B.IA.LEGAL

SCP 1659/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 4 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
81939-2026-164-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, Juez natural e imparcial, a la igualdad y no discriminación, al interés superior del niño, a la tutela judicial efectiva y a la familia; puesto que, las Vocales ahora accionadas, a tiempo de resolver los recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia 23/2025 de 5 de febrero, emitieron el Auto de Vista 506/2025 de 30 de octubre, en el que procedieron a revalorizar la prueba, -actuación prohibida para esa instancia- y resolvieron revocar parcialmente la referida Sentencia, solamente en cuanto a la guarda compartida y en su lugar declararon improbada la demanda en cuanto a la guarda legal solicitada por el accionante, manteniendo la guarda en favor únicamente de la ahora tercera interesada, el referido Auto de Vista fue emitido sin una debida fundamentación ni congruencia. Aspectos que son reclamados en esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos esenciales del debido proceso; b) El principio de congruencia en resoluciones de segunda instancia; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 0032/2026 de 23 de febrero, cursante de fs. 118 a 126 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 506/2025 de 30 de octubre, pronunciado por las Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, disponiendo que emitan un nuevo auto de vista, sin espera de turno, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos del Juez natural e imparcial, tutela judicial efectiva, interés superior del niño, a la igualdad, a la no discriminación y a la familia, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos esenciales del debido proceso.
  2. III.2. El principio de congruencia en resoluciones de segunda instancia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1659/2026-S1 Sucre, 4 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 81939-2026-164-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0032/2026 de 23 de febrero, cursante de fs. 118 a 126 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesto por PP contra Ingrid Aurora Arizaga Flores y Sonia Elena Barron Cortez, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 3 de febrero de 2026, cursante de fs. 40 a 64; manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso familiar de divorció interpuesto por su persona contra NN -ahora tercera interesada-, la Jueza Pública de Familia Segunda de la capital del departamento de Chuquisaca emitió la Sentencia 23/2025 de 5 de febrero, declarando probada la demanda de divorcio y disponiendo guarda compartida del hijo menor de edad -diez años- de ambos progenitores. Para llegar a esa convicción, la Jueza de primera instancia tuvo contacto directo y sensorial con la prueba; ya que, entrevistó de manera reservada al referido menor de edad, interactuando con el Equipo Interdisciplinario; además, presenció las audiencias orales, valoró los videos, a los testigos y las declaraciones. Sin embargo, la hoy tercera interesada formuló recurso de apelación contra la Sentencia 23/2025, el cual no “atacaba” la legalidad de la prueba, sino pretendía una nueva valoración de la misma, las Vocales ahora accionadas, mediante Auto de Vista 506/2025 de 30 de octubre, lejos de realizar un control de logicidad o legalidad, procedieron a revalorizar la prueba y determinaron revocar parcialmente la referida Sentencia en lo relativo a la guarda compartida, disponiendo en su lugar mantener la guarda total en favor de la ahora tercera interesada, con régimen de visitas en su favor los días domingos de 10:00 a 18:00 horas, asistencia familiar de Bs800.- (ochocientos bolivianos) mensuales y sea bajo intermedio de Coordinación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Con esos antecedentes, alega que el Auto de Vista 506/2025, vulnera los siguientes derechos: a) El derecho al juez natural e imparcial como componente del debido proceso, contenido por los arts. 109, 120 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), debido a que las Vocales ahora accionadas incurrieron en la revalorización ilegal de la prueba en apelación. Siendo que en el sistema oral boliviano está regido por el principio de inmediación, la valoración de testigos, peritos y la entrevista al menor de edad es competencia exclusiva y excluyente del Juez de primera instancia, única autoridad que tuvo contacto sensorial directo con la prueba. Las Vocales hoy accionadas, desde su despacho y sin verlo al citado menor de edad, sin escuchar a los testigos y sin contar con los informes clínicos en audiencia, sustituyeron el criterio de la Jueza de primera instancia por sus propias apreciaciones subjetivas, arrogando una facultad de jueces de primera instancia que la ley no les otorga. Eso constituye un acto ultra vires, una actividad procesal defectuosa absoluta que vulnera la verdad material, alegando para tal efecto la jurisprudencia establecida en las SCP 0776/2020-S2 de 9 de diciembre y SCP 0246/2024-S2 de 12 de junio, así como también señala que se aplicó un estándar de no sustitución; ya que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -Caso Atala Riffo vs. Chile-, establecen la intangibilidad de la entrevista al menor de edad por ser irreproducible. Señala además que las Vocales ahora accionadas lo etiquetaron como padre “violento” basándose en actas de testigos -familiares directos de la madre-, sin contar con condena penal ni presenciar esos testimonios. Del mismo modo, calificaron su domicilio como “inhabitable” al ser un hotel, del cual tiene un contrato de alquiler acreditado, sin peritaje arquitectónico ni inspección judicial, fundando la resolución en prejuicios subjetivos sobre lo que constituye un “hogar”. Por tal razón, esas aseveraciones configuran discriminación por razón de nacionalidad al ser extranjero, vulnerando la presunción de inocencia y la imparcialidad; b) Vulnera el interés superior del niño, previsto por el art. 60 de la CPE y art. 3 Convención sobre los Derechos del Niño; las Vocales hoy accionadas minimizaron la conducta acreditada de la ahora tercera interesada -consumo de alcohol y abandono nocturno del menor de edad-, privilegiando el vínculo materno sobre la seguridad física y emocional del referido menor de edad, ignorando que la guarda compartida dispuesta por la Jueza de primera instancia pondero debidamente la declaración del menor de edad sin excluirlo como padre. Según el nombrado, el Auto de Vista 506/2025, sacrifica la seguridad sustantiva del menor de edad en el altar de un formalismo habitacional discriminatorio; c) Respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y congruencia, indica que denunció con claridad que la referida Jueza incumplió con lo previsto por el art. 332 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; ya que, se limitó a realizar un listado de hechos probados y no probados sin vincularlos individualmente a cada medio probatorio, impidiendo conocer que prueba especifica sustentaba cada conclusión; empero, las referidas Vocales afirmaron falsamente en el mencionado Auto de Vista, que la Jueza de primera instancia realizó una valoración individual, analítica e intelectiva de la prueba; cuando el expediente demuestra que únicamente realizó un listado o enumeración de medios probatorios sin asignarles valor específico. Al validar la Sentencia 23/2025, fundada en una premisa inexistente, incurrieron en motivación arbitraria por falsa motivación, configurándose a su vez, en una incongruencia externa fáctica, privándole a su persona de una respuesta jurisdiccional honesta, lógica y basada en la verdad de los hechos. Cita los Autos Supremos (AS) 401/2019-RRC de 28 de mayo y 1010/2019-RRC de 22 de octubre, que exigen que toda resolución sea expresa, clara, completa, legítima y lógica; y, d) Finalmente, alega que el Auto de Vista 506/2025, vulnera los derechos a la igualdad, no discriminación y a la Familia; por cuanto, en el referido Auto de Vista infiere que su condición de extranjero hacía presumir que “‘…podría sacar al menor del país en cualquier momento…”’ (sic); aplicando un estándar de sospecha permanente basado en la nacionalidad sin sustento probatorio alguno, lo que constituye discriminación prohibida por la Constitución Política del Estado. Un padre boliviano en idéntica situación habitacional no sería sometido a tal presunción. Eso priva además al menor de edad del derecho constitucional a la familia y al cuidado paterno en igualdad de condiciones. En el otrosí 3 del memorial de acción de amparo constitucional; señaló que al amparo de lo previsto por el 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo) solicitó medida cautelar, consistente en la prohibición de cambio de domicilio y arraigo del menor de edad, para evitar un daño irreparable durante la tramitación de la presente acción de defensa.