Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de diciembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos legalidad, defensa y seguridad jurídica; toda vez que, el Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista 430/2023, declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental, manteniendo indemne el Auto Interlocutorio de 15 de agosto de 2023; a) En cuanto a la probabilidad de autoría, otorgó mayor valor probatorio a los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público con relación a las declaraciones testificales de descargo y la declaración del otro conductor, incurriendo en un incorrecta aplicación de los arts. 5, 7 con relación al art.221, todos del CPP, al no aplicar el principio de favorabilidad ante la existencia de duda razonable; b) Tanto el riesgo de fuga previsto en los numerales 4 y 7 del art. 234 del CPP, como el riesgo de obstaculización del art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 448/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia,
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso y a la libertad personal, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 430/2023 de 1 de septiembre, emitido por Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. b) Que, el Vocal demandado, emita nuevo Auto de Vista, conforme a los Fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional. 3° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la valoración de la prueba sobre la probabilidad de autoría; a la denuncia de haber fundado todos los riesgos procesales con el mismo hecho; al derecho a la defensa y al principio de seguridad jurídica; y, el pago de costas, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1663/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58007-2023-117-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 448/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Orlando Iporre Llano y Pablo Gilbert Martínez Rosas en representación sin mandato de Emilio Gutiérrez Olivera contra Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 14 de septiembre de 2023, cursante de fs. 28 a 37, el accionante a través de sus representantes sin mandato, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, omisión de socorro y encubrimiento, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Lucas del departamento de Chuquisaca, dictó el Auto Interlocutorio de 15 de agosto de 2023, ordenando la detención preventiva del imputado en la Carceleta Provincial de Camargo por la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 234.4 y 7; y, 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); contra esa decisión, se interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del mismo cuerpo legal, el cual fue radicado en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca y resuelto por el Vocal demandado mediante Auto de Vista 430/2023 de 1 de septiembre de 2023, que declaró improcedente la apelación presentada. El Auto de Vista impugnado, careció de una motivación coherente con la eficacia probatoria de los indicios que ha producido, ya que en la audiencia cautelar presentaron prueba testifical que desvirtúa la teoría del hecho del Ministerio Público de que fue su persona quien se hallaba conduciendo el vehículo accidentado y que se habría cambiado de posición con su hija; son declaraciones que no son referenciales, puesto que se trata de la declaración del conductor del vehículo pequeño -se entiende con el que se produjo la colisión- quien señala que vio que fue una mujer la que estaba conduciendo el motorizado y que se acercaron a prestar ayuda; y, asimismo las declaraciones de dos testigos que se encontraban a 50 y 70 metros del lugar del suceso señalaron que fue “la señorita o señora Gisel” (sic) quien estaba conduciendo el motorizado y que inmediatamente después del hecho, primero la conductora y luego su papá, brindaron el auxilio necesario; a pesar de que estos indicios evidencian que existe duda razonable -se entiende sobre la autoría del hecho-; el Vocal demandado señala que son valederos los indicios presentados por el Ministerio Público y no así los que presentó de su parte; esta ponderación de los indicios hace ver que se incurrió en una errónea aplicación de los arts. 5 y 7 con relación al 221, todos del CPP en cuanto a la aplicación del principio de favorabilidad en caso de existir duda razonable. Respecto al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.4 y 7 del CPP, no obstante que de acuerdo al entendimiento establecido por la SCP 583/2017-S2 de 19 de junio, de que no puede fundarse varios riesgos procesales sobre un mismo hecho, el Vocal demandado fundamentó la existencia de ambos criterios de riesgo de fuga en reiteración de la teoría fáctica de la imputación de que su persona conducía en estado de ebriedad, que hubo cambio de posición con su hija y que supuestamente no brindaron ayuda; y, lo propio sucede respecto al riesgo de obstaculización previsto en el numeral 1 del art. 235 del CPP. Asimismo, se ha fundado los riesgos procesales en los elementos de fondo del hecho investigado, como son el conducir ebrios, cambiarse de posición, fugar; contraviniendo de esa manera el entendimiento establecido por la SCP 0056/2014 de que ningún riesgo procesal puede fundarse en elementos que son de fondo de la investigación, lo que le causa grave indefensión equivalente a una condena anticipada, y no se cumple el principio de favorabilidad y revisabilidad de las medidas cautelares.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos legalidad, defensa y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga la emisión de un nuevo Auto de Vista por la autoridad demandada, con costas a su favor.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 54 a 56 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Según informe de la secretaría del Tribunal de garantías, la parte accionante estuvo presente, pero no se contó con la conexión de su abogado defensor.
Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, a través del informe escrito presentado el 15 de septiembre de 2023, cursante de fs. 42 a 50, expresó: a) El reclamo sobre la supuesta falta de valoración adecuada de los testigos en la audiencia cautelar fue considerado improcedente, ya que cada parte expuso los hechos desde su propia perspectiva; el juez a quo, en ejercicio de su función jurisdiccional, aplicó el art. 173 del CPP que le facultaba a otorgar el valor correspondiente a cada elemento probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, fundamentó sus decisiones mediante una apreciación conjunta y armónica de la prueba producida; determinando, cuáles elementos de convicción resultaban útiles y necesarios para acreditar el hecho que estimó correcto; b) En el caso analizado, esos testigos presentaron una versión distinta a la sostenida por el Ministerio Público; sin embargo, al revisar el Auto Interlocutorio apelado, no se evidenció una valoración defectuosa de los elementos de convicción, aunque señalaron que la conductora del vehículo era la otra coimputada, el juez a quo, conforme al art. 173 del CPP, otorgó mayor credibilidad a otros testimonios que resultaron coherentes entre sí; de esa manera, se verificó una correcta apreciación de los elementos probatorios, el juez valoró adecuadamente los indicios que apuntaban a que el accionante tenía probabilidad de ser autor de los delitos atribuidos; c) La defensa sostuvo que la prueba de alcoholemia debía considerarse una pericia y practicarse conforme al art. 204 del CPP; sin embargo, se estableció que, según la normativa vigente, solo se ordenaba una pericia cuando era indispensable un conocimiento especializado; en este caso, la alcoholemia realizada por los funcionarios policiales no constituyó una pericia, ya que no requería saberes técnicos complejos, sino que representó un elemento de convicción legítimamente obtenido; d) No se demostró que el juez a quo hubiera empleado los mismos argumentos para fundamentar la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, ya que la referencia a la forma en que ocurrieron los hechos delictivos no constituyó la base de su decisión; respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.4 del CPP, el sustento fue la conducta del accionante al darse a la fuga, sin que resultara evidente lo alegado en la apelación; en cuanto al art. 234.7 del referido Código, la sola presentación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) no bastó para descartar un riesgo real, pues debían considerarse las circunstancias del hecho investigado; y, e) En relación con el art. 235.1 del CPP, se acreditó el peligro de obstaculización debido a la modificación de elementos de prueba, ya que se alteró la ubicación del conductor, se ocultó la chata y posteriormente fueron hallados en otro lugar; con base en estos hechos, el Auto Interlocutorio contó con fundamentación suficiente y una valoración adecuada de los elementos presentados, no se evidenció que los riesgos procesales se hubieran sustentado en la misma teoría fáctica, pues se diferenciaron claramente los argumentos relativos a la probabilidad de autoría y a cada riesgo procesal.
El representante del Ministerio Público, en audiencia señaló que: 1) No se vulneraron los derechos ni las garantías constitucionales del accionante, pues la alegación de una incorrecta valoración de la prueba careció de sustento, los elementos fueron apreciados conforme al procedimiento y a las reglas de la sana crítica, sin que resultara evidente lo señalado por quien promovió el reclamo; y, 2) El accionante sostuvo que sus dos testigos desvirtuaban el hecho, lo cual no resultó evidente, ya que el juez a quo valoró dichas declaraciones junto con todos los elementos de convicción incorporados en el cuaderno de investigaciones, sin que existiera una apreciación errónea; en cuanto a la muestra de sangre, alegó su invalidez, pero este no fue el único indicio considerado, durante la audiencia de medidas cautelares se examinó cada riesgo procesal y se fundamentaron las razones que justificaron su aplicación.
