Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, en cuanto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en apelación y sin ningún argumento válido incurrió en una incorrecta valoración de la prueba respecto a los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad y el principio de certeza para brindar la tutela; b) Respecto a la falta de prueba en acción de libertad; c) El principio de celeridad en la administración de justicia; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1660/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57966-2023-116-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 06/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Samuel Fernando Alcon Orocondo y Marcelo Ramírez Coro en representación sin mandato de José Luis Cuellar Baltazar contra Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Gabriela Ramos Medrano, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del referido departamento.
El accionante, por memorial interpuesto el 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 2 a 8 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra de José Luis Cuellar Baltazar -accionante- y María Martha Jaimes Orellana, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1998-, se celebró la audiencia de medidas cautelares, ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón de departamento de Potosí, se dispuso la detención preventiva de los nombrados. Dicha decisión fue objeto de apelación por la incorrecta valoración de la prueba respecto de los riesgos procesales, domicilio y ocupación conforme al art. 234. 1, 2 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), así como al peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del citado Código, impugnación resuelta por los ahora accionados, quienes confirmaron en parte la “resolución” por Auto de Vista de 26 de julio de 2023, con los mismos fundamentos, dando por acreditado dichos riesgos procesales domicilio en favor de su persona; por lo que, se estaría vulnerando el debido proceso y realizando una valoración de la prueba e incorrecta interpretación de la jurisprudencia; así como, se vulnera el derecho a la debida motivación y fundamentación y el derecho a la seguridad jurídica. El Auto de Vista de 26 de julio de 2023, emitida por el Vocal ahora accionado, vulneró el derecho al debido proceso vinculado a su libertad; ya que, realizaron una incorrecta valoración de la prueba respecto a los arts. 234 y 235.2 del CPP. Sobre el numeral 7 del art. 234 del CCP. El Vocal Hoy Accionado y la Jueza de primera instancia, fundamentó su decisión de 16 de junio de 2023, en la construcción del riesgo procesal refiriendo textualmente que al ser sorprendido con sustancias controladas, su persona constituye un atentado contra la sociedad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos, dañando a la familia; por lo que, es un peligro para la sociedad. Argumento replicado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, sin considerar lo establecido en la SCP 0220/2020-S3 de 13 de julio, que especifica que el peligro procesal debe ser advertido por los jueces y tribunales penales, en consideración al principio de proporcionalidad y razonabilidad, analizando la conducta y antecedentes del imputado; precedente que, tuvo que ser aplicado al presente caso; toda vez, que la subregla especifica claramente que el peligro debe ser efectivo, real, verdadero y materialmente verificable con un certificado de antecedentes penales; puesto que, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional tiene los mismos fundamentos de hecho y derecho. Entonces, los fundamentos que dieron lugar a la construcción del riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, no son razonables debido a que no se cuenta con ningún elemento de prueba objetivo a ser valorado y que demuestre un peligro real y verificable atribuido a su persona, argumentos que de igual manera vulneran la garantía de presunción de inocencia; toda vez que, se da por hecho que el ilícito se haya cometido, cuando no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, concluyendo que los fundamentos que construyen el riesgo procesal no podrían ser alegados; puesto que, no se puede extinguir la afectación a la sociedad del delito de tráfico de sustancias controladas, lo que restaría la calidad provisional e instrumental a la medida cautelar de última ratio, provocando una condena anticipada. En cuanto al numeral 2 del art. 235 del CPP, el Auto Interlocutorio de 16 de junio de 2023, señaló que al momento de la aprehensión, fueron sorprendidos al interior de una habitación conjuntamente la coimputada, y uno de ellos puede influir negativamente sobre los partícipes terceros a quienes se encontraba destinada la entrega de las sustancias controladas, obstaculizando la averiguación de la verdad. Argumentos nuevamente confirmados por el Tribunal de alzada.
