Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 31 de diciembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, el “28 de junio” de 2023 -siendo lo correcto 4 de agosto-, solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva de conformidad con el art. 239.1 del CPP, no obstante, hasta la interposición de esta acción de libertad de 14 de agosto de igual año, el Juez ahora accionado no señaló día y hora para celebrar dicho verificativo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Llamar severamente la atención a Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, a efectos de que en futuras actuaciones evite dilaciones indebidas y obre con la celeridad que amerita la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1659/2025-S1 Sucre, 31 de diciembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 57951-2023-116-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/2023 de 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Basilio Condo Gutiérrez contra Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz.
El accionante mediante memorial presentado el 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 5 a 9, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violación, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), el 26 de mayo de 2023, se dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses en el Centro de Readaptación Productiva Okinawa de Montero (CERPROM) de Santa Cruz; posteriormente, el 28 de junio de igual año, de conformidad con el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva; sin embargo, el Juez ahora accionado hasta la interposición de esta acción de libertad no señaló día y hora de dicha audiencia. En ese contexto el 5 de julio de 2023, interpuso una anterior acción de libertad contra el Juez hoy accionado, en la que la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Resolución de 7 de ese mes y año, ordenó que el referido Juez, resuelva la solicitud de audiencia de cesación de su detención preventiva y señale día y hora de audiencia conforme al plazo fijado por ley.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 9, 13, 22, 23, 115, 120, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se señale de inmediato día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva de conformidad con lo previsto por el art. 239.1 del CPP.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de agosto de 2023, conforme consta en el acta cursante de fs. 23 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: a) Tuvo conocimiento del señalamiento de audiencia para el día de mañana -se entiende 16 de agosto de 2023-; sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que desde la solicitud de cesación de su detención preventiva de 4 de igual mes y año, hasta la fecha de celebración de esta acción de libertad -se entiende 15 de dicho mes y año- transcurrieron más de diez días de esa solicitud; y, b) Fue el segundo señalamiento de audiencia; ya que, la primera vez que se programó, el Juez ahora accionado esperó que un Juez de garantías le ordene que señale día y hora de audiencia; en ese sentido, no puede estar a las expensas de que les programen -la mencionada audiencia para considerar la cesación de su detención preventiva-; más aun, cuando se encuentra detenido preventivamente en el CERPROM de Santa Cruz.
Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, por informe de 15 de agosto de 2023, cursante a fs. 14, así como en audiencia manifestó que: 1) La solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el imputado -accionante- fue programada para el 16 de dicho mes y año, a las 16:00 horas; 2) La abogada del accionante se hizo presente el día “miércoles” posteriormente no regresó; ya que, la audiencia de cesación de la detención preventiva, estaba programada conforme -al decreto 8 de agosto de 2023- en el cuaderno de control jurisdiccional; y el accionante fue notificado con ese decreto; 3) Se está investigando la presunta comisión del delito de violación, y el nombrado recién se encontraría detenido dos meses y quince días; no obstante, el derecho de petición es amplio; y, 4) La anterior audiencia de cesación de su detención preventiva fue cumplida a cabalidad; asimismo, el Juzgado que preside no cuenta con Oficial de Diligencias motivo por el que no se notificó a las partes procesales; no obstante, mediante Secretaría se diligenció a las mencionadas partes para ese acto procesal.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 09/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 24 a 25 vta., concedió la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante mereció en respuesta el decreto de 8 de agosto de 2023, y se señaló audiencia para el 16 de igual mes y año, a las 16:00 horas; en ese sentido, al margen de la anterior acción de libertad interpuesta, se evidenció que el Juez ahora accionado incumplió el trámite previsto por el art. 239.1 -del CPP-, lo cual debe ser corregido en la vía constitucional considerando que el accionante se encuentra privado de libertad; y, ii) El Juez hoy accionado al margen del delito por el que se investiga y de las suspensiones anteriores, se encuentra conminado a celebrar la audiencia programada para esa misma fecha, a las 16:00 horas, debiendo inclusive habilitar hora “hábil” a efecto de no vulnerar el derecho del accionante; asimismo, se deberá notificar de oficio con la programación de audiencia de cesación de la detención preventiva del nombrado.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por decreto constitucional de 9 de diciembre de 2025, cursante a fs. 28 se dispuso la suspensión del plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir de la notificación con el decreto constitucional de 24 de igual mes y año, cursante a fs. 32; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2023 -con fecha de recepción ilegible-, por el que Basilio Condo Gutiérrez -ahora accionante-solicitó fecha y hora de audiencia para la cesación de su detención preventiva conforme lo previsto por el art. 239.1 de CPP (fs. 2 y vta.). II.2. Cursa decreto de 8 de agosto de 2023, por el que Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, programó audiencia de cesación de detención preventiva del accionante para el 16 de igual mes y año, a las 16:00 horas, aclarando que dicha audiencia se señaló de acuerdo al rol de audiencias y la carga procesal de ese Juzgado (fs. 15).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, el “28 de junio” de 2023 -siendo lo correcto 4 de agosto-, solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva de conformidad con el art. 239.1 del CPP, no obstante, hasta la interposición de esta acción de libertad de 14 de agosto de igual año, el Juez ahora accionado no señaló día y hora para celebrar dicho verificativo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; b) La acción de libertad innovativa; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0269/2018-S2 de 25 de junio, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama quilla -no seas flojo-, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva. La SCP 0112/2012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácteres normativo y vinculante; y, su aplicación necesaria en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida” (las negrillas son nuestras).