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, Juez natural e imparcial, a la igualdad y no discriminación, al interés superior del niño, a la tutela judicial efectiva y a la familia; citando al efecto los arts. 14.II, 60, 62, 109, 115.I, 120 y 180.I de la CPE; y, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) Se declare “nulo” el Auto de Vista 506/2025 de 30 de octubre; y, 2) Que las Vocales ahora accionadas emitan un nuevo auto de vista, siguiendo la línea de razonamiento que permita la tutela solicitada de sus derechos vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 23 de febrero de 2026, según consta en el acta cursante de fs. 104 a 117 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: Las Vocales ahora accionadas realizaron una revalorización ilegal y arbitraria de la prueba en gabinete, vulnerando el principio de inmediación y la competencia del Juez de primera instancia. Criticó que se le calificara como “turista” o “extranjero sin domicilio” por residir en un hotel en la ciudad de Sucre, ignorando que tiene radicatoria fija. Defendió la idoneidad de la guarda compartida -seis meses con cada progenitor- dispuesta inicialmente por la Jueza de primera instancia. Asimismo, acusó que el Auto de Vista 506/2025, carece de fundamentación y motivación al validar falsamente que la referida Jueza valoró individualmente las pruebas, cuando en realidad solo hizo un listado de ellas. Por su parte el abogado concentró su argumento en rebatir el memorial de la ahora tercera interesada y el Informe de las Vocales hoy accionadas. Aclaró que no buscan una “tercera instancia”, sino que se penalice el error de las mencionadas Vocales al revalorizar la prueba usando erróneamente el artículo 332 del CDPF, el cual rige para sentencias y no para autos de vista. Sostuvo que los hechos y resoluciones civiles posteriores a octubre de 2025, son jurídicamente irrelevantes para la acción de amparo constitucional. Denunció la sustracción ilegal del menor de edad a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por parte de la hoy tercera interesada, solicitando que se mantengan las medidas cautelares y se ordene la restitución del menor de edad a la ciudad de Sucre. Finalmente, ratificó la falta de control lógico y la existencia de sesgos de extranjerismo contra su cliente.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Ingrid Aurora Arizaga Flores y Sonia Elena Barron Cortez, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe presentado el 23 de febrero de 2026, cursante de fs. 96 a 102 vta., manifestaron que: i) La inexistencia de revalorización ilegal; puesto que, el accionante confunde las facultades de un Tribunal de alzada en materia familiar. Aclara que la segunda instancia no realiza un control puramente formal, sino que, bajo el principio de protección integral y el interés superior del niño -art. 60 CPE-, tiene la potestad y obligación de revisar la valoración probatoria de la Jueza de primera instancia si esta vulnera o pone en riesgo los derechos del menor de edad; ii) Argumentan que el Auto de Vista 506/2025, no fue una resolución de “gabinete” o “subjetivo”, sino el resultado de contrastar las conclusiones de la mencionada Jueza con las pruebas materiales del cuaderno procesal -testigos que ratificaron violencia del accionante, informes psicológicos y la opinión vinculante del menor de edad-; iii) Rechazan las acusaciones de discriminación, es decir, haber actuado con xenofobia o prejuicios culturales. Aclaran que la estabilidad domiciliaria y habitabilidad son requisitos objetivos exigidos a cualquier guardador art. 63 Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- para garantizar el entorno escolar y social del menor de edad, condiciones que el hotel donde residía el accionante no cumplía; iv) Manifiestan que restar al Tribunal de alzada -Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca- la facultad de modificar las decisiones de fondo sobre la guarda de un menor de edad dejaría sin sentido útil la existencia de una segunda instancia vertical; y, v) Las Vocales hoy accionadas sostuvieron que actuaron dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales, aplicando correctamente el principio del interés superior del niño como eje central de su decisión; que el Auto de Vista 506/2025, está debidamente fundamentado y motivado y que la acción de amparo constitucional pretende indebidamente una revisión de la valoración probatoria, que no es función de la jurisdicción constitucional; por lo que, piden se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

NN, mediante memorial presentado el 23 de febrero de 2026, cursante de fs. 93 a 95 vta., así como, en audiencia a través de sus abogados manifestó que: a) El accionante pretende se revise la valoración de la prueba, la interpretación jurídica contenida en el Auto de Vista 506/2025 y la ponderación del interés superior del niño; sin embargo, la acción de amparo constitucional no constituye una tercera instancia ni un mecanismo de revisión de legalidad ordinaria; b) El Tribunal de alzada conforme al Código de las Familias tiene facultades para revisar la logicidad de la valoración probatoria, controlar la coherencia interna de la sentencia y verificar la correcta aplicación del interés superior del niño, lo cual no constituye revalorización arbitraria sino control de razonabilidad; c) El referido Auto de Vista, tiene fundamentación extensa y razonada; d) Fue desalojada de su vivienda por acciones del accionante en enero de 2026; e) El menor de edad manifestó temor y rechazo a las visitas del accionante; f) No se puede exigir al referido menor de edad permanecer en una ciudad donde fue intimidado y desalojado por el accionante; g) Pide se deniegue la tutela y mantenga firme el Auto de Vista 506/2025 y se disponga el levantamiento de las medidas cautelares concedidas; y, h) Además, en audiencia solicitó la improcedencia de la acción de defensa, argumentando que la jurisdicción constitucional no es una tercera instancia para revisar la valoración probatoria ordinaria. Defendió que el Auto de Vista 506/2025, cuenta con una fundamentación extensa y prioriza el interés superior del niño. Subrayó que el menor de edad expresó reiteradamente su temor y rechazo de estar con el accionante. Justificó el traslado del menor de edad a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, debido a un desalojo civil provocado “maliciosamente” por el accionante al retirar un anticrético, buscando dejarla sin hogar. Afirmó que en la señalada ciudad el referido menor de edad goza de estabilidad, un techo seguro en casa de su abuela y está escolarizado. A su vez, el abogado “Aldo Caba” se allanó al informe de las Vocales hoy accionadas. Expuso los antecedentes del divorcio y argumentó que el accionante es de origen palestino y ex prisionero de guerra, lo que hubiese marcado comportamientos reflejados en las amenazas al menor de edad como decirle “‘te voy a quitar el apellido…”’ (sic). Negó la revalorización ilegal en segunda instancia, señalando que las referidas Vocales controlaron la logicidad de la Sentencia 23/2025, de la Jueza de primera instancia basándose en las actas e informes del cuaderno procesal. Destacó que el Informe psicosocial es contundente al señalar que el menor de edad desea vivir con la ahora tercera interesada y mantener la guarda en su favor.