B.IA.LEGAL

SCP 1677/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de diciembre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57911-2023-116-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante reclamó que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño, adolescente; se le impuso la medida cautelar de la detención preventiva, por lo que el 7 de agosto de 2023, su defensa ingresó varias solicitudes que fueron enviadas por buzón judicial, pero no fueron atendidas por la negligencia del Secretario de Juzgado ahora demandado, quien no presentó las mismas ante el Juez Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz; asimismo, se tiene que el prenombrado tampoco remitió la apelación interpuesta contra el Auto Interlocutorio de 31 de julio de 2023, ni le notificó con ese actuado procesal, existiendo una dilación indebida; solicitando se atienda las solitudes enviadas, se remita la apelación del citado Auto Interlocutorio, así como el mandamiento de detención preventiva, ante el Juez de Ejecución Penal de Turno de la Capital del departamento de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/23 de 13 de agosto de 2023, cursante de fs. 9 vta. a 11 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al principio de celeridad directamente vinculado a la libertad del accionante, disponiendo que el Juez Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz y el Secretario demandado dentro de las veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remitan el legajo del recurso de apelación incidental en cuestión; salvo que por el transcurso del tiempo el mismo ya se hubiera efectuado; 2° DENEGAR en lo que concierne al uso del buzón judicial, al no tener ese servicio en la provincia en la que cumple sus funciones el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal subalterno en la acción de libertad
  3. III.3. Sobre el buzón judicial y el recurso de apelación
  4. III.4. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de medidas cautelares
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1677/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57911-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 27/23 de 13 de agosto de 2023, cursante de fs. 9 vta. a 11 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noel Arturo Vaca López en representación sin mandato de Marin Alvi Guardia contra Wilson Terceros Sullca, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de agosto de 2023, cursantes de fs. 1 a 2 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño, adolescente, el Juez Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, dictó el Auto Interlocutorio de 31 de julio de 2023, imponiéndole la medida cautelar de detención preventiva, siendo conducido e ingresado en la señalada fecha, al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Posteriormente, el 7 de agosto de 2023, ejerciendo su derecho a la defensa, ingresó varias solicitudes -se supone que serían solicitudes de fijación de audiencia de cesación de la detención preventiva- que fueron enviadas vía telemática, las cuales el Secretario del mencionado juzgado -ahora demandado-, tenía que hacer ingresar de forma física al día siguiente hábil; es decir, el 8 del citado mes y año; empero, pese a que la autoridad jurisdiccional se pronunció al respecto, no le notificaron por ese medio. En ese sentido, no se remitió la mencionada determinación cautelar ante el “Juez de Turno de Ejecución Penal de la Capital” (sic), ni se le notificó con dicho actuado, por lo que se ha incumplido con lo establecido por la jurisprudencia constitucional, citando al efecto la SCP 0940/2022-S1 de 13 de septiembre; asimismo, denunció que el funcionario jurisdiccional demandado tampoco remitió la apelación interpuesta de forma oportuna, existiendo una dilación indebida, citando al respecto la misma Sentencia Constitucional Plurinacional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

No denuncio la vulneración de ningún derecho.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: a) Se atienda las solicitudes enviadas a buzón judicial de manera telemática conforme a la SCP 0678/2022-S2 de 27 de junio; b) Se remita la apelación contra el Auto Interlocutorio de 31 de julio de 2023, que dispuso la medida de detención preventiva y comunique con el mismo de manera telemática; y, c) Se remita el Auto Interlocutorio y el mandamiento de detención preventiva al Juez de Ejecución Penal de Turno de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de Garantías

