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SCP 1660/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de diciembre de 2025

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de diciembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58103-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso en su elemento a la igualdad procesal; y, de los principios de gratuidad y celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental de manera oral, contra la Resolución que dispuso el rechazo a la cesación de su detención preventiva, el Juez demandado, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no elevó al superior en grado su impugnación, condicionando el envío de su impugnación a la provisión de recaudos, incurriendo en dilación indebida al no haberse resuelto su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 64/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la remisión reclamada, considerando que el recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada subsanó el acto lesivo denunciado en la presente acción tutelar. 2º Exhortar a la autoridad demandada, William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra de Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa con relación a la sustracción de la materia
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1660/2025-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 58103-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 64/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner en representación sin mandato de Sergio Iván Irahola Melendrez contra William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de julio de 2023, cursante de fs. 11 a 17 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, en audiencia de cesación a la detención preventiva llevada a cabo el 28 de junio de 2023, el Juez demandado rechazó su solicitud, generando confusiones al presentar argumentos contradictorios a su fallo y a pesar de haber solicitado complementación y enmienda, sostuvo su error en el fallo emitido. Ante ello, contra dicha determinación interpuso recurso de apelación incidental conforme lo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), impetrando se eleve en alzada en el día su impugnación conforme al principio de gratuidad; sin embargo, la autoridad judicial demandada si bien dispuso la remisión, instruyó que el costo de las copias corra por parte del recurrente, sin considerar que su persona no contaba con los recursos económicos al encontrarse privado de libertad; motivo por el cual, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar -3 de julio del 2023-, la remisión de su apelación no fue realizada ante el Tribunal de alzada, inobservando el principio de celeridad y plazos procesales establecidos por ley, además de poner en riesgo su derecho a un juicio justo y a una pronta resolución de su situación jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso en su elemento a la igualdad procesal; y, los principios de gratuidad y celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7, 8 y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se remita su recurso de apelación formulado en la audiencia de cesación de la detención preventiva de 28 de junio de 2023, al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en un plazo de veinticuatro horas y sea bajo el principio de gratuidad y celeridad, para que se resuelva de manera expedita.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 4 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 28 a 29, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó íntegramente el contenido de su acción tutelar y ampliándolo manifestó que: a) Interpuso recurso de apelación incidental para que el Auto Interlocutorio impugnado fuese elevado al superior en grado en el plazo de veinticuatro horas bajo el principio de gratuidad; empero, si bien el Juez demandado dispuso la remisión, señaló que el costo de las copias corra bajo cargo del recurrente, sin considerar que se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, condicionando el envío de su impugnación a la provisión de recaudos e incurriendo en un acto dilatorio que restringe injustificadamente su derecho a la libertad conforme lo establecido por la SCP 0142/2013 de 14 de febrero; y, b) Debido a la presión generada por la interposición de la presente acción tutelar, la autoridad judicial demandada remitió al superior en grado la apelación; lo cual, no implica que no haya acto dilatorio; puesto que, la demora incurrida fue de más de seis días.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 4 de julio de 2023 cursante a fs. 22 y vta., manifestó: 1) El 28 de junio de 2023, mediante Auto Interlocutorio 314/2023, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por el accionante y habiendo interpuesto el nombrado recurso de apelación incidental, en el mismo acto procesal determinó la remisión de la impugnación en el plazo de tres días, conforme a lo establecido por la “SCP 1053/2016”, considerando la carga laboral de su despacho, y que la audiencia fue instalada en horas extraordinarias, según constaría en la Resolución emitida; 2) Si bien el accionante se acogió al principio de gratuidad no es menos cierto que su abogado no pertenecía al Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), por otra parte el despacho a su cargo no contaba con el vale de copias al haberse agotado; al margen de aquello debe considerarse lo establecido en la SC 0146/2006-R de 6 de febrero, que señala que “…el apelante en su propio interés, deberá proveer los recaudos correspondientes…”; y, 3) Pese a que la defensa del impetrante de tutela fue conminada a dar cumplimiento a lo previsto en el art. 12 del CPP, no lo hizo; sin perjuicio de aquello, la Secretaria de su Juzgado, sorteó y remitió la apelación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, la fecha de audiencia de garantías a horas 11:47; por lo que, al no haber vulnerado derecho alguno, solicitó se deniegue la tutela impetrada con costas a su favor.