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió la Resolución 0032/2026 de 23 de febrero, cursante de fs. 118 a 126 vta., mediante la cual, concede en parte la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Aclara que su análisis no va a modular la guarda ni los efectos de las decisiones ordinarias, sino que se circunscribirá únicamente a verificar si las Vocales ahora accionadas vulneraron derechos y garantías constitucionales al emitir el Auto de Vista 506/2025; así como, los hechos producidos con posterioridad a la emisión del referido Auto de Vista -como el desalojo de la ahora tercera interesada- no pueden ser objeto de ponderación en la presente acción tutelar; sino únicamente se circunscribe estrictamente a verificar si el mencionado Auto de Vista vulneró derechos fundamentales debido a una incorrecta argumentación, motivación y congruencia que alega el accionante; 2) En cuanto a la denuncia de vulneración del derecho al juez natural en su elemento de imparcialidad; señala que, no se pudo identificar vulneración al elemento de imparcialidad. Las referidas Vocales analizaron el citado Auto de Vista con base en los puntos del recurso de apelación formulados por ambas partes, sin asumir determinaciones al margen de las apelaciones. Si los argumentos de las Vocales ahora accionadas resultaron incorrectos, incongruentes o insuficientes, eso es una cuestión distinta que no incide en la imparcialidad como elemento del Juez natural; por lo que, no se vulneró dicho derecho; 3) Con relación a la denuncia de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. El accionante en todo momento tuvo acceso a la jurisdicción ordinaria: fue oído, juzgado, obtuvo una Sentencia -23/2025-, formuló recurso de apelación contra dicha Sentencia, se emitió el Auto de Vista 506/2025 y ahora accede a sede constitucional. No se comprobó que se le negó el pronunciamiento judicial ni los procesos de impugnación; por lo tanto, no es evidente dicha vulneración; 4) Sin embargo, identifico que el referido Auto de Vista incurre en incongruencia interna, debido a que las Vocales hoy accionadas, al analizar la primera apelación del accionante -primer motivo-, afirmaron que la Sentencia 23/2025, contaba con adecuada fundamentación y valoración integral de la prueba. Sin embargo, al analizar la segunda apelación de la hoy tercera interesada -primer y segundo motivo-, concluyeron que la referida Sentencia incurrió en incongruencia y valoración defectuosa de la prueba. Esa contradicción entre ambos análisis genera una incongruencia interna en el propio Auto de Vista 506/2025, evidenciando que las Vocales ahora accionadas no realizaron un análisis previo y coherente antes de afirmar que la Sentencia 23/2025, estaba debidamente fundamentada; 5) La función del Tribunal de alzada es ejercer control de logicidad y control de legalidad, no reingresar a una nueva valoración de la prueba. El control de logicidad exige: Identificar cuál fue el error de razonamiento cometido por la Jueza de primera instancia -error de existencia, de identidad o de raciocinio-. Explicar de qué manera se vulneraron las leyes de la sana crítica -lógica, experiencia o ciencia-. Fundar sus propias conclusiones con base en ese error identificado, sin limitarse a hacer una nueva ponderación de la prueba desde gabinete. Sin embargo, las Vocales hoy accionadas no cumplieron con ese estándar, en lugar de identificar el error de logicidad de la Jueza de primera instancia, procedieron directamente a ponderar pruebas -informes interdisciplinarios, informe clínico psicológico, declaración del menor de edad, informe psicosocial, situación de vida del progenitor y de la progenitora- de las cuales extrajeron sus propias deducciones, sin determinar previamente en qué consistió el error de razonamiento de la Jueza de primera instancia. Con ello, incurrieron en una revalorización probatoria encubierta, que es precisamente lo que les estaba vetado y que vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; 6) Además, las decisiones como revocar la guarda compartida sin identificar técnicamente cual fue el error intelectivo o lógico de la Jueza de primera instancia, simplemente se basaron en presunciones -como que el accionante podría sacar al menor de edad del país por ser extranjero sin domicilio fijo- sin sustento en hechos probados y objetivamente verificables, lo que vulnera las leyes de la sana crítica en cuanto a la lógica y la experiencia común, no siendo admisible que una resolución judicial se funde en meras presunciones; y, 7) En síntesis, las Vocales hoy accionadas incurrieron simultáneamente en incongruencia interna, error de control de logicidad y falta de determinación objetiva de los criterios probatorios, basando sus deducciones en presunciones y no en circunstancias objetivamente verificables y determinantes, lo que vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Auto Constitucional (AC) 191/2026-CA/S de 1 de abril, cursante de fs. 137 a 140, ante la solicitud efectuada por PP -accionante-, de adelanto de sorteo (fs. 133 y vta.), por encontrarse su hijo dentro de un grupo vulnerable al ser menor de edad; en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el requerimiento referido. Mediante decreto constitucional de 29 de mayo de 2026, cursante a fs. 165, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 3 de agosto del citado año, cursante a fs. 169; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Sentencia 23/2025 de 5 de febrero, emitida por la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, quien falló declarando probada la demanda de divorcio, disponiendo entre otros que la guarda del menor de edad será ejercida por ambos progenitores (fs. 3 a 12 vta.). II.2. Por memorial presentado el 28 de febrero de 2025, ante la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, el PP -hoy accionante- formuló recurso de apelación contra la Sentencia 23/2025, bajo los siguientes argumentos: i) Advirtiendo un error in procedendo por inobservancia y errónea aplicación del art. 332 del CFPF, señalando lo siguiente: a) Primer motivo de apelación: No fundamento de manera individualizada la prueba; ya que, la Jueza de primera instancia se limitó a realizar un listado puramente enunciativo de los medios de prueba introducidos al juicio y posteriormente, un listado de “Hechos Probados” y “Hechos no Probados”; empero, omitió explicar el iter lógico-jurídico. Falta de valoración de prueba decisiva; es decir, omitió valorar de manera íntegra la prueba documental admitida -memorial de 11 de noviembre y literales de fs. 129 a 153- donde se demostraba, mediante estudios realizados en el Hospital Cristo de las Américas de la ciudad de Sucre, que el menor de edad presentaba grados de desnutrición; y, b) Rechaza la conclusión judicial que lo tacha de ser un progenitor violento, alegando que vulnera su derecho a la presunción de inocencia; ya que, no existe ninguna sentencia condenatoria penal en su contra, sino únicamente un proceso de violencia en etapa de apertura. Asimismo, califica de “aberrante e incongruente” que la Jueza de primera instancia declare como hecho probado que la NN -ahora tercera interesada- es una persona violenta y que consume bebidas alcohólicas; empero, al mismo tiempo afirme que “…siempre ha velado por el estado emocional