre la solicitud de órdenes judiciales, enmarcadas en la cesación de la detención preventiva; empero, no en su totalidad, pues existen escritos que van al fondo del proceso penal; iii) En cuanto al memorial de 11 de julio de 2023, se advierte que este mismo ataca el fondo del proceso penal, razón suficiente para que el Juez demandado no pueda otorgar los oficios pedidos por el impetrante de tutela; y, iv) Corresponde otorgar tutela solicitada por el accionante, tras evidenciarse en el presente caso la vulneración del derecho de acceder a obtener prueba para una cesación a la detención preventiva, lo que implica que las autoridades judiciales van a analizar las pruebas que son pertinentes en una audiencia a futuro. En la vía de complementación y enmienda, el abogado del accionante solicitó que complemente su resolución para que posteriormente no se vuelva a dar la situación denunciada de su parte; la autoridad demandada, su parte, solicitó que se aclare que la concesión de la tutela es en parte, y que se aclare además porque no se consideró que este no agotó los medios de defensa, como el plantear un recurso de reposición o de revocatoria, y posteriormente apelar, ello para que quede en acta. Por tal motivo, en Juez de garantías dictó el Auto de igual fecha, señalando que, respecto al pedido del primer nombrado, no es posible que se pueda ordenar al Juez demandado o al Tribunal, que no incurra en dilaciones o actuaciones similares, aspecto que es vinculante y le compete al Tribunal Constitucional Plurinacional; y, sobre la solicitud del demandado, en cuanto al motivo por el cual no se agotó el principio de subsidiariedad, considerando que se trata de una solicitud de trámite de cesación a la detención preventiva, tiene que ser atendida de manera inmediata, pues el superar recursos y apelaciones ante el requerimiento de oficios, no resulta viable, por ello, se concedió en parte.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 17 de mayo de 2023, por Osvaldo Mamani Ticona -accionante-, ante el Presidente y Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; solicitó que conforme a la SCP 0764/2022-S1 de 8 de agosto, se le extiendan oficios con el fin de tramitar su cesación a la detención preventiva (fs. 3 a 6). II.2. Mediante decreto de 19 de mayo de 2023, José René Quezada Ribera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, en atención al escrito que antecede, dispuso no ha lugar su solicitud de oficios, conforme a lo previsto en el art. 279.II del CPP, citando la SCP 0131/2018-S4 de 16 de abril, e indicando que es el Ministerio Público quien tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan al imputado para presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aun exista acusación formal (fs. 7). II.3. A través de memorial presentado el 13 de julio de 2023, por el impetrante de tutela, ante el Presidente y Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; reiteró su solicitud de extensión de oficios (fs. 8 a 9). II.4. Por decreto de 14 de julio de 2023, la autoridad demandada, en atención al escrito que antecede, dispuso no ha lugar su solicitud de oficios, utilizando los mismos argumentos contenidos en el decreto de 19 de mayo de 2023 (fs. 10).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y la presunción de inocencia; reclamó que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente agravada; el 17 de mayo y 11 de julio de 2023, presentó memoriales solicitando oficios para tramitar cesación a la detención preventiva que cumple en el Centro Penitenciario de Palmasola; sin embargo, José René Quezada Ribera, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado- rechazó las mismas, mediante los decretos de 19 de mayo y 14 de julio del citado año, razón por la cual “a la fecha” se encuentra detenido ilegalmente y sin causa o motivo justificado; por lo que, solicitó que: a) Se reestablezca el debido proceso en el presente proceso penal; b) Se dé cumplimiento a la SCP 0764/2022-S1 de 8 de agosto; c) Se deje sin efecto los decretos de 18 de mayo y 14 de julio de 2023; d) Se ordene al Juez accionado emita un nuevo decreto, ordenando se extiendan los oficios solicitados mediante memoriales de 17 de mayo y 13 de julio de 2023; e) Se ordene al accionado le extiendan todos los oficios solicitados; f) Se remitan antecedentes al Ministerio Público para su juzgamiento; y, g) Se imponga una multa pecuniaria de Bs3 000.-. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Emisión de órdenes judiciales para obtener elementos de convicción a ser presentados en audiencia de cesación de la detención preventiva

La SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, estableció que: “La acción de libertad, establecida en el art. 125 CPE, se halla dotada de un triple carácter: preventivo, correctivo y reparador: preventivo, por cuanto persigue frenar una lesión ante una inminente detención indebida o ilegal, impidiendo que se materialice la privación o restricción de libertad; correctivo, toda vez que, su objetivo es evitar que se agraven las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra; finalmente, reparador, en el entendido de que pretende corregir una lesión ya consumada; es decir, opera ante la verificación de una detención ilegal o indebida, como consecuencia de la inobservancia de las formalidades legales. Así, dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través de la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que sostuvo que por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, '…se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'. Entendimiento que siendo afianzado, fue complementado por el razonamiento asumido en la SC 0337/2010-R de 15 de junio, que analizando la naturaleza jurídica de la acción de libertad, señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho '…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'. (…) Para el caso en los cuales las autoridades jurisdiccionales reciban una petición de la persona detenida o privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla con celeridad, (…). Actuar de manera distinta a la descrita, provoca dilaciones indebidas y dilatorias sobre la definición jurídica de las personas privadas de libertad y corresponde activar el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…'.

Es decir, a partir de la jurisprudencia construida por el Tribunal Constitucional, se adopta el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, como mecanismo extraordinario idóneo para reclamar las dilaciones indebidas ocasionadas por actos u omisiones de las autoridades jurisdiccionales, que inciden en lesión al derecho a la libertad”. Asimismo la SCP 0134/2018-S4 antes mencionada en su Fundamento Jurídico III.2, moduló la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, sosteniendo que: ''En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de su cesación a la detención preventiva, durante la etapa preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-S3 señaló:

'Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que:

1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el art. 323 inc. 1) del CPP- se constituye en parte contraria del mismo; en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado;

(…)

A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad. (…)

Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral” (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes reclamó que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente agravada; el 17 de mayo y 13 de julio de 2023, presentó memoriales solicitando oficios para tramitar la cesación a la detención preventiva que cumple en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; sin embargo, el Juez demandado rechazó las mismas, mediante los decretos de 19 de mayo y 14 de julio del citado año, razón por la cual “a la fecha” se encuentra detenido ilegalmente y sin causa o motivo justificado. De la compulsa de antecedentes se tiene que, el 17 de mayo de 2023, el accionante presentó memorial ante el Presidente y Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, solicitando que conforme a la SCP 0764/2022-S1 de 8 de agosto, se le extiendan oficios con el fin de tramitar su cesación a la detención preventiva (Conclusión II.1). Tal escrito, fue atendido mediante decreto de 19 de mayo de 2023; por el cual, el Juez demandado dispuso no ha lugar su solicitud de oficios, de acuerdo a lo previsto en el art. 279.II del CPP, citando la SCP 0131/2018-S4 de 16 de abril, e indicando que es el Ministerio Público quien tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan al imputado para presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aun exista acusación formal (Conclusión II.2). El 11 de julio de 2023, el impetrante de tutela presentó otra solicitud de oficios (Conclusión II.3), mereciendo el decreto de 14 del citado mes y año, en los mismos términos que expuso la autoridad demandada en el decreto de 19 de mayo del referido año (Conclusión II.4). Con carácter previo cabe precisar que el instituto de las medidas cautelares, no tiene como finalidad el definir la culpabilidad del encausado, sino entre otras, coadyuvar con la averiguación de la verdad y garantizar el desarrollo del proceso, principalmente con la presencia del procesado durante su tramitación; por consiguiente, este instituto es accesorio al proceso principal, donde no se discute si el imputado es culpable o no, por lo que no afecta el objeto del proceso penal.

En función a lo expresado, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las autoridades judiciales en el desarrollo del proceso penal, pueden librar órdenes judiciales a objeto de obtener elementos lícitos de convicción que permitan al encausado presentar solicitudes de cesación de la detención preventiva, siempre que no estén vinculadas a la pretensión de fondo que hace al objeto del proceso penal.