Los fundamentos expresados claramente muestran una suposición de influencia negativa en los partícipes y en terceras personas no identificadas, refiriendo que se tiene certeza que su persona influiría negativamente; empero, no se fundamenta aquella conclusión y no se identifica a quienes se influyó o influirá, omitiendo los lineamientos establecidos en la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio. En ese entendido, el hecho de aseverar que su persona influirá negativamente en los partícipes no satisface la exigencia de una debida motivación y fundamentación al no existir la razón del porqué se llega a ese convencimiento o si existe algún indicio actual de influir en alguien. Asimismo, es necesario tomar en cuenta que no se puede construir riesgos procesales, en los hechos investigados porque estos ya estarían siendo valorados en la probabilidad de autoría, así lo refirió la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio, realizando además una incorrecta valoración de la prueba presentada por el Ministerio Público vulnerando la sana crítica en su elementos lógica y experiencia al valorar los hechos investigados y suponer una posible influencia negativa; es decir, no existe prueba a ser valorada y simplemente se valora la posesión de la sustancia controlada y la supuesta influencia en partícipes no identificados.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, vinculado a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación de las resoluciones; citando al efecto los arts. 8.II, 22, 23.I, 115, 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Anular el Auto de Vista de 26 de julio de 2023; y, b) Que emita nuevo auto de vista debidamente fundamentada y en base a un análisis y valoración probatoria sustentada en el principio de valoración integral de la prueba, razonabilidad y favorabilidad, estableciendo la inconcurrencia de los peligros procesales anotados.
Celebrada la audiencia pública el 23 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 23, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe presentado el 23 de agosto de 2023, cursante de fs. 19 a 20 vta., manifestó que: 1) El Auto de Vista de 26 de Julio de 2023, se circunscribió a los aspectos cuestionados del Auto Interlocutorio de 16 de junio de igual año, evidenciando que la Jueza de primera instancia no hizo una valoración adecuada y pertinente en lo que refiere únicamente al elemento del domicilio del accionante, advirtiendo esa circunstancia se dio por acreditado el domicilio, manteniendo la concurrencia de los demás riesgos procesales; 2) De la lectura de la acción de libertad, el accionante denuncia que el Auto de Vista de 26 del mismo mes y año, vulnera sus derechos, aseveración inverosímil; ya que, el accionante está sometido a un proceso penal por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; y su situación procesal fue resuelta por una autoridad competente en base al requerimiento del Ministerio Público, vale decir que su derecho a la libertad de locomoción está restringida provisionalmente dentro de los límites señalados por ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad; 3) El Auto de Vista de 26 de julio de 2023, contiene carga argumentativa sustentada en el imperativo del art. 124 del CPP; 4) De conformidad con la uniforme jurisprudencia constitucional, el Juez o Tribunal de garantías sólo puede analizar la interpretación efectuada por jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna esa labor por irrazonable, siendo necesario que el accionante al cuestionar tal interpretación, explique los motivos por los cuales considera que dicha labor resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda, ilógica o con error evidente, identificando en su caso las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; así como, precisa los derechos y garantías constitucionales que fueron vulnerados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre estos y la interpretación impugnada, para adquirir relevancia constitucional; 5) De otro lado, se evidencia que el accionante no acreditó ninguna de las causales de procedencia de la acción de libertad; puesto que, no demostró que su vida esté en peligro o que esté indebidamente perseguido, preso, procesado o privado de libertad; y, 6) En todo caso, el accionante tiene a su disposición los mecanismos legales para mejorar su situación procesal y no confundir esta acción de libertad con una instancia casacional; en ese sentido, al no identificarse y menos demostrado los presupuestos procesales para activar la acción de libertad o la vulneración de los derechos del accionante, corresponde al Tribunal de garantías denegar la tutela solicitada. Gabriela Ramos Medrano, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Villazón de departamento de Potosí, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 15.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 06/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 23 a 26, dispuso la “improcedencia” de la acción de libertad, correspondiendo denegar la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Los accionantes denuncian que las autoridades ahora accionadas no fundamentaron ni motivaron debidamente sus resoluciones para mantener su detención preventiva, y sin mayor argumentación determinaron que no fueron desvirtuados los peligros procesales “…apartándose el tribunal de alzada de los puntos apelados…” (sic); en consecuencia, planteada la cesación a la detención preventiva presentando pruebas al efecto, el Juez de la causa denegó la cesación solicitada “…fundamentando suficientemente su determinación si bien la argumentación es ampulosa en detalles en su conjunto resulta coherente y comprensible, suficiente como para hacer comprender al accionante el porqué de la negativa de