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SCP 1662/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de diciembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58023-2023-117-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de celeridad y publicidad; puesto que, en reiteradas oportunidades, solicito a la Jueza ahora accionada, señale audiencia de cesación de la detención preventiva, al haber vencido el plazo de ciento ochenta días; sin embargo, hasta la interposición de la acción de libertad, la referida autoridad judicial, no dio respuesta a sus solicitudes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a, fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollaran los siguientes temas: a) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 32 vta. a 35, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, a) Disponer, que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, señale fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, sea en el plazo de veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica de Saúl Monasterio Vaca, no hubiese sido modificada por el transcurso del tiempo. 2° Exhortar a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, para que en lo futuro enmarque su actuar de acuerdo al mandato de las normas, no debiendo incurrir en dilación indebida en cuanto a señalar audiencia de cesación de la detención preventiva, cumpliendo con los plazos procesales establecidos por ley.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1662/2025-S1 Sucre, 30 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58023-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 32 vta. a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Renato Mendoza Llovió en representación sin mandato de Saúl Monasterio Vaca contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 21 de agosto de 2023, cursante de fs. 13 a 16, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), desde el 8 de octubre de 2022, se encuentra con detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva Montero (CERPROM); por lo que, el 9 de mayo de 2023, interpuso un incidente de cesación a su detención preventiva, ante la Jueza ahora accionada; sin embargo, hasta la “fecha” -21 de agosto de 2023- no tiene respuesta alguna; posteriormente el 26 de mayo de igual año, por segunda vez planteó dicho incidente conforme a lo establecido por el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), “…memorial que no se tuvo conocimiento en el tiempo oportuno…” (sic); puesto que, el expediente no se encontraba a la vista; pero, una vez encontrado el mismo, se pudo evidenciar la existencia de decretos de 29 y 30 del referido mes y año, que señalaba audiencia de cesación a la detención preventiva para el 31 de mayo de 2023, a las 10:00 horas; empero, dicha audiencia no se efectuó por la falta de notificación a las partes procesales. El 15 de junio, 10 y “18” de agosto de 2023, el accionante presentó memoriales solicitando se señale audiencia de cesación de la detención preventiva; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar no tuvo respuesta alguna por parte de la Jueza hoy accionada. Su persona se encuentra con detención preventiva por el lapso de diez meses y trece dias; por lo que, la autoridad judicial hoy accionada atienda su solicitud de cesación de la detención preventiva, y en consecuencia, libre el mandamiento de libertad; toda vez que, ha sobrepasado abundantemente el plazo que se dispuso para su detención preventiva, y asimismo la etapa preparatoria, siendo que, me encuentro indebidamente procesado y privado de libertad.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de celeridad y publicidad; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115, 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, que se disponga a la Jueza ahora accionada señale audiencia de cesación de la detención preventiva; “…EN CONSECUENCIA ME CONCEDA LA MISMA LIBRANDO EL CORRESPONDIENTE MANDAMIENTO DE LIBERTAD…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 23 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 32 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) Se encuentra con detención preventiva desde el 8 de octubre de 2022, sin sentencia en su contra, por más de diez meses y trece dias; b) Se presentó memoriales ante la Jueza hoy accionada, el 9 y 26 de mayo de 2023, planteando incidente de cesación de la detención preventiva, programándose audiencia para el 31 de igual mes y año; sin embargo, dicha audiencia no se efectuó por falta de diligencias de notificación a las partes procesales; el 15 de octubre, 10 y 17 de agosto del señalado año, nuevamente reitero su solicitud de cesación