y físico de su hijo…” (sic). Sostiene que la referida Jueza no valoró de manera integral la integridad psicológica del menor de edad frente a los videos reproducidos en juicio donde se evidencian agresiones verbales y palabras soeces por parte de la ahora tercera interesada; ii) Segundo motivo recursivo. La errónea aplicación del art. 57.I del CNNA Incompatibilidad de la guarda compartida con los hechos probados; el accionante alega que la institución de la guarda tiene por objeto el cuidado, protección y asistencia integral del niño -menor de edad-. Bajo ese precepto, considera una vulneración directa al interés superior del niño el otorgar una “guarda compartida” en favor de la hoy tercera interesada cuando la propia Sentencia 23/2025, determinó que la nombrada es violenta y consume bebidas alcohólicas; 1) Incapacidad económica y habitacional de la nombrada: Resalta la incongruencia de conferirle la guarda compartida a la hoy tercera interesada cuando quedó plenamente probado en la citada Sentencia que la nombrada no trabaja ni cuenta con recursos económicos propios. Señala que el domicilio de la mencionada tercera interesada dependía del pago de alquiler que el accionante realizaba y al manifestar que ya no cuenta con la capacidad económica para seguir costeando dicho bien inmueble, la indicada ahora tercera interesada genera una situación de total incertidumbre habitacional y desprotección para el menor de edad; y, 2) Ausencia de fundamentación jurídica para la guarda compartida: Denuncia que la Sentencia 23/2025, carece por completo de la ratio decidendi -razón de la decisión- que justifique fácticamente por qué o bajo qué sustento técnico-jurídico la hoy tercera interesada se encuentra apta para detentar la guarda compartida del menor de edad en dichas condiciones; y, iii) Con esos argumentos pide se revoque la Sentencia 23/2025 y se declare la guarda total y exclusiva del nombrado en su favor (fs. 13 a 19 vta.). II.3. Consta memorial presentado el 13 de marzo de 2025, ante la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, la hoy tercera interesada, formuló recurso de apelación contra la Sentencia 23/2025 y el “Auto de Complementación” de 26 de febrero de 2025, alegando lo siguiente: a) Primer agravio, errónea apreciación y valoración de la prueba de descargo al momento de resolver dos aspectos muy importantes, como es la guarda del menor de edad y la asistencia familiar, para que la tenencia del nombrado sea completamente en su favor. Por otro lado, advierte incongruencia externa en la citada Sentencia que respecto a la guarda se manifiesta hechos muy relevantes; empero, al momento de determinar no son considerados, ocurriendo lo mismo con la asignación de asistencia familiar; b) Segundo agravio. La Jueza de primera instancia, estableció como hecho probado, que su persona es violenta y consumidora de bebidas alcohólicas; para luego señalar en hechos no probados, que no se probó ni existe prueba alguna que respalde dichas características; c) Tercer agravio. Como hechos probados, señala que “…el demandante es persona violenta, habiendo afectado física y emocionalmente a la demandada…” (sic); a pesar, de ese antecedente dispone la guarda compartida, afectando de sobremanera el interés superior de su hijo menor de edad; d) Cuarto agravio: La referida Jueza no tomó en cuenta la preferencia del mencionado menor de edad y el vínculo materno existente; realizó una valoración errónea del referente familiar y sobre la conducta violenta del accionante, debió ser valorada como un aspecto negativo para la tenencia del menor de edad; e) Quinto agravio: La mencionada Jueza no justifico ni fundamentó bajo qué parámetros se fija una asistencia familiar tan ínfima; y, f) Pide sea revocada en parte la Sentencia 23/2025 y se otorgue la guarda total de su hijo menor de edad en su favor y la asistencia familiar sea asignada en la suma de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos [fs. 20 a 22]). II.4. Por Auto de Vista 506/2025 de 30 de octubre, emitido por Ingrid Aurora Arizaga Flores y Sonia Elena Barron Cortez, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy accionadas-, quienes resolvieron de manera conjunta las apelaciones interpuestas por el accionante y la ahora tercera interesada, contra la Sentencia 23/2025, bajo los siguientes fundamentos: 1) Primera apelación interpuesta por el accionante, en el que alegó error in procedendo por inobservancia y errónea aplicación del art. 332 del CFPF; i) Lo cual vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, además de infringir el principio de la comunidad de la prueba, generando incongruencia omisiva en la citada Sentencia. Al respecto, evidencio que la Jueza de primera instancia sí fundamentó y motivó la Sentencia 23/2025, en merito a la valoración integral de la prueba producida y judicializada, aunque no cuenta con la congruencia requerida. Las pruebas presentadas por el accionante -en el proceso de divorcio cursante de fs. 129 a 153, sobre desnutrición del menor de edad y descuido de la ahora tercera interesada- fueron tramitadas como incidente previo y declaradas improbadas; por lo que, ya precluyeron; no corresponde revisarlas en apelación de sentencia; ii) Segundo motivo, en el que, alega que la Jueza de primera instancia realizó una valoración errónea de la prueba, al considerar como hechos probados y no probados, afirmaciones carentes de sustento probatorio, calificando al accionante como persona violenta, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia; y en cuanto a que la ahora tercera interesada siempre ha velado por el estado emocional del menor de edad, cuando no es cierto, por encontrarse el nombrado en estado de desnutrición. La referida Jueza al tener como hecho probado que es una persona violenta, no hubiese vulnerado su derecho a la presunción de inocencia; ya que, la violencia no deviene necesariamente de un hecho delictivo. Respecto al hecho probado, en que la hoy tercera interesada siempre veló por el hecho emocional y físico de su hijo menor de edad, existe también elementos, que en determinadas ocasiones no brindo una adecuada atención, descuidándolo en algunas oportunidades, aspecto que no resulta concluyentes para no otorgarle la guarda; y, iii) En cuanto al segundo motivo apelado, en el que alega error in procedente por errónea aplicación del art. 57.I del CNNA, que vulnera el derecho al desarrollo integral del menor de edad y a su vez afecta el debido proceso, en su elemento de legalidad, motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales, por incurrir en incongruencia interna. Si bien la Sentencia 23/2025, fue emitida bajo un debido proceso y la necesaria fundamentación y motivación aunque no cuenta con la suficiente congruencia interna para establecer la guarda compartida; arribó a esa determinación por la conflictividad existente entre los padres que nace de la ruptura del proyecto de vida en común, sin tener en cuenta la opinión del menor de edad petición que debió ser escuchada, no siendo lo mas aconsejable actualmente con relación al interés superior del niño que conlleva ocasionarle una inestabilidad emocional, al disponer la guarda compartida, menos otorgar la guarda legal del señalado menor de edad al progenitor; 2) Segunda apelación interpuesta por la ahora tercera interesada: a) Con relación al primer y segundo motivo de agravio, en el que alega que la Jueza de primera instancia valoró erróneamente las pruebas de descargo, en cuanto a la guarda no se consideró la conducta violenta del accionante, ni su condición de extranjero ni la decisión del menor de edad de querer vivir con la ahora tercera interesada; y, en cuanto a la asistencia familiar no se consideró su situación económica estable del accionante. Sin embargo, teniendo en cuenta la opinión y petición del menor de edad trasuntada en la audiencia