En razón a lo señalado, e ingresando al análisis de la problemática expuesta se tiene que; el solicitante de tutela, en su escrito presentado el 17 de mayo de 2023, impetró al Juez demandado, libere oficios dirigidos a las siguientes instancias: a) Al Director de Migración de Santa Cruz, para que oficie registro de flujo migratorio en vía terrestre, aérea y ferroviaria; b) A cualquier Notario de Fe Pública de Santa Cruz Oficinas de Migración para la respectiva acta de verificación con fotografías y elabore el croquis de su actividad laboral y también de su domicilio real; c) A la empresa ferrroviaria Oriental S.A. a objeto que certifique si su persona registra o tiene movimiento migratorio; d) Al Jefe del Organismo Operativo de Tránsito de la terminal Bimodal, para que certifique si salió de la frontera, o si está en las listas de salidas y llegadas de buses, desde el 1 de febrero de 2023, hasta la fecha actual; e) A la ASFI para que certifique si registra alguna cuenta en entidad bancaria o financiera a su nombre; f) A la Secretaría del Juez ahora accionado, para que informe si cursa algún informe negativo en su contra; y, el estado actual del proceso penal; g) A las empresas de transporte vía terrestre: URKUPIÑA, COPACABANA, RENACER, LA PREFERIDA, LA VELOZ DEL NORTE, TUPIZA, PIONERA, PANAMASUR, 23 DE MARZO, TRANS BERMEJO, TRANS PANDO, PLATINIUM, COSMOS, IMPERIAL, 7 DE JUNIO, para que certifique si hay registro de su persona, en las listas de salidas y llegadas de buses, desde el 1 de febrero de 2023, “hasta la fecha”; h) Al Consejo de la Magistratura para que extienda Certificado de Antecedentes Penales REJAP; i) A las Oficinas del Consejo de la Magistratura para que por la sección que correspondan nos extiendan certificado de no violencia CENVI. Solicitud que la autoridad demandada no dio curso, alegando que su petición debe enmarcarse en los previsto en el art. 323.a) del CPP; sin embargo, en el caso concreto, dicha solicitud se encontraba referida a la obtención de elementos con la finalidad de presentar una nueva solicitud de cesación a su detención preventiva, aspecto que no compromete la imparcialidad de los juzgadores; en consecuencia, el prenombrado debió analizar la procedencia del pedido considerando que las pruebas referidas en los incisos anteriores a excepción del inciso f), se encuentran claramente relacionadas con dicho trámite accesorio a la causa principal, correspondiendo conceder la tutela, disponiendo que el Juez demandado oficie a las instancias descritas en los incisos a) a la i), exceptuando el inciso f), esta última se deniega por estar vinculada a la causa de fondo. En cuanto al memorial presentado el 13 de julio de 2023, el impetrante de tutela solicitó se libre oficios dirigidos a: 1) Boris Urdininea Vaca, perito particular psicólogo, a fin que le realice un informe psicológico pericial a su persona, y determine el grado de influencia que tiene el acusado en contra de la víctima, si se considera un peligro efectivo para la misma, determinar que la referida no se encuentra en vulnerabilidad del acusado, el grado de vulnerabilidad de la víctima, determinar el grado de peligrosidad e inclinación sexual hacia menores de edad de su persona, determinar su personalidad, determinar si su persona presenta rasgos de seducción hacia la víctima o menores de edad; 2) A la Fiscal de Materia para que dicte resolución sobre medida de protección especial en favor de la víctima en atención al art. 389 bis. del CPP; 3) A la Secretaria del Juzgado, a efectos que procesa a elevar informe, si cursa informe negativo en su contra por parte del Ministerio Público, o hubiese amenazado o influenciado a algún testigo, partícipe o perito, e informe sobre el estado actual de su proceso; y, 4) A cualquier Notario de Fe Pública de Santa Cruz, a objeto que realice reconocimiento de firmas sobre el documento de ofrecimiento de garantías constitucionales en favor de testigos, peritos ofrecidos por el Ministerio Público dentro de su acusación fiscal. Solicitud que la autoridad demandada no dio curso, obrando correctamente, debido a que los oficios requeridos están vinculados a la causa de fondo y no pueden ser objeto de orden judicial; por lo que, en este punto, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 25 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1683_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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