Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de diciembre de 2025
Concede la tutela
Los accionantes, a través de sus representantes y abogados, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como al principio de legalidad; argumentando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y, violencia política contra mujeres, solicitaron la cesación a su detención preventiva, ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; sin embargo, un día antes de la audiencia señalada para el efecto, declinó competencia ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del mismo departamento, quien a su turno decidió devolver actuados al primero, pero esta devolución aún no se materializó, dejando en la incertidumbre a los ahora accionantes, al encontrarse dos meses ilegalmente detenidos, por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: i) El señalamiento de audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva, conforme al art. 239.1 del CPP, respetando los plazos legales, sea en el término de veinticuatro horas; y, ii) La inmediata devolución del expediente al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del referido departamento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 18/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 163 a 166, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, respecto del Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto y el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 1º Disponer que, una vez resuelto el conflicto de competencias suscitado ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la autoridad jurisdiccional declarada competente señale, en el día, fecha y hora de audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por los accionantes; salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica de los accionantes hubiese cambiado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1666/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 57988-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 163 a 166, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Valda Daza, José Miguel Islas Rivero, Elena Paz Nuñez, Fernando Vaca Rua, Elías Tordoya Osinaga, Adrián Ricardo Arancibia Palacios, en representación sin mandato de Hernán Lobos Viveros, Cristhian Zambrana, María Eugenia Ríos Maldonado, Nanneth Rylda Romero, Amelia Karina Flores Clavijo, Sora Aracely Padilla Davalos, Yaquelin Valdez Flores, Elizabeth Arriaga Vaca, Sheila Suarez La Torre, Wendy Vargas Arriaga, Sonia Jiménez Roca y Erly Castro Peña contra Wilson Espada Patiño, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del mismo departamento.
Por memoriales presentados el 15 de agosto de 2023, cursantes de fs. 2 a 4, y 136 a 141, los accionantes a través de sus representantes y abogados, manifestaron lo siguiente:
En sentido que se presentaron dos acciones tutelares sobre el mismo tenor; dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Publico, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y, violencia política contra mujeres; Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del mismo departamento-, un día antes de la celebración de la audiencia de cesación a la detención preventiva, “…sin ninguna solicitud aparente…”, (sic) emitió el Auto Interlocutorio 236 de 8 de agosto de 2023, a través del cual declinó competencia, para conocer la causa, en razón de materia; dos meses después, de haber conocido la causa formalmente, con el inicio de investigaciones por parte del Ministerio Público. En virtud de lo cual, se sorteó la causa, al ahora codemandado; Wilson Espada Espinoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; quien, el 10 de agosto de 2023, “…al recibir una nueva petición de cesación a la detención preventiva, en vez de dar respuesta…” a la misma, decide devolver actuados, siendo que hasta la fecha de presentación de la acción tutelar, no se devolvió el expediente al Juez que inicialmente estaba conociendo la causa; quien no obstante, “…a la fecha ya se habría declarado competente para considerar el inicio de investigaciones de esta causa penal…” dejando en una incertidumbre jurídica a los imputados, vulnerándose así sus derechos y garantías, al encontrarse detenidos ilegalmente.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como al principio de legalidad, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II, 116 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) El señalamiento de audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva, conforme al art. 239.1 del CPP, respetando los plazos legales, sea en el término de veinticuatro horas; y, b) La inmediata devolución del expediente al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 157 a 162 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de sus representantes y abogados, ratificaron íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señalaron que: 1) El ahora Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, asumió competencia, desde el primer momento del conocimiento de la causa, hasta el 8 de agosto de 2023, conforme al “cuaderno”; 2) El 12 de junio de 2023, fue la audiencia cautelar y el 30 de igual mes y año, la apelación de la misma; posteriormente, el 28 de julio de igual año, los ahora accionantes, solicitaron la cesación a su detención preventiva; 3) El 1 de agosto de 2023, el juez de la causa, señaló audiencia en el Recinto Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, “…para que las privadas de libertad acudan a dicha audiencia y se sometan a procedimiento abreviado, decreto que fuimos legalmente notificados todas las partes, más aún Sr. Juez en la misma fecha el primero de agosto el Juez Manuel Baptista señala audiencia y responde a nuestro memorial del 28 de julio para el incidente de cesación a la detención preventiva, señalando fecha y hora de audiencia para el 9 de agosto del 2023 a Hrs. 11:00 a.m.; todos estos actuados procesales o todos estos decretos señalados por quien ahora es accionante, reitero, todas las partes fuimos legalmente notificados, por tanto Sr. Juez a partir de ese elemento que acredita de forma material y de forma irrefutable reitero, el Juzgador, el ahora magistrado accionado desde el 12 de junio hasta el 9 de agosto del 2023 tenía pleno conocimiento de la causa y asumió competencia en todo momento del proceso, sin embargo (…) en fecha 8 de agosto del 2023 emite el Auto 236 el cual resuelve declinar la competencia (…) es decir, programó audiencia de cesación para el 9 pero el 8 declina competencia y cuando nosotros vamos el 9 a dicha audiencia nos encontramos con la sorpresa de que el cuaderno procesal se encontraba remitido al Juzgado Quinto de Instrucción de Violencia Contra la Mujer (…) nunca hemos sido notificados con el Auto referido…” (sic); 4) El “Auto 236” aplicó erróneamente la Ley, para fundamentar y motivar su declinatoria de competencia; y, 5) El referido Auto en el cual declina competencia es posterior a los decretos de señalamiento de audiencia para la cesación a la detención preventiva.