reservada, así como el Informe del equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, la Sentencia 23/2025, emitida no resulta beneficioso para un adecuado desarrollo biopsicosocial del menor de edad, siendo fundamental tener en cuenta el aspecto emocional y el lazo filial estable que tiene el nombrado con la hoy tercera interesada, para arribar a la convicción de mantener la guarda del referido menor de edad bajo responsabilidad de la ahora tercera interesada, estableciendo un régimen de visitas frecuentes; b) Con relación al tercer y cuarto motivo de agravio, en el que, alega que dentro de la misma valoración de la prueba como hechos probados, indica que la Jueza de primera instancia expone que “‘…el demandante es persona violenta…”’ y además “‘…no vive aun en el edificio Vanguardia de esta ciudad”’ (sic); a pesar, de reconocer esos extremos la citada Jueza, de manera contradictoria, otorga la custodia compartida del menor de edad al accionante, alejándose de su función juzgadora, no consideró la preferencia del referido menor de edad ni el vínculo materno existente, conforme el Informe Psicológico que destaca el apego principal hacia la ahora tercera interesada, omisión que vulnera el interés superior del niño. De igual manera, se hizo una valoración errónea del referente familiar, que con criterios subjetivos se desestimo la relevancia del hijo mayor como referente afectivo, cuando debió ponderar dicho aspecto como un factor negativo para la tenencia del menor de edad. Advierte que la referida Jueza al determinar la guarda compartida, no consideró un hecho fundamental e importante como es que el accionante no acreditó tener una residencia o domicilio estable en esta ciudad y en el país, no solo porque sea extranjero sino que todo guardador debe acreditar ese aspecto importante; ya que, no fue valorado eso con la finalidad de garantizar el interés superior del niño, que conlleva su estabilidad de residencia y/o domicilio; y, c) Respecto al quinto motivo de agravio, referido a la determinación de la asignación de asistencia familiar, señala que la mencionada Jueza no justificó ni fundamento bajo que parámetros fijó una suma ínfima de Bs800.-, frente a la sólida situación económica del accionante, demostrado mediante depósitos bancarios de altas sumas, monto que no refleja las necesidades reales del menor de edad ni la capacidad económica del accionante y en apego al interés superior del niño, debe ser señalada en Bs5 000.- Sin embargo, al determinar la citada Jueza la guarda compartida, a ambos progenitores deben cumplir la obligación asignada por el 64.I de la CPE, es decir con el sustento de las necesidades del niño, conforme prevé el art. 109 del CFPF. Habiendo cambiado en alzada la guarda otorgándole la responsabilidad legal únicamente a la hoy tercera interesada con el apoyo de la abuela materna, la asistencia se mantiene en dicho monto; sin embargo, las resoluciones de asistencia familiar no adquieren calidad de ejecutoria material y pueden ser incrementadas conforme a la Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) Resolvieron revocar parcialmente la Sentencia 23/2025, solamente en cuanto a la guarda compartida, dispuesta por la Jueza de primera instancia y en su lugar declaró IMPROBADA la demanda del accionante en cuanto a la guarda legal solicitada y mantiene la guarda en favor únicamente de la hoy tercera interesada con carácter provisional, sujeta a seguimiento trimestral por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia correspondiente al domicilio del menor de edad; i) Establece régimen de visitas del accionante los días domingos de 10:00 a 18:00 horas, con posibilidad de ampliación progresiva a fines de semana y vacaciones escolares, bajo coordinación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; ii) Mantiene la asistencia familiar en Bs800.- mensuales, de manera provisional, con derecho de la señalada tercera interesada a solicitar incremento por vía legal correspondiente; y, iii) Ordena que ambos progenitores realicen terapia psicológica en el Centro de Ayuda a la Familia “CAF”, con informes bimestrales al juzgado de origen, cubriendo el costo en 50% cada uno.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, Juez natural e imparcial, a la igualdad y no discriminación, al interés superior del niño, a la tutela judicial efectiva y a la familia; puesto que, las Vocales ahora accionadas, a tiempo de resolver los recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia 23/2025 de 5 de febrero, emitieron el Auto de Vista 506/2025 de 30 de octubre, en el que procedieron a revalorizar la prueba, -actuación prohibida para esa instancia- y resolvieron revocar parcialmente la referida Sentencia, solamente en cuanto a la guarda compartida y en su lugar declararon improbada la demanda en cuanto a la guarda legal solicitada por el accionante, manteniendo la guarda en favor únicamente de la ahora tercera interesada, el referido Auto de Vista fue emitido sin una debida fundamentación ni congruencia. Aspectos que son reclamados en esta acción tutelar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos esenciales del debido proceso; b) El principio de congruencia en resoluciones de segunda instancia; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos esenciales del debido proceso.

La jurisprudencia ha construido de manera progresiva y coherente el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, motivada y congruente como componente esencial del debido proceso reconocido por el art. 115.II de la CPE. Así la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, estableció que el derecho al debido proceso exige que toda resolución esté debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que pronuncie una decisión debe imprescindiblemente exponer ampliamente las razones y citar las disposiciones legales que apoyan la decisión elegida, porque de lo contrario tomaría una decisión arbitraria y dictatorial. Razonamiento complementado por la SC 0752/2002-R de 25 de junio, añadiendo la dimensión de las consecuencias del incumplimiento: cuando los jueces omiten motivar sus resoluciones, no solo suprimen una parte estructural de la misma, sino que en los hechos toman una decisión de hecho y no de derecho, que vulnera de manera flagrante el debido proceso porque no permite a las partes conocer cuáles son las razones que justifican la decisión judicial. Por su parte la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre -sentencia fundadora de línea y estándar jurisprudencial más alto en esta materia- desarrolló el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, estableciendo que dicho contenido está dado por cuatro finalidades implícitas que toda resolución debe cumplir: 1) el sometimiento manifiesto a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, observando el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y congruencia; 3) garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) permitir el control social en mérito al principio de publicidad. La SCP 0100/2013 de 17 de enero, complementó esta doctrina añadiendo una quinta finalidad; y, 5) la observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a todas las pretensiones de las partes. La SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, precisó que la arbitrariedad de una resolución puede manifestarse en cuatro supuestos concretos que este Tribunal Constitucional Plurinacional ha aplicado de manera reiterada hasta la actualidad: i) Decisión sin motivación: cuando la resolución no da razones que sustenten su decisión en términos de hecho y de derecho, porque “decidir no es motivar”. ii) Motivación arbitraria: cuando la resolución se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas, o deviene de la valoración arbitraria e irrazonable de la prueba, o de la omisión en la valoración de prueba aportada al proceso.