Luís Ovando, en representación de la víctima, en audiencia señaló que: La víctima había salido recientemente del coma tras permanecer en terapia intensiva y aún presentaba dificultades motoras y visuales, se advirtió que la acción de libertad interpuesta pretendía forzar una nueva valoración de la prueba y convertir el proceso en una tercera instancia, lo cual no correspondía, esta acción solo era procedente cuando la vida del accionante estaba en riesgo o cuando era indebidamente procesado, requisitos que no fueron acreditados; en realidad, lo que se buscaba era una nueva apreciación de la prueba, lo que no podía solicitarse mediante esta vía constitucional.
Los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituidos en Tribunal de garantías, mediante Resolución 448/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 57 a 59 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) De acuerdo con el art. 125 de la CPE, toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguido o este indebidamente procesada o privada de su libertad personal podrá interponer la acción de libertad; también así ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional en diversas Sentencias Constitucionales Plurinacionales; y, ii) En el caso analizado, los argumentos presentados en el memorial no estuvieron suficientemente respaldados ni precisaron a cuál vertiente se refería la acción de libertad, la exposición resultó abstracta y generó confusión, al pretender que esta garantía constitucional funcionara como una instancia ordinaria adicional dentro del proceso penal, situación que fue considerada inadmisible.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, omisión de socorro y encubrimiento, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Lucas del departamento de Chuquisaca, dictó el Auto Interlocutorio de 15 de agosto de 2023, ordenando la detención preventiva del imputado en la Carceleta Provincial de Camargo por la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, previstos en los arts. 234.4, 234.7 y 235.1 del CPP; contra esa decisión, se interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del mismo cuerpo legal -se extrajo del memorial de acción de libertad- (fs. 28 a 31). II.2. Cursa Auto de Vista 430/2023 de 1 de septiembre, emitido por Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandado-, mediante el cual dispuso la improcedencia del recurso de apelación incidental interpuesta por el accionante, manteniéndose incólume la resolución apelada (fs. 2 a 10 vta.).
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos legalidad, defensa y seguridad jurídica; toda vez que, el Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista 430/2023, declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental, manteniendo indemne el Auto Interlocutorio de 15 de agosto de 2023; a) En cuanto a la probabilidad de autoría, otorgó mayor valor probatorio a los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público con relación a las declaraciones testificales de descargo y la declaración del otro conductor, incurriendo en un incorrecta aplicación de los arts. 5, 7 con relación al art.221, todos del CPP, al no aplicar el principio de favorabilidad ante la existencia de duda razonable; b) Tanto el riesgo de fuga previsto en los numerales 4 y 7 del art. 234 del CPP, como el riesgo de obstaculización del art. 235.1 del mismo cuerpo normativo, fueron fundados en el mismo hecho de que su persona conducía en estado de ebriedad, que hubo cambio de posición con su hija y que supuestamente no brindaron ayuda; contraviniendo de esa manera la jurisprudencia constitucional; y, c) Se ha fundado los riesgos procesales en los elementos de fondo del hecho investigado, como son el conducir ebrios, cambiarse de posición y fugar; contraviniendo de esa manera el entendimiento establecido por la SCP 056/2014 de que ningún riesgo procesal puede fundarse en elementos que son de fondo de la investigación; por lo que, pide que se disponga la emisión de un nuevo Auto de Vista por la autoridad demandada, con costas a su favor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre.
1El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”.
2El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 3El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”.
Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional.
4El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 5El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Esta sistematización fue extraída de la SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, 7El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 8El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 9El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que 10El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 11El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el 12El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 13El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
14El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 15El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.
La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. Estos entendimientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código.
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018- S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
El entendimiento precedente fue desarrollado en la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio.
