B.IA.LEGAL

SCP 1675/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de diciembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57952-2023-116-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa; en virtud a que, la autoridad demandada, el 21 de abril de 2023 que debía llevarse a cabo la audiencia de conciliación, labró un acta al que consignó como -acta de suspensión de audiencia de aplicación de medidas cautelares y declaratoria de rebeldía de la imputada Matilde Escobar Roca-, declarándola rebelde y ordenando se libre mandamiento de aprehensión en su contra, disponiendo el arraigo de su persona y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión, además de designarle un defensor de oficio cuando cuenta con un abogado de su confianza; de ahí que, la determinación asumida se encuentra al margen del procedimiento penal, al pretender llevar delante de manera irregular, dos audiencias de aplicación de medidas cautelares; motivo por el cual, solicitó se conceda la tutela, se deje sin efecto el Auto 396/2023 de 21 de abril, así también las medidas impuestas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la declaratoria de rebeldía, las medidas personales asumidas en la misma y los supuestos de comparecencia del rebelde en el proceso penal
  2. III.2. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1675/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57952-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 07/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Michel Rodriguez Suarez en representación sin mandato de Matilde Escobar Roca contra Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de agosto de 2023, cursante de fs. 17 a 19, la accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, el 9 de septiembre de 2022, le impusieron la medida cautelar de detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Palmasola; posteriormente, el 24 de octubre del mismo año, en audiencia de cesación de las medidas cautelares, le otorgaron medidas sustitutivas a la detención preventiva. El 24 de marzo de 2023, a pesar de los conflictos sociales con bloqueos de caminos, la autoridad demandada señaló audiencia de conciliación, con el objeto de llegar a un acuerdo con la supuesta víctima por el daño sufrido, acto procesal que fue suspendido por inasistencia del Ministerio Público, la denunciante y su persona, reprogramándose dicha audiencia para el 21 de abril de 2023. De acuerdo a los antecedentes del proceso, el día que debía llevarse adelante la audiencia de conciliación, se labró un acta en el que; vulnerando el debido proceso, se consignó como -acta de suspensión de audiencia de aplicación de medidas cautelares y declaratoria de rebeldía de la imputada Matilde Escobar Roca-; en el cual, se la declaró rebelde y se libró mandamiento de aprehensión en su contra, disponiendo su arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación, para su búsqueda y aprehensión; además, de designarle de forma ilegal, un defensor de oficio, pese a que ya contaba con un abogado de confianza, quien asumía su defensa técnica; por lo que, tal determinación violó sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa; citando al efecto los arts. 23, 115, 116 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto 396/2023 de 21 de abril, así como las medidas impuestas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 12 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 27 a 28, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) En ninguna parte del procedimiento establece que pueden llevarse dos audiencias de aplicación de medidas cautelares, se declare rebelde y emita un mandamiento de aprehensión, actos ilegales por los cuales, se demuestra que su persona se encuentra ilegalmente perseguida; b) De acuerdo a lo establecido en el art. 22 de la CPE, la dignidad y la libertad de las personas es inviolable, respetarla y protegerla es deber primordial del Estado; c) La decisión adoptada por la parte demandada, vulneró el debido proceso establecido en los arts. 115 y 116 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, d) De acuerdo al informe de la referida autoridad, la misma hubiera tomado dicha determinación para cubrir los daños ocasionados a la supuesta víctima, cuando no existe una sentencia ejecutoriada y el procedimiento penal no está diseñado para el resarcimiento del daño civil, lo que hace que dichos fundamentos estén al margen del procedimiento.