Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2024 de 3 de julio, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1670/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 65448-2024-131-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 10/2024 de 3 de julio, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Gonzalo Aguilar contra Luis Santos Lique, Fiscal de Materia y Armin Aldo Cussi Chalo, funcionario policial.
Por memorial presentado el 2 de julio de 2024, cursante a fs. 1 y 3 a 4, el accionante, denuncia la lesión del debido proceso, en sus elementos de justicia pronta, oportuna, derecho a la libertad y principio de celeridad; toda vez que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, una vez suspendida la audiencia de medidas cautelares y consideración de procedimiento abreviado, al salir del despacho judicial fue aprehendido por un funcionario policial, sin exhibirle la orden correspondiente y, una vez en celdas del Ministerio Público, no permitieron ver el cuaderno de investigación a su abogado defensor ni registrarlo en el sistema informático; por lo que, solicitó se ordene su inmediata libertad y el pago de costas a su favor. Luis Santos Lique, Fiscal de Materia -demandado-, en audiencia de garantías de 3 de julio de 2024, conforme acta cursante de fs. 25 a 27, señaló que, la aprehensión fue dispuesta ante la citación e incomparecencia del accionante, existiendo la correspondiente resolución y orden de aprehensión que datan del 25 de marzo de 2024; por lo que, no se vulneró derecho alguno, además que el impetrante de tutela debió acudir previamente al Juez cautelar en calidad de controlador de garantías. Armin Aldo Cussi Chalo, funcionario policial -codemandado-; de igual manera en audiencia de garantías, señaló que, encontrándose cumpliendo funciones en el nuevo edificio cautelar, a solicitud del personal del Fiscal de Materia, dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del accionante; y, posteriormente, fue recepcionado en el Ministerio Público. La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías; mediante Resolución 10/2024 de 3 de julio, cursante de fs. 28 a 28 vta., denegó la tutela solicitada, bajo el argumento de que el accionante, antes de interponer esta acción tutelar debió acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional del proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana
Con relación a las denuncias de supuestas ilegalidades cometidas por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana, la SC 0054/2010-R de 27 de abril estableció que:
…ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales.
De los antecedentes traídos en revisión, el problema jurídico versa en razón de que, el accionante fue aprehendido por un funcionario policial sin exhibirle el mandamiento correspondiente y, una vez en celdas del Ministerio Público, no permitieron ver el cuaderno de investigación a su abogado defensor, ni registrarlo en el sistema informático.
En tal sentido, debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que desarrolla la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad sobre las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que podrían incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria que implica vulneración de derechos fundamentales, que deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; considerando que, es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esa etapa. El entendimiento jurisprudencial señalado precedentemente es aplicable al presente caso; toda vez que, el impetrante de tutela, al advertir las irregularidades descritas en la aprehensión así como la negativa de exhibir el cuaderno de investigación a su abogado defensor y registrarlo en el sistema informático, no activó de forma previa los mecanismos procesales específicos de defensa idóneos, eficientes y oportunos para restituir sus derechos invocados y supuestamente vulnerados, debiendo acudir previamente ante la autoridad jurisdiccional, en este caso, al juez de instrucción en la etapa preparatoria, a través de un incidente de actividad procesal defectuosa u otro que corresponda, a objeto de realizar el reclamo correspondiente y sea esta autoridad judicial en aplicación de sus facultades y deberes establecidos por ley, quien pueda corregir las acciones que consideró vulneratorias de sus derechos. En consecuencia, al no haber agotado los mecanismos de la vía ordinaria, dejó que dichos actos no sean revisados por la autoridad judicial, en control de la actividad procesal desarrollada, conforme los arts. 54 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo imprescindible agotar los mecanismos señalados y sólo en caso de no haberse restituido los derechos afectados, recién activar la vía constitucional, razones por las que corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2024 de 3 de julio, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los razonamientos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1670_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): af2a9c2278c13355d5f1f76e6b4e05388d9bb2443e278f2b58ec8c8bc4f6753b
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