Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de diciembre de 2025
Deniega la tutela
La impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; en virtud a que la Vocal demandada, resolviendo el recurso de apelación incidental, por Auto de Vista de 29 de julio de 2023, declaró la improcedencia del mismo y en consecuencia confirmó la resolución que negó la cesación a su detención preventiva; manteniendo latente los peligros de fuga y obstaculización de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, al ratificar en su integridad el razonamiento del juez a quo; omitiendo pronunciarse sobre la SCP 377/2019-S2, invocada por la defensa, al enervar el riesgo de fuga; y, sin indicar cuál fue el elemento objetivo, material y verificable para sostener que el riesgo de obstaculización debía permanecer hasta la dilucidación del juicio oral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 77 a 83 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1673/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58114-2023-117-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 06/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 77 a 83 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosa Centellas Vallejos, contra Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 39 a 47, la accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, fue aprehendida junto a otros sujetos en supuesta flagrancia, y posteriormente imputada. Mediante Auto Interlocutorio de 15 de diciembre de 2022, se dispuso su detención preventiva, alegando la concurrencia del riesgo procesal de fuga, previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalando que la “marihuana” estaba destinada a grupos vulnerables; y el peligro de obstaculización descrito en el art. 235.2 del adjetivo penal, porque el Ministerio Público había identificado entre los coimputados, parejas sentimentales, miembros de un mismo núcleo familiar, por lo cual existía una razonabilidad suficiente de que puedan influenciarse entre ellos y/o a los partícipes que también serían objeto de investigación. El 29 de mayo de 2023, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación formal, etapa en la cual, el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 18 de julio del mismo año, declaró la improcedencia de su solicitud de cesación a la detención preventiva, argumentando que se mantenían vigentes los riesgos procesales de fuga y obstaculización, fundados por el Juez de instancia; añadiendo que los nuevos elementos de convicción presentados con la finalidad de desvirtuar los peligros procesales, resultaban ser inidóneos, debido a la forma en que habían sido construidos los referidos riesgos procesales; y, porque Roxana Quispe Moya, ofrecida en calidad de testigo en el pliego acusatorio, debía prestar su declaración en juicio. Determinación impugnada y asumida por el Tribunal a quo, mediante Auto de Vista de 29 de julio de 2023; sin embargo, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente la apelación incidental y en consecuencia, mantuvo latentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, sin fundamentar ni motivar respecto a los mismos, limitándose a señalar que el primero había sido construido por la naturaleza del hecho y la cantidad de las sustancias controladas, confirmando los razonamientos emitidos por el Tribunal de Sentencia mencionado; haciendo referencia a la SCP 672/2022-S2 de 27 de junio, cuando ésta no refirió de forma textual sobre la cantidad de la sustancia controlada, al contario, otorgó la tutela al accionante en un caso similar, por falta de fundamentación del riesgo procesal inserto en el art. 234.7 del CPP; en consecuencia, la determinación asumida por la Vocal demandada, incurrió en incongruencia; asimismo, omitió pronunciarse en cuanto a la SCP 377/2019-S2 de 14 de junio, invocada por la defensa, señalando que la ratio decidendi no había sido contrastada por el de instancia. En cuanto al riesgo de obstaculización, la autoridad demandada no indicó cuál fue el elemento objetivo, material y verificable para sostener que el mismo debía permanecer hasta la dilucidación del juicio oral; más aún cuando no fue construido supeditado a esa etapa procesal, sino a la investigación que había concluido y por ello se presentó acusación formal. En el requerimiento conclusivo ofrecieron de testigos a funcionarios policiales y a Roxana Quispe Maya, de quien se acompañó su declaración en etapa de investigación, y no existía elemento probatorio alguno que refiera que hubiese sido influenciada; consecuentemente, la Vocal demandada, cambió la construcción del riesgo procesal sin elemento probatorio que sustente dicha necesidad, desconociendo el carácter provisional de las medidas cautelares, y el principio de favorabilidad.
La jurisprudencia constitucional estableció que ningún peligro procesal debía estar sostenido en presunciones o supuestos y las afirmaciones debían contener la debida fundamentación, detallando los elementos objetivos que hubieran llevado a confirmar la existencia del peligro efectivo para la sociedad -SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, SCP 0377/2019-S2-.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y debido proceso, en sus elementos, motivación, fundamentación, congruencia, seguridad jurídica, principio de favorabilidad y falta de valoración probatoria; citando al efecto los arts. 7, 21, 22, 23, 115, 116 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, ordene a la autoridad demandada emita nueva resolución conforme a los motivos que fundaron su detención preventiva y los nuevos elementos que acompañó a objeto de enervar los riesgos procesales.
