Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2024 de 27 de junio, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1677/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65605-2024-132-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2024 de 27 de junio, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Israel Alex Escobar Paredes contra Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero en suplencia legal de su similar Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, Liliana Choque Valda, ex Fiscal de Materia.
El accionante, denunció la vulneración a sus derechos a la libertad, locomoción y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, el 12 de octubre de 2023, después de haber asistido a sus clases, fue abordado por Deysi Cáceres Valverde, madre de su enamorada Laura Dadiva Arzadum Cáceres, quien le señaló la forma en que arreglarían el embarazo de su hija; posteriormente, fueron al Módulo Policial Hinojosa de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, al que ingresaron de manera voluntaria, al interior se vio sorprendido; pues, a los policías que estaban en dichas instalaciones, la prenombrada les dijo que había violado a su hija el 29 de julio de 2023, lo que originó su aprehensión por particulares, en total inobservancia de los arts. 329 y 330 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues no existió flagrancia; subsiguientemente, le notificaron con el inicio de investigaciones y la Resolución de Imputación Formal 93/2023 de 13 de octubre, emitida por la ex Fiscal demandada; en ese marco, se llevó su audiencia de medidas cautelares, en la que se pronunció la Resolución 479/2023 de 13 de octubre; resoluciones ilegales que violan sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, que afectaron su derecho a la vida, ya que padece de una patología de ataques epilépticos. Por lo que solicitó que, vía esta acción de defensa, se deje sin efecto la resolución de imputación formal y la resolución de aplicación de medidas cautelares, ordenando su inmediata libertad. Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero -en suplencia legal de su similar Quinto- de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación, cursante a fs. 25. Liliana Choque Valda, ex Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, manifestó que el ahora accionante, si consideraba que fueron lesionados sus derechos, debió hacer uso de medios legales específicos y oportunos ante el Juez de la causa, no siendo la vía constitucional la idónea para resolver su libertad. El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 11/2024 de 27 de junio, cursante de fs. 29 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de no haber agotado la subsidiariedad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriéndose a la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en relación a la acción de libertad determinó que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas pertenecen al texto original). Así la SCP 0489/2018-S4 de 5 de septiembre, que señala: “… se reconoce la competencia de los Jueces de Instrucción Penal para ejercer el control jurisdiccional durante el desarrollo de la investigación dentro de la fases que componen la etapa preparatoria, respecto a las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Nacional, dentro del marco establecido por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las normas del Código de Procedimiento Penal que forman parte del bloque de constitucionalidad; en tal sentido, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, entre las cuales se encuentra el derecho a la libertad, debe acudir ante esa autoridad” (las negrillas son nuestras).
El accionante, denunció que la ex Fiscal ahora codemandada al emitir la resolución de imputación formal y el Juez demandado al pronunciar la resolución de consideración de medidas cautelares, no consideraron la forma en que se realizó su aprehensión por particulares, menos que sería en flagrancia, siendo dichas resoluciones ilegales, tampoco tomaron en cuenta su estado de salud. En el caso de análisis, cursa de fs. 3 a 4, el Formulario Único de Denuncia y Acta de Denuncia; por las cuales, se denunció que el ahora accionante, el 29 de julio de 2023, cometió el presunto ilícito de violación; asimismo, a fs. 5, cursa el Informe de Intervención Policial Preventiva Acción Directa; a través del cual, se hizo conocer que a raíz de la citada denuncia, se condujo al solicitante de tutela, a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); posteriormente, la ex Fiscal ahora codemandada, por Resolución de Imputación Formal 93/2023, formuló requerimiento de imputación formal contra el impetrante de tutela, solicitando su detención preventiva; en ese marco, por Resolución 479/2023, el Juez hoy demandado, determinó la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario Qalauma de La Paz, por el tiempo de seis meses. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos reclamados, no obstante, rige su procedimiento el principio de subsidiariedad excepcional, que determina que, en caso de existir mecanismos procesales específicos que sean idóneos, eficientes y oportunos, deben ser utilizados previamente, y en el supuesto de no restablecerse los derechos reclamados, a pesar de haberse agotados dichas las vías, recién operará esta acción de defensa; en este sentido, toda persona involucrada en una investigación que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, entre las cuales se encuentra el derecho a la libertad, debe acudir ante el Juez de Instrucción Penal que es el encargado del control jurisdiccional durante la etapa preparatoria, respecto a las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Boliviana. a) Respecto a la ex Fiscal codemandada, teniendo presente los antecedentes descritos, se evidencia que dicha autoridad, comunicó al Juez de la causa, el inicio de la investigación y se emitió la Resolución de Imputación Formal 93/2023; por la cual, solicitó la detención preventiva del ahora solicitante de tutela, por el lapso de seis meses; empero, el accionante mediante esta acción de defensa, denunció que dicha resolución, no consideró la forma en que se realizó su aprehensión; sin embargo, es importante tener en cuenta que si el ahora impetrante de tutela, consideraba que su aprehensión fue ilegal, debió previamente efectuar su reclamo ante el Juez de control jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por el art. 54 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que, dicha autoridad, es la encargada de realizar el control formal y material de dicha aprehensión por parte del Ministerio Público y la Policía Boliviana, conforme a la SCP 0825/2018-S2 de 10 de diciembre, siendo que ante una petición de esa índole, la autoridad jurisdiccional, se encuentra impelida de pronunciarse sobre el particular, antes de cualquier medida cautelar. En consecuencia, se advierte que el accionante, no acudió ante dicha autoridad jurisdiccional, para denunciar las supuestas vulneraciones; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada, ante el no agotamiento del principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción de defensa. b) Respecto al Juez demandado, se evidencia que por Resolución 479/2023, dispuso la detención preventiva del ahora solicitante de tutela en el Centro Penitenciario Qalauma de La Paz, por el lapso de seis meses; empero, de la compulsa de los antecedentes que se encuentran en el expediente constitucional, no se advierte que el ahora impetrante de tutela, haya interpuesto contra la citada resolución de medidas cautelares, una apelación ante el superior en grado, de conformidad a lo previsto por el art. 251 del CPP; por el contrario, se puede advertir que el solicitante de tutela, acudió de manera directa a esta acción de defensa pretendiendo su libertad, sin que en el momento procesal oportuno, haya activado los mecanismos legales citados precedentemente, para denunciar o reclamar la supuesta vulneración a sus derechos; no siendo permisible desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad; puesto que, no se constituye en una instancia paralela de la jurisdicción ordinaria; por lo que, en mérito a los fundamentos expuestos, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2024 de 27 de junio, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1677_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): e21b594972562eeb5c4891d234545f55fe94bf828458adb28c761c9e3409a58c
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