Wilson Espada Patiño, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 17 de agosto de 2023, cursante a fs. 147, señaló que: i), No admitió en ningún momento la competencia del caso, elevando en consulta el conflicto de competencia; por lo cual, mal podría resolver cuestiones incidentales en el proceso, como las solicitudes de cesación a la detención preventiva; ii) Conforme a la SCP 0681/2018-S1 de 26 de octubre, quien debe conocer la solicitud de cesación a la detención preventiva es el juez que conoce la causa, en tanto no se tenga radicada la misma en el juzgado donde fue remitido; por lo que, esas solicitudes deben ser necesariamente atendidas por el “…Juez de Instrucción en lo Penal N° 6 de la Capital…” (sic), conforme vino conociendo “este proceso”; y, iii) Al no existir vulneración de derechos por su parte, solicitó se deniegue la tutela, con relación al suscrito. Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en audiencia, señaló que: a) Entiende que la pretensión de las ahora accionantes es que se lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva; b) Se declaró incompetente a fin de que se dicte una determinación más adecuada a favor de las que se encuentran detenidas preventivamente, consideró que en “nuestro distrito” hay un juez especializado en materia de violencia y ese es el argumento que transcribió en el Auto en el que declaró su incompetencia; c) Su autoridad celebró la audiencia de medidas cautelares y que ninguno de los abogados de las privadas de libertad reclamó la incompetencia del suscrito en dicho acto procesal, “…tampoco lo hizo mi persona…” (sic); puesto que, en una audiencia cautelar puede asumir la competencia necesaria para resolver la situación jurídica, pese a que no sería su especialidad; d) El conflicto de competencias será resuelto por la Sala Penal; y, e) El Auto Interlocutorio por el cual se declaró incompetente está fundamentado.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 18/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 163 a 166, concedió en parte la tutela solicitada, únicamente en contra de Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponiendo que el referido Juez, debe asumir la competencia, a efectos de conocer el control jurisdiccional, no solamente de los hoy accionantes, sino de todas las partes procesales que presenten solicitudes referente al derecho que esté enmarcado a la libertad; y, oficie a la Sala correspondiente, que se le remitan obrados en originales; y, se remita únicamente, copias legalizadas de las piezas procesales referente al conflicto de competencias, y una vez tenga el Juez, obrados, en despacho judicial, señale audiencia de cesaciones a la detención preventiva de las personas que han solicitado la misma. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La SCP “681/2018-S1”, refirió que, respecto a la competencia para resolver la cesación a la detención preventiva, es posible que un juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud a pesar de que “…se hubiera presentado acusación, pero siempre que no hubiera radicado en un tribunal superior o el tribunal de acusación…” (sic); 2) Los pedidos de cesación a la detención preventiva deben ser resueltos de manera inmediata y para ello existe la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; por lo que, toda autoridad administrativa o judicial, ante el conocimiento de una solicitud, en donde concierne el derecho a la libertad, de un privado de su libertad, deberá señalar el trámite de cesación a la detención preventiva, entre los plazos establecidos en el art. 239 del CPP; 3) La competencia momentánea para resolver el trámite de cesación a la detención preventiva o cualquier solicitud concerniente a la libertad debe ser asumida por el Juez que vino asumiendo las audiencias de medidas cautelares; y, 4) Como Tribunal de garantías, está en el deber de darle control jurisdiccional a las partes procesales; puesto que en su defecto, se estaría ante un “vacío” para todas las partes procesales, a efectos de que puedan llevar sus investigaciones o sus peticiones, a un control jurisdiccional conforme el art. 54 inc. 1) de la norma penal adjetiva.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 26 de julio de 2023, dirigido al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el cual Elizabet Arriaga Vaca y Wendy Vargas Arriaga, reiteraron solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 132 a 133). II.2. Consta decreto de 1 de agosto de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el cual señaló, audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por Elizabet Arriaga Vaca y Wendy Vargas Arriaga, para el 9 del mismo mes y año (fs. 134). II.3. Cursa Auto de 8 de agosto de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público, contra Hernán Lobos Viveros, Cristhian Zambrana, María Eugenia Ríos Maldonado, Nanneth Rylda Romero, Amelia Karina Flores Clavijo, Sora Aracely Padilla Davalos, Yaquelin Valdez Flores, Elizabeth Arriaga Vaca, Sheila Suarez La Torre, Wendy Vargas Arriaga, Sonia Jiménez Roca, Erly Castro Peña, Liliana Valle Mandepora y Lourdes Caiguara Aguilar, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y, violencia política contra mujeres, por el cual declina competencia “…ANTE EL JUEZ COMPETENTE Y ESPECIALIZADO DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE ESTA CAPITAL” (sic), ordenando la remisión del expediente original vía sorteo computarizado, con noticia a las partes (fs. 135 