Celebrada la audiencia pública el 31 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 76 a 83 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) La resolución cuestionada se convirtió en una detención indebida, toda vez que los dos riesgos procesales no podrían ser desvirtuados, sino hasta que se desarrolle el juicio oral y bajo esa circunstancia no podría obtener su libertad; b) En el Auto de Vista de 29 de julio de 2023, a fs. 5 de la resolución, puede evidenciarse que respecto al art. 234.7 del CPP, la autoridad demandada fundamentó en quince líneas, los argumentos del Tribunal de sentencia; sin embargo, no identificó la incongruencia de la SCP 672/2022-S2, que según el tribunal de juicio debía mantenerse por la naturaleza y la cantidad de las sustancias controladas, sin realizar un análisis sobre la SCP 377/2019, que también fue adjuntada al observar la contradicción de los argumentos, y en la que se concedió la tutela en un caso similar, reconduciendo la línea anterior, señalando que ya no se podía basar en la naturaleza del hecho; aspecto que no fue considerado por el Tribunal de alzada; y, c) En cuanto al num.2) del art. 235 del CPP, el Auto de Vista, también resultó incongruente, dado que los parámetros que delimitaron la construcción de dicho riesgo procesal, fueron cambiados con otros argumentos, para que esté supeditado al desarrollo del juicio oral; es decir que no controló la valoración de la prueba, al igual que el tribunal de sentencia, sin establecer los motivos que dieron lugar a la concreción de esa nueva conclusión, generándole indefensión. La autoridad demandada no asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 55.
Delina Irma Zurita Herbas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito de 15 de marzo de 2023, cursante de fs. 59 a 60 vta., manifestó que: 1) Conforme a la jurisprudencia constitucional se tiene que un Tribunal o juez de garantías está impedido de revisar o sustituir a la jurisdicción común, por cuanto la interpretación de la legalidad ordinaria es realizada con plenitud por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria; en razón de que la acción de libertad no se constituye en una instancia procesal más de revisión de resoluciones; 2) La parte accionante, omitió exponer el nexo de causalidad entre el derecho denunciado y las presuntas conductas vulneradoras de ellos; es decir que no explicó a partir de qué acciones y/o fundamentos su autoridad habría violentado tal derecho, o porqué la fundamentación no era la correcta; porqué resultaba irracional; y si ese razonamiento se apartó de los marcos legales de la sana crítica y equidad previsible para decidir; 3) No es evidente lo aseverado por la accionante, puesto que si bien declaró improcedente su recurso, se basó en los antecedentes de la causa, en los fundamentos de agravio, así como los fundamentos del juez a quo; conforme a ley y en observancia de la sana crítica, mantuvo por concurrentes los riesgos procesales descritos en los arts. 234.2 y 7; y, 235.2 del CPP; y, 4) Si bien la impetrante de tutela reclama la forma en la que se han construido los riesgos procesales aludidos, no consideró que el Auto traído en revisión se trataba de una cesación a la detención preventiva y no de una resolución de aplicación de medidas cautelares; consecuentemente, de estar disconforme con los fundamentos por los cuales se construyeron los riegos procesales, debía utilizar los mecanismos correspondientes contra la resolución de aplicación de medidas cautelares; por lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada.