de la detención preventiva; empero, hasta antes de la presentación de esta acción de libertad no tuvo respuesta alguna; c) El 22 del referido mes y año a las 17:48 horas, la Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, procedió a notificarle a través de correo electrónico y vía WhatsApp con decreto de 22 del señalado mes y año, emitido por la autoridad judicial ahora accionada, señalándose audiencia de cesación de la detención preventiva, para el 23 del indicado mes y año, a las 8:15 horas; sin embargo, para esa misma fecha se programó audiencia de la referida acción de defensa, dicho señalamiento siendo una más de las varias dilaciones en la que incurrió la Jueza ahora accionada en detrimento a mi libertad; d) Se refleja la falta de lealtad procesal que debe brindar la Jueza hoy accionada a todos los sujetos procesales, a efectos de dar seguridad jurídica, la notificación con el mencionado decreto no se hubiera cumplido para que se efectivice dicha audiencia; y, e) La Sentencia Constitucional Plurinacional “0425/2017” menciona que toda solicitud vinculada con el derecho a la libertad debe ser efectivizada por parte de las autoridades judiciales con mayor celeridad, lo que no ocurrio en este caso.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, en audiencia, manifestó que: 1) El accionante falta a la verdad y a la lealtad procesal; ya que, los memoriales presentados por las partes del proceso fueron resueltos conforme a lo que establece el art. 96 del CPP; 2) Asimismo el art. 54 del indicado Código, expresa las atribuciones del juez y; entre los cuales, no está el de emitir providencias de mero trámite que correspondían a los memoriales de solicitud de audiencia si no que el mismo son atribuciones del secretario del juzgado, de acuerdo al art. 56.3 del referido Código; 3) En cuanto a la supuesta dilación de que no se le hubiese notificado con los señalamientos de audiencias; siendo que, el art. 105.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), expresa que es atribución del oficial de diligencias citar, notificar y emplazar a las partes del proceso; 4) Los proveídos fueron admitidos en plazo por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del señalado departamento, si bien la Oficial de Diligencias de ese Juzgado no notifico a las partes procesales, es responsabilidad del mencionado Secretario supervisar a los servidores de apoyo judicial, así lo establece el art. 94.12 de la LOJ; por lo que, su autoridad no tiene la obligación de supervisar a dichos servidores, siendo responsables de sus actos civiles, penales y disciplinarios y, al momento de asumir sus funciones conocen esa normativa; 5) En cuanto a los memoriales de “17 y 18” -10 y 17-de agosto de 2023, el Secretario del indicado Juzgado, en esas fechas se encontraba con baja médica; por lo que, correspondía providenciar los memoriales con peticiones de mero trámite a la Oficial de Diligencias del señalado Juzgado, al estar habilitada en -suplencia- de acuerdo al art. 93 de la LOJ, obligación que no debe pretender deslindar responsabilidad en detrimento de su autoridad, del informe del Secretario del referido Juzgado, los indicados memoriales recién se habrían providenciado el 22 del citado mes y año, no tenían conocimiento de la existencia de dichos memoriales ni el Secretario ni su autoridad; 6) No existe ninguna dilación indebida, ni privación ilegal de la libertad del accionante, ni mucho menos su vida está en peligro; puesto que, su detención obedece a una resolución emitida por autoridad judicial competente; y, 7) La audiencia de -cesación de la detención preventiva- no se llevó acabo debido al accionar del abogado defensor del accionante y la negligencia de la Oficial de Diligencias del señalado Juzgado, al no haber remitido el oficio para el traslado del accionante a la indicada audiencia.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 09/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 32 vta. a 35, concedió la tutela solicitada, ordenando a la Jueza ahora accionada señalar audiencia de -cesación de la detención preventiva-dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, conforme establece el art. 239.2 del CPP, debiendo ejercer el control de acuerdo al art. 54.1 del señalado Código, supervisando al Secretario y la Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del referido departamento; bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión de los actuados procesales, se consideró que la autoridad judicial hoy accionada, de acuerdo a las facultades y deberes establecidos en el art. 154.1 del CPP, en calidad de Jueza tenía el deber de realizar el control de la investigación; ii) El art. 115.I de