su petitorio pues señaló claramente que la documentación presentada en calidad de prueba resulta insuficiente para desvirtuar el peligro procesal previsto por el artículo 234.7 y 235.2 del CPP, de lo que se tiene que dicha prueba fue analizada en su conjunto evaluada ampliamente en su alcance describió claramente que la defensa no fundamentó ni presentó prueba al respecto…” (sic); para desvirtuar los presupuestos y disminuir los riesgos procesales, toda vez que fueron encontrados en flagrancia en posesión de sustancia controladas que tienen como víctima directa a la sociedad; ii) El tráfico de sustancias controladas en un delito muy complejo que tiene varios componentes, por lo que es un peligro para la sociedad; de ahí que la autoridad jurisdiccional, al encontrarse directamente relacionada con el caso y las prueba, tiene una mejor percepción de los hechos; y, iii) La autoridad accionada realiza una valoración idónea y suficiente para crear un nexo de causalidad entre los hechos y las pruebas aportadas, y apelada la Resolución ante la Sala Penal Segunda, mediante Auto de Vista de 26 de julio de 2023, se declaró sin lugar a la apelación interpuesta manteniendo incólume la resolución de primera instancia, tomando en cuenta además con mayor relacionamiento que los delitos relacionados a sustancias controladas, tienen como potenciales víctimas de la sociedad y su conjunto al sector más vulnerable, niñas, niños y adolescentes; si bien, se enfatizó en el contexto social y sus posibles efectos, no se apartó del contexto procesal que dilucida el Tribunal de alzada, al igual que la jueza accionada quien realizó una apreciación y valoración suficiente de las pruebas en relación con cada uno de los riesgos procesales y peligros procesales en análisis, que “deben ser desvirtuados por la defensa para hacer posible la cesación de su detención preventiva…” (sic); por consiguiente, los argumentos al respecto tanto en la resolución emitida por la Jueza ahora accionada como del Vocal hoy accionado resultan suficientes en su análisis.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Asimismo, por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025, cursante a fs. 31, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 24 de ese mes y año, cursante a fs. 35; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el acta de audiencia pública de acción de libertad, al inicio del acto, la Secretaría Abogada del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la ciudad de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, luego de informar sobre la presencia de las partes, señala: “La auxiliar de sala Penal Segunda indica que no se remite el expediente solicitado toda vez que este ya fue devuelto al Juzgado de Villazón” sic (fs. 21 a 23).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, en cuanto, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en apelación y sin ningún argumento válido incurrió en una incorrecta valoración de la prueba respecto a los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad y el principio de certeza para brindar la tutela; b) Respecto a la falta de prueba en acción de libertad; c) El principio de celeridad en la administración de justicia; y, d) Análisis del caso concreto.
La SC 0011/2010-R de 6 de abril, establece que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al Juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE.
En cuanto a la forma de presentación de esta acción tutelar, si bien (…) no requiere la observancia de requisitos formales y en caso de que exista algún defecto u omisión de requisitos de contenido o especificación de derechos, éstas omisiones deben ser superadas por el Juez o Tribunal que conozca el recurso y que actúa en el caso concreto como controlador de garantías constitucionales; debe tenerse en cuenta que dicha autoridad está supeditada al principio de certeza o de verdad material, lo cual implica que para fallar por la procedencia o improcedencia del mismo, debe hacerlo en base a las pruebas objetivas que conlleven dicha determinación…” (las negrillas nos corresponden).
Por su parte, la SCP 0239/2020-S4 de 23 de julio, estableció que: «…el principio de informalismo no implica que el impetrante de tutela carezca de la obligación de presentar prueba a efectos de demostrar los hechos alegados en la acción de libertad, más aún si existen hechos controvertidos que la jurisdicción constitucional se ve impedida de resolver por las limitadas atribuciones con las que cuenta.
En ese marco, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló lo siguiente: “Si bien es cierto que en el marco del principio de informalismo una acción de libertad, no requiere precisamente de mayores formalidades para ser interpuesta; sin embargo, no significa que esta pueda estar desprovista de la prueba necesaria que asegure la pretensión, así lo determinó este Tribunal a través de la SCP 0616/2016-S3 de 1 de junio, que a tiempo de precisar este entendimiento sostuvo: ‘Ahora bien, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional vigente, la acción de libertad no requiere de mayores formalidades para ser interpuesta; no obstante, es imperante que quien recurre a esta jurisdicción debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite todo lo alegado en la acción tutelar a objeto de demostrar la denuncia formulada y la existencia de los actos lesivos desarrollados por las autoridades demandadas que en su criterio lesionan sus derechos fundamentales, así la SC 0066/2010-R de 3 de mayo, respecto a la falta de prueba en acciones de libertad estableció que: ‘…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión. En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: Si bien es cierto que (…) el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión’”.