Beatriz Saavedra Urquizu, en representación del Ministerio Público, en audiencia, señaló que: i) El caso debía regirse bajo el principio de legalidad y lo establecido en el art. 125 de la CPE; ii) Debería tomarse en cuenta que la acción de libertad no es una instancia casacional; y, iii) De la imputación formal y la resolución dictada en diciembre de 2022, se determinó la construcción de riesgos procesales, desde entonces transcurrieron ocho meses, y recién pretende activar la acción de libertad, solicitando se analicen todos esos aspectos.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 77 a 83 vta., resolvió denegar la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Tomando en cuenta la denuncia realizada por la accionante, la autoridad demandada emitió su resolución sin la debida motivación y fundamentación y sin hacer una valoración de las pruebas aportadas para definir su situación personal; corresponde precisar que conforme el art. 398 del CPP, los Tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la Resolución impugnada; b) La motivación y fundamentación en una resolución deben ser claras y concisas, para que la parte interesada pueda entender las razones que sustentan la decisión; empero, es importante aclarar que las mismas no siempre deben ser ampulosas sino cortas, concisas y en términos fáciles de entender; c) De antecedentes se advierte que en audiencia de 29 de julio de 2023, la Vocal demandada, conoció la apelación incidental de medida cautelar, interpuesta por Rosa Centellas Vallejos, quien asistida de su abogada Carola Bellot, expuso todos los puntos cuestionados de la Resolución de 18 de julio de 2023, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, relativa a los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, señalando que acompañaron como nuevos elementos probatorios, para enervar el riesgo procesal del art. 234.7, su Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), certificación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), historiales que acreditaban que no tenía antecedentes penales y que no era un peligro para la sociedad; empero esos elementos nuevos no fueron debidamente valorados; y, con relación al art. 235.2, también había acompañado elementos probatorios como el requerimiento de acusación fiscal, que establece que la etapa preparatoria o investigativa había concluido y ya no correspondía mantener latente el peligro procesal de obstaculización; d) El Auto de Vista de 29 de julio de 2023, en base a la previsión del art. 398 del CPP, resolvió todos y cada uno de los puntos cuestionados vía apelación, haciendo una explicación concisa, pero clara sobre los cuestionamientos efectuados por la defensa; para en definitiva, declarar la improcedencia del recurso y la consecuente confirmación del Auto interlocutorio apelado; así, en el acápite subtitulado “Análisis del caso concreto” (sic) extrajo contenidos de la Resolución de 18 de julio del referido año, para concluir con el análisis pertinente sobre esos dos puntos argumentados en audiencia, dando cumplimiento a lo previsto por el art. 398 del adjetivo penal; no siendo evidente, que la accionante hubiere solicitado un análisis respecto a la SCP 672/2022-S2, ni sobre los alcances de la SCP 377/2019-S2, invocada en la acción tutelar; e) Con relación al art. 235.2 del CPP, que según refiere la impetrante de tutela, el Auto de Vista habría determinado que se mantendría vigente hasta el desarrollo del juicio; corresponde señalar que esos extremos fueron considerados a partir de la extracción de la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, al igual que la probable influencia de la testigo Roxana Quispe Maya; análisis que fue validado por el Tribunal de alzada; f) Al margen de los dos riesgos procesales, cuestionados, existe otro establecido en el art. 234.2 del CPP, sobre el que la defensa no hizo fundamentación alguna en la audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo uno más que determinó la detención preventiva de la accionante; g) En suma, el Auto de Vista, cumplió con la estructura de fundamentación y motivación como elementos del debido proceso; consecuentemente, no existió vulneración alguna al mismo, toda vez que dicha determinación cumplió también con los parámetros establecidos por la norma legal y la jurisprudencia constitucional; y, h) Respecto a la valoración de la prueba que debió haber efectuado, debe recordarse a la parte accionante que ésta le corresponde a la jurisdicción ordinaria, por lo que no puede pretender que el Tribunal de garantías se inmiscuya en una competencia exclusiva del tribunal ordinario; sin embargo, se constata que en el Auto de Vista cuestionado, también se hizo un análisis de los puntos y las pruebas que fueron presentadas, entre ellas el REJAP, la certificación de la FELCN, los historiales de denuncia, la acusación fiscal, y la declaración de la testigo; en ese sentido se establece que se resolvieron las dos observaciones efectuadas en esa labor de revisión que establece para los Tribunales de alzada, por lo que corresponde denegar la tutela.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sortero de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 18 de julio de 2023, el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, en audiencia de cesación a la detención preventiva, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rosa Centellas Vallejos – hoy accionante– y otros, endilgándoles la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; declaró la improcedencia de dicha solicitud, ante la subsistencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2 y 7; y, 235.2 del CPP, así como los requisitos establecidos en el art. 233 del adjetivo penal (fs. 13 a 17). II.2. Conforme al acta de audiencia virtual de apelación incidental de medida cautelar de 29 de julio de 2023, la impetrante de tutela, fundó oralmente su impugnación contra el Auto Interlocutorio de 18 de julio del mismo año (fs. 18 y vta.). II.3. A través del Auto de Vista de 29 de julio de 2023, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, conformada por Delina Irma Zurita Herbas –hoy demandada–, declaró la improcedencia de la apelación incidental de medida cautelar y en consecuencia confirmó en todas sus partes el Auto Interlocutorio de 18 de julio del referido año (fs. 18 vta. a 21 vta.).
La impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; en virtud a que la Vocal demandada, resolviendo el recurso de apelación incidental, por Auto de Vista de 29 de julio de 2023, declaró la improcedencia del mismo y en consecuencia confirmó la resolución que negó la cesación a su detención preventiva; manteniendo latente los peligros de fuga y obstaculización de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, al ratificar en su integridad el razonamiento del juez a quo; omitiendo pronunciarse sobre la SCP 377/2019-S2, invocada por la defensa, al enervar el riesgo de fuga; y, sin indicar cuál fue el elemento objetivo, material y verificable para sostener que el riesgo de obstaculización debía permanecer hasta la dilucidación del juicio oral. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 0327/2025-S3 de 8 de mayo, señaló que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho . Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y limpia todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalada.
En cuanto a los requisitos que deben contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre , la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad ; ii) Lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero -.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiencia de fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicaron:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en consecuencia, a partir de una interpretación preventiva, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas corresponden al texto original).
La SCP referida al exordio, estableció que: “Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal ya lo dispuesto en los arts. 233,1 años 2; 234 y 235 del CPP; Asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código.
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2 , que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamento o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; Sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculados a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicitar medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la misma sea sustituida por otra.
En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas [11] -jurisprudencia de la Corte IDH incorporada al bloque de constitucionalidad, a partir de la SC 0110/2010 de 10 de mayo-, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conocer las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de carga determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Los razonamientos de los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 fueron asumidos por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras” (el resaltado corresponde al texto original).
La impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración probatoria; en virtud a que la Vocal ahora demandada, resolviendo el recurso de apelación incidental, por Auto de Vista de 29 de julio de 2023, declaró la improcedencia del recurso y en consecuencia confirmó la resolución que negó la cesación a su detención preventiva; manteniendo latente los peligros de fuga y obstaculización de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, al ratificar en su integridad el razonamiento del Juez a quo; omitiendo pronunciarse sobre la SCP 377/2019-S2, invocada por la defensa, al enervar el riesgo de fuga; y, sin indicar cuál fue el elemento objetivo, material y verificable para sostener que el riesgo de obstaculización debía permanecer hasta la dilucidación del juicio oral.
En ese entendido, de antecedentes procesales descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rosa Centellas Vallejos –hoy accionante– y otros, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, mediante Auto Interlocutorio de 18 de julio de 2023, el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso la improcedencia de la solicitud de cesación a la detención preventiva, ante la subsistencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2 y 7; y, 235.2 del CPP, así como los requisitos establecidos en el art. 233 del adjetivo penal; determinación que fue apelada y resuelta por la Vocal de Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandada–, a través del Auto de Vista de 29 de julio de 2023, declarando improcedente el recurso de apelación incidental, y manteniendo la detención preventiva, ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.2 y 7; y, 235.2 del CPP (Conclusiones II.1, II.2 y II.3).
Ante tal circunstancia, la accionante, instauró la presente acción de defensa, en contra de la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien emitió la resolución que ahora la impetrante de tutela considera lesiva a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 29 de julio de 2023, debiendo emitirse una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, conforme a los nuevos elementos que acompañó, a objeto de enervar los riesgos procesales.
Ahora bien, identificado el problema jurídico planteado a través de esta acción de libertad, desarrollados los antecedentes remitidos a este Tribunal, y tomando en cuenta lo vertido por la accionante, corresponde inicialmente conocer los argumentos del recurso de apelación incidental interpuesto en contra del Auto Interlocutorio de 18 de julio de 2023:
1. Primer agravio, vulneración al debido proceso, además de uno de los principios de aplicación de medidas cautelares, por falta de valoración de prueba y aplicación de la sana crítica; toda vez que acompañó nuevos elementos probatorios para enervar y desvirtuar el riesgo de fuga descrito en el art. 234.7 del CPP, consistente en los certificados de REJAP y la FELCN, historiales que acreditaban que no tenía antecedentes penales y que no era un peligro para la sociedad; elementos probatorios que no fueron debidamente valorados, limitándose a señalar que la prueba no era pertinente. Y, con relación al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, acompañó el requerimiento de acusación fiscal, con el que acreditó que la etapa preparatoria o investigativa había concluido, y por ello no correspondía mantener latente el referido peligro procesal; y, 2. Segundo agravio, pese a haber acompañado informe social, certificación de Derechos Reales (DD.HH.), Cooperativa Mixta de Telecomunicaciones Cochabamba (COMTECO), que acreditaba su condición social y económica, y que contaba con dos niños menores de edad que no estaban bajo su custodia; no se aplicó el principio de proporcionalidad ni una medida cautelar menos gravosa que la detención preventiva.