la CPE, señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”; dicho Tribunal, ante la ausencia de argumentos y documentación que no fue arrimada por la Jueza ahora accionada; considero que, existió actos dilatorios o dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica del accionante que se encuentra privado de su libertad; puesto que, no hay documentación que demuestre lo contrario, tampoco se remitió el cuaderno procesal con respecto a las cuatro solicitudes de cesación de la detención preventiva del accionante; iii) Con relación al memorial presentado el 17 de agosto de 2023, la Jueza hoy accionada refirió que serían responsables de providenciar la Oficial de Diligencias y el Secretario del indicado Juzgado; sin embargo, el art. 54 del CPP, establece también la obligación que tiene la autoridad judicial hoy accionada de realizar el control de los casos y el cumplimiento del plazo de veinticuatro horas, para providenciar el citado memorial, que debió pasar a despacho en el día y providenciarse el 18 del indicado mes y año; empero, dicha situación no se dio, por lo contrario, la Jueza hoy accionada incumplió con su deber de efectuar el control a la Oficial de Diligencias de su despacho, no se decretó el memorial, a pesar de ser de mero trámite; y, iv) El 21 del referido mes y año, el Secretario se incorporó al señalado Juzgado, siendo que la autoridad judicial ahora accionada tenía la obligación de supervisar al citado funcionario y que cumpla con providenciar el memorial de 17 del señalado mes y año; por lo que, ese Tribunal considero que existió dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica del accionante que, a la “fecha” -23 de agosto de 2023- se encuentra privado de su libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 8 de diciembre de 2025, cursante a fs. 39, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de diciembre del citado año, cursante a fs. 43; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2023, dirigido a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, -ahora accionada-, Saúl Monasterio Vaca -hoy accionante-, interpuso incidente de cesación de la detención preventiva, por cumplimiento de plazo de la detención preventiva, conforme al art. 239.2 del CPP, solicitando a la referida Jueza se señale día y hora para la audiencia virtual y posteriormente se emita resolución (fs. 3 y vta.). II.2. Consta memorial presentado el 26 de mayo de 2023; ante la Jueza ahora accionada, el accionante reitero se señale audiencia de cesación de la detención preventiva, sea dentro las cuarenta y ocho horas; puesto que, a la fecha se encuentra superabundantemente vencido el plazo dispuesto para su detención preventiva. Por memorial de 15 de junio del citado año, fue reiterado por tercera vez dicha solicitud (fs. 4 a 5). II.3. Mediante memoriales presentados el 10 y 17 de agosto de 2023, dirigido a la Jueza hoy accionada, el accionante nuevamente reitero su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, con base al art. 239.2 del CPP, (fs. 6 a 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de celeridad y publicidad; puesto que, en reiteradas oportunidades, solicito a la Jueza ahora accionada, señale audiencia de cesación de la detención preventiva, al haber vencido el plazo de ciento ochenta días; sin embargo, hasta la interposición de la acción de libertad, la referida autoridad judicial, no dio respuesta a sus solicitudes. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a, fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollaran los siguientes temas: a) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales

La SCP 1058/2025-S1 de 1 de septiembre, reiterando los entendimientos de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, señala que: “‘En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos’; asimismo, el art. 180.I de la Ley Fundamental expresa: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad, y la eficiencia persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones; de manera que, las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SCP 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre’” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La SCP 1099/2025-S1 de 4 de septiembre, reiterando la línea establecida por la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en sus elementos de celeridad y publicidad; puesto que, en reiteradas oportunidades, solicito a la Jueza ahora accionada, señale audiencia de cesación de la detención preventiva, al haber vencido el plazo de ciento ochenta días; sin embargo, hasta la interposición de la acción de libertad, la referida autoridad judicial, no dio respuesta a sus solicitudes.