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; de acuerdo al acta de audiencia de la acción tutelar, hubiere presentado su informe escrito en dicha oportunidad, el cual fue leído en audiencia; sin embargo, al no cursar este actuado en el legajo remitido a este Tribunal Constitucional, se procede a extraer esta parte del resumen contenido en la Resolución 07/2023; por lo que, se tiene: 1) Existe un proceso en contra de la accionante por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves; dentro del cual, se dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva y el 24 de octubre de 2023 se determinó su cesación, imponiéndole medidas sustitutivas; 2) En la audiencia de 21 de abril de 2023, se la declaró rebelde, al no haber concurrido a la audiencia de conciliación señalada; y, 3) Existe un error involuntario en la parte superior del acta de audiencia mencionado. Con base a estos fundamentos solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 07/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 29 a 31 vta., denegó la tutela solicitada, tal determinación se dio con base a los siguientes fundamentos: i) La impetrante de tutela impugna el Auto 396/2023 de 21 de abril; por el cual, la autoridad demandada determinó declarar en rebeldía a la misma, señalando que en su caso ya existió una audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso la cesación de la detención preventiva; por lo que, no se podría aplicar medidas cautelares en su contra; en razón de ello, tal declaratoria de rebeldía debería de dejarse sin efecto, en este punto es necesario tomar en cuenta que la jurisprudencia constitucional “SCP 0543/2023-S3 precisó los entendimientos respecto al art. 89, en el cual se dispone que la emisión de mandamientos de aprehensión contra el declarado rebelde, conforme el art. 87 (se supone que ambos arts. son del CPP) porque no comparezca, sin causa justificada, a una citación de conformidad a lo previsto (…)”; ii) De acuerdo a la SCP 1449/2012 de 24 de septiembre, la finalidad del instituto procesal de la rebeldía y por ende la medida de aprehensión, es lograr la comparecencia del imputado al proceso, y conforme lo establece el art. 91 del CPP, puede haber una comparecencia voluntaria del rebelde y como consecuencia se dejan sin efecto las ordenes emergentes de la declaratoria de rebeldía debido a que la finalidad de comparecencia fue cumplida; lo que implica que, antes de acudir a la vía constitucional la parte accionante debe de comparecer de forma voluntaria donde radica la causa; iii) El presupuesto que indica la impetrante con base al art. 23 de la CPE no resulta aplicable, al existir un auto firme de rebeldía; ya que, en la parte superior del acta labrado en dicha oportunidad señala aplicación de medidas cautelares; sin embargo, ante su falta de comparecencia correspondía la declaratoria de rebeldía; iv) La prenombrada debe comparecer ante el Juzgado de Sentencia Penal décimo tercero, que tiene el control jurisdiccional del proceso, y luego presentar los incidentes correspondientes si considera ilegal la declaratoria de rebeldía; v) Bajo ese entendido, no se puede dar curso a su solicitud de anular el auto de declaratoria de rebeldía, debido al principio de subsidiariedad, debiendo agotar previamente las vías ordinarias de reclamación; y, vi) Se advierte que la comparecencia de la misma, al juzgado que lleva el control jurisdiccional no siempre puede ser de forma física; sino también, presentando un memorial de comparecencia a la autoridad correspondiente, conforme a lo establecido por el art. 91 del CPP; que textualmente establece, que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejando sin efecto el Auto 396/2023 de 21 de abril, no pudiendo anularse de manera directa en la vía constitucional, como lo solicita la accionante, extremo que se encuentra previsto por la jurisprudencia constitucional -SCP 0873/2021-S3 de 8 de noviembre-; por lo que, no se constata la vulneración del art. 23 de la CPE. En vía de complementación y enmienda, la accionante a través de su representante, indicó que llevarse a cabo dos audiencias cautelares no son errores de forma sino de fondo; por lo que, se requiere corrección. El Juez de garantías señaló que la declaratoria de rebeldía impetrante de tutela se debió a que la misma, no compareció a un llamado de la autoridad judicial; de modo que, no se puede anular dicho auto, sin previamente observarse lo dispuesto en el art. 91 del CPP.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de reprogramación de audiencia de conciliación de 24 de marzo de 2023, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Matilde Escobar Roca -accionante- por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, y ante la incomparecencia de las partes, Patricia Aydee Murillo Flores, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada- reprogramó la audiencia para el 21 de abril de 2023 a horas 15:00 (fs. 10). II.2. Consta acta de suspensión de audiencia de aplicación de medidas cautelares y declaratoria de rebeldía de la imputada Matilde Escobar Roca de 21 de abril de 2023; en la cual, la parte denunciante solicita la declaratoria de rebeldía de la misma, al no haber concurrido a la audiencia de conciliación (fs. 12).