y vta.). II.4. Consta Auto 235/23 de 10 de agosto de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; por el cual, ordenó la devolución -del caso de autos- al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del mismo departamento; a fin de que, prosiga con el conocimiento de la causa y evitar nulidades procesales y no ser pasible a sanciones disciplinarias por la remisión del presente proceso (152 a 153 vta.). II.5. Cursa Auto Interlocutorio 242/23 de 15 de agosto de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; por el cual, resolvió declararse incompetente del conocimiento de la causa; y en consecuencia, suscitar conflicto de competencia, remitiendo actuados ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Sanya Cruz, con la finalidad de que dirima el conflicto de competencia (fs. 154 a 155 vta.).
Los accionantes, a través de sus representantes y abogados, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como al principio de legalidad; argumentando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y, violencia política contra mujeres, solicitaron la cesación a su detención preventiva, ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; sin embargo, un día antes de la audiencia señalada para el efecto, declinó competencia ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del mismo departamento, quien a su turno decidió devolver actuados al primero, pero esta devolución aún no se materializó, dejando en la incertidumbre a los ahora accionantes, al encontrarse dos meses ilegalmente detenidos, por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo: i) El señalamiento de audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva, conforme al art. 239.1 del CPP, respetando los plazos legales, sea en el término de veinticuatro horas; y, ii) La inmediata devolución del expediente al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del referido departamento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0032/2019-S2 de 25 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
(las negrillas son nuestras). De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último 1El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”. 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.
3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
“…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal. Por su parte, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció que se considera actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se señale la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificado legalmente y no comparecen a la audiencia.
Posteriormente, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, modulando este entendimiento y la subregla establecida en el SC 0078/2010-R, en cuanto al plazo para fijar audiencia, señaló que éste no podía exceder de tres días; además, que la solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciada dentro del plazo de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite.
(…)
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:
Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto.
Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como al principio de legalidad; argumentando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y, violencia política contra mujeres, solicitaron la cesación a su detención preventiva, ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; sin embargo, un día antes de la audiencia señalada para el efecto, declinó competencia ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del mismo departamento, quien a su turno decidió devolver actuados al primero, pero esta devolución aún no se materializó, dejando en la incertidumbre a los ahora accionantes, al encontrarse dos meses ilegalmente detenidos
Elizabeth Arriaga Vaca y Wendy Vargas Arriaga, impetrantes de tutela, presentaron memorial el 26 de junio de 2023, ante Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, reiterando su solicitud de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.1).
Mediante decreto de 1 de agosto de 2023, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del referido departamento, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva, solicitada por Elizabeth Arriaga Vaca y Wendy Vargas Arriaga, para el 9 del mismo mes y año (Conclusión II.2).
A través de Auto de 8 de agosto de 2023, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, declinó competencia “…ANTE EL JUEZ COMPETENTE Y ESPECIALIZADO DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE ESTA CAPITAL” (sic), ordenando la remisión del expediente original vía sorteo computarizado, con noticia a las partes (Conclusión II.3).
El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió Auto 235/23 de 10 de agosto de 2023; por el cual, ordenó la devolución -del caso de autos- al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del mismo departamento; a fin de que, prosiga con el conocimiento de la causa y evitar nulidades procesales y no ser pasible a sanciones disciplinarias por la remisión del presente proceso (Conclusión II.4).
El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió Auto Interlocutorio 242/23 de 15 de agosto de 2023; por el cual, resolvió declararse incompetente del conocimiento de la causa; y en consecuencia, suscitar conflicto de competencia, remitiendo actuados ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Sanya Cruz, con la finalidad de que dirima el conflicto de competencia (Conclusión II.5).