I.2.3. Resolución

Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 64/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 30 a 31, concedió la tutela solicitada, llamando severamente la atención a la autoridad judicial demandada; señalando que, si bien, conforme lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal (CPP), no era su obligación la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, sino del personal subalterno, no es menos cierto que debió controlar y verificar su cumplimiento al haber sido ordenada, incluso por el mismo dentro de los plazos establecidos, no siendo causal de justificación la no provisión de fotocopias; puesto que, al respecto, debió tomarse las medidas necesarias, como la remisión en original de todos los antecedentes, haciendo conocer tales extremos mediante informe que debía cursar ante el Juez aquo; sea sin costas por ser excusable. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) En el caso de autos, de fundamentación y ratificación realizada en cuanto a fechas por parte de la autoridad demandada se evidencio que existió una vulneración al debido proceso en relación directa con la libertad del impetrante de tutela; toda vez que, conforme lo dispuesto por el art. 251 del CPP, a través de las modificaciones establecidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, una vez formulada la apelación de medidas cautelares, debe ser remitida en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal de alzada, aspecto que en el caso de autos no ocurrió; toda vez que, celebrada la audiencia de cesación a la detención preventiva el 28 de junio de 2023, recién se dispuso la remisión de los actuados el 4 de julio de igual año, más allá del plazo establecido en el Código de Procedimiento Penal; y, ii) El hecho de señalar o manifestar que no se había proveído de fotocopias para la remisión de los antecedentes, amparándose en la jurisprudencia constitucional contenida en la SC “146”/2006-R de 6 de febrero -que ya fue superada-, no es causal de dilación en la remisión de un recurso de apelación el que no haya sido provisto con fotocopias para formar el legajo de apelación, bajo esta lógica es que la autoridad demandada así como su personal subalterno deberá determinar la remisión en original a efecto de no vulnerar esos plazos, y si bien a la fecha ya fue remitida la apelación al Tribunal de alzada, la vulneración al debido proceso en relación a la libertad del ahora accionante se produjo con dicha demora.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Sergio Iván Irahola Melendrez -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de violación, por memorial presentado el 22 de junio de 2023, ante el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, el impetrante de tutela solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, señalándose por decreto de 23 del citado mes y año, audiencia para su consideración para el 28 del indicado mes y año (fs. 6 a 7). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 314/2023 de 28 de junio, el Juez demandado, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva peticionada por el accionante; fallo contra el cual, el imputado interpuso recurso de apelación incidental en el mismo acto procesal, determinando dicha autoridad, la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada en el plazo establecido por la “SCP 1053/2016”, debido a las recargadas labores del despacho a su cargo y haberse habilitado horas extraordinarias para la celebración de la audiencia; asimismo, dispuso que los apelantes cumplan con lo previsto por el art. 112 del CPP, en relación al sacado de fotocopias para el armado del legajo de apelación (fs. 25 a 27). II.3. Mediante Nota TDJ/JAV5/OFI 189 de 3 de julio de 2023, con sello de recepción de 4 de igual mes y año, de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del citado departamento, remitió a la referida instancia, el cuaderno de control jurisdiccional en original con el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 314/2023, emitido dentro del proceso penal supra mencionado (fs. 23).

I.3. Trámite procesal en el tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso en su elemento a la igualdad procesal; y, de los principios de gratuidad y celeridad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental de manera oral, contra la Resolución que dispuso el rechazo a la cesación de su detención preventiva, el Juez demandado, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no elevó al superior en grado su impugnación, condicionando el envío de su impugnación a la provisión de recaudos, incurriendo en dilación indebida al no haberse resuelto su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa con relación a la sustracción de la materia

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales (el resaltado es añadido).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental de medida cautelar, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

En ese entendido, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas relativas a la obligación de remitir los antecedentes del recurso de apelación de medidas cautelares, conforme al siguiente entendimiento: i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio).