Con relación a esta temática, la SCP 0975/2016-S3 de 16 de septiembre, ha establecido que no es posible fundar el riesgo procesal en el mismo hecho investigado; dicho fallo precisa, “…que de la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad y la víctima, también resulta necesario recordar que el análisis de dicho riesgo procesal no puede conllevar aspectos relacionados al mismo hecho investigado, pues en ese caso, se tendría por concurrente dicho riesgo en cualquier delito investigado, así, las circunstancias del hecho en etapa preparatoria, al ser elementos provisionales, no pueden a su vez fundar el análisis de riesgos procesales, pues ello supondría restarles su calidad de provisional.”
El accionante a través de sus representantes denuncia que el Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista 430/2023, que determinó declarar la improcedencia del recurso de apelación incidental interpuesto, confirmando el Auto Interlocutorio 15 de agosto del referido año, que dispuso su detención preventiva, por concurrir el riesgo de fuga previsto en los numerales 4 y 7 del art. 234 del CPP; y el riesgo de obstaculización del numeral 1 del art. 235 del mismo cuerpo normativo; ha incurrido en las ilegalidades de otorgarle mayor valor probatorio a los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público respecto a las declaraciones de testigos de descargo y del otro conductor, respecto a la probabilidad de autoría; de haber sustentado en el mismo hecho la concurrencia de los riesgos de fuga y obstaculización; y, de fundamentar dichos riesgos procesales en los hechos investigados; considerando que de esa manera vulneró sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos legalidad, defensa y seguridad jurídica; dichas denuncias, son examinadas a continuación: Con relación a la valoración de la prueba sobre la probabilidad de autoría. El accionante impugna la valoración de la prueba sobre la probabilidad de la autoría al considerar que las declaraciones de dos testigos presenciales de descargo y la del otro conductor, que dieron cuenta que la persona que conducía el vehículo accidentado era una mujer; generaban duda razonable sobre la autoría del hecho que le atribuye el Ministerio Público, con base a otros elementos de convicción de cargo; ante lo cual, considera que el Vocal demandado no aplicó lo dispuesto por los arts. 5 y 7 con relación al art. 221, todos del CPP. Como se advierte, el accionante expresa su desacuerdo con el valor otorgado por el Vocal demandado a los elementos de convicción, pretendiendo implícitamente que a través de esta acción de libertad se revalorice los elementos de convicción aportados por las partes del proceso; olvidando que la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha establecido que la valoración de la prueba en los procesos judiciales o administrativos es una una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; de tal manera, que no le compete a la justicia constitucional efectuar una nueva valoración de la prueba, puesto que en el marco de las auto restricciones establecidas por la propia jurisprudencia constitucional, la competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba efectuada por las otras jurisdicciones, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; en ese marco, no es posible que en esta acción de tutela se verifique el grado de convicción que generan los elementos de prueba producidos por las partes procesales; y, en ese orden, determinar si es o no evidente que en este caso exista o no improbabilidad o probabilidad sobre la autoría y participación de los encausados en los hechos investigados; consecuentemente, al no ser de competencia de la jurisdicción constitucional la revalorización de la prueba, no corresponde efectuar la revisión de la valoración probatoria que se pretende; razón por la cual, corresponde denegar la tutela sobre esa denuncia. Respecto a que todos los riesgos procesales se fundaron en los mismos hechos
Conforme se desarrolla en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.2.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las autoridades judiciales tienen el deber de fundamentar y motivar sus resoluciones judiciales; y en lo que concierne a las que se refieren a las medidas cautelares, se hallan compelidas a emitir una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva; exponiendo el conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad. Toda vez que las circunstancias descritas en los arts. 234 y 235 del CPP, son factores diferentes que deben ser evaluados por las autoridades judiciales para determinar si existe probabilidad de que un imputado pueda evadir la justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad, los hechos que se invocan para su acreditación ciertamente deben guardar correspondencia con la respectiva circunstancia invocada; en el caso