iii) Motivación insuficiente: cuando no se dan razones sobre la omisión de pronunciamiento respecto a planteamientos de las partes.

iv) Falta de coherencia del fallo: en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión; en su dimensión externa, cuando la resolución no guarda correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes.

La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, moduló la doctrina anterior en un aspecto procesal importante: estableció que para conceder la tutela y disponer la nulidad de una resolución por arbitraria o insuficiente fundamentación, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe analizar previamente la relevancia constitucional del vicio; es decir, verificar si dicho vicio tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, porque si no lo tiene, la tutela no tendría utilidad práctica. Esta exigencia fue confirmada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0666/2018-S2, 0741/2018-S2, 0824/2018-S2, 1581/2022-S2 y 0333/2023-S2, entre muchas otras, consolidando una línea jurisprudencial que hasta la fecha no ha sido modificada.

III.2. El principio de congruencia en resoluciones de segunda instancia

Con relación específicamente al principio de congruencia en sede de alzada, la jurisprudencia ha establecido dos exigencias diferenciadas: La SC 0863/2003-R de 25 de junio y la SC 0358/2010 de 22 de junio, establecieron que en el ámbito procesal el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto -congruencia externa-, sino también como la concordancia interna del fallo, es decir su coherencia lógica entre fundamentos y dispositivo, entendimiento reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre. La SC 0682/2004-R de 6 de mayo -específicamente referida a resoluciones de segunda instancia y reiterada de manera uniforme en decenas de Sentencias Constitucionales Plurinacionales hasta el 2023, estableció que el pronunciamiento del tribunal de alzada debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada, sin que pueda introducir elementos ajenos a lo impugnado ni pronunciarse internamente de manera contradictoria sobre el mismo objeto de apelación. La SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó adicionalmente que la resolución de segunda instancia debe: exponer los hechos, citar las normas que sustentan la decisión, y pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso, sin omisión alguna.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, Juez natural e imparcial, a la igualdad y no discriminación, al interés superior del niño, a la tutela judicial efectiva y a la familia; puesto que, las Vocales ahora accionadas, a tiempo de resolver los recursos de apelación interpuestos contra la Sentencia 23/2025 de 5 de febrero, emitieron el Auto de Vista 506/2025 de 30 de octubre, en el que procedieron a revalorizar la prueba, -actuación prohibida para esa instancia- y resolvieron revocar parcialmente la referida Sentencia, solamente en cuanto a la guarda compartida y en su lugar declararon improbada la demanda en cuanto a la guarda legal solicitada por el accionante, manteniendo la guarda en favor únicamente de la ahora tercera interesada, el referido Auto de Vista fue emitido sin una debida fundamentación ni congruencia. Aspectos que son reclamados en esta acción tutelar. De los antecedentes conocidos por esta jurisdicción constitucional y de aquellos que se encuentran descritos en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que dentro del proceso de divorcio seguido por el accionante contra la hoy tercera interesada, la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, pronunció Sentencia 23/2025, declarando probada la demanda de divorcio, disponiendo que la guarda del menor de edad sea ejercida por ambos progenitores, contra la cual interpusieron recursos de apelación tanto el accionante como la referida la tercera interesada, ambos pidiendo sea revocada la mencionada Sentencia y se disponga la guarda del menor de edad en su favor de forma total; los mismos que fueron resueltos por Auto de Vista 506/2025, emitida por las Vocales hoy accionadas, determinaron revocar parcialmente en lo que respecta a la guarda compartida e improbada la petición de la guarda legal solicitada por el accionante, en su lugar otorgó únicamente en favor de la citada tercera interesada. Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que el accionante en el presente caso, identifica como el acto vulneratorio a sus derechos, la emisión del Auto Vista 506/2025, por parte de las Vocales ahora accionadas, el mismo que fue emitido realizando una revalorización de la prueba, incurriendo en falta de congruencia y sin la debida fundamentación en cuanto a los agravios expuestos; en ese sentido y con la finalidad de determinar si la denuncia es correcta, corresponde hacer el análisis en función al recurso de apelación planteado y el referido Auto de Vista, con relación a los derechos denunciados. Corresponde inicialmente precisar que esta jurisdicción constitucional no resolverá cuál progenitor resulta más idóneo para ejercer la guarda ni sustituirá el criterio jurisdiccional ordinario respecto al fondo de la controversia familiar; puesto que, ello excedería el ámbito de control propio de la acción de amparo constitucional. En relación a la falta de fundamentación y motivación

De acuerdo al razonamiento citado en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, referido a la debida motivación y fundamentación de las Resoluciones, como un componente estructural del derecho al debido proceso, cuya finalidad no se agota en la mera exposición formal de argumentos, sino en exteriorizar las razones jurídicas y fácticas que permitan comprender el proceso intelectivo seguido por la autoridad jurisdiccional y controlar la racionalidad constitucional de la decisión asumida. La SCP 2221/2012 precisó que una resolución arbitraria puede manifestarse, entre otros supuestos, mediante motivación arbitraria, insuficiente o ausencia de coherencia entre las premisas y la conclusión alcanzada, defectos que adquieren relevancia constitucional cuando poseen incidencia modificatoria sobre el fondo de la decisión. En ese marco y teniendo en cuenta los antecedentes conocidos por esta jurisdicción constitucional, en especial aquellos que fueron consignados en la Conclusión II.4. y que resume el Auto de Vista 506/2025 con la finalidad de resolver adecuadamente la presente problemática, referirnos a la denuncia que hace el accionante en sentido de que las Vocales ahora accionadas vulneraron su derecho al debido proceso, alegando que el referido Auto de Vista modificó sustancialmente la decisión asumida por la Jueza de primera instancia respecto al régimen de guarda, sin desarrollar una fundamentación y motivación constitucionalmente suficientes, incurriendo en una indebida revalorización probatoria y sustituyendo el razonamiento de la mencionada Jueza sin exteriorizar el error jurídico o lógico que justificaría dicha determinación. Bajo ese marco jurisprudencial, corresponde verificar si el Auto de Vista 506/2025, satisface los estándares constitucionales de fundamentación y motivación. De la revisión del recurso de apelación se advierte que el accionante estructuró su impugnación sobre agravios concretos y delimitados, referidos