Para resolver lo denunciado, debe considerarse que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; se tiene que, toda autoridad que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, de manera que la estructura de la resolución, tanto en el fondo como en la forma, deje pleno convencimiento a las partes de que se actuó no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso concreto, sino que también que la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, lo que no implica que la motivación sea necesariamente una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados.
En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por la impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación de los puntos impugnados en el recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante en contra del Auto Interlocutorio de 18 de julio de 2023 y los fundamentos que utilizó la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba – hoy demandada–, dentro del Auto de Vista de 29 de julio del mismo año; por el cual, declaró la improcedencia de la apelación, manteniendo firme e incólume el rechazo a la cesación de la detención preventiva, dispuesto por el Tribunal de juicio; en ese entendido, se tiene que:
i) Respecto al primer agravio, denunciado en el recurso de apelación presentado por la ahora accionante; la Vocal demandada, luego de remitirse a los fundamentos expuestos en las resoluciones emitidas por los jueces de instancia, concluyó que, advertía que el a quo, para mantener latente el riesgo procesal de fuga y rechazar los elementos probatorios acompañados por el recurrente, tomó en cuenta los presupuestos de quienes habían construido dicho riesgo procesal, y se tiene que la prueba acompañada por el apelante fue valorada por el Juez a quo, señalando que ésta acreditaba que la acusada no tenía antecedentes penales; consecuentemente, hizo una valoración acorde a dicho elemento probatorio; sin embargo, no es menos cierto que ese riesgo procesal no fue construido con ese fundamento, sino en base a la naturaleza del hecho ilícito y la cantidad de la sustancia controlada, que fue más de media tonelada; aspecto que fue considerado y valorado por el Tribunal a quo; es decir, que los elementos acompañados por la parte recurrente no enervan, ni desvirtúan dichos presupuestos, por ende en este aspecto no tiene mérito la apelación. En cuanto al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, alegando la falta de valoración del requerimiento conclusivo de acusación, por el que acreditaba que todos los sujetos que intervinieron habían agotado y superado todos los actos investigativos y que por ello ya no existía el riesgo procesal que estaba supeditado a la etapa preparatoria; considera que los fundamentos expuestos por el Tribunal de juicio, son acertados y correctos, al referir que aún se encuentra pendiente la declaración de Roxana Quispe Maya, que fue ofrecida como testigo en el pliego acusatorio aparejado como prueba; consecuentemente, deberá declarar en juicio oral, tal como manifestó el Tribunal a quo, para mantener persistente y latente el riesgo procesal establecido; y, ii) Con relación al segundo agravio, consistente en la presentación de prueba para aplicar el principio del test de proporcionalidad, y que determinarían su situación socioeconómica, pidiendo que se aplique la segunda parte del art. 239 del CPP, dando lugar a una medida menos gravosa que la detención preventiva; de la fundamentación realizada por el Tribunal a quo, se advierte que si bien no existe una suficiente motivación y fundamentación, no es menos cierto que no ha compulsado en la conclusión a situación real en la que los niños estuvieran, es decir que no cuenten con otro progenitor o familiar, es así que no acreditó si estuvieran en abandono; por ende no existe carga probatoria para que se pueda ingresar a analizar dichos alcances. Asimismo, la recurrente se limitó a señalar que tenía dos hijos, pero no estableció cuál sería esa medida idónea y necesaria para que pueda ser beneficiada con una medida menos gravosa; pues si bien se deben tomar en cuenta los fines de las medidas cautelares del art. 221 del CPP, y que concluyó la etapa investigativa; también existen otros alcances, como es el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; por lo que se considera necesaria la detención preventiva impuesta, para garantizar la presencia de la imputada; consecuentemente, se mantiene firme la determinación asumida por el Tribunal a quo.