II.3. Mediante Auto 396/2023 de 21 de abril, la autoridad demandada, ante la inconcurrencia de la accionante la declaró rebelde, disponiendo se emita el mandamiento de aprehensión, el arraigo y publicación de sus datos y señas en los medios comunicación para su búsqueda y aprehensión; la conservación de los elementos de convicción por parte del Ministerio Público; y, la designación de un defensor de oficio (fs. 13 a 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y a la defensa; en virtud a que, la autoridad demandada, el 21 de abril de 2023 que debía llevarse a cabo la audiencia de conciliación, labró un acta al que consignó como -acta de suspensión de audiencia de aplicación de medidas cautelares y declaratoria de rebeldía de la imputada Matilde Escobar Roca-, declarándola rebelde y ordenando se libre mandamiento de aprehensión en su contra, disponiendo el arraigo de su persona y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión, además de designarle un defensor de oficio cuando cuenta con un abogado de su confianza; de ahí que, la determinación asumida se encuentra al margen del procedimiento penal, al pretender llevar delante de manera irregular, dos audiencias de aplicación de medidas cautelares; motivo por el cual, solicitó se conceda la tutela, se deje sin efecto el Auto 396/2023 de 21 de abril, así también las medidas impuestas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la declaratoria de rebeldía, las medidas personales asumidas en la misma y los supuestos de comparecencia del rebelde en el proceso penal

Al respecto, la SCP 0543/2020-S3 de 15 de septiembre, asumiendo los entendimientos jurisprudenciales respecto a la interpretación sobre el alcance y efectos de dicha figura procesal, estableció que: «...la SCP 0097/2019-S1 de 10 de abril, citando la SCP 0962/2015-S3 de 7 de octubre, precisó los entendimientos asumidos por dicha jurisprudencia y la interpretación efectuada sobre el alcance de la normativa adjetiva penal que regula esta figura procesal, señalando que: «La norma prevista en el art. 89 del CPP, dispone la emisión del mandamiento de aprehensión contra el declarado rebelde en los supuestos del art. 87 del mismo cuerpo legal, que dispone la rebeldía en los siguientes supuestos: “1) No comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto en este Código; 2) Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido; 3) No cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y, 4) Se ausente sin licencia del Juez o Tribunal del lugar asignado para residir”. En este contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1449/2012 de 24 de septiembre, señaló que: “…la finalidad del instituto procesal de la rebeldía y, por ende, de la medida de aprehensión, es lograr la comparecencia del imputado al proceso. La comparecencia del rebelde en el proceso penal, según lo dispuesto en el art. 91 del CPP, puede ser de dos formas:

a) La comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión.

En efecto, cuando el art. 91 del CPP, señala 'Cuando el rebelde comparezca…', está regulando la comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión.

En este supuesto, efectuada la presentación voluntaria del rebelde, como manda la misma norma procesal penal corresponderá dejar sin efecto las órdenes emergentes de la declaratoria de rebeldía y, por ende, el mandamiento de aprehensión dispuesto contra el procesado, debido a que la finalidad, cuál era su comparecencia en el proceso penal, fue cumplida; lo contrario, esto es, mantener la orden de aprehensión, implica persecución indebida, debido a que se deja latente una orden de restricción a la libertad sin causa justificada.

La SC 1404/2005-R de 8 de noviembre, sobre las consecuencias de la comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal, indicó que: '…cabe expresar que el mandamiento de aprehensión [emitido en mérito a lo dispuesto en los] arts. 87 y 89 del CPP, [fue] únicamente para conducirlo al acto de la audiencia del juicio; y si el representado acude voluntariamente, no hay necesidad que se ejecute el mandamiento expedido en su contra'» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

En esa misma línea, la SCP 0606/2018-S4 de 2 de octubre, con relación a lo dispuesto por el art. 91 del CPP, citando la SCP 1455/2012 de 24 de septiembre, estableció que: «…de producirse la comparecencia del imputado al proceso, el art. 91 del CPP, establece: “Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real.