La SCP 1137/2025-S1 de 10 de septiembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, el “28 de junio” de 2023 -siendo lo correcto 4 de agosto-, solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva de conformidad con el art. 239.1 del CPP, no obstante, hasta la interposición de esta acción de libertad de 14 de agosto de igual año, el Juez ahora accionado no señaló día y hora para celebrar dicho verificativo. De antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en el proceso penal iniciado contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación, se encuentra con detención preventiva, mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2023 -con fecha de recepción ilegible-, el nombrado solicitó fecha y hora de audiencia para la cesación de su detención preventiva conforme a lo previsto por el art. 239.1 del CPP (Conclusión II.1.); solicitud que mereció en respuesta el decreto de 8 de igual mes y año, por el que el Juez ahora accionado programó audiencia a efectos de considerar dicha solicitud para el 16 del indicado mes y año, a las 16:00 horas, aclarando que la referida audiencia fue fijada de acuerdo al rol de audiencias (Conclusión II.2.).
Descritos como se encuentran los antecedentes, es preciso remitirnos a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho opera ante dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad, siendo una de esas que se fije audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; por lo que, de conformidad con el art. 239.1 del CPP, el Juez hoy accionado tenía cuarenta y ocho horas para señalar audiencia; sin embargo, fijó esa audiencia para varios días posteriores a la solicitud realizada, aludiendo carga procesal y el rol de audiencias, incurriendo de esa manera en una dilación indebida en la atención a la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante. No obstante lo señalado, corresponde mencionar que el accionante mediante esta acción de libertad denunció que el Juez ahora accionado no señaló día y hora de audiencia para la consideración de la cesación de su detención preventiva; por lo que, conforme a lo referido precedentemente, se constata la existencia del decreto de 8 de agosto de 2023, por el que dicho Juez programó ese verificativo para el 16 de igual mes y año, a las 16:00 horas; asimismo, se aclaró que la audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva del accionante fue fijada de acuerdo al rol de audiencias y la carga procesal del Juzgado Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz; en consecuencia, el señalamiento de audiencia reclamado por el accionante fue cumplido, lo cual conllevaría a entender que el objeto de la presente acción tutelar desapareció; sin embargo, la referida presentación no desvirtúa que existió una excesiva dilación en la fecha en la que fue programada esa audiencia; en consecuencia, corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional y conceder la tutela solicitada también en la modalidad de acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro, se reiteren las conductas u omisiones lesivas y dilatorias que afectan el derecho a la libertad. Ahora bien, corresponde hacer mención que el accionante interpuso con anterioridad una primera acción de libertad, sustentada en hechos similares que fue signada con el número de expediente 57935-2023-116-AL, en la cual igualmente se denunció la omisión de señalamiento de audiencia respecto de la solicitud presentada el 28 de junio de 2023; en dicha oportunidad, la jurisdicción constitucional concedió la tutela solicitada, al verificarse una dilación indebida y excesiva en el señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, en evidente inobservancia de lo dispuesto por el art. 239 del CPP.
En ese contexto, se advierte que la conducta atribuida al Juez ahora accionado no constituye un hecho aislado, sino que revela un comportamiento reiterativo y persistente, contrario a los estándares fijados por la jurisprudencia constitucional, la cual estableció de manera uniforme que toda demora injustificada en la tramitación y resolución de solicitudes que inciden directamente en la libertad personal configura una vulneración al derecho al debido proceso en su elemento de plazo razonable; así como, al derecho a la libertad personal; en virtud de lo cual, resulta necesario llamar severamente la atención al Juez hoy accionado, conminándolo a que, en lo sucesivo, adecúe su actuación a la normativa procesal penal y a los parámetros constitucionales, actuando con la debida diligencia; más aun, cuando se encuentra comprometido el derecho a la libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 15 de agosto, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º Llamar severamente la atención a Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, a efectos de que en futuras actuaciones evite dilaciones indebidas y obre con la celeridad que amerita la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1659_2025-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0acadd5889d31aa7dddeb66939dc12f0d5425d77a08d712f2d716fc542ed7088
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