De la revisión de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se tiene que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el nombrado mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2023, dirigido a la Jueza ahora accionada, interpuso incidente de cesación de la detención preventiva, por cumplimiento de plazo de la detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP, solicitando a la referida Jueza señale día y hora para la audiencia virtual y posteriormente, se emita resolución (Conclusión II.1.). Solicitud que fue reiterado a través de memorial presentado el 26 de dicho mes y año, ante la Jueza ahora accionada, solicitando se señale audiencia de cesación de la detención preventiva, sea dentro las cuarenta y ocho horas; puesto que, a la fecha se encuentra superabundantemente vencido el plazo dispuesto para su detención preventiva. Por memorial de 15 de junio del citado año, fue reiterado por tercera vez dicha solicitud (Conclusión II.2.). Nuevamente el accionante mediante memoriales presentados el 10 y 17 de agosto del citado año, ante la mencionada Jueza, reitero su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva con base en el art. 239.2 del CPP (Conclusión II.3.). Ahora bien, corresponde considerar que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal que tiene como objetivo acelerar los procedimientos judiciales y administrativos para resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad, debido a demoras indebidas, como acontece en el presente caso traída en revisión, en el que se evidencia que la Jueza ahora accionada, vulneró el derecho a la libertad, al debido proceso en sus elementos de celeridad y publicidad al no haber providenciado de manera oportuna a los memoriales presentados por el accionante el 9 y 26 de mayo de 2023, reiterados el 15 de junio, 10 y 17 de agosto de igual año, solicitando se señale audiencia de cesación de la detención preventiva; puesto que, se encuentra detenido preventivamente por más de seis meses. Bajo ese contexto jurisprudencial que permite ingresar al análisis de la problemática expuesta, corresponde señalar que en el caso objeto de análisis; se advierte que, el accionante denuncia que presento memoriales en cinco oportunidades solicitando se señale audiencia de cesación de la detención preventiva, al estar detenido preventivamente por más de seis meses; no obstante, la Jueza ahora accionada, no dio respuesta a sus solicitudes, no habiendo providenciado ninguno de los memoriales, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa. Al respecto, la Jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional estable que el principio de celeridad en trámites judiciales, se constituye en un elemento integrante del debido proceso, cuya observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; lo que no ocurrio en este caso; asimismo, del informe emitido en audiencia de consideración de esta acción de defensa, la citada autoridad judicial, deslindo responsabilidad alegando que no era su atribución emitir providencias de mero trámite, sino sería del Secretario de su despacho y que la Oficial de Diligencias del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no habría cumplido con la correspondiente notificación de las providencias, en cuanto a los memoriales de “17 y 18” -10 y 17- de agosto de 2023, en esas fechas el mencionado Secretario tendría baja médica; por lo que, refiere que correspondía que la mencionada Oficial de Diligencias providencie los indicados memoriales; además, reconoció que dichos memoriales recién fueron providenciados el 22 de similar mes y año, señalando audiencia de cesación de la detención preventiva, para el 23 de agosto de 2023, a las 8:15 horas, el cual no se habría llevado por la falta de presentación del oficio de solicitud de traslado de detenido -accionante- a la citada audiencia por parte de la Oficial de Diligencias y; refiere que, el encargado de supervisar a los servidores de apoyo judicial recaería en el Secretario del indicado Juzgado; sin embargo, el presente razonamiento no implica que la Jueza ahora accionada como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones a los servidores de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que tiene la potestad que las leyes confieren al juez.

Finalmente, se advierte que la Jueza ahora accionada, al no haber dado respuesta al accionante a sus memoriales de solicitud de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva, incumplió con lo señalado por el art. 239.2 del CPP, que dispone: “Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención. (…). Planteada la solicitud, en el caso de los numerales (…), 2, (…) la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”, incurriendo con su actuar negligente en la vulneración del derecho a la libertad del accionante privado de libertad, con relación al debido proceso en sus elementos de publicidad y celeridad, que se encuentran protegidos por la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; correspondiendo, en este caso conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 32 vta. a 35, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, a) Disponer, que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, señale fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, sea en el plazo de veinticuatro horas de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica de Saúl Monasterio Vaca, no hubiese sido modificada por el transcurso del tiempo. 2° Exhortar a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, para que en lo futuro enmarque su actuar de acuerdo al mandato de las normas, no debiendo incurrir en dilación indebida en cuanto a señalar audiencia de cesación de la detención preventiva, cumpliendo con los plazos procesales establecidos por ley. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1662_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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