El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza”.

Si el imputado comparece voluntariamente, dicho comportamiento advierte su voluntad de someterse al proceso y/o investigación y si además acredita que su inconcurrencia se debió a una causa grave y/o impedimento legítimo, la declaratoria de rebeldía quedará sin efecto y no procederá la ejecución de fianza alguna; si por el contrario, no justifica su ausencia, la aprehensión queda sin efecto, quedando persistentes las medidas cautelares reales»

Los entendimientos jurisprudenciales referidos, realizan una interpretación respecto a la finalidad y alcance de las medidas de carácter personal asumidas como efecto de una declaratoria de rebeldía y la comparecencia del declarado rebelde, interpretación que converge en dos dimensiones procesales: i) Las medidas personales asumidas a efectos de la comparecencia, deben ser dejadas sin efecto ante la comparecencia del rebelde ya sea voluntaria o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión, y en caso de presentarse irregularidades en la efectivización de esta regla, ello puede ser objeto de una acción de libertad al estar directamente vinculados el mandamiento de aprehensión y/o arraigo -como medidas personales- a la libertad del imputado o acusado; y, ii) La declaratoria de rebeldía constituye un instituto jurídico que no cesa de forma automática ante la sola comparecencia del rebelde -aun cuando sea voluntaria-, sino que tiene su propio trámite y efectos, mismos que deben ser conocidos y resueltos intra proceso y en caso de presentarse irregularidades del debido proceso al respecto, corresponde que tal situación sea conocida vía acción de amparo constitucional, que es el mecanismo de defensa idóneo para conocer infracciones al debido proceso no vinculadas con la libertad. (En ese mismo sentido la SCP 0271/2020-S3 de 14 de julio).»

Razonamiento jurisprudencial que fue reiterado en la SCP 0873/2021-S3 de 20 de noviembre.

III.2. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.

Jurisprudencia reiterada Este Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Así la 0733/2019-S2 de 28 de agosto, sistematizadora de línea jurisprudencial, respecto a esta temática determinó lo siguiente:

«El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.

La SC 0008/2010-R de 6 de abrilindicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad:

…empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos, por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (las negrillas son agregadas).

Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras. En similar sentido, la SC 0608/2010-R de 19 de julio[]concluye que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales; toda vez que, este proceder conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden 1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2 El FJ III.5, indica: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 3 El FJ III.3, determina: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

jurídico constitucional; entendimiento confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo.

De la citada jurisprudencia constitucional, se concluye que, a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional; al momento de ser activada esta última, no deben existir otros recursos de carácter ordinario pendientes de resolución».