Celebrada la audiencia virtual el 13 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 9 y vta. a 10 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) Solicitó se considere la presunción de veracidad de los hechos demandados ante la falta de informe del demandado, quien tampoco presentó ninguna prueba; 2) El 8 de agosto de 2023, presentó un memorial que hizo llegar al Secretario demandado en Formato de Documento Portátil (PDF), del cual no obtuvo respuesta hasta el “día de hoy”, por ningún medio telemático ni WhatsApp; y, 3) Por esa situación, solicitó que el demandado habilite su celular para recibir los memoriales del buzón judicial de manera telemática, así como el petitorio que consta en la acción de libertad, y se ordene mediante oficio al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, que en su próxima audiencia pueda conectarse el accionante.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Wilson Terceros Sullca, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 8.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 27/23 de 13 de agosto de 2023, cursante de fs. 9 vta. a 11 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que: i) Se remita de forma inmediata el recurso de apelación al Auto Interlocutorio de 31 de julio de 2023, en original o fotocopias legalizadas bajo responsabilidad; y, ii) Se envié de forma inmediata el Auto Interlocutorio de detención preventiva al Juez de Ejecución Penal de Turno de la Capital del departamento de Santa Cruz. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) Al no haber presentado, el Secretario demandado, un informe de descargo, se tiene por válido lo manifestado por el impetrante de tutela, que señaló, que el 31 de julio de 2023 se dispuso su detención preventiva, motivo por el cual, el 2 de agosto de igual año, este fue trasladado al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; b) No se tiene descargo, del funcionario judicial demandado, que se hubiese remitido la apelación de medidas cautelares a la Sala de turno hasta el 11 de igual mes y año, que se interpuso la presente acción de defensa, tampoco se tiene justificación a esa dilación, omisión que también afectó el control de la detención preventiva por el Juez de Ejecución Penal de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a lo previsto en el art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, corresponde otorgar la tutela respecto a la vulneración del principio de celeridad que deber regir en el tratamiento de las medidas cautelares de carácter personal; c) En relación a los memoriales presentados mediante buzón judicial el 7 de agosto de 2023, se tiene que, si bien el abogado patrocinante presentó memoriales a través del sistema del buzón judicial, este es utilizando cuando el uso del mismo no es discrecional, pudiendo ser en caso de memoriales o recursos en los que el plazo para su presentación se encuentre en vísperas de su vencimiento; y, que conforme al reglamento, el memorial con las firmas digitales deberá ser presentado ante el Juez o Tribunal de manera física, a primera hora del día siguiente hábil después de su presentación digital, por el interesado; y, d) En el caso de provincias, el despacho del juzgado no cuenta con sistema para poder verificar la presentación de estos documentos, motivo por el que se supone que estos no fueron de conocimiento del Secretario del Juzgado demandado; en consecuencia, siendo que en el caso no se da ninguna de las situaciones anotadas, pues no resulta suficiente que se haga conocer esa situación al demandado por redes sociales para que sea considerado por el Juez de la causa, correspondiendo denegar la tutela en este punto. En la vía de complementación y enmienda, ante la solicitud del impetrante de tutela, que se pronuncie sobre las notificaciones que debe realizar el Secretario demandado de forma telemática con las resoluciones que se emitan, siendo que el proceso radica en Ascensión de Guarayos y la detención la cumple en la ciudad de Santa Cruz; al respecto, se dictó el Auto de igual fecha, señalando que, de acuerdo a la mencionada aclaración, el Secretario demandado exceptuando las notificaciones personales previstas en el art. 163 del CPP, debe realizarlas por medios tecnológicos, WhatsApp y correos electrónicos que señalen las partes procesales en sus memoriales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado vía buzón judicial sin fecha, por Marin Alvi Guardia -accionante-, recepcionado el 8 de agosto de 2023; por el cual se apersonan sus abogados defensores ante el Juzgado Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz (fs. 4 a 5 vta.). II.2. Mediante memorial presentado vía buzón judicial sin fecha, por el impetrante de tutela, recepcionado el 8 de agosto de 2023; por el cual, se apersonan sus abogados defensores ante el Juzgado Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, solicitando se habilite sistema Justicia Libre (JL2 [fs. 6]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante reclamó que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño, adolescente; se le impuso la medida cautelar de la detención preventiva, por lo que el 7 de agosto de 2023, su defensa ingresó varias solicitudes que fueron enviadas por buzón judicial, pero no fueron atendidas por la negligencia del Secretario de Juzgado ahora demandado, quien no presentó las mismas ante el Juez Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz; asimismo, se tiene que el prenombrado tampoco remitió la apelación interpuesta contra el Auto Interlocutorio de 31 de julio de 2023, ni le notificó con ese actuado procesal, existiendo una dilación indebida; solicitando se atienda las solitudes enviadas, se remita la apelación del citado Auto Interlocutorio, así como el mandamiento de detención preventiva, ante el Juez de Ejecución Penal de Turno de la Capital del departamento de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, refirió que: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.

Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.

En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

III.2. La legitimación pasiva del personal subalterno en la acción de libertad

La SCP 0336/2018-S2, determinó que: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”. 2El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.

Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular. Más tarde, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, reforzó dicho entendimiento y precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad. No obstante, la línea jurisprudencial a través de la SC 0332/2010-R, estableció una excepción a esta regla, señalando que el personal 3El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 4El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 5El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 6El FJ III.4.1, manifiesta: “Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”.

subalterno puede ser demandado en los casos en los que contradigan lo dispuesto por la autoridad judicial o cometieran excesos en sus funciones, que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales, pero si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías, no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno.