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia dilación indebida; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución que determinó el rechazo de la cesación de su detención preventiva, el Juez demandado, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no remitió su cuaderno procesal ni su recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada condicionando su envío a la provisión de fotocopias, ocasionando una demora injustificada en la resolución de su situación jurídica. Con carácter previo a ingresar al fondo de la problemática planteada; amerita aclarar que, respecto a la supuesta desaparición del acto lesivo aducido por la autoridad judicial demandada en su informe de descargo, en el que afirmó que, a la fecha de la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ya se había remitido por Secretaria del despacho a su cargo el cuaderno procesal y recurso de apelación en original al Tribunal de alzada, motivo por el cual a su criterio correspondería denegar la tutela. Conforme lo establecido por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opera la acción de libertad innovativa, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo constitucional, puesto que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con el objetivo de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales, como aconteció en el caso de autos. En ese marco, de la revisión de los antecedentes del expediente constitucional y conforme los datos consignados en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación, en la audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el 28 de junio de 2023, mediante Auto Interlocutorio 314/2023 de igual fecha, el Juez demandado, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva peticionada por el accionante. Contra dicha determinación, en el mismo acto procesal, el impetrante de tutela formuló recurso de apelación incidental de conformidad al art. 251 del CPP invocando el principio de gratuidad, ameritando que la autoridad demandada, dispusiera la remisión de la apelación al Tribunal de alzada señalando de manera expresa que la misma debía ser realizada en el plazo establecido por la SCP 1053/2016, debido a la carga procesal del despacho a su cargo y al haberse instalado el referido acto procesal en horas extraordinarias. Asimismo, en la parte infine de la Resolución emitida, determinó que los apelantes, cumplan con lo dispuesto por el art. 112 del CPP, en relación al sacado de copias para el armado del legajo de apelación; por lo cual, en cumplimiento a dicha disposición, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del citado departamento, a través de la Nota TDJ/JAV5/OFI 189 de 3 de julio de 2023, con sello de recepción de 4 de igual mes y año, de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, remitió la apelación formulada, conjuntamente al cuaderno de control jurisdiccional en original. Advirtiéndose de ello, que la remisión del recurso de apelación incidental fue efectuada al día siguiente en que fue presentada esta acción de libertad, coligiéndose fue como consecuencia de la interposición de esta acción tutelar. Al respecto, conforme al entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa procede frente a la no atención y tramitación rápida y oportuna de solicitudes vinculadas con la libertad y actos dilatorios que incumplen las normas procesales, como la remisión del recurso de apelación fuera del plazo legal establecido; asimismo, ha quedado establecido que formulado el recurso de apelación de manera oral, corresponde elevar los antecedentes pertinentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, de conformidad con lo previsto en el art. 251 del CPP, bajo responsabilidad; es decir, la remisión dispuesta dentro de las veinticuatro horas no condiciona que la provisión de recaudos de ley para recién remitir la apelación interpuesta. En ese contexto se tiene que, en el presente caso, al haberse remitido el recurso de apelación incidental formulado por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 314/2023 de 28 de junio, recién el 4 de julio de 2023, la autoridad judicial demandada incurrió en dilación indebida contra la situación jurídica del solicitante de tutela; por cuanto, habiendo sido formulado de manera oral en la misma audiencia, debió ser elevado al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas dispuestas por el articulo referido; empero, inobservó dicha normativa y lo establecido en la jurisprudencia constitucional precedentemente detallada, al demorar seis días en elevar la impugnación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Por otra parte, en cuanto a la flexibilización del plazo previsto en el art. 251 del CPP, desarrollada por la jurisprudencia constitucional, alegada en el informe presentado por el Juez demandado, como justificativo de la demora incurrida en la remisión cuestionada; esta no puede ser considerada al no haberse adjuntado descargo alguno, pues simplemente la nombrada autoridad judicial hizo mención a dicho plazo de flexibilización sin indicar, menos adjuntar prueba pertinente, para que esta jurisdicción constitucional pueda considerar las situaciones particulares que permitan realizar una flexibilización del deber de remitir los antecedentes dentro de las veinticuatro horas de haberse interpuesto la apelación. Finalmente, cabe hacer mención que si bien la autoridad judicial demandada en su informe presentado en la audiencia de esta acción tutelar, también trató de justificar su accionar alegando que el despacho a su cargo no contaba con el vale de copias al haberse agotado el mismo, y que debía el apelante en su propio interés proveer los recaudos de ley, es preciso puntualizar que la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, prohíbe condicionar la remisión del recurso a la presentación de recaudos por la parte apelante, pues ello vulnera los principios de gratuidad, pro actione, inmediación y acceso a la justicia; por lo cual, no resulta válida la justificación la supuesta falta de recaudos para el incumplimiento del plazo legal de remisión del recurso de apelación formulado, tampoco la carga procesal supra descrita, al no constituirse causales válidas ni razonables para la inobservancia advertida. En virtud de lo expuesto, se concluye que el Juez demandado, al no remitir dentro del plazo de veinticuatro horas el recurso de apelación incidental formulado de manera oral por el accionante, incurrió en una dilación indebida e injustificada, vulnerando los derechosa la libertad y al debido proceso; y, los principios de gratuidad y celeridad, en consecuencia, corresponde conceder la tutela en su modalidad de acción de libertad innovativa, pues si bien el Juez demandado, remitió el cuaderno procesal y recurso de apelación del impetrante de tutela en originales, el acto lesivo existió, por la demora injustificada ocasionada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 64/2023 de 4 de julio, cursante de fs. 30 a 31, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° Conceder la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer la remisión reclamada, considerando que el recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada subsanó el acto lesivo denunciado en la presente acción tutelar. 2º Exhortar a la autoridad demandada, William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra de Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa, sistematización que también fue recogida por la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

3 La sistematización de los precedentes constitucionales referidos a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1660_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7dc2b2ad3bca8ebe0668fd9cd10c98c7372dcdd3730b2c8ac68ab5de56f9710f

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