examinado, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Vocal demandado precisó que el riesgo de fuga previsto en el numeral 4 del art. 234 del CPP se sustentó en el comportamiento de los imputados, quienes luego del sucedido el hecho delictivo, se dieron a la fuga; y en ese entendido este elemento objetivo “darse a la fuga” es el argumento que sustenta este peligro de fuga; respecto al numeral 7 de la citada norma legal, se sustentó en las circunstancias en las cuales se cometió el hecho delictivo, ya que constaba que el imputado Emilio Gutiérrez manejaba con exceso de velocidad, invadiendo carril, sumando el hecho de que había consumido bebidas alcohólicas; y, finalmente, el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, se lo dio por concurrente debido a que una vez sucedido el hecho punible, los ahora imputados, antes de darse a la fuga, habrían modificado elementos de prueba al cambiar de lugar, debido a que constaría que la imputada “Guisela” (sic) tomó el lugar del conductor, para luego ocultar la chata en un lugar diferente al que ocurrió el hecho delictivo que se investiga; y, luego acota sobre su acreditación, señalando que ello se habría constatado objetivamente ya que los imputados fueron encontrados en la tranca de Villa nueva, sin la chata, manifestando y negando que habrían participado en el hecho delictivo. De lo relacionado supra, se advierte que no es evidente que el Vocal demandado haya sustentado en un mismo hecho tanto el riesgo de fuga previsto en los numerales 4 y 7 del art. 234 del CPP; como el riesgo de obstaculización previsto en el numeral 1 del art. 235 del CPP; puesto cada una de las circunstancias sobre el riesgo de fuga y el riesgo de obstaculización se sustentan en hechos diferentes; por lo cual, no se advierte una motivación arbitraria y por consiguiente tampoco es evidente la vulneración del derecho al debido proceso, razón por la cual, debe denegarse la tutela solicitada sobre esta denuncia.
Con relación a haberse fundado los riesgos procesales en el hecho investigado. A objeto de verificar la denuncia formulada, cabe considerar que el art. 261 del Código Penal (CP), en su parte pertinente al caso, describe el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito de la siguiente manera:
“El que resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más personas ocasionadas con un medio de transporte motorizado, será sancionado con reclusión de uno (1) a tres (3) años. Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o estupefacientes, la pena será de reclusión de cinco (5) a ocho (8) años y se impondrá al autor del hecho, inhabilitación para conducir de forma definitiva. (…) “ Por su parte, el art. El art. 262 del CP, describe el delito de omisión de socorro, en los siguientes términos: “Si en el caso del artículo anterior el autor fugare del lugar del hecho u omitiere detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años. La pena será de privación de libertad de seis (6) meses a dos (2) años, cuando el conductor de otro vehículo no se detuviere a prestar socorro o ayuda al conductor u ocupantes del vehículo accidentado, agravándose la pena en una mitad, sí el accidente y la omisión de asistencia se produjeron en lugar deshabitado.” Finalmente, el art. 171 del CP, describe al encubrimiento de la siguiente manera: “El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de seis (6) meses a dos (2) años.” De la revisión del Auto de Vista 430/2023, hoy impugnado, se evidencia que, en el caso examinado, con relación al riesgo de fuga previsto en el numeral 4 del art. 234 del CPP, el mismo fue sustentado en el comportamiento del imputado de haberse dado a la fuga del lugar del hecho de tránsito; ese comportamiento, si bien no constituye elemento constitutivo del tipo penal previsto en el art. 261 del CP; empero, si es un elemento constitutivo del delito de omisión de socorro, tipificado por el art. 262 del CP, cuyo núcleo del tipo objetivo está constituido por las siguientes hipótesis conductuales: “si en el caso del Artículo anterior el autor fugare del lugar del hecho u omitiere detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas”; consecuentemente, resulta evidente que el riesgo de fuga previsto en el numeral 4 del art. 234 ha sido sustentado en el mismo hecho investigado, respecto al delito de omisión de socorro. Respecto al riesgo previsto en el numeral 7 del art. 234 del CPP, peligro para la sociedad, el Vocal demandado señala que dicho riesgo se sustentó en las circunstancias en las cuales se cometió el hecho delictivo, ya que constaba que el imputado Emilio Gutiérrez manejaba con exceso de velocidad, invadiendo carril, sumando el hecho de que había consumido bebidas alcohólicas; como resulta evidente, todas esas circunstancias fácticas atañen al hecho investigado, puesto que se refieren al elemento del tipo objetivo del delito de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, dado