Más tarde, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, indicó que los funcionarios subalternos tienen legitimación pasiva, cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales. Finalmente, modificando los entendimiento descritos anteriormente, la SCP 0427/2015-S2, dentro de una acción de libertad, definió que los 7El FJ III.2, expresa: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”. 8El FJ III. 2, señaló que: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable…” (las negrillas son nuestras).

servidores de apoyo jurisdiccional cuentan con legitimación pasiva para ser demandados, entendiendo que el acto lesivo puede derivar de actuaciones meramente administrativas como el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares y otras obligaciones; empero, la autoridad judicial por las facultades de supervisión que ejerce sobre este personal, no deja de asumir responsabilidad del juzgado. Como se puede advertir, la jurisprudencia emanada de este Tribunal, señaló que el personal subalterno, al no contar con poder de decisión o jurisdicción que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales, este personal comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes o cuando el acto lesivo derive de actuaciones meramente administrativas; casos en los cuales, sí tendría legitimación pasiva para ser demandado. Siendo que en este último supuesto, la autoridad jurisdiccional que ejerce la supervisión del personal a su cargo, asume responsabilidad.

III.3. Sobre el buzón judicial y el recurso de apelación

Al respecto la SCP 0607/2024-S2 de 18 de septiembre, señaló que: En cuanto al tema, el art. 110 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), estableció que: “Artículo 110. (BUZÓN JUDICIAL). I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los tribunales y juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora” (el resaltado es propio).

Por su parte, el Reglamento del Buzón Judicial aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia, determinó que: “Artículo 1. (Objeto).- El presente Reglamento, tiene por objeto normar y regular la utilización y funcionamiento del servicio de Buzón Judicial electrónico, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos dentro de los plazos previstos por ley, como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo procesal, utilizando medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora. Artículo 2. (Concepto).- El Buzón Judicial electrónico, es un sistema informático de apoyo judicial, constituido por un portal Web desarrollado exclusivamente para centralizar la presentación de memoriales y otros documentos, recursos fuera de horario judicial en días inhábiles en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo procesal. Artículo 3. (Ámbito de Aplicación).- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria y cumplimiento, en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 4. (Finalidad).- El Buzón Judicial tiene las siguientes finalidades:

1) Brindar una opción de emergencia a la presentación de memoriales, otros documentos y recursos fuera de horario judicial, en días inhábiles, en caso de urgencia o cuando este por vencer un plazo perentorio. 2) De permitir al litigante un acceso oportuno a la administración de justicia.

3) De utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en día, fecha y hora. (…)

Artículo 6. (Definiciones).- Se establece las siguientes definiciones:

1) Buzón Judicial: Es un sistema Web creado exclusivamente para la presentación y recepción de memoriales, otros documentos y recursos, fuera de horario judicial y en días inhábiles en caso de urgencia cuando este por vencer un plazo perentorio.

2) Login: es un identificador de acceso otorgado a cada una de las partes y/o sus abogados para el acceso, al buzón judicial. (…)