principalmente a: a) insuficiente fundamentación y omisión de valoración integral de la prueba, denunciando el incumplimiento del art. 332 del CFPF; b) errónea valoración respecto a determinados hechos probados y no probados; y, c) incorrecta aplicación del régimen jurídico de guarda previsto por el art. 57 del CNNA, sosteniendo contradicción interna de la Sentencia 23/2025 y falta de justificación suficiente respecto a la guarda compartida dispuesta por la Jueza de primera instancia. En consecuencia, el deber constitucional del Tribunal de alzada consistía en desarrollar un control revisor orientado a verificar la existencia o inexistencia de los errores jurídicos y lógicos denunciados, exteriorizando de manera clara las razones que justificaran confirmar, modificar o revocar la Sentencia 23/2025; sin embargo, del contenido del Auto de Vista 506/2025, se advierte que las Vocales hoy accionadas no desarrollaron adecuadamente dicho control jurisdiccional, por lo siguiente: 1) En efecto, inicialmente el referido Auto de Vista reconoce que la mencionada Sentencia fue emitida sobre la base de una valoración integral de los elementos probatorios y dentro del marco de fundamentación exigido por la normativa procesal familiar; empero, posteriormente concluye que la Sentencia 23/2025 presentaría deficiencias respecto a la determinación del régimen de guarda, justificando su modificación; ese razonamiento revela una primera deficiencia constitucional; puesto que, no exteriorizan de manera suficiente cómo ambas afirmaciones resultan compatibles entre sí; ya que, si la Sentencia 23/2025, contenía valoración integral y adecuada fundamentación, correspondía identificar con precisión qué aspecto específico resultaba defectuoso y por qué dicho defecto considero suficiente para justificar la modificación sustancial del régimen de guarda; y, 2) La ausencia de dicha explicación impide conocer el iter lógico seguido por las Vocales hoy accionadas y configura motivación insuficiente, en los términos desarrollados por la SCP 2221/2012. A ello se suma un segundo aspecto relevante, el Auto de Vista 506/2025, no desarrolla un verdadero control de logicidad respecto a la valoración probatoria efectuada por la Jueza de primera instancia, por las siguientes razones: i) Si bien el Tribunal de alzada posee facultades revisoras, estas no habilitan la sustitución libre del razonamiento judicial previamente desarrollado, sino que exigen la identificación objetiva del error atribuido al inferior. En el caso concreto, las Vocales ahora accionadas modificaron el régimen de guarda sustentando su decisión en consideraciones relativas a estabilidad emocional, entorno familiar, vínculos afectivos y circunstancias personales de los progenitores; no obstante, omitieron precisar: a) qué medio probatorio fue incorrectamente valorado por la referida Jueza; b) qué regla de la sana crítica, lógica o experiencia hubiese sido vulnerada; c) cuál era el error intelectivo concreto contenido en la Sentencia 23/2025; y, d) por qué la valoración inicialmente desarrollada resultaba constitucionalmente insostenible. Por el contrario, el Tribunal de alzada ingresó directamente a construir nuevas conclusiones respecto a la conveniencia de la guarda materna, sustituyendo el razonamiento de la Jueza de primera instancia sin exteriorizar previamente el defecto lógico que justificara dicha modificación, actuación que no satisface el estándar constitucional de motivación suficiente. La jurisprudencia constitucional es uniforme al sostener que motivar no equivale a discrepar o arribar a una conclusión distinta, sino a justificar racionalmente por qué la decisión previamente asumida resulta incorrecta. En ese sentido, el Auto de Vista 506/2025, incurre en motivación arbitraria; puesto que, la modificación del régimen de guarda no emerge de la demostración objetiva del error denunciado en apelación, sino de una nueva construcción argumentativa desarrollada directamente por el Tribunal de alzada. El Auto de Vista 506/2025, incide directamente sobre el régimen de guarda y convivencia de un niño menor de edad, ámbito en el cual el art. 60 de la CPE, impone a las autoridades jurisdiccionales un estándar reforzado de fundamentación y motivación. En ese marco, toda decisión que altere relaciones paterno-filiales debe exteriorizar de manera especialmente rigurosa las razones objetivas que justifican la medida asumida. Sin embargo, al no identificarse de manera clara el error jurídico o lógico atribuido a la Sentencia 23/2025 y limitarse las Vocales ahora accionadas a sustituir la valoración previamente desarrollada por la Jueza de primera instancia, el déficit de motivación adquiere particular relevancia constitucional. Finalmente, conforme la doctrina contenida en la SCP 0014/2018-S2, corresponde analizar la relevancia constitucional del vicio identificado. En el caso analizado, dicha relevancia resulta evidente; puesto que, la insuficiente fundamentación y motivación advertidas no constituyen irregularidades meramente formales o inocuas, sino defectos que incidieron directamente en el fondo de la decisión, determinando la modificación del régimen de guarda dispuesto en Sentencia 23/2025; en consecuencia, este Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que las Vocales hoy accionadas vulneraron el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, al emitir una resolución insuficientemente fundamentada, carente de adecuada exteriorización del razonamiento lógico que justificara la modificación de la Sentencia 23/2025 y constitucionalmente arbitraria en los términos desarrollados por la jurisprudencia constitucional reiterada. En relación al principio de congruencia

Con carácter previo, corresponde indicar que de acuerdo al entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional el principio de congruencia es entendido como la estricta correlación que debe existir entre lo pedido por el accionante y lo resuelto por las Vocales ahora accionadas; lo que implica que la resolución que ésta última emita, debe responder a la pretensión jurídica, expresión de agravios o los cuestionamientos formulados por las partes procesales; así también, establece la concordancia que debe existir en todo el contenido de la respectiva resolución; es decir, entre la parte considerativa y la dispositiva, cuyos considerandos y razonamientos deben guardar la armonía debida. En ese contexto, de una lectura del recurso de apelación interpuesto por el accionante, esta jurisdicción constitucional pudo evidenciar que en el mismo, se consignaron dos motivos recursivos o cuestionamientos relativamente sustentados y expresados contra la Sentencia 23/2025, y que se encuentran señalados en la Conclusión II.