que se refieren al supuesto quebrantamiento del deber de cuidado; y, a la circunstancia agravante como es el hecho de haber estado conduciendo bajo dependencia del alcohol. Finalmente, respecto al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.1 del CPP, se sustentó en el comportamiento de que una vez sucedido el hecho punible, los ahora imputados, antes de darse a la fuga, han modificado elementos de prueba al cambiar de lugar, debido a que consta que la imputada “Guisela” tomó el lugar del conductor, para luego ocultar la chata en un lugar diferente al que ocurrió el hecho delictivo que se investiga; en este caso, ese comportamiento, no forma parte de los elementos constitutivos de los tipos penales de lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, omisión de socorro y encubrimiento; consiguientemente, respecto a este riesgo procesal no es evidente que se lo hubiera fundado en el mismo hecho investigado. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2.2. de la presente Sentencia Constitucional plurinacional, ha establecido que , no es posible fundar el riesgo procesal en el mismo hecho investigado; dicho fallo precisa, “…que de la concurrencia del peligro efectivo para la sociedad y la víctima, también resulta necesario recordar que el análisis de dicho riesgo procesal no puede conllevar aspectos relacionados al mismo hecho investigado, pues en ese caso, se tendría por concurrente dicho riesgo en cualquier delito investigado, así, las circunstancias del hecho en etapa preparatoria, al ser elementos provisionales, no pueden a su vez fundar el análisis de riesgos procesales, pues ello supondría restarles su calidad de provisional.” No obstante, dicho entendimiento, en el caso examinado el riesgo de fuga, previsto en los numerales 4 y 7 del art. 234 del CPP fueron fundados en los mismos hechos investigados; al haber procedido de esa manera, se concluye que el Vocal demandado, se apartó del entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional sobre la motivación respecto a la existencia de dicho riesgo; con lo cual, esta Sala, en mérito al principio iura novid curia, considera que se ha vulnerado el derecho al debido proceso; empero, en su elemento de motivación; asimismo, ha resultado lesionado el derecho a la libertad personal del accionante, toda vez que, se ha dispuesto su detención preventiva con base a una motivación arbitraria sobre la concurrencia del riesgo de fuga. Finalmente, cabe precisar que la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha señalado que la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, en sentido de que previamente se debe analizar la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva; toda vez que en el caso examinado, la resolución judicial impugnada se da la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, en aplicación de dicho entendimiento; por lo que, no corresponde el análisis de la relevancia constitucional de los defectos en los que incurrió el Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista hoy impugnado. En mérito a las consideraciones precedentes, corresponde conceder la tutela solicitada, respecto a la indicada denuncia. Con relación a la denuncia de vulneración del derecho a la defensa y al principio de seguridad jurídica, no corresponde pronunciamiento de fondo, puesto que el accionante no menciona siquiera de qué forma habrían sido lesionados; asimismo, teniendo en cuenta la concesión parcial de la tutela, en el marco de la facultad potestativa prevista por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no corresponde disponer el pago de las costas solicitada por el accionante En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar totalmente la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 448/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia,
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso y a la libertad personal, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 430/2023 de 1 de septiembre, emitido por Hugo Michel Lescano, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. b) Que, el Vocal demandado, emita nuevo Auto de Vista, conforme a los Fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional. 3° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la valoración de la prueba sobre la probabilidad de autoría; a la denuncia de haber fundado todos los riesgos procesales con el mismo hecho; al derecho a la defensa y al principio de seguridad jurídica; y, el pago de costas, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
6 El cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
16 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.
17 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1663_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): e4f08afd4c9719180f8f8dc9631d914b8d9f855dcb3a5e3d9cc4e315d8987698
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