Artículo 10 (Acceso al Buzón Judicial). - el sistema de buzón judicial estará habilitado en días y horas inhábiles según el horario de oficina que rige en cada Tribunal Departamental de Justicia” (las negrillas nos corresponden). Al respecto, la SCP 0242/2022-S4 de 3 de mayo, sostuvo que: “…resulta válido la utilización del Buzón Judicial a efectos de presentar un recurso de apelación, así como memoriales dentro los plazos previstos por ley como opción de emergencia a la presentación de memoriales y recursos en plataforma, fuera del horario judicial y en días inhábiles o en caso de urgencia cuando esté por vencer un plazo procesal” (el resaltado es agregado). Por su parte, la SCP 1594/2022-S3 de 6 de diciembre, respecto a una problemática similar, expresó el siguiente entendimiento: “…los Vocales ahora accionados realizaron una interpretación gramatical restrictiva, a ‘letra muerta’ del art. 90.III del CPC, ignorando la aplicación del art. 110 de la LOJ, que permitía presentar válidamente un recurso de apelación a través del servicio del buzón judicial fuera del horario judicial o cuando esté por vencer un plazo perentorio, la misma que cuenta con el respaldo de la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0198/2018-S1, desconociendo incluso la advertencia insertada en el portón de la página digital del buzón judicial, que indica: ‘LA PRESENTACION Y RECEPCION DE MEMORIALES, RECURSOS Y OTROS DOCUMENTOS FUERA DE HORARIO JUDICIAL Y EN DIAS INHABILES EN CASO DE URGENCIA (CUARENTENA) CUANDO ESTE POR VENCER UN PLAZO PERENTORIO’ (sic); por lo que, la situación descrita exigía a los Vocales ahora accionados recurrir a la interpretación sistemática de las normas bajo los principios pro homine y pro actione que conforme a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, consiste en buscar el entendimiento o sentido interpretativo que más optimice un derecho fundamental, dejando de lado aquellas interpretaciones que sean restrictivas y que se encuentren orientadas a negar su efectividad; en ese sentido, el principio pro actione, se constituye como el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción de defensa, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de hacerlo. Por cuanto, el plazo de tres días previsto por el art. 262.1 del CPC para interponer los recursos de apelación alternativa de los autos interlocutorios dictados fuera de audiencia, era preciso tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 90.II del citado Código, que señala: ‘Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. Se exceptúa los plazos cuya duración no exceda de quince días, los cuales solo se computarán los días hábiles. En el cómputo de los plazos que excedan los quince días se computarán los días hábiles y los inhábiles’, la cual implica que debía efectuarse el computo civil del plazo de tres días; es decir, computarse los tres días de manera total, completa e integra, asumiendo que el día abarca de una media noche a otra media noche y tomando en cuenta que el recurso de apelación fue presentado mediante buzón judicial correspondía aplicar lo previsto por el art. 110 de la LOJ, que señala: ‘I. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia, de los Tribunales Departamentales de Justicia y de los Tribunales y Juzgados en provincias, funcionará el servicio de buzón judicial, donde se centralizará la presentación de memoriales y recursos fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando esté por vencer un plazo perentorio. II. Este servicio podrá utilizar medios electrónicos que aseguren la presentación en términos de día, fecha y hora’; por lo que, bajo una interpretación sistemática de las citadas normas bajo el principio pro actione era posible determinar la norma más favorable a los derechos de la accionante y concluir que el recurso de reposición con alternativa de apelación fue presentado dentro del plazo de tres días, antes de la media noche del último día de plazo, por tanto siendo admisible dicho recurso” (las negrillas son nuestras).

III.4. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de medidas cautelares

La SCP 1499/2025-S3 de 20 de noviembre, determino que: La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, sistematizadora de línea, respecto al desarrollo jurisprudencial de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho referido a los casos de solicitudes de medidas cautelares, expuso el siguiente entendimiento:

«El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- [procede]“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de 9El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 10El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido).

Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.

III.5. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, reclamó que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño, adolescente; el 7 de agosto de 2023, ingresó varias solicitudes enviadas por buzón judicial, pero no fueron atendidas por la negligencia del Secretario demandado, quien no presentó las mismas ante el Juez Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz; asimismo, el prenombrado tampoco remitió la apelación interpuesta contra el Auto interlocutorio de 31 de julio de 2023, ni le notificó con ese actuado procesal, existiendo dilación indebida; solicitando se atienda las solitudes enviadas, se remita la apelación de la citada determinación, así como el mandamiento de detención preventiva, ante el Juez de Ejecución Penal de Turno de la Capital del departamento de Santa Cruz. Con carácter previo, corresponde señalar que, debe tenerse presente que el Secretario demandado no remitió informe ni asistió a la audiencia de garantías; por ende, se entiende que no fueron contravenidos ni desvirtuados los reclamos vertidos en la acción de libertad ratificadas en dicho verificativo, aplicando la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional corresponde presumir la veracidad de los mismos; en ese entendido se pasa a considerar el fondo de lo impetrado:

III.5.1. Sobre la falta de remisión de memoriales presentados por buzón judicial

Al respecto el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, entendió que el Buzón Judicial electrónico, es un sistema informático de apoyo judicial, constituido por un portal web desarrollado exclusivamente para centralizar la presentación de memoriales y otros documentos, como también recursos fuera de horario judicial en días inhábiles, en caso de urgencia o cuando esté por vencer un plazo procesal, el cual estará habilitado en días y horas inhábiles según el horario de oficina que rige en cada Tribunal Departamental de Justicia; resultando válida su utilización a efectos de presentar un recurso de apelación. De acuerdo a la revisión de antecedentes, se tiene que, el accionante presentó dos memoriales por buzón judicial, ambos sin fecha, que fueron recepcionados el 8 de agosto de 2023; el primero apersonándose con dos abogados, informando al juez de la causa, sobre la interposición de la acción de libertad, alegando además que no se le notificó de forma personal con el Auto interlocutorio de 31 de julio de 2023, ni tampoco se remitió dicha resolución y el mandamiento de detención preventiva ante el “Juez de Ejecución Penal de Turno de Santa Cruz” (sic); asimismo, solicitó se considere la hospitalización domiciliaria, solicitando se señale día y hora de audiencia por plataforma CISCO WEBEX, conforme lo previsto en los arts. 314 y 315 del CPP, al padecer de enfermedades de base (Conclusión II.1); y, el segundo memorial haciendo conocer a los nuevos abogados que lo van a defender, solicitando se les habilite el sistema JL2 (Conclusión II.2).

No obstante, lo descrito precedentemente, se advierte que tal como señaló el Tribunal de garantías, en la provincia de Asunción de Guarayos, no se cuenta con el sistema de buzón judicial; por lo que, la presunta omisión que reclamó el impetrante de tutela, no tiene asidero, debido a que no puede atribuírsele responsabilidad al Secretario demandado, que no le corresponde; por lo que, en este punto corresponde denegar la tutela pedida.

III.5.2. En cuanto a la remisión de la apelación contra la Resolución de aplicación de medidas cautelares

La jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo Constitucional, en relación a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, sostuvo que es un mecanismo procesal idóneo aplicable en caso de advertirse la vulneración al principio de celeridad cuando esté relacionado al derecho a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retrasen o impidan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad;

máxime si, el recurso de apelación fue formulado de manera oral, correspondiendo a la autoridad judicial remitir el mismo en el plazo de veinticuatro horas, conforme lo previsto en el art. 251 del Código adjetivo penal, sin condicionar el envío de antecedentes al cumplimiento de la provisión de recaudos de ley, en virtud a los principios de gratuidad y pro actione, así como, los derechos de impugnación y acceso a la justicia. En el caso concreto, como se señaló líneas ut supra, al no contar con documentación que permita revisar y verificar lo alegado por el accionante, y considerando que el secretario demandado no desvirtuó lo reclamado, teniéndolo por cierto, se concluye que, el juez de la causa dictó el Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de 31 de julio de 2023, motivo por el cual ingresó al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz el 2 de agosto del citado año; determinación que fue objeto del recurso de apelación; empero, que pese al transcurso del tiempo, no fue remitido ante el superior en grado para su revisión. En tal sentido, y conforme los lineamientos jurisprudenciales descritos, correspondía que el Secretario demandado y el Juez de la causa, remitan los antecedentes del citado recurso de acuerdo a lo establecido en el art. 251 del señalado Código, de manera oportuna y sin mediar dilaciones indebidas o condicionando el envío a la provisión de recaudos; ello, conforme al entendimiento asumido en la SCP 0286/2012 de 6 de junio, que estableció: “…la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos…”. Por consiguiente, siendo que es de conocimiento de las autoridades que administran justicia, que el solicitante de tutela se encuentra privado de libertad, corresponde que procedan con la remisión de obrados, permitiendo se sustancie el recurso de apelación, debiendo actuar con absoluta celeridad. En consecuencia, resulta evidente que tanto el juez de la causa como el Secretario demandado cometieron actos dilatorios al incumplir el plazo previsto para la remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada; demora que prolongó la situación jurídica del privado de libertad, transgrediendo su derecho a la libertad directamente vinculado al principio de celeridad; por lo que, corresponde conceder la tutela, disponiendo el envío del legajo de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas de notificado el Secretario demandado con este fallo constitucional; exhortando a los prenombrados que cumplan sus funciones en el marco de lo establecido en la norma y el principio de celeridad, evitando que en el futuro se repitan o reincidan en este tipo de actuaciones dilatorias. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/23 de 13 de agosto de 2023, cursante de fs. 9 vta. a 11 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al principio de celeridad directamente vinculado a la libertad del accionante, disponiendo que el Juez Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz y el Secretario demandado dentro de las veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remitan el legajo del recurso de apelación incidental en cuestión; salvo que por el transcurso del tiempo el mismo ya se hubiera efectuado; 2° DENEGAR en lo que concierne al uso del buzón judicial, al no tener ese servicio en la provincia en la que cumple sus funciones el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1677_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 491f7f11ce27a50b84ec1dec17a6cc5450cb28ac7f979ad7dae42fe597551852

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