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Así: 1) El accionante solicitó en su recurso la guarda total y exclusiva del menor de edad, argumentando que la hoy tercera interesada era violenta, alcohólica y negligente con la salud del menor de edad. Por su parte, la ahora tercera interesada también solicitó la guarda total y exclusiva basándose en el apego del mencionado menor de edad y la violencia del accionante. Aunque el Tribunal de alzada hizo lo correcto al revocar la “guarda compartida” emitida por la Jueza de primera instancia -por ser inviable ante la alta conflictividad-, incurrió en una omisión al establecer una guarda sujeta a condición resolutoria encubierta; y, 2) Introdujo elementos no pedidos -Falta de definitividad-; ninguna de las partes pidió que la guarda estuviera bajo un régimen de “prueba” o fiscalización trimestral. Sin embargo, el Auto de Vista 506/2025, resolvió otorgar la guarda a la ahora tercera interesada; empero, bajo la advertencia expresa de revocatoria automática si los informes trimestrales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o los informes bimestrales de la terapia psicológica en el “CAF” reflejan algún incumplimiento. El Tribunal de alzada no otorgó una tutela plena y definitiva a la estabilidad del niño, sino una guarda precaria y altamente condicionada que perpetúa el conflicto, resolviendo algo distinto a la fijeza que ambas partes solicitaban. De lo expresado se constata que el Tribunal de alzada alteró la naturaleza de lo pretendido por las partes y fundo su decisión omitiendo resolver los agravios sustanciales de fondo, incurriendo en una incongruencia externa respecto de la guarda, entre lo pedido y lo resuelto. Asimismo, se advierte incongruencia interna sobre la misma figura jurídica de la guarda dentro del cuerpo del Auto de Vista 506/2025. El Tribunal de alzada construyó premisas fácticas sumamente alarmantes sobre ambos padres; empero, terminó emitiendo el referido Auto de Vista que las ignora o las minimiza, por ejemplo cuando: i) hace referencia a la gravedad del perfil psicológico vs. la idoneidad de la guarda; Las Vocales hoy accionadas dieron por plenamente probadas las evaluaciones psicológicas, en ellas se determinó textualmente que la ahora tercera interesada presenta un síndrome clínico de “…ansiedad generalizada con mayor puntaje y espectro esquizofrénico, patrón de personalidad marcado por características esquizoides, evitativas y esquizotípicas, con rasgos de inestabilidad emocional…" (sic), sobre el accionante, determinó un nivel clínico de “…depresión persistente (…) con sentimientos de desesperanza e inutilidad…” (sic). La incongruencia, se presenta cuando afirman textualmente que “ninguno de los progenitores tiene la ideal idoneidad (...) para tener la guarda de su hijo…” (sic) debido a estas patologías psiquiátricas y a los episodios de violencia física reportados por el menor de edad, el Tribunal de alzada concluye de manera contradictoria que es en beneficio del “interés superior del niño” dejarlo bajo la guarda exclusiva de la ahora tercera interesada -quien padece el espectro esquizofrénico- con la simple condición de que asistan a terapia familiar a medias -50% cada uno-; y, ii) La falta de vivienda e inestabilidad económica vs. La viabilidad de la guarda: El Tribunal de alzada tomó como un hecho probado que la mencionada tercera interesada no trabaja, carece de recursos materiales propios y que su estabilidad habitacional depende de un contrato de alquiler que, hasta ese momento, pagaba el accionante. Al mismo tiempo, el referido Tribunal de alzada reconoció que el sustento de la citada tercera interesada se reduce a la suma de Bs800.- de asistencia familiar y a los víveres que le provee la abuela materna. La incongruencia, se presenta cuando; a pesar, de admitir que la referida tercera interesada se encuentra en una situación de total vulnerabilidad e insolvencia para garantizar un techo seguro para el menor de edad -e incluso validar que el niño llamaba al padre para pedirle comida porque no había en la casa-, el señalado Tribunal de alzada le otorga la guarda total a nombrada, manteniendo congelada la pensión en la suma de Bs800.- Existe un choque lógico cuando afirman proteger el desarrollo bio-psicosocial del menor de edad mediante la guarda materna; empero, le quita el soporte económico indispensable para que esa guarda sea materialmente ejecutable y segura. En definitiva, el Auto de Vista 506/2025, padece de una incongruencia insubsanable respecto de la guarda del menor de edad, que es el punto central cuestionado en los recursos de apelación en el que cada progenitor pide la guarda total; ya que, reconoce formalmente que la ahora tercera interesada padece trastornos del espectro esquizofrénico y carece de vivienda o ingresos estables; no obstante, le otorga la guarda exclusiva del menor de edad; y simultáneamente, reconoce que el accionante es violento y tiene depresión clínica; sin embargo, le concede un régimen de visitas abierto -todos los domingos de 10:00 a 18:00 horas-. El Auto de Vista 506/2025, priorizó el “deseo vehemente” del menor de edad de diez años por encima del análisis técnico de los peligros reales para su salud mental y física que el propio Tribunal de alzada describió en sus premisas. Por consiguiente, la situación descrita, demuestra una incongruencia tanto externa entre los puntos claramente impugnados en el recurso de apelación y lo expresamente resuelto por las Vocales hoy accionadas, e interna dentro del Auto de Vista 506/2025, situación por la que se advierte la conculcación del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia; puesto que, como ya se tiene señalado, las indicadas Vocales no respondieron a todos los cuestionamientos denunciados, circunstancia que este Tribunal Constitucional Plurinacional concede la tutela solicitada respecto a este argumento. Respecto a la supuesta vulneración del derecho al Juez natural e imparcial y tutela judicial efectiva alegado por el accionante, se tiene que de la revisión de antecedentes no se advierte la concurrencia de elementos que permitan afirmar pérdida de imparcialidad subjetiva u objetiva; ya que, la sola circunstancia de que la decisión judicial resulte adversa o incluso jurídicamente errónea no constituye por sí misma manifestación de parcialidad constitucionalmente relevante. Tampoco se evidencia negación de acceso a la justicia o impedimento impugnatorio que configure vulneración a la tutela judicial efectiva; ya que, el accionante ejerció plenamente los mecanismos jurisdiccionales ordinarios y constitucionales previstos por el ordenamiento jurídico, así como tampoco se ingresó al análisis de la presunta vulneración del interés superior del niño, a la igualdad y no discriminación y a la familia, como se tiene referido, la Sentencia 23/2025, no dilucida la guarda y no se constituye en una tercera instancia del proceso de divorcio; por consiguiente, corresponde, denegar la tutela solicitada respecto a dichos derechos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte, la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 0032/2026 de 23 de febrero, cursante de fs. 118 a 126 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, disponiendo:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 506/2025 de 30 de octubre, pronunciado por las Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, disponiendo que emitan un nuevo auto de vista, sin espera de turno, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos del Juez natural e imparcial, tutela judicial efectiva, interés superior del niño, a la igualdad, a la no discriminación y a la familia, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1659_2026-S1.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7fa5cbe8df3099ab25277ddf59df4a0a0acdf1b93c37062be5b9c671110d1782

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