Al respecto, es posible concluir que los argumentos del Auto de Vista analizado, ahora cuestionado de ilegal y vulneratorio a los derechos de la accionante, evidencian una suficiente fundamentación y motivación, por cuanto dicho Auto de Vista se encuentra circunscrito al análisis de la subsistencia de los riesgos procesales que dieron lugar al rechazo de la cesación solicitada y vigencia de la detención preventiva; realizando un examen de los argumentos asumidos por los jueces de primera instancia y efectuando el contraste con los antecedentes del caso, verificando en consecuencia que éstos resultaban correctos; consecuentemente, no se observa falta de fundamentación, motivación y valoración probatoria en cuanto a los agravios reclamados en apelación incidental; por el contrario, se advierte una debida fundamentación, motivación enmarcada dentro de los cánones de razonabilidad y coherencia, en cumplimiento de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; pues la autoridad demandada al tiempo de analizar los razonamientos efectuados por las autoridades de primera instancia, concluyó la determinación de ratificarlos íntegramente, considerando que la argumentación era clara y precisa; explicando claramente los motivos por los que considera la subsistencia de los riesgos procesales; y si bien se trata de un pronunciamiento corto, ello no significa que no observe los requisitos de una debida argumentación; pues, debe tomarse en cuenta, que al ratificar íntegramente el pronunciamiento del Tribunal a quo respecto al rechazo de la cesación y los referidos riesgos procesales, permite a este Tribunal remitirnos a analizar la determinación de primera instancia para respaldar o no el criterio del Tribunal de alzada; constituyéndose en la determinación que dio origen a la vigencia de los citados riesgos procesales. Por lo expuesto, la Vocal demandada, no solo fundamentó de manera suficiente las razones de la decisión asumida, sino lo hizo con apego a lo establecido en la normativa y la jurisprudencia.
De igual manera, la autoridad demandada circunscribió su resolución a los agravios denunciados en apelación, conforme se describe en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, dentro de los límites establecidos en el art. 398 del CPP; así: a) Respecto a la falta de valoración probatoria y la sana crítica, sobre los nuevos elementos presentados que acreditaban la ausencia de antecedentes penales de la acusada y que por ello significaba un peligro para la sociedad; concluyó señalando que la autoridad de instancia había fundamentado y motivado debidamente, afirmando que el riesgo de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, no estaba vinculado a los antecedentes de la persona, sino a la naturaleza del delito, en el entendido de que las sustancias controladas estaban destinadas a grupos vulnerables, conformados por niños, adolescentes y jóvenes; además de afectar la salud de las personas y tomando en cuenta la cantidad de las sustancias que era más de media tonelada, hacía entender que el producto no era para el consumo sino para comercialización; por ello, los nuevos elementos probatorios no enervaban el referido peligro procesal. Y, con relación al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del adjetivo penal, manifestó la conformidad con el análisis efectuado por el Tribunal a quo, concluyendo que el hecho de que los imputados hubieren sido acusados y que por ello no podían influenciarse entre sí, no había sido la forma en la que se había construido el riesgo procesal; en consecuencia, ese hecho no tenía relación directa con la posibilidad de poder influenciarse entre los coacusados. De igual manera, el hecho de que en la acusación se hubieren ofrecido a funcionarios policiales como testigos, no desvirtuaba el ofrecimiento de Roxana Quispe Maya, a quien hizo referencia la defensa y quien debía prestar su declaración en juicio oral y someterse a un contradictorio; y, b) Con relación al reclamo de aplicación del principio de proporcionalidad, la autoridad demandada, estableció la falta de fundamentación y carga probatoria para su consideración; y no obstante de ello, señaló sobre los alcances y fines de las medidas cautelares. Razones por las cuales, no se advierte arbitrariedad al tiempo de efectuar el sustento de la vigencia de los arts. 234.2 y 7; y, 235.2 del CPP en el Auto Interlocutorio de 18 de julio de 2023 y como lógica consecuencia, que sirve de base en todo su tenor para la emisión del Auto de Vista de 29 del mismo mes y año. En cuanto a la omisión de pronunciamiento sobre la SCP 377/2019-S2, invocada por la defensa, y cuya ratio decidendi no había sido contrastada por el de instancia; corresponde señalar que no fue identificado como un agravio en el recurso de apelación incidental, por lo que no merecía ser resuelto por el Tribunal de alzada.
Consecuentemente, no se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en los elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración probatoria, como señala el ahora accionante; dado que, en el Auto de Vista de 29 de julio de 2023, existe una correspondencia entre lo pedido, la consideración de los medios de prueba aportados, la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón de la decisión asumida y lo resuelto en cuanto a la improcedencia del recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante, en contra del Auto Interlocutorio de 18 de julio del referido año; por lo que, en el presente caso, corresponde denegar la tutela solicitada.
Por consiguiente, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 31 de agosto, cursante de fs. 77 a 83 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1673_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): b9e6f0298749fdd973d5f66a211568ebf5f3d7a64e7f4bace4ffb94534329c0a
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