En ese sentido, existen casos en los que la problemática a ser analizada converge precisamente en hechos que no solo carecen de prueba alguna que acredite su existencia, sino que además derivan en hechos controvertidos pues los hechos son además refutados por la parte demandada que niega la existencia de los hechos demandados y por ende la vulneración de los derechos denunciados, así la jurisprudencia constitucional en números casos con dicha problemática concluyó que: “…constituyen hechos controvertidos que no podrán ser resueltos por este Tribunal en virtud al carácter sumario del trámite de esta acción de defensa, por carecer principalmente de una etapa probatoria amplia, así como de los medios de averiguación con que cuenta el Juez ordinario contralor de garantías…” (SCP 0046/2015-S3 de 15 de enero); en este mismo sentido la SCP 0086/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo: “…se evidencia la existencia de aseveraciones distintas entre lo sostenido por el accionante y el codemandado, lo que conlleva a que la contradicción de esas afirmaciones, determina que en el caso, este Tribunal no pueda emitir un pronunciamiento de fondo al considerar que existen hechos controvertidos que requieren ser comprobados y dilucidados por la autoridad ordinaria, quien con un acervo probatorio mucho más amplio que el de esta jurisdicción constitucional, defina sobre la veracidad de la denuncia, y en su caso, establezca las responsabilidades que corresponda”» (las negrillas son añadidas).
Al respecto, el art. 180.I de la CPE señala que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.
Asimismo, el art. 178.I de la indicada Norma Suprema, refiere que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.
En correspondencia con la norma señalada, el art. 115.II de la Ley Fundamental determina que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; estableciéndose que, la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas; puesto que, las personas que intervienen en los procesos esperan una decisión oportuna de su situación jurídica; más aún, si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad.
Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, determina que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.
La SC 0105/2003-R de 27 de enero, establece que: “…Las Sentencias Constitucionales 758/2000-R y 1070/2001-R, entre otras, establecen que el principio de celeridad procesal (…) impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo debería ser cumplido estrictamente”.
Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, señala que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, por cuanto la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en apelación y sin ningún argumento válido incurrió en una incorrecta valoración de la prueba respecto a los arts. 234.7; y, 235.2 del CPP. En atención a lo anterior, por la revisión minuciosa del cuaderno procesal remitido, se tiene que el accionante, en su memorial, no adjuntó ninguna prueba que respalde sus alegatos, ni siquiera copia del recurso de apelación que interpuso, requiriendo en todo caso en su Otrosí Primero que se solicite a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, remita el “expediente” que se encontraba en su poder;
no obstante, como señala el Acta de audiencia pública de acción de libertad (Conclusión II.1.), el expediente ya hubiere sido devuelto al Juzgado de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Villazón del citado departamento, donde correspondía la causa de origen, siendo ésta la autoridad A quo también accionada en la presente acción. Emergente de ello, se entiende que el Tribunal de garantías no tuvo oportunidad de revisar prueba alguna; ya que, simplemente se remitió a lo denunciado en el memorial de la acción de libertad y a lo informado por el Vocal hoy accionado; aspecto que repercute en el presente análisis en revisión; puesto que, tampoco se cuenta con documental alguna que pueda ser verificada a los fines de establecer una actuación indebida lesiva de los derechos denunciados en la forma como refiere la parte accionante (contrastación y verificación de lo resuelto por las autoridades accionadas). Consecuentemente, dado que no se tuvo el cuidado de presentar ante la jurisdicción constitucional ninguna prueba que sustente los argumentos vertidos, de modo que se acredite la veracidad de las acusaciones que formula, no se cumple con el principio de certeza que debe respaldar y/o justificar la decisión en el fondo, a objeto de lograr por un lado un correcto análisis de la controversia y por otro una adecuada administración de justicia constitucional. No debe dejarse de lado que, conforme la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente resolución, no obstante de la concurrencia del principio de informalismo, el accionante no se encuentra eximido de la carga de demostrar la existencia del o los actos vulnerados que denuncia restringieron sus derechos.
Es así que, conforme con el principio de celeridad en la administración de justicia, si bien se intentó obtener aquella documental por parte de las autoridades accionadas, la resolución del presente caso no puede ser dilatada por más tiempo; por lo que, en atención a que el accionante en su acción tutelar no presentó ninguna prueba que sustente la veracidad de su denuncia, y que demuestre la efectiva vulneración a sus derechos a la libertad y al debido proceso, por los motivos indicados, el pronunciamiento en la presente causa, debe ser por denegar la tutela solicitada al no contarse con ninguna prueba documental en la que el Tribunal pueda basar su decisión. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al declarar “IMPROCEDENTE” y por tanto denegar la tutela solicitada, aunque con terminología errónea, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1660_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): f1daa0454b6bd131230fab7f54e981caefa783b596a50025dc8b2279b72c5246
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