Conforme a lo establecido, en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, es obligación que toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho y en los casos de existir dilación indebida, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo para su reparación inmediata.
Con relación a la actuación del Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz:
La referida autoridad demandada, conoció el señalado proceso penal, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y leves y, violencia política contra mujeres; siendo la autoridad, encargada del control jurisdiccional, desde el inicio de la causa; y ante quien, acudieron los imputados, constando memorial de 26 de junio de 2023 de las ahora accionantes Elizabeth Arriaga Vaca y Wendy Vargas Arriaga, reiterando su solicitud de cesación a su detención preventiva; en tal sentido, mediante proveído de 1 de agosto de 2023; es decir, luego de más de un mes, se señaló audiencia a dicho efecto para el 9 de agosto de 2023.
No obstante, el 8 de agosto de 2023 -un día antes de la celebración de la audiencia-, la referida autoridad demandada -entonces Juez de Instrucción Penal Sexto, ahora, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del referido departamento-, declinó competencia ante su ahora similar Quinto, por considerarlo especializado en la materia; sin embargo, este último mediante Auto 235/23 de 10 del mismo mes y año, ordenó la devolución de la causa, a su par Sexto, con la finalidad de que prosiga con el conocimiento de la causa y evitar futuras nulidades.
En tal sentido, si bien se originó, un conflicto de competencias entre ambas autoridades, el accionar del Sexto, provocó una demora innecesaria, en la tramitación de la cesación a la detención preventiva, solicitada por los ahora accionantes, más aún cuando es esta misma autoridad quien señaló celebración de audiencia para dicho acto procesal y no efectivizó el mismo, por la declinatoria de competencia; por lo que, se activa la acción de libertad de pronto despacho a fin de acelerar el referido trámite judicial y así pueda resolverse la situación jurídica de los privados de libertad.
Al respecto, la SCP 0441/2020-S1 de 3 de septiembre, citando el entendimiento de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, estableció los siguientes razonamientos: “’(…) la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud sea considerada oportunamente y con la celeridad que amerita’” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
Así, de la relación procesal descrita precedentemente; se establece que, la actitud pasiva del ahora Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, provocó que la audiencia de cesación a la detención preventiva, en cuestión, no se lleve a cabo, máxime si desde la presentación del memorial, de 26 de junio de 2023, mediante el cual se solicitó la misma, recién se emitió proveído de 1 de agosto de 2023, señalando audiencia para el 9 del mismo mes y año, luego de más de un mes; en consecuencia, al existir una evidente dilación innecesaria en la tramitación del proceso penal y por causas ajenas a la voluntad de los ahora accionantes, dilación que se extendió por la pasividad del referido Juez demandado, reflejada en su inhabilidad de resolver la situación jurídica de los imputados, declarándose incompetente un día antes de la celebración de la audiencia; cuando conforme a la jurisprudencia constitucional invocada, si se consideraba incompetente, debió resolver la situación jurídica de los encausados, acto seguido remitir antecedentes ante la autoridad judicial que consideraba competente; por lo que se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en procura de acelerar el referido tramite, ante la indicada demora; de esta forma, la justicia constitucional, al advertir la existencia de un trámite judicial, que merece acelerarse para resolver la situación jurídica de los privados de libertad -ahora accionantes-, corresponde conceder la tutela impetrada.
Con relación a la actuación del Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz:
La referida autoridad demandada, mediante Auto Interlocutorio 235/23 de 10 de agosto de 2023, ordenó la devolución del proceso, a su similar Sexto, tras declararse incompetente; no obstante, por Auto Interlocutorio de 15 de igual mes y año, recién dispuso la remisión de obrados ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, al haberse suscitado un conflicto de competencias. La referida actuación de la autoridad demandada, lejos de denotar celeridad en el conocimiento y resolución de una causa, en la que se encuentran involucrados privados de libertad como ocurre en el sub iudice, procurando la agilización del trámite del conflicto de competencias suscitado, en el marco del art. 311 del CPP, emitió Auto Interlocutorio remitiendo obrados al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cinco días después de haberse declarado incompetente, lapso de tiempo que no es razonable; teniendo en cuenta que, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; consiguientemente, en el caso del Juez codemandado, también se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 18/2023 de 17 de agosto, cursante de fs. 163 a 166, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, respecto del Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto y el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 1º Disponer que, una vez resuelto el conflicto de competencias suscitado ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la autoridad jurisdiccional declarada competente señale, en el día, fecha y hora de audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por los accionantes; salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica de los accionantes hubiese cambiado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
4 El FJ III.3, indica: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.
5 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido” (…).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1666_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): ec22587737460d73207fd20c0d310ae270694cfccbf4dbc441de61e214b4bb83
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