Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de diciembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante interpuso la presente acción de defensa; alegando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Abuso sexual: 1) Si bien se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares el 31 de julio de 2023, no se le notificó con el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva y desde esta fecha, tampoco fue remitido al Tribunal de alzada el recurso de apelación para que sea considerado; y, 2) No fue notificado, mediante ciudadanía digital o por WhatsApp, el decreto que dio respuesta al memorial presentado el 8 de agosto de 2023, por el que solicitó se considere su hospitalización domiciliaria, en el marco de la SCP 0503/2020-S1. En virtud de lo cual solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: i) Se disponga su notificación personal con el Auto Interlocutorio de medidas cautelares; ii) El Juez demandado se pronuncie sobre la solicitud de 8 de agosto de 2023, señalando las audiencias respectivas; y, iii) Se ordene a “Secretaría conforme a SCP SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0678/2022- S2 de 27 de junio de 2022 ‘III.4.2. Con relación a la solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva, efectuado a través del memorial de 8 de marzo de 2021, reiterado el 16 de igual mes y año, presentados mediante el buzón judicial…’” (sic). En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 29 a 31, emitida por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1667/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57955-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Astrid Gutiérrez Luna y Noel Arturo Vaca López en representación sin mandato de Marin Alvi Guardia contra Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 10 de agosto de 2023, cursante de fs. 7 a 9, el accionante a través de su representante sin mandato expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de Abuso sexual, causa signada como “FUD: 715102162300291” y “FELCV: 094/2022”, el 2 de agosto de 2023, fue ingresado al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, nombrando para ejercer su defensa técnica al abogado Noel Arturo Vaca López, con Registro Público de la Abogacía (RPA) 3437417 NAVL; sin embargo, al no contar con una ventanilla del Ministerio Público para que los detenidos preventivos puedan presentar sus solicitudes, deben erogar gastos en viajes innecesarios. En este contexto, a efectos del art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP), bajo los alcances de la SCP 0401/2016-S2 de 3 de mayo, la notificación con el Auto Interlocutorio que dispuso la medida cautelar hasta el presente no fue practicada, ni a su anterior y mucho menos a su actual abogado defensor, impidiendo así la remisión -del mandamiento de detención preventiva- al Juez de Ejecución Penal de turno. Ante esta circunstancia y debido a que la “Secretaria del Juzgado” no activó su servicio de WhatsApp para que pueda remitir su solicitud a despacho, envió un memorial al asiento judicial de Ascensión de Guarayos, donde cumple funciones la autoridad judicial demandada, con cargo de presentación de 8 de agosto de 2023, solicitando “HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA” en el marco de la SCP 0503/2020-S1 de 15 de septiembre (sic).
Si bien el accionante no señaló ningún derecho vulnerado, del memorial de interposición de la acción de defensa se colige la vulneración al debido proceso, sin citar norma constitucional.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se disponga su notificación personal con el Auto Interlocutorio que ordenó medidas cautelares; b) El Juez demandado se pronuncie sobre la solicitud de 8 de agosto de 2023, señalando las audiencias respectivas; y, c) Se ordene a “Secretaría conforme a SCP SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0678/2022- S2 de 27 de junio de 2022 ‘III.4.2. Con relación a la solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva, efectuado a través del memorial de 8 de marzo de 2021, reiterado el 16 de igual mes y año, presentados mediante el buzón judicial…’” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 11 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó los términos de su demanda, y ampliando los mismos, señaló que: 1) La SCP 0401/2016-S2 establece que debe efectuarse una notificación personal e idónea al imputado con el Auto Interlocutorio de medidas cautelares, lo cual en el caso presente hasta la fecha –se entiende la interposición de la presente acción de defensa– no ocurrió; 2) Desde el 31 de julio de 2023 –fecha en la que se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares– no se envió el cuaderno de apelación a la Sala Penal de turno para su resolución; 3) La solicitud del 8 de agosto de igual año, conforme establece la SCP 0503/2021, debía haber sido atendida con un pronunciamiento y el señalamiento de una audiencia para considerar el incidente de hospitalización domiciliaria; sin embargo, el decreto con el que supuestamente se resolvió dicho memorial no fue comunicado de manera idónea, mediante ciudadanía digital ni por WhatsApp; toda vez que, revisadas las notificaciones en ciudadanía digital, se constató que no existía ninguna posterior al 4 del citado mes y año; 4) No se cumplió con la SCP 0678/2022, que obliga al uso de medios tecnológicos para la recepción de memoriales y notificaciones, especialmente cuando el imputado se encuentra detenido lejos del asiento judicial encargado del control jurisdiccional, debiendo prevalecer el uso de dichos medios para las notificaciones y las audiencias virtuales; y, 5) Solicitó que se conceda la tutela, y que el Juez demandado se pronuncie sobre la solicitud presentada el 8 del referido mes y año, y comunicara su determinación mediante vía telemática; asimismo, que la Secretaría Abogada del Juzgado cumpla con la recepción de memoriales enviados por buzón judicial y que los informes remitidos fueran replicados al domicilio procesal virtual señalado en la presente audiencia de acción tutelar.
Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 28 de “junio” de 2023, cursante a fs. 21, solicitó se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: i) En la audiencia de medidas cautelares realizada el 31 de julio, se determinó la detención preventiva del ahora accionante Marin Alvi Guardia por ciento ochenta días y se fijó audiencia de cesación a la detención preventiva para el 31 de “enero” de igual año a horas 14:00; emitida la Resolución, la misma fue impugnada por el ahora impetrante de tutela, motivo por el cual, se ordenó la remisión del expediente a la Sala Penal de turno para su revisión y resolución; y, ii) Respecto al memorial presentado por el accionante el 8 de agosto del citado año, ante el Juez demandado, éste fue resuelto el mismo día, tal cual se puede evidenciar en la copia de la providencia que adjunta.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 03/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 29 a 31, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) No se demostró que existiera vulneración alguna relacionada con las notificaciones por buzón judicial o medios tecnológicos; toda vez que, tanto el buzón judicial como la ciudadanía digital estaban disponibles y que la parte accionante no presentó prueba que acreditara la supuesta afectación de derechos; b) Respecto a la solicitud de detención hospitalaria, se tiene que, si bien el abogado del accionante presentó una solicitud la misma está siendo tramitada adecuadamente por la autoridad demandada, prueba de ello es el señalamiento de audiencia para el 14 de agosto de 2023 a horas 14:00 de manera virtual, disponiendo que por Secretaria se realice las notificaciones y oficios correspondientes; c) El Juez de la causa cumplió con los parámetros legales para resolver el incidente, debiendo llevarse a cabo la audiencia programada sin suspensiones, resguardando los derechos del ahora accionante; por lo que, ante la emisión de la providencia y el señalamiento de audiencia no se evidencia lesión de derechos; y, d) No se evidenció vulneración de derechos respecto a la falta de notificación con las medidas cautelares, ya que existía una apelación pendiente y este punto no corresponde ser revisado en la presente acción de defensa.
II.1. Conforme el informe de 28 de “junio” de 2023 presentado por el Juez demandado, el 31 de julio de igual año, se dispuso la detención preventiva del ahora accionante Marin Alvi Guardia, por ciento ochenta días, fallo que fue apelado por su defensa y remitido el expediente ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para su revisión y resolución (fs. 21). II.2. Por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, el ahora accionante presentó memorial ante el Juez demandado, solicitando se señale día y hora de audiencia por la plataforma virtual CISCO WEBEX, para considerar su solicitud de hospitalización domiciliaria; toda vez que, al contar con enfermedad de base, la misma debe ser tratada en un lugar adecuado (fs. 22 a 25). Lo que mereció decreto de 9 de igual mes y año, a través del cual la referida autoridad judicial señaló audiencia de modificación de medidas cautelares a la detención preventiva del impetrante de tutela para el 14 del citado mes y año a horas 14:00 (fs. 26).
El accionante interpuso la presente acción de defensa; alegando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Abuso sexual: 1) Si bien se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares el 31 de julio de 2023, no se le notificó con el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva y desde esta fecha, tampoco fue remitido al Tribunal de alzada el recurso de apelación para que sea considerado; y, 2) No fue notificado, mediante ciudadanía digital o por WhatsApp, el decreto que dio respuesta al memorial presentado el 8 de agosto de 2023, por el que solicitó se considere su hospitalización domiciliaria, en el marco de la SCP 0503/2020-S1. En virtud de lo cual solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: i) Se disponga su notificación personal con el Auto Interlocutorio de medidas cautelares; ii) El Juez demandado se pronuncie sobre la solicitud de 8 de agosto de 2023, señalando las audiencias respectivas; y, iii) Se ordene a “Secretaría conforme a SCP SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0678/2022- S2 de 27 de junio de 2022 ‘III.4.2. Con relación a la solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva, efectuado a través del memorial de 8 de marzo de 2021, reiterado el 16 de igual mes y año, presentados mediante el buzón judicial…’” (sic). En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.
Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.
El accionante interpuso la presente acción de defensa, alegando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Abuso sexual: a) Si bien se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares el 31 de julio de 2023, no se le notificó con el Auto Interlocutorio que dispuso su detención preventiva y, desde esta fecha, tampoco fue remitido al Tribunal de alzada el recurso de apelación para que sea considerado; y, b) No fue notificado de manera idónea, mediante ciudadanía digital o por WhatsApp, el decreto que dio respuesta al memorial presentado el 8 de agosto de 2023, según el cual solicitó se considere su hospitalización domiciliaria, en el marco de la SCP 0503/2020-S1.
De la revisión de antecedentes se evidencia que, dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante por el presunto delito de abuso sexual, el 31 de julio de 2023, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares dentro del cual se dispuso su detención preventiva por ciento ochenta días; dicho fallo fue impugnado por la defensa del accionante; motivo por el cual, la autoridad demandada remitió el expediente ante la Sala Penal de turno para su respectiva revisión y resolución (Conclusión II.1).
Por otra parte, se tiene que el impetrante de tutela presentó memorial el 8 de agosto de 2023, solicitando hospitalización domiciliaria; toda vez que, al contar con enfermedad de base debe recibir atención médica en un lugar adecuado; solicitud que mereció decreto de 9 de igual mes y año, mediante la cual el Juez ahora demandado señaló audiencia para el 14 del citado mes y año a horas 14:00 (Conclusión II.2). Respecto a la primera problemática expuesta por el solicitante de tutela, a efectos de determinar si evidentemente el Juez demandado, incurrió en un acto ilegal, corresponde precisar que, interpuesto el recurso de apelación incidental, éste debe ser tramitado dentro los plazos previstos por la normativa procesal penal (art. 251 del CPP); es decir, que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas, debiendo dicha instancia resolver el recurso sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones. En el presente caso, el ahora accionante denuncia que, no se le notificó con el Auto Interlocutorio de 31 de julio de 2023 que dispuso su detención preventiva y desde esta fecha, tampoco fue remitido al Tribunal de alzada el recurso de apelación para que sea considerado; sin embargo, revisado el expediente constitucional, no puede alegarse la falta de notificación; puesto que, de antecedentes se tiene que el impetrante de tutela, a través de su defensa no solo tuvo conocimiento del Auto Interlocutorio en la misma audiencia, sino que tras su notificación en audiencia conforme al art. 160 del CPP -que establece la notificación en audiencia sin ninguna otra formalidad- interpuso recurso de apelación contra dicho fallo. Efectivamente, de acuerdo al informe escrito de la autoridad demandada -el cual no fue refutado por la parte accionante en audiencia-, los antecedentes fueron remitidos ante el Tribunal de segunda instancia para su conocimiento y resolución respectiva; aspecto que, evidencia la inexistencia de una dilación indebida en el marco del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.
En cuanto a la segunda problemática, vinculada a la falta de notificación idónea con la respuesta al memorial presentado el 8 de agosto de 2023, a través del cual solicitó al Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz -demandado- señale día y hora de audiencia para que se considere su solicitud de hospitalización domiciliaria, ya que al contar con una enfermedad de base, esta debía ser tratada en un lugar adecuado. De la revisión de los antecedentes, se tiene que, dicha solicitud mereció el decreto de 9 de agosto de 2023, mediante el cual la mencionada autoridad jurisdiccional señaló audiencia para el 14 del citado mes y año a horas 14:00; consiguientemente, la solicitud del impetrante de tutela no solo mereció respuesta, sino que también existe audiencia programada para resolver la solicitud de hospitalización domiciliaria, dentro de un plazo razonable. En virtud de los razonamientos expresados, corresponde denegar la tutela con relación a las mencionadas problemáticas. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 11 de agosto, cursante de fs. 29 a 31, emitida por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”. 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya
consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1667_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 01e78a264a6cfb5c2992214adfbbb9801dc0deeca1648919266b405e13af628b
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