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Matilde Escobar Roca -accionante-por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, la autoridad demandada señaló audiencia de conciliación para que se lleve a cabo el 24 de marzo de 2023 y ante la incomparecencia de las partes, reprogramó la referida audiencia para el 21 de abril de 2023 a horas 15:00 (Conclusión II.1.). De acuerdo al acta de suspensión de audiencia de aplicación de medidas cautelares y declaratoria de rebeldía de 21 de abril de 2023, la peticionante de tutela no concurrió a la mencionada audiencia (Conclusión II.2.). Finalmente, mediante Auto 396/2023 de 21 de abril, la parte demandada, ante la inconcurrencia de la accionante la declara rebelde, disponiendo se emita el mandamiento de aprehensión, el arraigo y publicación de sus datos y señas en los medios comunicación para su búsqueda y aprehensión; la conservación de los elementos de convicción por parte del Ministerio Público; y, la designación de un defensor de oficio (Conclusión II.3.). En ese contexto; corresponde precisar que, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, efectuada la presentación voluntaria del rebelde, como manda la misma norma procesal penal, corresponderá dejar sin efecto las órdenes emergentes de la declaratoria de rebeldía; y por ende, el mandamiento de aprehensión dispuesto contra el procesado, debido a que la finalidad; la cuál era su comparecencia en el proceso penal, fue cumplida. Asimismo, en el marco del Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opera el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, cuando existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, en consecuencia, la misma operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese sentido, se tiene que la accionante denunció que el 21 de abril de 2023, -fecha en la que debía llevarse adelante la audiencia de conciliación-, la referida Jueza labró un acta en el que consignó como -acta de suspensión de audiencia de aplicación de medidas cautelares y declaratoria de rebeldía de la imputada Matilde Escobar Roca-, declarándola rebelde y ordenando se libre mandamiento de aprehensión en su contra, disponiendo el arraigo de su persona y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión, además de designarle un defensor de oficio cuando cuenta con un abogado de su confianza quien asume su defensa técnica; de ahí que, la determinación asumida, a criterio de la accionante, se encuentra al margen del procedimiento penal, al pretender llevar adelante dos audiencias de aplicación de medidas cautelares. Bajo este antecedente procesal se supone que el acto lesivo, en lo medular, consistiría en una presunta indebida declaratoria de rebeldía, que derivó en la imposición de medidas personales, como la emisión del mandamiento de aprehensión, arraigo, y designación de abogado defensor de oficio, entre otras; sin observar que, la decisión adoptada se encuentra al margen del procedimiento penal, al pretender la autoridad demandada llevar adelante dos audiencias de aplicación de medidas cautelares. Al respecto, cabe precisar en base al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional que, en coherencia a la estructura de la regulación normativa procesal penal, el instituto de la rebeldía, que se encuentra establecida en el art. 89 del CPP, tiene como finalidad lograr la comparecencia del imputado al proceso penal, la cual conforme el art. 91 del CPP, puede ser cumplida mediante la acción de poner al procesado a disposición de la autoridad judicial, compréndase como consecuencia de la ejecución del mandamiento de aprehensión emitido para dicho efecto o por la comparecencia voluntaria del encausado antes del cumplimiento del mismo. Circunstancias ante las cuales, como efecto procesal subsecuente, corresponderá dejar sin efecto las medidas personales determinadas a tiempo de la declaratoria de rebeldía para su comparecencia, lo cual deriva de la esencia misma de su finalidad, implicando que no puedan mantenerse dichas órdenes relacionadas taxativamente con las de índole personal al constituir ello una persecución indebida por no contar con una causa justificada, posibilitándose que ante esta coyuntural situación irregular sea posible acudir a la activación de la acción de libertad. Conforme a estos componentes normativos y jurisprudenciales así como dentro del alcance de reclamación planteada en la presente acción tutelar, y en el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se puede señalar que, de manera previa a la interposición de este mecanismo de defensa constitucional la accionante debió cumplir con la previsión del pre citado art. 91 del CPP; vale decir, que correspondía que comparezca ante la autoridad jurisdiccional, a cargo del proceso penal, y como consecuencia se deje sin efecto únicamente las medidas personales asumidas en el antes señalado Auto 396/2023 de 21 de abril, actuación procesal que no se evidencia hubiese sido efectuada; por lo que, al no haberse cumplido con esta previa actuación de comparecencia dentro del proceso penal, no corresponde viabilizar la pretendida protección constitucional. Asimismo, si la accionante consideraba que la determinación asumida se encuentra al margen del procedimiento penal, al pretender llevar adelante dos audiencias de aplicación de medidas cautelares, debió una vez levantada la declaratoria de rebeldía, acudir a los mecanismos intraprocesales que le franquea el ordenamiento procesal común, para corregir los presuntos vicios de procedimiento antes de acudir a la justicia constitucional en el marco de lo establecido en el art. 168 del CPP, para que sea la autoridad judicial a cargo del proceso quien corrija el procedimiento, siendo éste el mecanismo idóneo para reparar de manera pronta y eficaz los derechos que el solicitante de tutela consideraba vulnerados. Por ello, no es permisible desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad; puesto que, no se constituye en una instancia paralela de la jurisdicción ordinaria; consiguientemente, al no haberse agotado los mecanismos intraprocesales antes de acudir a la justicia constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2023 de 12 de agosto, cursante de fs. 29 a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1675_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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